El caso Blumberg deja al desnudo el fracaso de la política de militarización de la pobreza –que pobló las calles y villas del conurbano de gendarmes, prefectos y federales- que desde el gobierno nacional y provincial se venía impulsando para controlar el desmadre de la Bonaerense, sospechada de participación activa en el secuestro y asesinato.
La pretensión de combatir el crimen endureciendo penas y fortaleciendo las fuerzas represivas no hace más que alimentar el gatillo fácil y a las mafias policiales que son las principales fuentes de delito en el país. Sus actividades ilícitas alcanzan todos los rubros del crimen organizado desde el robo simple, pasando por el narcotrafico y llegando a los secuestros express. A su vez el pedido de mayor seguridad tiñe de manera reaccionaria el clima social. Los llamados a endurecer las penas y la represión por la inseguridad, no tardaran en ser usados para criminalizar la protesta social y la mano dura contra los jóvenes.
Aumentando la represión y el control social se intenta ocultar la enorme desigualdad social y la misería -generada por el sistema capitalista- base del aumento del delito entre las capas más bajas de la sociedad. Siempre terminan siendo los pobres los culpabilizados por las aberraciones que este régimen social genera.
Llamamos a oponernos a las voces reaccionarias que claman por la seguridad y a la política del gobierno de profundizar la militarización de la pobreza.