Una niña neuquina, de doce años, fue violada por su vecino, un comisario retirado que la dejó embarazada a raíz de la agresión sexual. Sin embargo, los jueces Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi, de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, consideraron que “es posible un embarazo sin acceso carnal” y aplicaron al violador una pena menor, por abuso.

Además de que el embarazo es la más cruel y evidente prueba del delito de este ex – comisario, lo peor es que durante el juicio no se realizó un examen ginecológico a la niña. Tampoco se tuvo en cuenta lo que le estaba pasando a la víctima y su silencio, porque no podía poner en palabras el sufrimiento que le provocó esta situación traumática y por su desconocimiento absoluto acerca de los hechos de los cuales había sido forzada a participar, lo cual llevó a imaginar a estos cínicos jueces que quizás hubo consentimiento por parte de la víctima, lo que benefició al victimario.

Una vez más, la justicia neuquina –con otros fallos que perjudicaron a víctimas mujeres como en los resonados casos de María Alejandra Zarza e Ivana Rosales- actuó de manera morbosa, encubriendo y garantizando la impunidad del violador que, por su condición de comisario retirado de la policía provincial se hizo acreedor del derecho a “prisión domiciliaria” bajo el cargo de abuso deshonesto y con una condena de sólo cuatro años.

El pasado lunes 21, en la sede de la Cámara Criminal, distintas organizaciones de mujeres, partidos de izquierda y organismos de DD.HH. se manifestaron en repudio al fallo y lograron que, al menos, se traslade al violador a otro domicilio, ya que era vecino de la víctima y estaba cumpliendo su condena al lado de la vivienda de la niña.

Pan y Rosas convoca a todas las agrupaciones de mujeres, organizaciones obreras, sociales, políticas y de DD.HH. a repudiar enérgicamente este fallo de la justicia neuquina que da una clara señal de impunidad a todos los abusadores y violadores de mujeres y niñas. Sumamos nuestras voces a este llamado a organizarnos y luchar por imponer el castigo efectivo con cárcel común al comisario violador, por la nulidad del juicio viciado y el juicio político contra el tribunal, así como por la destitución del fiscal Rómulo Patti, por no solicitar la apelación de la sentencia.