El acuerdo actual entre la Argentina y el FMI quedará suspendido hasta fin de año. Y para evitar el riesgo de que se caiga definitivamente, el Gobierno tomó una decisión de fuerte impacto político: seguirá pagando los compromisos con el organismo que vencen hasta fin de año, por 2.248 millones de dólares. Estos pagos se cubrirán con las reservas de dólares atesoradas en el Banco Central.
El equipo económico debe evaluar también qué hacer con los vencimientos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ambas entidades no girarán fondos a Buenos Aires si se mantiene interrumpido el acuerdo con el FMI.
Los vencimientos totales hasta fin de año son de 2.727 millones de dólares. De este total, 204 millones corresponden al Banco Mundial y 275 al Banco Interamericano de Desarrollo.
El resto se refiere al FMI, con ese desagregado: 600 aún pendientes del tercer trimestre del año y otros 1.648 millones de dólares que habrá que abonar entre octubre y diciembre. El total a pagar al Fondo es de 2.248 millones de dólares.
La decisión de pagar a pesar de la interrupción del acuerdo fue confirmada ayer a Clarín por fuentes del Ministerio de Economía. Admitieron además que se negocia con el organismo la forma de darle a esta situación un marco legal para que el acuerdo se pueda reanudar en el futuro y evitar su caída definitiva.
Las razones que llevaron a esta situación fueron las siguientes:
La decisión —como adelantó en exclusiva Clarín— del FMI de postergar en forma definitiva la tercera revisión del acuerdo y con ello el reintegro de 728 millones de dólares que el país había destinado a cancelar vencimientos. Así interrumpió la refinanciación que estaba vigente. El directorio del organismo atribuyó la decisión a que la Argentina incumplió sus obligaciones en materia de reformas estructurales que había asumido en la última carta de intención.
La nueva actitud del Tesoro de los Estados Unidos, que esta vez no intercedió a favor de la Argentina en la disputa con el FMI. Así, Roberto Lavagna perdió un aliado internacional clave, que lo había apoyado en setiembre de 2003 y enero y marzo de 2004.
El fracaso en la negociación de la tercera revisión llevó al ministro de Economía a decidir suspender las negociaciones con el Fondo Monetario hasta después que Argentina haga la oferta pública del canje de bonos para salir de default.
Lavagna quiere ensayar una estrategia inédita: intentar que los bonistas acepten la propuesta aunque no tenga el aval del Fondo Monetario. Hasta ahora, el Palacio de Hacienda buscaba el apoyo del FMI para dotar a la oferta de mayor confiabilidad para los bonistas.
La decisión que tomó el Gobierno implica que quedaría liberado por un tiempo de las exigencias del FMI. Pero tampoco recibirá la devolución del dinero que use para pagar los vencimientos de capital, algo que había sido prioridad en el acuerdo original.
Con el acuerdo suspendido, se necesitaría una nueva negociación para reflotarlo. El convenio original era a tres años y se firmó el 10 de setiembre de 2003. Tuvo una característica que propuso el Tesoro de EE.UU. para evitar que fracasaran las negociaciones: fijaba metas por los primeros 12 meses y las pautas de los otros dos años debían fijarse a partir de setiembre de 2004. Entre ellas, el futuro superávit fiscal.
Dos calificadas fuentes del equipo económico confirmaron la situación: "El acuerdo está virtualmente caído". Para los analistas privados, el convenio ya no estaría vigente.
La posición prescindente de los Estados Unidos es clave en todo este giro y se debe a varios facto res. Primero, al proceso eleccionario interno, que aleja la atención de Washington de problemas de terceros países. Pero también porque EE.UU. se alineó con los sectores más duros del influyente Grupo de los 7 países más industrializados, que cuestionan la postura argentina. A mediados de julio, en California, decidieron que el FMI congelara la tercera revisión del acuerdo.