Miles de luchadores populares en todo el país sufren persecución judicial por haber participado en acciones reclamando sus derechos. Emilio Alí, Raúl Castells y otros compañeros han sido arrancados de los calabozos después de una fuerte movilización, pero este régimen hambreador demuestra día a día que la cárcel y la represión para los trabajadores es parte de su esencia. Hoy mismo están presos compañeros de la UTD de Gral. Mosconi - Salta y son miles los procesados en todo el país. El movimiento estudiantil combativo también es víctima de esta persecución. Martín Ogando (En Clave ROJA - PTS) y Sergio Salgado (PO), dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA se encuentran procesados en una causa que fue iniciada en 1999 por el autoritario ex - decano Fortunato Mallimacci y el ex - emperador - rector de la UBA Oscar Shuberoff. El juez que entiende en la causa es nada menos que Jorge Rimondi, el mismo que ordenó el desalojo y la represión a las trabajadoras de Brukman conocido en el ámbito judicial por su desprecio por las personas de bajos recursos y los inmigrantes. La causa por la que se persigue a los compañeros es haber participado en las movilizaciones contra un escandaloso fraude organizado por la Franja Morada en las elecciones de centro de estudiantes del 99. Detrás de esta causa no hay más que una clara persecución política a compañeros que son reconocidos activistas del movimiento estudiantil. Martín es dirigente de nuestra organización, el PTS, y Sergio es de PO. Ambos han participado activamente en el último tiempo de luchas importantes como la democrátización de la carrera de Sociología y la toma del rectorado de la UBA a fin del año pasado. Llamativamente la causa se reactivó justamente en el transcurso de estos conflictos y se aceleró aún más luego de los sucesos de Brukman. El veredicto político de los estudiantes de Sociales ha sido terminante: mientras las organizaciones en las que militan los compañeros son hoy un factor político importante de la Facultad, la Franja Morada ha desaparecido en Sociales y no pudo ni siquiera presentar lista para las últimas elecciones de centro. Su decadencia empezó justamente con el fraude que protagonizaron en el 99 y los posteriores incidentes en Económicas y otras facultades.

El fiscal de la causa ha pedido la elevación a juicio oral por “falsedad por supresión en concurso ideal con daño agravado” lo cual conlleva una pena de hasta 8 años de prisión no siendo excarcelable. La defensa que lleva el CeProDH de Martín Ogando ha recusado al juez cuestionando su imparcialidad, ya que nuestro compañero es uno de los firmantes del pedido de juicio político que Miguel Bonasso, Ariel Basteiro y organismos de DD.HH. presentaron contra Rimondi y los camaristas por la represión en Brukman.

Más allá de las estrategias legales, la clave para la defensa de los compañeros es una fuerte campaña y una movilización decidida por su desprocesamiento. El Consejo Directivo de Ciencias Sociales debe repudiar inmediatamente esta persecución contra dos estudiantes de la facultad. Los centros de estudiantes, la FUBA, la Asociación Gremial Docente de la UBA y el movimiento estudiantil todo debe declarar el estado de alerta y movilización, con actos, marchas, petitorios, escraches y todo tipo de medidas que garantice, junto a las demás organizaciones en lucha, la derrrota de esta intentona represiva.