Ayer el editor general de Clarín se refirió al sentido del retorno del conflicto gremial organizado al centro de la escena política, y detalló los motivos y consecuencias subyacentes. Ahora quisiéramos sumar una mirada lateral acerca de los desafíos de convivencia que plantea esa tensión sindical en la vida cotidiana, ya que el tema estará hoy en la agenda de cientos de miles de personas con los paros en los subterráneos y el de los docentes bonaerenses.
Las huelgas son un derecho constitucional que la legislación moderna define como la tutela de cierto interés por parte de determinados actores sociales. Son en sí mismas un problema. Quienes recurren a ella se sienten perjudicados y accionan en defensa de sus intereses. Pero también repercuten en quienes no tienen nada en juego en el conflicto y se ven involucrados en sus consecuencias. 
En los casos de medidas de fuerza en los servicios públicos, por ejemplo, se debería contemplar un preaviso formal o medidas de presión de carácter gradual, que fue la conducta general observada esta vez tanto por los telefónicos, como por empleados de subtes y docentes bonaerenses.
El punto de equilibrio es ese: articular el derecho a la protesta con el funcionamiento del resto de la sociedad. Respetar consensos mínimos que no lesionen la convivencia social. No abonamos la teoría del conflicto permanente: ninguna comunidad puede desempeñarse con esa traba paralizante. Pero una sociedad con conflictos, vale decirlo, es una sociedad viva. Que pondera el valor social del trabajo y que se abre a discutir sobre las leyes que lo protegen. Una respuesta a las usinas intelectuales de los 90 que sembraron por doquier relatos apocalípticos, como el del fin de la historia, del trabajo y hasta del propio hombre. No fue cierto: todos están vivos. Y gozan de buena salud.