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Comunicados de prensa

LA SITUACION POLITICA

A modo de editorial

La crisis nacional abierta en torno a la disputa por la renta agraria no está cerrada. El envío del proyecto de ley sobre las retenciones móviles al Congreso fue una medida de contragolpe del gobierno nacional. El gobierno y los ruralistas intentan presentar la discusión parlamentaria como una salida “democrática”. Pero mientras las cámaras de TV mostraban el circo de las carpas y las sesiones de las comisiones de diputados, la verdadera negociación ocurría a espaldas de la población, entre lobbys y presiones del gobierno y las patronales agrarias.

PTS Neuquén

12 de julio 2008

La crisis nacional abierta en torno a la disputa por la renta agraria no está cerrada. El envío del proyecto de ley sobre las retenciones móviles al Congreso fue una medida de contragolpe del gobierno nacional. El gobierno y los ruralistas intentan presentar la discusión parlamentaria como una salida “democrática”. Pero mientras las cámaras de TV mostraban el circo de las carpas y las sesiones de las comisiones de diputados, la verdadera negociación ocurría a espaldas de la población, entre lobbys y presiones del gobierno y las patronales agrarias.

Finalmente, el reparto de subsidios a provincias y municipios le permitió a los K conseguir un escaso margen de votos para aprobar, con algunas modificaciones, el proyecto oficial en la Cámara de Diputados. Aún así, este proyecto solo posterga la puja hasta la nueva siembra porque las compensaciones para los “pequeños y medianos chacareros” tiene plazo hasta fines de octubre. Por eso, aunque todavía falta ver que sucede en la Cámara de Senadores, si la ley es ratificada como está, la salida solo es provisoria y no pueden descartarse nuevos episodios de la crisis.

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Esta larga puja entre el gobierno nacional con los terratenientes y la burguesía agraria dejó golpeado al matrimonio Kirchner y hace crujir al aparato del PJ. El vicepresidente Cobos y los radicales K toman distancia mientras se resquebraja por arriba el aparato peronista en un proceso que comenzó con el pase de gobernadores y dirigentes provinciales al bando del agro y continúa con la ruptura en la cúpula de la burocracia sindical de la CGT. El gobierno perdió primero las provincias de Córdoba y Entre Ríos, el peronismo de Santa Fe e importantes sectores de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, a pesar del apoyo de Kirchner a Moyano y las negociaciones y acuerdos con Caló (de la UOM) y los “gordos”, Barrionuevo se abrió del congreso de la CGT y lanzó una “CGT paralela” que es la expresión de la ruptura y reagrupamiento del peronismo no K en sectores de la burocracia sindical.

En el mismo seno del peronismo, al igual que en los sectores de la oposición política como Carrió o Macri, se preparan para postularse como alternativa frente al desgaste o una eventual crisis mayor del gobierno de los K.

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Como telón de fondo de esta crisis política aparecen en el escenario los primeros síntomas de agotamiento del esquema económico oficial. Los sectores dominantes, que antes elogiaban a los Kirchner por haber reestablecido “la autoridad presidencial” después de la crisis del 2001 y la masacre del Puente Pueyrredón, hoy están enfrentados y comienzan a cuestionar las medidas del matrimonio presidencial. Después del lock out y el desabastecimiento de las patronales del agro son los industriales de la UIA, el corazón de la alianza de gobierno, los que alzan la voz contra la pérdida “del tipo de cambio competitivo” porque quieren un dólar más alto mientras pagan bajos sueldos en pesos. Las clases empresarias del campo y la ciudad “lloran miseria” para pelearse el reparto de la renta entre si. Y, aunque la clase trabajadora aún no intervino en la crisis, el aumento del costo de la vida y las consecuencias del enfriamiento de la economía multiplicarán los procesos de lucha que permitirán una experiencia con el gobierno, las conducciones gremiales de la CGT y la CTA que pactan los techos salariales y los sectores capitalistas en pugna. Por eso, al mismo tiempo que luchamos por aumento general y un salario igual a la canasta familiar indexado según la inflación, es necesario que los trabajadores levantemos una tercera posición independiente de los dos bandos patronales como la que reflejamos en las páginas de este periódico.

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Mientras tanto, los tiempos de la política neuquina continúan desacompasados con los nacionales. Después de una década de sobischismo y un 2007 convulsionado por la huelga docente y el fusilamiento de Carlos Fuentealba, el nuevo gobierno provincial asumió y comenzó su gestión tomando distancia del estilo confrontador de su antecesor. Sapag encaró estos meses de gobierno con un discurso de consenso y diálogo, lo que ha generado un cierto clima de ilusiones y expectativas en importantes sectores de la población.

Pero lo esencial de la obra del sobischismo sigue en pie y va en camino de profundizarse. El gobierno y las petroleras se aprestan para renegociar los contratos de explotación de los hidrocarburos extendiendo los plazos de las concesiones a favor de la Repsol y las demás empresas. La entrega del petróleo y el gas continúa mientras el viejo discurso de la “falta de recursos” se utiliza como pretexto para justificar la nula respuesta a la crisis del sistema de salud y educación y la carencia de viviendas y trabajo genuino. El régimen del MPN cambia las formas pero su contenido continúa invariable.

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El acontecimiento provincial más importante de estos días fue, sin dudas, la condena a perpetua para Poblete. Este es un triunfo de la lucha y la movilización contra la impunidad desarrollada por las y los trabajadores de la educación junto a todos los sectores combativos de la provincia y el país que la hicimos propia. Ahora hay que ir por la cárcel para Sobisch, Pascuarelli y la cúpula policial.

No es una tarea sencilla. Sobisch no es tan solo un ex - gobernador: está protegido por el pacto de impunidad sellado el 14 de abril del 2007 en la Convención del MPN. En esos días en que ardía la provincia por la represión de Arroyito y el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba, Sapag se aseguró todos los cargos en las listas electorales a cambio de la gobernabilidad y la impunidad para Sobisch. Ese pacto continúa vigente hoy en día, es el pacto del partido que hace décadas maneja el aparato del estado provincial.

Este es el poder real que hay que enfrentar para conseguir el castigo a los responsables políticos e ideológicos del fusilamiento de Carlos Fuentealba. Por eso la lucha es política e incluye al actual gobierno provincial de Sapag. Para romper el pacto de impunidad y poder avanzar es necesario que nos reunamos en una gran asamblea o encuentro todos los sectores que nos venimos movilizando a lo largo de este año y debatamos y resolvamos en común los pasos a dar.

Prensa

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