El 5 de diciembre mientras un grupo de docentes y estudiantes realizaba experimentos en la planta piloto de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se desataron una serie de explosiones en cadena provocada por la caída de unos tambores que contenían hexano, químico altamente inflamable usado para la extracción de aceites en oleaginosas. Ya son cuatro las personas fallecidas y hay otra decena de heridos.

Detrás de estos proyectos están los intereses de la multinacional belga SMET y la aceitera General Deheza del Senador K, Roberto Urquía que lucran con el conocimiento generado en las universidades a partir de convenios firmados junto a las autoridades universitarias, que pretenden paliar la falta de presupuesto educativo a costa de la precarización laboral, condiciones de higiene y seguridad paupérrimas y la injerencia de capitales privados en la educación pública.

El decano Moitre y el vicedecano de Ingeniería así como el Rector Spada son los primeros responsables de estos hechos aunque se escuden diciendo que no sabían que se trabajaba con ese solvente, que desconocían las condiciones de inseguridad y que no había “actividad ilegal”. Ningún registro revela cuándo y cómo ingresaron los 18 tambores de hexano que se usaban para el proyecto. “Tampoco se ha encontrado el convenio que necesariamente debe existir (...) Ni la Facultad de Ingeniería ni el Rectorado pueden decir (...), qué proyecto estaba desarrollando el grupo dirigido por Miguel Angel Mattea” (Puntal, 8/12).

A raíz de la crisis abierta en la UNRC la movilización estudiantil, docente y no docente comienza a darse una herramienta de lucha en la asamblea interclaustro (AI). La convocatoria ha sido masiva. Varios compañeros de En Clave Roja y abogados del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) participamos el miércoles 12 de la sesión ampliada del Consejo Superior (CS), donde la interclaustro presionó para que éste sesionase en el anfiteatro del campus, ante más de 2000 estudiantes, junto a decenas de docentes y no docentes (ver declaración repartida en la asamblea haciendo click AQUI).

Con la presión que la AI ejerció sobre las autoridades del Consejo, éste resolvió declarar el estado de emergencia y la suspensión de las actividades académicas y administrativas. Pero dos días después, entre cuatro paredes, resolvieron lo contrario, sin tomar en cuenta, el interés de las más de 2000 personas que se movilizan para exigir justicia.

La asamblea interclaustros, nunca levantó hasta el final la destitución del cargo del rector Spada, ni siquiera su apartamiento de la causa, lo mismo que el juez Valentinuzzi quien fuera por mucho tiempo parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, docente de abogacía y padre de un hijo al mando de la Dirección que él condujo. Si bien hubo voces aisladas que lo planteaban nunca fue una resolución adoptada por la AI y debiera ser la primera demanda mínima: que se vayan las autoridades responsables de la catástrofe.

Al no independizarse totalmente de las camarillas que gobiernan la universidad y tampoco plantear que los hechos sean investigados por una comisión investigadora independiente de las autoridades (la comisión que terminó votando el Consejo con el aval de la asamblea quedó conformada por las mismas autoridades del Superior y la ¡Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación!), lamentablemente se termina subordinando la AI a la voluntad de 19 personas por sobre 2000 y tantos más.

El llamado de uno de los consiliarios a respetar los cuerpos colegiados era el llamado a burlar la voluntad de miles por denunciar esta universidad al servicio de los intereses mezquinos de unos pocos.

Desde en Clave Roja planteamos en una de las asambleas y seguimos llamando a la AI, así como a toda la comunidad universitaria, a romper por completo la dependencia de las autoridades que no sólo garantizan el estado actual de miseria de la educación pública sino que no tienen ninguna voluntad en investigar a fondo los hechos y denunciar los intereses de trasfondo, puesto que los involucran a ellos mismos.

Sólo la movilización independiente, de los docentes, no docentes y estudiantes, podrá lograr terminar con estas “tragedias”, hijas del bajo presupuesto y de la subordinación de las universidades a las grandes empresas. El gobierno nacional y sus funcionarios, también son responsables, ya que mantienen en este estado a la educación pública.