Este martes se cumplió un año de la tragedia que se llevó la vida de 14 mineros. La impunidad y la falta de justicia continúan igual. “Nada ha cambiado -relata Páez, un minero del Turbio- No hay responsables, y muchos de los jefes de seguridad siguen en sus puestos”. El kirchnerismo silenció y desvió la investigación judicial con dinero, protegiendo a Taselli y a Daniel Cameron. Se calcula que repartió entre los familiares de las víctimas entre 350.000 y 800.000 pesos a modo de indemnización. A la vez, “la falta de seguridad es la misma; seguimos trabajando bajo las mismas condiciones”. Por esto y ante la conmemoración de la muerte de los compañeros, esta semana se realizaron varias asambleas y un sector de los mineros comenzó a esbozar la necesidad de “tener un control directo de la seguridad y también de las inversiones, que es mucho dinero y nadie sabe bien adónde va (…); hacer algo parecido a lo de los obreros de Astilleros Río Santiago; una comisión fiscalizadora”.
Tanto en Buenos Aires como en Río Turbio se efectuaron marchas y movilizaciones. En el Turbio, la burocracia sindical de ATE, que algunos obreros responsabilizan de la tragedia y del vaciamiento de la empresa, realizó una misa junto al gobierno y familiares. Mientras que en otro acto -“hecho por los trabajadores”, como dijeron los mineros, y votado en asamblea-, congregó a más de 350 personas bajo la consigna “Ni olvido ni perdón - Castigo a los responsables políticos y operativos”. En éste se planteó la necesidad de impulsar una comisión independiente, y una delegación del PTS estuvo presente llevando la solidaridad y denunciando al gobierno provincial y nacional de Kirchner como responsables de las muertes.