La Corte Suprema dio la razón al ex subcomisario Luis Abelardo Patti en su reclamo por la banca que fue negada por “inhabilidad moral” debido a su participación en crímenes de lesa humanidad. Basándose en este fallo la Cámara Federal de San Martín, conocida por sus fallos favorables a los genocidas, interpretó que el represor cuenta con “fueros parlamentarios” –pese a que nunca asumió su banca- y resolvió liberarlo.

Según la “mayoría suprema”, el criterio de la falta de idoneidad moral no puede impedir la asunción de un legislador, algo que en cambio podría surgir de una condena, y afirma que “Los graves hechos que se imputan al diputado electo –señalaron sobre Bussi y ahora aplican a Patti– deben ser motivo de un proceso judicial porque todos los ciudadanos tienen la garantía del debido proceso”.

El represor cuenta con dos causas abiertas en su contra y está preso por su presunta participación en siete secuestros y un homicidio cometido entre 1976 y 1977 cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense , y en el proceso conocido como la causa Campo de Mayo está acusado de la detención ilegal de personas que fueron llevadas a la comisaría 1ª de Escobar, que funcionó como centro clandestino de detención, donde muchos de esos detenidos fueron luego trasladados a Campo de Mayo y eran torturados, muertos o desaparecidos; además de ser acusado de otros delitos.

Y mientras nuevos testigos han declarado contra Patti en estas causas, la Corte argumenta que “No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada ya que el impedimento deviene, necesariamente, de una orden judicial”.

En base a estos argumentos, “en este momento histórico determinado”, como dicen los cortesanos, Patti sigue impune.

En el actual aparato judicial hay más de 400 jueces de la dictadura en funciones. Hoy se pide el enjuiciamiento al presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba por complicidad con delitos cometidos durante la dictadura y es ¡quien deberá juzgar al ex comandante Luciano Benjamín Menéndez! Y la causa por la desaparición de Julio López está hoy en manos de jueces como Alberto Durán y Alicia Di Donato con estrechos lazos con la Bonaerense, cuestión que está denunciando el colectivo Justicia ¡Ya! que exige la recusación de estos jueces.

Es bien actual también la impunidad de los empresarios que impulsaron y apañaron el golpe, como Ernestina Herrera de Noble del Grupo Clarín, acusada de apropiación de menores, crimen que puede llegar a no ser probado porque no se extraen las muestras de ADN a los jóvenes sospechados de haber sido apropiados; y así innumerable cantidad de casos en los que se preserva la impunidad de los responsables civiles de la desaparición de 30.000 compañeros.

En cuanto al poder legislativo, este mantiene vigentes alrededor de 500 leyes que fueron firmadas por Videla y demás miembros de las Juntas, como la Ley 22.248 que sufren los trabajadores rurales que trabajan en condiciones de esclavitud.

También “en este momento histórico” el actual aparato represivo del estado –continuidad del de la dictadura- cuenta con más de 9.000 efectivos de la Bonaerense que actuaron bajo las órdenes de Camp y Etchecolatz y que hoy continúan en funciones, como muestra la comisaría de Escobar. En la dictadura, prácticamente cada comisaría era un centro clandestino.

El poder ejecutivo, a través de Alberto Fernandez, afirma que “no tiene nada que decir” ante la liberación de Patti.

Pero, aunque los diputados oficialistas sostengan que no van a tomar juramento a Patti como diputado, al gobierno no le preocupa demasiado que Patti quede en libertad basándose en un “conflicto de poderes”. La verdadera intención del gobierno no es terminar con la impunidad sino apenas juzgar unos casos emblemáticos y dejar impunes a la gran mayoría de los responsables del genocidio. Según la presidenta, habría que juzgar a lo sumo a 900 integrantes de las fuerzas represivas, cuando ya se han identificado más de 500 centros clandestinos de detención. Pero no es sólo que quedarían impunes miles de militares y miembros de las fuerzas de seguridad que fueron parte del plan sistemático genocida sino también los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical entregadora de compañeros. Por ello es que el gobierno se niega siquiera a entregar los archivos de la represión que tiene bajo su control, empezando por el de la SIDE.

Desde el Centro de Profesionales por los Derecho Humanos exigimos juicio y castigo a todos los genocidas como Patti, la destitución inmediata de todos los jueces de la dictadura, la disolución de la Corte Suprema de Justicia, la apertura ya de los archivos de la dictadura, la restitución de lo 400 niños apropiados, la aparición con vida de Jorge Julio López , a la vez que denunciamos el encubrimiento de sus secuestradores, que siguen organizados en instituciones que reprimen a quienes luchan por sus derechos, como hemos visto este verano en las acciones represivas realizadas por la Prefectura de Febrés contra los trabajadores del Casino.
Por Victoria Moyano, hija de desaparecidos, restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1987

Miembro del CEPRODH