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NACIONAL

Favale y Vatayón Militante, una alianza K

El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra ilustra tanto la “herencia” del neoliberalismo con la vigencia de las tercerizaciones como la alianza entre el kirchnerismo, la burocracia sindical empresaria y el lumpenproletariado, materializada en grupos de choque contra los trabajadores que luchan por sus demandas.

Miguel Raider

23 de agosto 2012

El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra ilustra tanto la “herencia” del neoliberalismo con la vigencia de las tercerizaciones como la alianza entre el kirchnerismo, la burocracia sindical empresaria y el lumpenproletariado, materializada en grupos de choque contra los trabajadores que luchan por sus demandas.

Cristian “Harry” Favale y Guillermo “Payaso” Sánchez fueron dos de los cuatro tiradores de la patota de la UF que eran respectivamente barrabravas de Defensa y Justicia y de Racing, saludados efusivamente por Cristina como gente “con pasión” “que merecen todo el respeto” (Clarín, 5/08).

El escándalo del Vatayón Militante revela esta alianza, basada en una política clientelista, enmascarada detrás de los “derechos políticos de los presos”, reducidos a cero. Ahora los asesinos de Axel Blumberg, Juan y Carlos Díaz, pasaron a ser las nuevas perlas del Vatayón, detrás de Favale, Eduardo Vásquez y Rubén Pintos, condenados por la muerte de Wanda Taddei y Gonzalo Acro.

No se trata de un desliz aislado. KOLINA, el agrupamiento de Alicia Kirchner, tiene una relación política abierta con Miguel Angel “Mameluco” Villalba, uno de los grandes capos narcos que pisa fuerte sobre los punteros de San Martín.

Ya en su libro El 18 brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx advertía las formas que adquiría esta relación, ante la “dispersión del partido del orden” en una “sociedad de beneficencia en cuanto a que todos sus componentes sentían la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”. Así Marx describía la anatomía de la “Sociedad 10 de Diciembre”, sostenida sobre 10.000 lúmpenes de París que constituían el ejército de Bonaparte, los que “debían adelantarse a las contramanifestaciones o dispersarlas... improvisarle en sus viajes en público, representar el entusiasmo popular, gritar ‘viva el emperador’, insultar y apalear a los republicanos, naturalmente bajo la protección de la policía”.

Estos elementos desclasados y mercenarios, socialmente descompuestos a pesar de su origen obrero, nutren indistintamente las filas de la burocracia sindical y la policía y son enteramente funcionales a los intereses de las clases dominantes. No por casualidad uno de los policías imputados en el crimen de Barracas, Hugo Lompizano (ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal) Hugo Lompizano, fue la “custodia” que designó el gobierno para resguardar la “seguridad” de los barrabravas de Hinchadas Unidas Argentinas, agrupación K bajo la orbita Marcelo Mallo, en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

Cárceles K

La relación entre Favale y Vatayón Militante, la agrupación K de Víctor Hortel, jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), puso sobre el tapete la situación deplorable de las cárceles.

Hipócritamente, la oposición patronal puso el grito en el cielo a pesar de haber impulsado infinidad de leyes para incrementar las penas y degradar la condición de los presos. Si por ella fuera adoptaría los “nuevos métodos” empleados en las cárceles de EE.UU. con perros lobo en la vigilancia de los internos.

Cristina elogió la tarea del SPF como una institución “modelo” y sostuvo que Vatallón Militante contribuye en “las tareas de reinserción social” (Clarín, 31/07). A pesar de haberse cuadruplicado la partida presupuestaria para el SPF desde 2008, no existe ninguna reinserción social en pocilgas hacinadas, regidas por el terror de los guardiacárceles y la tortura como práctica sistemática que constituyen las bases de la universidad del delito.

En su “Informe 2012, Derechos Humanos en Argentina”, el CELS dice que entre 2010 y 2011 fueron asesinados 72 internos gracias a “la demagogia punitiva” de un “modelo de prisión depósito”, “sin medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida de los detenidos”, “contenedora de bienes humanos cuyo objetivo es la legitimación de su propia existencia”, donde “los programas para disminuir la violencia carcelaria se traducen en limitaciones de derechos de los internos sin considerar al servicio penitenciario como parte del problema”.

En el SPF, trazado por una ley de la dictadura del general Lanusse, se concentran 9.700 presos de los más de 60.000 que se pudren en las Unidades Penales de todo el país (el 75% sin condena), obviando los 32.000 niños y adolescentes privados de su libertad en institutos de menores, gran parte de los cuáles están bajo regímenes cerrados.
Los privilegios que gozaron Favale y cia. son ajenos a la mayoría de los internos, pues las salidas transitorias comienzan a regir después de la mitad del cumplimiento de la pena, de acuerdo al artículo 17 de la Ley 24.660.

En realidad, la política que regula la entrada y salida de esas mazmorras infernales son los llamados “Informes Penitenciarios” que manejan arbitrariamente los alcaides y efectivos del SPF secundados por la Justicia. Munida de poderes discrecionales y arbitrarios, esa institución es la “llave de oro” para someter a los detenidos al chantaje a cambio de salidas temporales y libertad condicional. Con razón el SPF tiene tantas denuncias referidas a bandas mixtas entre penitenciarios y presos, de las cuales el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 señaló que “está acreditada la salida de internos alojados en dicha institución para delinquir en connivencia con funcionarios de ese servicio” (Clarín, 20/08).

Cuando Schoklender dio la primicia sabía de lo que estaba hablando, él mismo había utilizado el método del Vatayón Militante empleando presos en la construcción de viviendas (Clarín, 1/08) y reclutando matones para la seguridad de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Fundación Sueños Compartidos, como el temible “Pocho” que inspiraba miedo en los obradores de la constructora.

La impostura de Cristina, pretendiendo atribuirse la potestad del juicio por el asesinato de Mariano, de ningún modo borrará su complicidad con esa burocracia asesina.

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