En América Latina, tres países, México, Brasil y Argentina, tienen plantas nucleares. Los porcentajes son bajos, y sólo el 4%, el 3% y el 6% (respectivamente) se ocupa en cada matriz energética.

Argentina posee Atucha I y II (en desarrollo) y Embalse. Tiene también el Centro Atómico Constituyentes (escenario de accidente nuclear con una víctima fatal y personas contaminadas) y el Centro Atómico Ezeiza (de residuos radiactivos).

En Ezeiza, la RENACE denunció que “la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) desestima negligentemente la contaminación de las aguas subterráneas con uranio e incluso con radioisótopos como el plutonio 239 que tienen su epicentro en el Centro Atómico Ezeiza. CNEA sigue ignorando el riesgo que representa la contaminación por uranio (…)”.[1]

Meses atrás el presidente de Brasil, Lula y Cristina Kirchner crearon una empresa binacional destinada al enriquecimiento de Uranio, la producción de radioisótopos y el desarrollo de reactores nucleares.

Atucha I, tuvo accidentes y Atucha II (donde llevan gastados más 3.000 millones de dólares) está denunciada por graves errores de diseño. Los ambientalistas aseguran que “la administración Kirchner reflotó la tecnología obsoleta de Atucha II en un lugar donde ya existe un reactor nuclear peligroso por su edad y su pésimo mantenimiento. La voluntad popular y las necesarias consultas públicas han sido reemplazadas por el autoritarismo burocrático de Julio de Vido”.[2]

A la central de Embalse, en Córdoba, el gobierno le extendió su “vida útil”, extendiendo también importantes riesgos. Pero alrededor de la central solo “se hacen simulacros dentro de un radio de 10 kilómetros y las poblaciones de Río Cuarto, Villa María o Córdoba no conocen las consignas para actuar ante un accidente nuclear”. [3]

Cerca, metida en los barrios de Alta Córdoba, “la empresa Dioxitek S.A., dedicada a la producción de dióxido de uranio, almacena toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, uranio y sus derivados, sin membrana y sin control por parte de la provincia y la Municipalidad de Córdoba”.[4]