(PTS, 20/mar/08) La protesta agraria cumplió este viernes siete días y se anunció su continuidad hasta el viernes 28 de marzo, aunque durante el feriado de Semana Santa se levantarían los cortes y bloqueos. Además de las concentraciones centrales en San Pedro, Trenque Lauquen, Santa Rosa, en la ruta 2 a la altura de Chascomús y en la ruta 9 a la altura de Villa Constitución, entre martes y miércoles se produjeron cortes en Balcarce, General Arenales, O Brien, 25 de Mayo, Pehuajó, Carlos Tejedor, Lincoln, Cuenca, Saladillo, Bolivar, Piedritras, Daireaux y Guaminí, Chacabuco, 9 de Julio y Junín (Buenos Aires); Santa Teresa, Alcorta, Gato Colorado, Armstrong y Villa Minetti (Santa Fe); Berrotarán y Villa del Rosario (Córdoba); Sáenz Peña y Avia Terai (Chaco). Es, sin duda, una de las protestas más fuertes de los últimos años.

El detonante fue el anuncio del Ministro de Economía, Martín Lousteau, de un sistema de retenciones “móviles” vigente para los próximos cuatro años, que en lo inmediato implica un aumento de las retenciones para la producción de soja, girasol y derivados de entre el 7 y el 9%, mientras que bajarían apenas un 1% las aplicadas al trigo y al maíz. Este esquema implica que el nivel de retenciones queda atado a la suba o baja de los precios internacionales. En el caso de la soja, el porcentaje subiría por encima del 49% si los valores se ubican por encima de 600 dólares la tonelada y bajarían si quedan por debajo de 500 U$S. Para el girasol, se reducirían si la tonelada cayera por debajo de los 500 dólares subirían al 45 por ciento, en caso de superar los 600 dólares. En el caso del maíz, las retenciones se reducirían a un 20 por ciento si la tonelada cayera por debajo de 180 dólares y superaría el 25 por ciento cuando el precio trepe por encima de 221 dólares. Y para el trigo, los derechos de exportación bajarían si la tonelada del producto valiera menos de 300 dólares y subirían si sobrepasa los 400 dólares. Para considerar el porcentaje de las retenciones se toman en cuenta los precios determinados por el índice FOB que determina la Secretaría de Agricultura. Para el miércoles 19 de marzo, por ejemplo, este índice consideraba un precio de 495 dólares la tonelada para la soja, lo que implicaba según el nuevo esquema una retención del 43%.

En los últimos meses los precios de estos productos tuvieron una fuerte alza. Según señala un artículo “respecto al valor promedio que registraron en 2006 y 2007, en la actualidad se observa un aumento del 86,9 por ciento en el caso del girasol, de un 75,7 por ciento en la soja y de un 59,2 y 43,4 por ciento en el caso del maíz y del trigo, respectivamente. El precio internacional de estos productos en dólares constantes es el más alto de los últimos 25 años, con la única excepción del maíz, que registró cifras similares en 1996 (…)Los elevados precios internacionales, juntamente con el mantenimiento de una moneda depreciada, han permitido un incremento muy significativo de la rentabilidad en el sector agropecuario en la post-convertibilidad, aun con la aplicación de retenciones. En 2007 se ubicó un 72 por ciento por encima de la registrada durante la vigencia del plan de convertibilidad” (Javier Rodríguez y Nicolás Arceo, Ganan como nunca, Página 12, 15-03-08). Esta suba de precios, que alcanzó su pico a comienzos de marzo y que en parte está alentada por fondos especulativos volcados al sector, ha sin embargo comenzado a revertirse en las últimas dos semanas. En el mercado de referencia de Chicago el precio de la soja en las plazas a futuro para julio de 2008 cayó en 16 días un 25%, de los 584 dólares que había alcanzado la tonelada el 3 de marzo a los 467 dólares en que se cotizó este miércoles 19. En el caso del trigo, en el mismo mercado, la caída fue de 21% en apenas 7 días, de 473 a 390 dólares la tonelada. Y en el caso de los precios en nuestro país la baja de la tonelada de soja para mayo 2008 fue aún mayor, del orden del 34%, cayendo de 357 a 267 dólares por tonelada. Pese a esta caída los precios siguen siendo todavía muy altos, y a esto hay que sumar la conveniencia que significa el dólar alto y el subsidio que recibe por parte del gobierno el precio del gasoil. El impresionante aumento de los precios de los campos, que en algunos casos llegan a un 400% en dólares, expresan esta suba de la rentabilidad agraria.

Los olvidados del campo: los peones rurales

Lo particular del conflicto es que unificó a sectores que tienen realidades muy distintas, desde los pequeños productores nucleados en la Federación Agraria Argentina hasta los representantes de la oligarquía representados por la Sociedad Rural Argentina, impulsando también la protesta CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y CONINAGRO. Lo que los diarios denominan “el campo” constituye una realidad social y geográficamente muy heterogénea. En la base se encuentran los asalariados rurales, que, según señaló Alfredo Zaiat recientemente en Página 12 (ver Peones rurales, P12, 15-03-08) se calculan en 1.300.000, de los cuáles según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores apenas un cuarto de ese total, alrededor de 325 mil, tiene salarios en blanco. El promedio salarial de ese pequeño grupo de trabajadores no llega a los 1500 pesos mensuales, a los que se agrega el pago en comida y en vivienda precaria en el lugar de producción. Hay además unos 350.000 trabajadores golondrinas, que se desplazan por el territorio según la cosecha. Los peones rurales se cuentan entre los peor pagos del país y son de los que trabajan en condiciones más deplorables, con la excepción de un pequeño sector de trabajadores calificados, como los que manejan tractores y cosechadoras. A partir de una ley votada por la dictadura en 1980 los trabajadores rurales se encuentran fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. La ley específica por la que se rigen no contempla la jornada laboral de ocho horas y a quienes trabajan por temporada no se les reconoce un vínculo permanente con el empleador. Esta situación de precariedad y bajos salarios contrasta con la alta rentabilidad que tuvo el sector en los últimos años, una de las mejores de la historia, dejando de manifiesto la complicidad con esta situación de la dirección de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), encabezada desde 1991 por Gerónimo Venegas, quien también se encuentra actualmente al frente de las 62 Organizaciones y, pese a su alineamiento histórico con Duhalde, ha venido siendo un aliado de Hugo Moyano en la CGT. Ninguno de los padecimientos y reclamos de los peones rurales están contemplados obviamente en la protesta actual. Ni siquiera el mismo Moyano, que denunció como “golpista” la protesta agraria dijo palabra alguna de su situación.

Oligarquía, capitalistas agrarios y pequeños productores

En cuanto a los productores, si bien el alza de los precios internacionales desde el 2002 produjo un aumento de los ingresos del conjunto, para los pequeños productores el alza de las retenciones es vista como una medida límite, ya que se da en momentos de un alza muy importante en los costos de los insumos, como los fertilizantes. Además, no es lo mismo la ganancia que deja la producción en las zonas más favorecidas de la pampa húmeda que en las zonas alejadas que producen los menores rindes (pero que según algunas estimaciones llegan a aportar un 20% de la cosecha). Un estudio sostiene que mientras al productor que obtiene un rinde de 29 quintales de soja por hectárea le queda en el bolsillo un 12 % del precio final en el caso de quien obtiene un rinde de 22 quintales el porcentaje cae a un 7% (Silvia Naishtat, Piedras en el surco, Clarín 20-03-08)
La distribución de la propiedad de la tierra sigue siendo en nuestro país profundamente desigual. De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones de hectáreas están en poder de tan sólo 4.000 dueños. Los 936 terratenientes más poderosos tienen en su poder 35.515.000 hectáreas –un promedio de 35.000 cada uno– y, en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000 –sólo 16 hectáreas cada uno. Sólo Benetton (900.000), Cresud (460.000), Bunge (260.000) y Amalia Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2 millones de hectáreas, superficie comparable al territorio de Bélgica. De las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan los Anchorena, con 40 mil hectáreas y los Gómez ˜álzaga con 60 mil.

En la región pampeana, donde están las tierras más cotizadas, hay 4.110.600 de hectáreas en manos de sólo 116 dueños. Esa superficie es equivalente a toda la provincia de Salta. Durante la década del ’90, la cantidad de explotaciones agrarias cayó fuertemente. Comparado con 1988, según denuncia la Federación Agraria en base a datos del último censo realizado en 2002, desaparecieron 103.405 productores en el país: de 421.221 productores que había en 1988 se pasó a 317.816 productores en 2002, el 24,5 % menos. Solamente en la región pampeana de 196.254 productores que había en 1988 se pasó a 136.345 productores en 2002, un 30,5 % menos. La reducción se dio fundamentalmente en establecimientos de menos de 500 hectáreas, es decir del nivel inferior de productores que registra la medición oficial.

A su vez, el censo evidenció el crecimiento de la concentración en la tenencia de la tierra mediante arrendamientos y otras formas de tenencia indirecta, utilizadas por fondos de inversión, fideicomisos, sociedades anónimas y pooles de siembra. En el censo se observa una disminución de 8,4 millones de hectáreas en el total de las que son explotadas directamente por sus propietarios. Esto se explica porque se ha incrementado la escala de producción necesaria para obtener una rentabilidad mayor a la que obtiene un pequeño propietario por el arriendo de la tierra a los grupos del agro-business. Un delegado de la FAA del norte de Santa Fe calculaba que la escala necesaria para que la producción sea rentable es de un mínimo de 300 hectáreas. Incluso desde que el censo fue realizado, se ha incrementado la cantidad de productores que se han transformado en pequeños rentistas. Esto ha fortalecido la tendencia al despoblamiento de las zonas rurales, proceso al cual ya había contribuido fuertemente el cierre de ramales ferroviarios ocurrido bajo el menemismo: según una investigación realizada sobre datos censales de 1991 y 2001 del INDEC, en el país existen 602 localidades con menos de dos mil habitantes que se encuentran en riesgo de desaparecer. De esa cantidad 14 no han crecido entre esos 10 años y 90 de ellas no figuran en el último censo.

En caso de la soja, aunque existen en el pás alrededor de 80.000 productores, tan sólo 20 compañías explican el 50% del total de las 46.569 toneladas exportadas en 2006. Grupos como Los Grobo se encuentran entre el 3% de los grandes productores que concentran el 70% del total de la producción sojera.

Junto con los grandes propietarios tradicionales y los capitalistas de los grupos agrofinancieros, en el campo los otros grandes ganadores de la situación actual han sido las grandes cerealeras, aceiteras (como Bunge, Aceites General Deheza, Cargill o Dreyfuss) y frigoríficos (Swift Armour, Finexcor, Quickfood, etc.). Además, las cerealeras y aceiteras que concentran el grueso de las exportaciones realizan todo tipo de maniobras fiscales que aumentan enormemente sus ganancias. Según denunció Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos los exportadores de soja, aprovechando el actual esquema de retenciones, se quedaron el año pasado con la friolera de 2000 millones de dólares que dejaron de pagar al Estado y a los productores. Recurrieron a dos mecanismos. Primero, como los exportadores pagan al productor el precio internacional menos las retenciones, cuando en noviembre de 2007 estas aumentaron del 28 al 35%, fraguaron la compra de los granos como si se hubiesen realizado antes del aumento. Declararon un registro de exportaciones por 18 millones de toneladas cuando todavía no había comenzado la siembra de soja y sólo habían comprado en realidad 4 millones. Como al productor le pagan según los nuevos porcentajes y al estado por los viejos, se quedaron con la diferencia existente para 14 millones de toneladas. A la vez, según explica Etcheverry, como las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que realizan los exportadores “dejan fijos los precios y alícuotas aplicadas a los niveles previos, o sea, del momento en que se declara la venta externa, los 500 dólares que aproximadamente se cobran hoy por la tonelada de soja, se registran a 340 dólares, precio vigente en octubre. Es decir, 160 dólares menos por tonelada” (El aceite de la soja, Página 12, 20-03-08). Además, el senador oficialista por Córdoba, Roberto Urquía, propietario de Aceites General Deheza, fue el principal operador para evitar que se ponga cualquier tipo de límite legal a esta práctica repetida por los grandes exportadores. Nada de esto dice el gobierno que, por el contrario, no hace más que favorecer la ganancia de este sector.

Los falsos argumentos del gobierno

Quienes defienden la política gubernamental han difundido en estos días muchos datos ciertos respecto de cómo la porción de la renta agraria que se apropia el “campo” es, aún con el aumento de las retenciones, muy superior a la de los ’90. También se han hecho públicas las maniobras de grandes propietarios agrarios -como el propio presidente de la SRA, Luciano Miguens, o Carlos Blaquier el propietario del Ingenio Ledesma- para evadir o pagar menos impuestos (ver Pago Fácil, Crítica de la Argentina, 18-03-08). Tratando de ganar base en la población han argumentado que el nuevo sistema lleva a una baja de los precios de los alimentos y que favorecería un freno a la expansión de la producción sojera, alentando en cambio una mayor producción ganadera, lechera y de cereales. Y sectores del kirchnerismo “transversal”, como la FTV de D’Elía o los seguidores de Edgardo Depetri, han dicho que a lo que se oponen la Rural y compañía es a que “el producto de las retenciones se invierta en salud, vivienda, educación y obras públicas para mejorar la calidad de vida de la población”. Nadie puede desconocer que a los oligarcas de la Sociedad Rural sólo les importa aumentar sus ingresos y que utilizan la bronca de los pequeños productores en su propio beneficio. Pero es completamente falso que las medidas tomadas apunten a bajar la inflación o que el gobierno utilice lo recaudado en beneficio del pueblo trabajador. Un artículo publicado en el oficialista Página 12 reconoce que “el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo (…) Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de ‘hiperrentabilidad’, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación” (Marcelo Zlotogwiazda, Política y retenciones, Página 12, 16-03-08). Es decir, una medida destinada a aumentar en 2400 millones de dólares la recaudación central para pagar una deuda externa creciente, para subsidiar a los empresarios amigos y para contar con fondos para repartir discrecionalmente entre los gobernadores e intendentes que le muestren pleitesía.
Toda la política agraria implementada por el kirchnerismo –centrada en la captura de una porción de la renta agraria a través de retenciones que se aplican sin distinción entre grandes y pequeños productores- no ha hecho otra cosa que favorecer la continuidad del proceso de concentración de la propiedad y la tenencia de la tierra a la vez que garantizar enormes ganancias a los grupos exportadores. El nuevo sistema de retenciones móviles es, en este sentido, más de lo mismo.

La nefasta alianza de la Federación Agraria con la Sociedad Rural

Por su parte, los dirigentes de la Federación Agraria Argentina han vuelto nuevamente a confundir los reclamos legítimos de los pequeños productores con los de la gran oligarquía. Miles de pequeños productores han estado detrás de la mayoría de los cortes y bloqueos de la última semana, y son los que reclaman mayor dureza frente a la medida gubernamental. Sin embargo, al impulsar una protesta de tipo “corporativa” alrededor de la consigna “no a las retenciones”, que no diferencia entre los intereses de los grandes y pequeños productores, la FAA termina alineada con un sector claramente antiobrero y antipopular. Así su actual dirección, encabezada por Eduardo Buzzi, ha vuelto a pegar uno más de los giros que la han caracterizado bajo el gobierno Kirchnerista, donde han pasado de posiciones progubernamentales a la alianza con lo más granado de la oligarquía. Esta política es silenciada por corrientes como el PCR, que apoyan la protesta sin cuestionar este acuerdo de los dirigentes de la FAA con la SRA.

Por la alianza obrera y popular contra la oligarquía, los grupos del agro-business y los grandes exportadores

Frente al actual conflicto la clase trabajadora debe levantar una política que favorezca la formación de una verdadera alianza obrera y popular para enfrentar al gobierno y las distintas fracciones de la clase dominante. En primer lugar, se trata de poner al frente los reclamos y demandas de los asalariados rurales, exigiendo el blanqueo generalizado, la derogación de la ley agraria de la dictadura y un salario equivalente al costo de la canasta familiar. Junto con esto hay que decir claramente que para que sea el pueblo trabajador de la ciudad y el campo el que se beneficie con el aumento de la renta agraria hay que luchar por imponer el monopolio del comercio exterior y la expropiación y nacionalización bajo control de los trabajadores de todos los grandes propietarios de tierras, de los grupos agrícolas financieros y de las grandes empresas cerealeras, aceiteras y frigoríficos. De esta forma podría garantizarse el doble objetivo de garantizar una alimentación barata y de calidad para toda la población y que sean los trabajadores quienes se beneficien verdaderamente del aumento de la renta agraria. También hay que estatizar la producción y provisión de semillas y fertilizantes, para terminar con el negocio de multinacionales como Monsanto o Nidera. Hay que oponer a los grandes propietarios, a los capitalistas agrarios y a los grandes exportadores los reclamos de los pequeños productores, aquellos que viven fundamentalmente de su trabajo y el de su familia y no de la explotación del trabajo asalariado; para ellos hay que reclamar que no se le apliquen las retenciones, otorgarles créditos baratos y proveerlos de maquinaria e insumos. Es la forma de tratar de evitar la tragedia de que, como ocurre en la actualidad, estos pequeños productores terminen atando su suerte en común a la gran oligarquía. Y hay que apoyar resueltamente los reclamos de los pueblos originarios que en distintas regiones del país se oponen a la entrega y despojo de sus tierras. En síntesis: sostener un programa para que la clase trabajadora de una salida favorable al conjunto de los explotados y oprimidos a la “cuestión agraria”, una de las cuestiones clave de la lucha de clases en Argentina, no sólo por lo que ha implicado históricamente sino por el peso real que tiene en la actual estructura económica de nuestro país.

20-03-2008