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NIETOS DE DESAPARECIDOS. SOBRE LA MEDIA SANCION AL PROYECTO DE OBTENCION DE ADN. (Nota exclusiva en internet)
Queremos toda la verdad, que se abran los archivos de la represión
Por: María Victoria Moyano

12 Nov 2009 |

Los días previos a la votación en el diputados de la ley sobre obtención de ADN, sectores de la derecha y supuestos demócratas se dieron cita en los medios parándose desde una hipocrecía insólita. En clara defensa de la golpista Ernestina de Noble, salió Carrió tratando de fascista al proyecto que finalmente con algunas modificaciones se votó. A Carrió le resulta una “violación a los derechos humanos” la obtención de ADN y no el hecho de que más de 400 jóvenes desconozcan su identidad robada por la dictadura genocida. Carrió, que dice abiertamente lo que no se anima ni la Pando, es consecuente con su plan de reconciliación con los genocidas que dieron el golpe contrarrevolucionario de 1976. no es otra cosa que la defensora de los intereses de aquellos que promovieron el plan sistemático de robo de bebés y lo siguen sosteniendo.

En la misma, se escandalizan porque una orden judicial perimitiría allanar la vivienda para obtener alguna prenda, cepillo o lo que fuere que contenga material que se haya desprendido del cuerpo del jóven. No se escucha la misma virulencia en denunciar el escándolo que significa que al día de hoy solo poco más de medio centenar de genocidas hayan sido condenados desde la anulación de las leyes de impunidad, de los 200.000 que el mismo Eduardo Luis Duhalde reconoció que actuaron en la dictadura. No es para ellos un escándalo que 400 jóvenes tengan su identidad fraguada chicos vivan con sus familias apropiadoras, sino el hecho de que se pretenda legalizar mecanismos no cruentos de obtención de identidad.

La pretendida “colisión de derechos” como señala Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y diputado de la Coalisión Cívica, entre el derecho a la verdad y el “derecho a no querer conocerla”, es no más que una trampa, ya que la obtención de ADN se requiere porque ese joven del cual obtiene es la prueba de un delito de lesa humanidad: el robo de bebés. Lo cual no implica qué hacer con esa verdad que se obtendría, y como dicen en su carta algunos nietos recuperados “Nosotros hoy somos libres porque podemos elegir qué hacer con esta historia, ya que haber recuperado nuestra identidad no nos convirtió nuevamente en cautivos de alguien, sino todo lo contrario: nuestras familias respetan nuestros derechos y cada uno genera el vínculo que quiere con ellas”.

Cuestionan y pretenden restringir el elemental derecho a la identidad, derecho del que al día de hoy carecen al menos 400 jóvenes que fueron apropiados por los genocidas durante la dictadura. 98 la recuperaron, y 8 de ellos por los mecanismos que ahora marca la flamante ley, es decir no de modo compulsivo extrayendo sangre sino mediante células encontradas mediante allanamientos (medida que la Corte Suprema ya avala). Y quienes cuestionan el derecho a la identidad lo hacen desde el mayor de los cinismos, apelando al derecho a la intimidad. De qué intimidad le hablan a los hijos que nacieron en campos clandestinos de detención, con sus madres pariendo engrilladas y en condiciones infrahumanas, que vivieron y viven años sin saber quiénes eran o son, que despues de años se enteran que aquellos a quienes quisieron como sus padres, de golpe no lo son y su padres fueron asesinados a manos de los milicos genocidas, a las familias que los buscan y sufrieron el desgarro de no saber qué fue de sus hijos. El derecho a la intimidad de esos jóvenes fue violado desde el día en que nacieron.

De qué libertad hablan cuándo ni la libertad de saber quién sos se les permite. El derecho a elegir no existe sin conocer la verdad. Y a la verdad lamentablemente se accede cotejando el ADN con el de los familiares, cosa que no es tortuosa por el método sino por el dolor que implica como dijo Victoria Donda en su discurso en la Cámara de diputados: “Hablaron de la voluntad y de la libertad. Si hay alguien que conozca una persona secuestrada que goce de voluntad y libertad para elegir hacer cesar ese delito o no, ¡que me lo diga porque yo no lo conozco! (…) ¿Conocen la tortura que significa estar esperando que se muera la gente que uno quiere como sus padres para conocer realmente quién es el padre de uno? ”.

Y como ella misma señaló “En primer lugar, quiero recordar que estamos hablando de un delito que se cometió desde un Estado terrorista y que llevó adelante un plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños. Existieron listas a través de las cuales nos entregaban como cachorros a otras familias”. Lástima que a esto no siguó una exigencia y un reclamo ineludible: que el Estado abra los archivos de la represión, que obligue a los genocidas a declarar todo lo que saben. Sería sencillo: existen las nóminas de todo el personal que revistió en maternidades clandestinas, como la de Campo de Mayo y otras. Todos aquellos que actuaron allí deberían ser imputados por su presunta participación o complicidad del delito de apropiación de bebés. Esto, sin dudas, aumentaría exponencialmente la probabilidad de encontrar en el menor tiempo posible el destino de muchas y muchos jóvenes privados de su identidad, y el castigo a sus apropiadores. Pero ningún gobierno -ni el de Néstor Kirchner del que Victoria Donda fue parte- ha avanzado en este sentido ya que ir adelante con una política así sería un importante paso adelante para poner sobre la mesa todo el plan sistemático genocida y de robo de bebés, que permitiría conocer los nombres y cómo y donde actuaron los genocidas, quiénes son los que hoy están en actividad, en definitiva, conocer toda la verdad y condenar a los genocidas.

Un debate se abrió entre partidarios de esta Ley sobre qué órgano debe ser el que maneje el banco de datos genéticos (el oficialismo planteó que sea la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de el Minsterio de Justicia y Seguridad, mientras que otros organismos como el Serpaj plantearon que sea la Corte Suprema). La Secretaría de Derechos Humanos al actuar asimismo como querellante en varias de las causas por apropiación abre la posibilidad de que los represores planteen la nulidad de los procesos. En cuanto a la Corte Suprema, independientemente de sus integrantes, ha sido una institución que en momentos avaló las leyes de impunidad. En ambos casos se trata de instituciones del mismo Estado que impuso su maquinaria terrorista para imponer el genocidio. Por lo tanto, creemos que deben ser los hijos recuperados y una comisión de familiares, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, los que coordinemos el banco de datos genéticos, única garantía para que no sea utilizado según el viento político en curso.

 

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