“Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Estamos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos”. Cínicas palabras de la presidenta, mientras la lista de desaparecidos en democracia se agranda. Daniel Solano es uno de ellos.

A través de la tercerizada Agrocosecha, Daniel, como tantos jóvenes de la comunidad guaraní de Tartagal (Salta), partió hacia Choele Choel (Río Negro) a la cosecha de manzanas de Expofrut, una de las principales multinacionales exportadoras del país.

Los acuerdos miserables de pago no se cumplían. Daniel comenzó a organizar el reclamo junto a sus compañeros obreros golondrina. La estafa superaba los $18 millones en cuatro años de trabajo esclavo.

Pero el reclamo debía detenerse. La empresa se sirvió de las fuerzas represivas del Estado y amedrentó a los obreros, tendiéndole una cama a Daniel a la salida de un boliche bailable. Desde el 5 de noviembre de 2011 Daniel está desaparecido.
Los hechos de impunidad son innumerables, y en todos están involucrados el Estado, sus funcionarios e instituciones. Policías detenidos, acusados de la desaparición; jueces recusados; obstrucción de la causa; falsos testimonios y hasta la desaparición de otros dos trabajadores golondrina: Cabañas Cubas y Villagrán.
Los abogados de la familia Solano denuncian con firmeza una asociación ilícita entre policías, funcionarios de la Secretaria de Trabajo rionegrina y miembros de la empresa.

Apenas desapareció Daniel su padre Gualberto, su hermana, un tío, una prima y hasta el abogado Sergio Heredia dejaron su vida en el norte salteño y se instalaron en Choele Choel exigiendo justicia. Un acampe permanente y 18 días de huelga de hambre hasta el momento llevaron a trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda a rodear de solidaridad a la familia para no dejar impune el caso. Marchas multitudinarias, la formación de una multisectorial y acciones de difusión y denuncia colaboran a romper el silencio oficial y mediático.

Pero los gobiernos provincial y nacional no aportan datos concretos para resolver el caso. Por el contrario, respaldan a los culpables y mantienen la base de la red de explotación agraria. Los beneficios recibidos por los seis policías detenidos, las enormes ganancias de la multinacional que superexplota obreros y el no avance de esta causa son muestras elocuentes. Las respuestas son cosméticas: presentación de notas entre una institución y otra, separación de cargos, viaje de funcionarios al lugar de los hechos y poco más.

La desaparición de Daniel y la lucha de su familia se relacionan directamente con el “modelo” económico del cual el kirchnerismo se siente orgulloso. Modelo que garantiza ganancias millonarias superexplotando a miles de obreros del campo y la ciudad.

En el próximo número de La Verdad Obrera mostraremos el caso de Misión Cherenta, Salta, donde hay un verdadero sistema de reclutamiento de futuros esclavos de multinacionales, montado entre empresarios y funcionarios. De allí partió Daniel Solano hace poco más de dos años en busca de trabajo.