En septiembre de 2003 Rodolfo Daer firmó un nuevo convenio con las empresas de la alimentación. Usted se preguntará: ¿quería aprovechar las nuevas fuerzas de la clase obrera para recuperar conquistas? De ninguna manera. El principal objetivo era, para la burocracia, aumentar su recaudación; para las empresas, garantizar la continuidad de las condiciones de trabajo logradas en los `90. Todo esto, con el auspicio del Ministerio de Trabajo de los Kirchner.

En el Anexo V de este convenio, las partes acuerdan que las empresas le retendrán un 2 % del sueldo de cada trabajador. ¿Para gozar de más beneficios, mejorar la obra social? Nunca. El llamado aporte solidario está “destinado a cubrir los gastos ya realizados y a realizar en la concertación de las convenciones colectivas de diferentes niveles”. Una suerte de ‘gasto de representación’ compulsivo que se les cobra a los trabajadores no afiliados al STIA, sean efectivos o contratados.

Peor todavía. El mismo anexo incluye una “contribución empresaria: con el objeto de prestar apoyo a la labor (...) que viene desarrollando la FTIA, las empresas se obligan a realizar una contribución mensual de $4 por cada trabajador comprendido en esta Convención”.

En definitiva, una coima institucionalizada, por la que el sindicato recibe plata por los trabajadores que no defiende, y plata de la patronal que no enfrenta.

L.A.