Próximamente, el Tribunal Oral Federal de Neuquén llevara adelante el primer juicio oral, contra 8 militares que actuaron en la zona como parte del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión De La Paz Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, Luis Alberto Farias Barrera y Enrique Braulio Olea serán acusados por 17 casos, entre los que figura Oscar Ragni, detenido desaparecido, y 16 víctimas que fueron secuestradas y torturadas en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), es parte querellante en la causa, y participaremos del juicio oral solicitando la condena por genocidio.

Ese genocidio fue auspiciado y alentado por la clase capitalista y, principalmente, por el gran empresariado nacional, que entregó obreros, infiltró sus propias fábricas y en algunos casos, prestó sus instalaciones como centros clandestinos de detención. Esa misma clase social se favoreció económicamente en la dictadura, con la desaparición y la muerte de toda una vanguardia obrera y luchadora, y siguió aprovechando durante los 80 y los 90, los beneficios obtenidos. Siendo en la actualidad los mismos que siguen explotando a los trabajadores, y que utilizan la represión y el ataque a las luchas para seguir manteniendo las ganancias obtenidas durante 30 años. En ese plan nacional, actuaron en conjunto todas las fuerzas represivas y de seguridad, con un montaje de inteligencia de dimensiones impensables, con la existencia de más de 500 centros clandestinos de detención, con la desaparición forzada, el secuestro, la violación, la tortura y la apropiación de niños nacidos en esos centros de la muerte. Y nuestra zona, no estuvo exenta del plan nacional, con las mismas características, tanto desde los perpetradores, como desde las víctimas. Ello lo podemos ver analizando los casos en la zona , denunciados1 en la causa judicial cuya instrucción esta a cargo del Juez Federal Guillermo Labate.

Así de 87 víctimas denunciadas, de las cuales hay 22 desaparecidos, el 55% tenia ente 20 y 30 años, el 10% entre 16 y 20 años, el 12% entre 30 y 40 años. Lo que demuestra que uno de los blancos fue la juventud, pero no cualquier joven, porque la gran mayoría de ellos, eran trabajadores. Más del 70% de los secuestrados eran trabajadores. Entre ellos había trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de la Universidad, trabajadores de YPF, delegados y activistas gremiales de la UOCRA, periodistas, empleados municipales y estatales, activistas de diferentes gremios como agua y energía, luz y fuerza, sindicatos municipales y comisiones barriales. Un gran sector, sobre todo de las mujeres secuestradas eran estudiantes universitarias y docentes de la carrera de Servicio Social. También fueron víctimas un sector de actrices y artistas y estudiantes secundarios combativos, que militaban en centros de estudiantes. Muchas de las víctimas eran militantes o estaban ligados a organizaciones políticas, como el ERP, Montoneros, la JP, el PC. Este análisis realizado desde quienes fueron las victimas en la zona, nos habla del profundo carácter de clase que tuvo ese genocidio.
Las visiones de que la dictadura “se llevaba a cualquiera” contradicen un proceso que tuvo una planificación y sobre todo un aceitado programa de inteligencia. Justamente en el juicio a realizarse en la zona, además de quienes eran los responsables del Comando y de la Subzona, son imputados personal de inteligencia2.

Este plan incluyó la garantía de impunidad y ello, también lo podemos ver en el Alto Valle. Del circuito represivo fueron elevados a juicio oral 8 integrantes del Ejército. Del resto de las fuerzas que actuaron, comienzan recién algunas indagatorias. Por ello nos opusimos a que esta causa se eleve a juicio con la misma lógica que se mantiene a nivel nacional, de desmembrar las causas y juzgar a algunos represores por algunos compañeros, pues la gran mayoría de los que actuaron en la maquinaria estatal durante la dictadura militar, acá en la zona y en todo el país, continúan impunes, y se alienta desde el gobierno nacional una política de juzgamiento limitado. La misma Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner anunció que deberían juzgarse sólo 992 militares, de los más de 100.000 que actuaron en las diferentes fuerzas de seguridad, lo cual pone un punto final y cierra los juicios.
Desde el CeProDH, como lo hemos hecho en los juicios al Jefe de la policía Bonaerense Miguel Etchecolatz y al Capellan Von Wernich, daremos la batalla porque se juzgue y condene por el delito de genocidio: lo que permite que se juzgue a todos; los que lo llevaron adelante en las fuerzas de seguridad, y los civiles que lo alentaron, impulsaron y justificaron. Y esta disputa, no es del ayer, es del hoy. Porque seguimos viviendo las consecuencias de ese genocidio. Porque Jorge Julio López continúa desaparecido. Todo ello será lo que nos guíe en las jornadas del juicio oral, y confiaremos en la fuerza de la movilización unitaria para lograrlo.

SOBRE EL CONCEPTO DE GENOCIDIO

El genocidio fue un plan sistemático de exterminio, que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora. Para ello fue necesario aniquilar toda una generación, y utilizar la tortura, la desaparición y la muerte como métodos del terror. La clase trabajadora, fue blanco principal de este plan, junto con el movimiento estudiantil combativo, que desde el Cordobazo había dado muestras de una estrecha unidad obrero-estudiantil, cuestionando las bases económicas del orden imperante.

Condenar por genocidio amplia la posibilidad de imputaciones, complicidades y autores, pues incluye la planificación y ejecución del genocidio, como así también su justificación posterior, pudiendo responsabilizar a quienes resultaron favorecidos no sólo por la desaparición de determinados grupos sino, fundamentalmente, por la transformación generada en la sociedad como consecuencia del aniquilamiento de los mismos. Léase, aquellos que se beneficiaron y se benefician al día de hoy con la implementación del plan económico, social y cultural que fue el objetivo de ese genocidio

EL CIRCUITO REPRESIVO

Nuestra zona se hallaba bajo el control operacional del V Cuerpo del Ejército con sede en la Ciudad de Bahía Blanca. La provincia de Neuquén y casi la totalidad de Río Negro conformaban la Subzona 5.2, dependiente del Comando de la VI Brigada del Infantería de Montaña. En tanto, el ˜área de Seguridad 5.2.1 comprendía la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y la unidad responsable de la misma fue el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181.

Existió en la zona un “circuito represivo”, que incluyó a todas las fuerzas: el ejército, la policía de la provincia de Neuquén y de Río Negro, la policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, en el que incluimos el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”3. El paso inicial de las víctimas generalmente era la comisaría de la zona, luego el Comando, en algunos casos la Unidad 9 de detención y La Escuelita.

Algunos fueron trasladados a diferentes cárceles en varios lugares del país, otros a “la Escuelita” de Bahía Blanca, y muchos han desaparecido en este circuito de la muerte. La organización de las tareas de inteligencia, secuestro, tortura y desaparición, se realizaba en reuniones periódicas entre los representantes de cada una de estas fuerzas, realizadas mayormente en el Comando de la Subzona, en las cuales se delineaba “el plan contra la subversión” y se planificaban los operativos represivos