Hace pocos días las y los docentes fuimos provocados por las declaraciones del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado. En su reflexión semanal, que se transmite por canal 9, sentenció que “eso de amenazar con que no comienzan las clases si no arreglan sobre el sueldo, me parece que se entiende como actitud de trabajadores de la educación pero no de verdaderos maestros". Y” porque los niños tienen que ser rehenes de las reivindicaciones de sus maestros”

Lo primero que debemos recordar, es que no es extraño este tipo de ataques a los trabajadores de la educación por parte de quien tiene todo un largo prontuario a la hora de ponerse del lado de los poderosos y representar lo más rancio de la ultraderecha católica. Recordemos que Aguer fue quien en el 2003 puso nada más ni nada menos que un millón de pesos para garantizar la libertad del banquero Francisco Trusso, condenado a ocho años de prisión por estafar a 21 mil ahorristas del fundido Banco de Crédito Provincial. Este arzobispo es también uno de los representantes de la Iglesia que se oponen rabiosamente a la inclusión de educación sexual en las escuelas; llegando con sus intromisiones sobre la educación pública a extremos como el de describir a la materia escolar bonaerense “Construcción de Ciudadanía”, incluida en la nueva Ley de Educación provincial, como “neomarxista” y “gramsciana”.

Las nuevas declaraciones de Aguer, lejos de sorprendernos, se ajustan milimétricamente a la concepción que siempre desde la Iglesia se trata de difundir hacia toda la sociedad: que nuestra actividad docente debe ser entendida más como un “apostolado” o un “sacerdocio” que como un verdadero trabajo asalariado y, encima, mal remunerado.

Lo que no dice Aguer, acostumbrado a recibir un sueldo del estado sin trabajar (una suma equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia según la ley vigente, lo que equivale a más de 7000 pesos) es que somos las y los docentes, quienes día a día sostenemos la educación pública.

También quienes, sufriendo los problemas de infraestructura escolar, nos hacemos cargo de los numerosos problemas sociales que afectan profundamente la niñez y la juventud, acuciada aún más por las efectos de la crisis económica que ya se siente en nuestra región. Sumado a esto, las y los docentes estamos obligados a tomar más de un cargo, ya que nuestro salario no alcanza a cubrir la canasta familiar, razón por la cual nuestra salud está dañada.

El Estado sigue subsidiando con cuantiosas sumas a la educación privada - el 13, 5 % del presupuesto destinado al área, aproximadamente 24.500 millones, que en su mayor parte van destinados a los colegios católicos- El gobierno de Cristina, con su fachada progresista, nunca puso en tela de juicio este financiamiento millonario; por el contrario, lo sigue cumpliendo “religiosamente”.

Los docentes de la Lista Marrón estamos convencidos que hay que continuar la lucha por la triplicación del presupuesto educativo, por un salario de un cargo equivalente a la canasta familiar para todos los trabajadores de la educación, y por un plan de infraestructura acorde a las necesidades de la población.

Pero también vemos que es imperioso terminar con los subsidios millonarios que recibe la iglesia- cuya reaccionaria dirigencia colaboró con la dictadura y encubre permanentemente a los curas violadores y abusadores- que sigue metiéndose en nuestras vidas, que se siente con potestad para librar sentencia y opinión sobre la educación ( como la reciente incorporación de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta), sobre la salud y sobre los cuerpos de las miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos.