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Julio López estuvo secuestrado durante la Dictadura en varios centros clandestinos del llamado Circuito Camps.
A partir de 1998 vivió un intenso proceso de recuperación de su propia historia. Es entonces cuando declaró en los llamados Juicios por la Verdad. Después se presentó como querellante en la causa Comisaría 5° dando un testimonio central como testigo directo de las torturas, violación y fusilamiento de Patricia Dell´Orto y Ambrosio Dimarco. Allí acusó a Miguel Etchecolatz (ex Comisario Gral de la Policía a cargo de más de 20 centros de detención) de dirigir personalmente la tortura contra él y otros detenidos.
El 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos de los abogados de Julio. Él iba a estar presente. Salió de su casa temprano. Sus compañeros y abogadas, luego de esperar un rato, se dieron cuenta de que Julio no estaba ni en su casa ni en el edificio municipal donde se hacía el juicio. “Y no llegaba -cuenta Guadalupe Godoy, abogada de Julio-. Fue una situación muy compleja. Apenas empezamos a discutir qué hacer un periodista se acercó y preguntó qué pasaba. Entonces Adriana Calvo contestó ‘Julio López está desaparecido’”.
Desde ese día los organismos de derechos humanos denuncian que fue de un secuestro a manos de la Bonaerense. Cinco años después ya no hay dudas. Pero además se confirma el manto de encubrimiento desplegado por los gobiernos nacional y provincial. Una causa que se transformó, como dijo Adriana Calvo, en un verdadero “monumento a la impunidad”.
Entrevista a Myriam Bregman, miembro del CeProDH, abogada de Julio López en la querella unificada de Justicia YA! y candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el PTS en el FIT.
— Cada nuevo aniversario la pregunta se repite: ¿cómo está la causa?
— La causa en la que se debería investigar el secuestro y desaparición de Julio López está paralizada. Siempre aparece una frase por estos días: “no hay pistas sobre López ni sobre sus secuestradores”. Pero sí hay pistas. Lo que pasa es que toda la información conduce indefectiblemente a la Policía Bonaerense, a sus relaciones con otras fuerzas, a la protección que tienen los genocidas en el Penal de Marcos Paz (donde están encarcelados en el llamado “pabellón de lesa”). Son elementos políticos, no “jurídicos”, los que impidieron que la investigación avance.
En estos días vemos el Caso Candela. Si bien no tiene las mismas características se repite el modus operandi que se utilizó para encubrir y desviar la investigación en el caso de Julio. Por eso hay que investigar a los “investigadores”.
—¿Por qué hay encubrimiento del gobierno de los Kirchner?
— Desde Justicia Ya! y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos que son cinco años de encubrimiento, con distintas etapas.
El gobierno fue utilizando la causa según sus necesidades. Primero lo negó. Apenas desaparecido Julio nos reunimos con Aníbal Fernández y él dijo que “no descartaban ninguna hipótesis”. Cada vez que la Bonaerense está implicada dicen lo mismo, lo que significa que no van a investigar nada. Allí empieza la teoría de que Julio podría estar en la casa de una tía. Increíble.
Después, por las enormes movilizaciones en La Plata y la organización, Felipe Solá reconoció que López estaba desaparecido y que hay 9.026 policías bonaerenses en funciones desde la Dictadura. Ahí la denuncia de secuestro cobró nuevo vuelo y Néstor Kirchner retó en público a Solá diciendo cómo podía decir eso, que no había pruebas.
La movilización convirtió la causa en una denuncia nacional. Kirchner cambió entonces la estrategia y empezó a decir “el compañero Tito, acompañamos a su familia”. Absoluta utilización.
Cuando llega Cristina Kirchner necesitan dar un vuelco y directamente pasan a negar el caso. López no existe. Cristina nunca lo nombró. Mientras, se siguió protegiendo a la Bonaerense.
Se reconoció que de esos 9.026 policías 3.192 actuaron entre el ’76 y el ’79, cuando todas las comisarías provinciales fueron centros clandestinos al mando de Camps. Pero cuando Scioli asumió como gobernador nombró a muchos de esos policías como máximos funcionarios. Nosotros se lo dijimos en persona y nos prometió una respuesta en 48 horas. Lo único que recibimos, a los pocos días, fue la utilización de esos mismos policías en el desalojo de la fábrica Mafissa de La Plata.
El de Cristina Kirchner no es un silencio cualquiera. Garantiza la impunidad de la Bonaerense, responsable del secuestro.
En estos días la presidente estuvo festejando en la Mercedes Benz, un símbolo vinculado directamente con la Dictadura.
Cuando la vi ahí recordé el testimonio de Julio, cuando contó que estuvo preso en uno de los centros clandestinos con obreros de la Peugeot. Uno de ellos estaba a punto de ser liberado por los genocidas y la propia empresa llamó pidiendo que no lo liberaran, que era un “bochinchero bárbaro”. Ese compañero sigue desaparecido. Las automotrices tenían mucho poder, hasta daban órdenes directas en los centros de detención. Hoy la presidente se saca fotos muy contenta con ellos. Ninguno de esos empresarios es investigado. El único caído en desgracia es uno de Corrientes, de la Sociedad Rural, a quien le decían el electricista. Imagínense…
La Mercedes Benz hasta donó un equipo de neonatología a Campo de Mayo. Y todo indica que uno de sus directivos tiene niños apropiados. O sea, además una “donación interesada”.
—¿Por qué hay que seguir levantando las banderas de Julio López?
— La impunidad de sus secuestradores fortalece al aparato represivo del Estado. Este caso ha sido un gran mensaje: quienes lo secuestraron y quienes están siendo juzgados siguen percibiendo que en Argentina pueden secuestrar a una persona y no pasa nada.
Luego de lo de Julio fue asesinada Silvia Suppo en Santa Fe. Se quiso decir que fue un robo o un delito común, pero los hijos denunciaron desde el principio que fue asesinada por su testimonio en un juicio.
Y si las amenazas que se dieron por miles apenas desaparecido Julio se pudieron parar fue por la enorme movilización desarrollada. Fueron muchas marchas, mucha denuncia. Los primeros días después del secuestro las amenazas que todos recibimos fueron terribles.
En el otro extremo está el asesinato del genocida Febrés, quien vivió su propio juicio como una interna de la Armada. Él era prefecto y lo estaban juzgando antes que a los propios marinos. Para ellos era como un ensayo para ver cómo iba a ser el juicio de la ESMA. Decían que Febrés podía brindar alguna información y, antes de hacerlo, apareció envenenado el 10 de diciembre de 2007. Ese día asumía Cristina Kirchner y trató de utilizar el hecho, como que la víctima era ella. Pero las víctimas somos quienes participamos en los juicios y luchamos por encarcelar a los genocidas.
Esto es parte de la política de “derechos humanos” oficial. Más allá que resalten que hay 200 juzgados, ése es un número mínimo si pensamos en la cantidad que participaron. Es enorme por todo lo que costó enjuiciar a esos genocidas, pero oculta otras verdades. La mayor parte del aparato represivo de la Dictadura sigue impune. Incluso de los condenados casi todos están libres, lo que sobreexpone a los testigos. Hace unos meses se condenó a los genocidas de El Vesubio y varios ya están en libertad. Vuelven a su casa tranquilos mientras los testigos declaran y los identifican esperanzados de que sean encarcelados.
Los 26 que están siendo juzgados en la causa Circuito Camps ya tienen dos cosas a favor: no está Julio para declarar contra ellos y, producto de la impunidad de tantos años, no va a poder dar su testimonio la compañera Adriana Calvo, quien no pudo llegar a este juicio.
La versión completa de esta entrevista se puede escuchar en
www.pateandoeltablero.com.ar
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