Si bien el conflicto viene desde hace tiempo, los problemas en la línea 60 se agudizaron a partir de la llegada del Grupo DOTA, que se quedó con la empresa MONSA. Un grupo empresario monopólico que, además, posee el control de varias líneas de colectivos, entre ellas la 28; 21; 7; 117; 30; 6; 5; 9 y algunas más.

A la vez, el Gobierno lo subsidia con más de 30.000 pesos por mes por colectivo, y una parte del gasoil, que pagan a 71 centavos. DOTA también es representante oficial de la empresa brasileña Agrale, que en la Argentina obtuvo a comienzos del 2008, por decreto de Cristina Kirchner, los permisos para funcionar como terminal de industria automotriz.