El sencillo “escape” del ex Teniente Coronel Julián Corres, alias “el Laucha”, se produce en vísperas de que su causa sea elevada a juicio oral (...).

La causa del “Laucha” se encuentra a cargo del juez Alcindo Alvarez Canale, a quien organismos de DD.HH. y partidos de izquierda venimos denunciando por cajonear decenas de causas de genocidas. Es que la justicia bahiense goza de los “prestigiados” cargos de jueces y abogados de la Triple A como Montezanti o Sierra (...).

Bahía Blanca, ciudad que alberga a tantos genocidas de la dictadura, tiene 184 desaparecidos y ningún responsable preso. Tamaña impunidad es reivindicada a través del diario La Nueva Provincia, vocero oficial de los asesinos durante el genocidio y cuyos dueños, los Massot, son responsables del asesinato de dos obreros gráficos, Heinrich y Loyola, hecho silenciado por todos los políticos patronales tanto del PJ de los K y Breintesintein, como de la UCR y la Coalición Cívica. Está claro que con semejante tramado de impunidad, la fuga de Corres fue un trámite.

Desde el PTS denunciamos la complicidad entre el poder político, judicial y empresario que le garantiza la impunidad a los genocidas, mientras persigue y encarcela a los luchadores sociales, siendo actualmente más de 5000 los procesados por luchar.

Llamamos a los trabajadores, estudiantes y todas las organizaciones de DD.HH., sociales, políticas y sindicales a impulsar pronunciamientos en común, acciones y movilizaciones para exigir la cárcel a todos los genocidas, militares, empresarios y civiles, la apertura de la causa a los Massot y la elección directa de los jueces para que se constituyan verdaderos tribunales populares y así garantizar la condena efectiva de todos los genocidas (...).