“Fuerza AErea S.A.”, dirigida por Enrique Piñeyro, ha desnudado el estado calamitoso de la seguridad en la aviación civil. Un fiscal acaba de imputar al Comando de Regiones Aéreas. Mientras tanto el gobierno actúa “como recién enterado”, apelando como es su costumbre al doble discurso mediante una supuesta “desmilitarización”, cuando en los hechos mantiene la estructura militar como pieza clave en el armado de la aeronáutica civil. Detrás siguen los resortes del viejo poder, que excede la seguridad aérea: un complejo entramado de corrupción, narcotráfico, espionaje y prebendas, dan vida a una verdadera mafia conformada por militares, funcionarios y empresarios.

Realidad y ficción kirchnerista
La película documenta la desidia y negligencia en la seguridad aérea. A la vez, la aviación comercial acumula múltiples crisis y escándalos: las narcovalijas de Southern Winds y la complicidad del Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; las profundas irregularidades de la PAN (Policía Aeronáutica Nacional) hoy reconvertida en PSA (Policía de Seguridad Aeropuertaria); la exitosa huelga de pilotos y técnicos que sacó a la luz el vaciamiento que viene sufriendo Aerolíneas desde su privatización y las oscuras concesiones de los aeropuertos que han transformado a Eurnekian en el mayor deudor del estado argentino, son algunos de los títulos destacados que han obligado al gobierno a tomar cartas en el asunto, propiciando cambios cosméticos. Política que se basa en el trueque de militares por civiles y una entrada simbólica del estado en el paquete accionario de Aerolíneas y Aeropuertos 2000. A un año de la reconversión de la PAN (controlada por militares) en PSA (bajo control civil) ésta cumple exactamente la misma función; y para peor, el kirchnerista a cargo Marcelo Sain, le pide al estado aumentar el presupuesto para triplicar la dotación de personal enrolado en la Fuerza Aérea.

Impunidad, aprietes y complicidades
Sucede que está en juego un suculento paquete presupuestario ligado al Comando de Regiones Aéreas donde se enrolan unos 5.000 uniformados. Es por eso que los comandos militares han desatado una verdadera “caza de brujas” contra el personal civil (e inclusive militar) que trabajan en el control del tráfico aéreo. La ACTA (Asociación de Controladores de Trafico Aéreo) y los pilotos agremiados en APLA han denunciado en conferencia de prensa que “desde que se proyectó la película de Piñeyro nos están persiguiendo y apretando con sanciones disciplinarias”. La impunidad y los aprietes siguen y se explican porque la Ministra de Defensa, Nilda Garré ha dejado la investigación en manos de la misma Fuerza Aérea.

Los trabajadores responden
Sin embargo, los trabajadores de trafico aéreo y pilotos tomaron cartas en el asunto y amenazan con medidas si siguen los aprietes. Esto es un gran indicador de quienes pueden resolver el asunto de fondo. Contra la “solución” de la Secretaria de Transporte manejada por funcionarios corruptos, es necesario que sean los mismos trabajadores los que controlemos el tráfico aéreo. No es de la mano de la intervención civil que van aparecer los culpables. Es necesario conformar de inmediato una Comisión Investigadora Independiente que tenga plenos poderes para desentrañar todas las irregularidades y ponga en evidencia la corrupción y complicidad existente entre militares, funcionarios y empresas aéreas privadas. La verdadera política para desmilitarizar el control aéreo y que la seguridad de los usuarios no esté en peligro, pasa por poner a los trabajadores técnicos y especializados en la materia (junto a los usuarios) a controlar el trafico aéreo y que el estado se haga cargo de una capacitación de verdadera calidad. Estas medidas deben estar enmarcadas en un proyecto de fondo para la aviación civil partiendo por reestatizar Aerolíneas Argentina, conformando una Línea Unica de Bandera controlada por los trabajadores y usuarios.