Al respecto Nicolás del Caño puntualizó que “nuestro proyecto establece la expropiación sin pago de indemnización alguno al grupo empresario que la vació y que la administración y explotación de los activos de las empresas pasarán a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores. Además se garantiza la estabilidad de todos los puestos de trabajo, así como los salarios y las condiciones laborales. El proyecto también establece la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario a fin de demostrar la estafa y el desfalco que estos empresarios realizaron contra el Estado y el pueblo. A esos mismos fines instituye una comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios”.

Por su parte Octavio Crivaro, referente del PTS en el FIT-U en Santa Fe precisó que “lo que ocurrió con Vicentin fue claramente una estafa, donde vemos a una empresa que fue una de las principales financistas de la campaña de Juntos el Cambio y que recibió millonarios beneficios por parte del Gobierno de Macri cuando ya había perdido las elecciones incluso. Nuestra posición es clara: no hay que pagar ni un peso de indemnización a los empresarios que la vaciaron ni ensayarse rescates para salvar a los que se sirvieron de las arcas del Estado y siempre están buscando sacar hasta la última gota de beneficios de todos los Gobiernos, en pos de mantener sus ganancias millonarias”.