Febrero ha sido un mes movido para la causa por el asesinato de Mariano, ¿podrías comentarnos sobre las novedades?

Este mes comenzó con una noticia vinculada al asesinato de Mariano que no sorprende. El 1° de febrero allanaron la casa y el estudio del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, quien intentó coimear a un juez de la cámara de Casación que debía definir la excarcelación de su defendido, Armando Uño, patotero de la Unión Ferroviaria, y de los otros seis detenidos.

A esto se sumaron las amenazas que sufrieron cinco testigos del asesinato: José Eduardo Sotelo, Gonzalo Damián Fernández, Damián Reynoso, Alberto Mariano Esteche y José Luis García. Ellos no dudaron en denunciar las amenazas sufridas, lo que fue tenido en cuenta por los jueces para rechazar los pedidos de excarcelación.

También fue de público conocimiento que el 11 de este mes hubo otros allanamientos dirigidos a la Unión Ferroviaria y al domicilio de Fernández, el segundo de Pedraza. ¿Qué resultados arrojaron esos allanamientos?

Estos allanamientos se hicieron, como casi todo en esta causa, con un hermético secreto de sumario que hace que los querellantes nos enteremos de las noticias por los diarios, y que tengamos que extraer conclusiones leyendo entre líneas los cables de prensa. Todo indica que hubo resultados útiles, pero seguimos sin conocer más detalles que los publicados.

La situación de Fernández y Pedraza debió ser resuelta hace ya mucho por la jueza, porque con lo que ya está probado en su contra sobra para detenerlos, indagarlos y procesarlos como co-organizadores del plan criminal urdido para frenar la lucha de los trabajadores tercerizados y que asesinó a Mariano.

Pero claro, para meterse con un gran burócrata sindical-empresario como Pedraza, con sus acuerdos históricos con el gobierno y UGOFE, o su segundo, hay que tener permiso del poder político. Y queda claro que, salvo cuando negocios o intereses superiores hacen que rompan su vínculo de clase, eso no sucede tan fácilmente.