Las represas cumplen la función de proveer de energía eléctrica no contaminante y si bien tienen un costo inicial relativamente alto, durante toda su vida útil la generación es de bajo costo, ya que la operación no demanda mucha mano de obra. Pero además el embalse permite regular el caudal del río y realizar canales para riego.

Las represas construidas sobre el río Limay (Alicurá, Piedra del ˜águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito), han permitido regular con gran flexibilidad el curso del río, acumulando agua en los embalses durante las épocas de crecidas y sortear las de sequía. Estas fueron construidas por el Estado en las décadas del ‘70 y ‘80. Sin embargo en gran parte del curso del río Neuquén no se han construido represas u obras hidráulicas de regulación, excepto en los 70 kilómetros finales (Cerros Colorados).
El aumento del precio de la energía generada a partir de combustibles fósiles, el agotamiento de los yacimientos de gas y petróleo, así como el aumento de la demanda de toda forma de energía, ha revalorizado la hidroelectricidad, y hoy hay en carpeta varios proyectos con posibilidades de concretarse a mediano plazo a nivel nacional. Entre ellos Chihuido I.

Durante la gestión de Sobisch se planteaba la construcción de Chihuido II. Ahora en la de Sapag se está priorizando la de Chihuido I (de mayor potencia que la anterior). Estos proyectos ya habían sido ideados y estudiados por las empresas energéticas del Estado, privatizadas a principio de los ‘90.

Los gobiernos de la Nación y de la provincia firmaron el pasado 26 de mayo el convenio para la concreción del proyecto en un acto realizado en Casa Rosada y la convocatoria pública para los inversores ya fue publicada. Hay cuatro empresas interesadas que ya compraron los pliegos, dos de ellas de empresarios ligados a la privatización de las hidroeléctricas y muy cercanos a Kirchner.
Quien finalmente gane la licitación tendrá una serie de ventajas: no tienen que invertir mucho en estudios, ya que están realizados desde el año 1.975 (1); además cuentan con varias ventajas geográficas, líneas de alta tensión cercanas a las que puede conectarse y el conocimiento y la experiencia acumulada disponible en la región en obras de represas. Las ventajas no las definirá el gobierno, sino las empresas: la que menos exigencias en beneficios plantee será la que gane la licitación. Si uno no conociera al gobierno se podría pensar que peca de ingenuo. Sin embargo saben bien que los oferentes se reunirán para acordar la exigencia de un piso de beneficios elevado y común para todos. Lo que se presenta como novedoso y ventajoso para la provincia, en realidad deja las puertas abiertas a exigencias altamente beneficiosas para las empresas a las que el Estado, tal cual está planteado el esquema, no podrá negarse. Pero la mayor ventaja se las ofrece Sapag y el gobierno nacional: además de ventajas fiscales y económicas en general, la energía producida será vendida a un precio entre dos y tres veces más alto del precio actual, ya que este proyecto entraría en el plan Energía Plus, que plantea la casi triplicación del precio al que pueden vender la electricidad producida. El precio mayorista en la actualidad ronda los 25 u$s el Mwh y, con este Plan, la nueva tarifa se eleva a los 60 u 80 (u$s MWh).

Para justificar esto, el gobernador advirtió que la inversión necesaria era de 1.000 millones de dólares, o sea más de 2.000 dólares el KW de potencia instalada. Este es un costo elevado, ya que a nivel internacional se considera que el costo de construcción de una represa varía entre los 1.000 y 1.700 dólares como muy caro.

Incluso uno de los mayores interesados en construirla, el grupo Sadesa (2), planteaba el año pasado que para hacer la obra se necesitarían unos 550 millones de dólares (La Nación, 23-09-07). En tanto que la empresa Cartellone Construcciones Civiles SA había calculado el costo en 250 millones de dólares sin IVA incluyendo la obra del canal de agua (Diario Río Negro 18-9-03). O sea, tomando como costo base el calculado por el gobierno, estas empresas habían calculado una inversión del 50% y 25% en cada caso. Habrá que ver qué nuevos calculos hacen ahora que el gobierno provincial sobrevalora los proyectos (3) para justificar el aumento de las tarifas (al igual que el gobierno nacional).
Aclararemos, además, que tomando como base cualquiera de los cálculos de los costos mencionados, la recuperación de la inversión se produciría en pocos años.
Para esto es necesario tener en cuenta que luego de 25 años de concesión privada, la obra será cedida al Estado. Así, si tenemos en cuenta que:

• Con un promedio de 60 u$s el Mwh, la facturación de la empresa sería de más de 100 millones de dólares por año.

• Una tasa media de ganancia,

• Una tasa de interés media para la devolución del préstamo, podemos concluir que si la inversión es de 250 millones u$s, como plantea Cartellone, ésta sería recuperada en cinco años y quedarían unos 20 años de ganancias puras, ya que el costo de mantenimiento es mínimo y el personal necesario rondaría las 100 personas como máximo.

Si tomamos los costos que plantea Sadesa (u$s 550 millones), en 10 años se recuperaría la inversión, quedando 15 años de ganancias puras.
En una charla brindada por el titular de la AIC, Elías Sapag, éste planteó que la inversion sería recuperada en 15 años. Este cálculo no es descabellado si se consideran las ganmancias de las empresas hidroeléctricas privatizadas. Por ejemplo, la empresa que controla El Chocón obtuvo una ganancia de 102 millones de pesos en el año 2006 (Diario Río Negro, 02-04-07).
Este ejercicio numérico sirve para echar luz sobre que, con cualquiera de los datos que se manejen, la empresa que se haga cargo de la concesión y pueda obtener el crédito para realizar la obra, podrá devolverlo con intereses y todo (obteniendo una buena ganancia), y a partir de allí obtener ganancias exorbitantes; durante 10 años según el gobierno, o durante 20 años según uno de los empresarios interesados.

La justificación de la triplicación de la tarifa eléctrica, como se ve, no tiene sustento. Para colmo de males, en realidad si bien el precio al que venden las hidroeléctricas a las distribuidores minoristas es de 25 u$s el MWh, la tarifa que pagamos los neuquinos es superior a ese valor en más de tres veces. Sólo con mirar la factura de luz y de una sencilla cuenta sale que este valor es de 0,25 pesos el Kwh., o sea 80 u$s el MWh.
En la charla referida anteriormente, Elías Sapag planteó que la población desalojada de la zona inundable por el lago, sería trasladada a la meseta, o sea de un valle fértil a la árida estepa patagónica (al azote del viento), lo cual generará la destrucción de su sustento de vida.

Una obra hidroeléctrica puede generar enormes beneficios para el pueblo por las ventajas referidas anteriormente; pero éstos se logran en su plenitud, si las obras no están en función de los negociados sino pensados en base a la planificación de la economía y para resolver las necesidades del pueblo trabajador.

Desde el PTS planteamos que la construcción de las obras hidroeléctricas deben estar a cargo del Estado bajo control de los trabajadores, en base a un plan de mejorar el bienestar de los trabajadores y el pueblo pobre y no en función de la ganancia de las empresas. Asimismo la reinstalación de las poblaciones aledañas debe hacerse en terrenos donde, quienes serán desplazados, puedan mejorar su nivel de vida y no empeorarlo.