Sólo 4.800 propietarios rurales concentran 85 millones de hectáreas, la mitad de todas las tierras agropecuarias de la Argentina. La comercialización de los alimentos del campo está en manos de un puñado de monopolios exportadores y formadores de precios, como Cargill, Dreyfus o Aceitera General Deheza y grandes frigoríficos. El gobierno es el principal garante de sus negocios y destina las retenciones a pagar la deuda externa y subsudiar la rentabilidad de la clase empresaria.

Nuestra salida:

• Nacionalizar las grandes propiedades del campo que defienden tanto el gobierno como las 4 entidades rurales. Estatizar el comercio exterior y expropiar a las grandes empresas agro-industriales, para garantizar alimentos baratos y terminar con una de las principales fuentes de inflación y pobreza.

• No al pago de la deuda externa. Abajo los impuestos al consumo como el IVA. Impuestos progresivos a las grandes fortunas.

• Blanqueo para todos los peones rurales derogando la ley de Videla y Martínez de Hoz que rige el trabajo en el campo, defendida tanto por el gobierno como por las 4 organizaciones ruralistas. Basta de trabajo en negro y precarizado.

• Escala móvil de salarios: aumento general de emergencia, mínimo igual a la canasta familiar y ajuste automático según los precios al consumo. Reapertura de las paritarias con delegados elegidos en la base.