Este miércoles 23/11 se realizó la marcha unitaria contra la criminalización de la protesta social, convocada por decenas de organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones políticas y sindicales.
La movilización en Buenos Aires, de Congreso a Plaza de Mayo, congregó a más de 8.000 compañeros. Además se realizaron acciones en Neuquén, Córdoba y Tucumán (ver en estas páginas).

La cabecera de la marcha contó con la participación de abogados de las organizaciones obreras, dirigentes de izquierda y de centros de estudiantes, algunos de ellos también procesados por solidarizarse con las luchas. Entre ellos dirigentes de la CTA como Víctor De Gennaro y Carlos Chile, Pino Solanas, Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo, junto con dirigentes de izquierda como Christian Castillo (PTS), Néstor Pitrola (PO), Vilma Ripoll (MST). Pero además se destacó la participación de muchos de los actuales delegados y trabajadores perseguidos. Estaban Lorena Gentile y Poke Hermosilla de Kraft, Katy Balaguer de PepsiCo, Diego Kondracki y Carlos Ruiz de CAT, militantes obreros del PTS procesados en la “megacausa” Panamericana. También Rubén Sobrero junto a trabajadores del FFCC Sarmiento; delegados de los frigoríficos Rioplatense y Paty; Flavio Bustillo de la Bordó del FFCC Roca y Daniel Romero de la Agrupación Comercio Despierta, perseguidos por organizar a sus compañeros precarizados; junto a decenas de militantes obreros procesados.

Acompañaban agrupaciones y comisiones internas anti-burocráticas, con importantes delegaciones de Kraft y Donnelley, así como de choferes de la Línea 60. Se sumaron delegados del Subte y de neumáticos Fate, del Hospital Garrahan, el Indec y otras dependencias estatales, trabajadores de la construcción nucleados en el SITRAIC, agrupaciones telefónicas, docentes y de aeronáuticos, entre otras.

La marcha planteaba además la libertad de Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar, y el rechazo a las patotas sindicales y paraestatales. Se convirtió así en una denuncia al poder político, y al mismo tiempo una exigencia para que cesen los ataques a las organizaciones obreras y los luchadores. La Presidenta ha venido atacando, en abierta consonancia con los pedidos empresarios, los cortes de ruta y huelgas. Hoy el gobierno amenaza quitarle la personería gremial a los técnicos de Aerolíneas Argentinas. Por eso la amplia convocatoria y el contenido de la marcha fue un primer e importante paso en el rechazo a estos ataques y la criminalización de la protesta.

Como dijo Cristian Castillo “es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la Comisión Interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y tantos otros estén perseguidos por defender los derechos de los trabajadores, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos de luchadores populares como en el Indoamericano o en Jujuy”.

Myriam Bregman denunció que “en las causas de la Panamericana volvemos a ver el método de la infiltración de la Gendarmería, que viene realizando tareas de espionaje contra los delegados de Kraft y quienes apoyan su lucha”. El CeProDH, junto a la Asociación Ex Detenidos y la comisión interna de Kraft, hicieron una denuncia contra estas acciones ilegales.

En la importante columna del PTS, que cuenta en sus filas con decenas de militantes procesados, se destacó la combatividad de la juventud, que levantó bien alto el grito y las banderas en defensa de los militantes perseguidos.