Jura – 4/12/2013
Sr. Secretario (Bozzano).- Invito al señor diputado electo por el distrito de Mendoza, Nicolás Del Caño, a prestar juramento.
– Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento de acuerdo con las fórmulas del artículo 10 del reglamento, jura desempeñar fielmente el cargo el señor diputado Del Caño, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)
– Al requerírsele el juramento:
Sr. Del Caño.- Por la lucha de la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos del mundo, por la memoria de Mariano Ferreyra y Jorge Julio López, por los 30 mil compañeros desaparecidos y los caídos por la Triple A, ¡sí, juro! (Aplausos.)
Sesión informativa con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich – 3/04/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor ministro: en el CD que recibimos minutos antes del inicio de la sesión hay preguntas que no fueron contestadas o fueron contestadas con alguna evasiva.
Por ejemplo, a nuestro pedido de que se nos informara con respecto a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que revistaron durante la dictadura militar y actualmente se encuentran en funciones, recibimos como respuesta que eso no se puede dar a conocer porque es parte del secreto militar, escudándose en un decreto del gobierno de facto de Guido de 1963.
A su vez, a la pregunta que pasaré a leer, simplemente encontramos un espacio en blanco. La pregunta dice: “Informe por qué el gobierno nacional no derogó ni tuvo la intención de hacerlo el decreto-ley 9.021/63 dictado durante el gobierno de facto de José María Guido- y su reglamentación aprobada por el decreto 2.322/67 dictado por la dictadura de Juan Carlos Onganía-. Mediante estas normas se conformó y puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia, dotado por agentes de la Policía Federal Argentina, no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario, cuyos efectivos se pueden infiltrar en cualquier organismo público y privado. El caso del agente de la Policía Federal Argentina, Américo Alejandro Balbuena, infiltrado durante una década en la agencia de noticias Agencia Walsh, ha ratificado la existencia de este cuerpo de inteligencia. El PEN no se ha pronunciado al respecto, pese al escándalo provocado cuando se hizo pública esta infiltración.”
Esto queríamos que usted contestara porque queremos saber cuántos “Milani” hay actualmente en las fuerzas de seguridad. Respecto de la segunda pregunta, no se puede responder de esa manera.
Por otro lado, desde nuestro partido Trabajadores Socialistas y Frente de Izquierda , como expresara el compañero Néstor Pitrola, repudiamos la represión que hubo a los trabajadores docentes en Salta, Misiones y otras provincias.
Queremos que nos explique por qué el gobierno lleva adelante la persecución y política represiva contra aquellos que salen a reclamar por sus derechos, sobre todo contra los trabajadores.
Hace un mes en este recinto escuchamos a la presidenta pedir una ley antipiquetes para limitar el derecho a la protesta, muy aplaudida por la bancada del PRO. Inclusive el bloque del Frente Renovador anunció la presentación de un proyecto en este sentido, que limita el derecho a la protesta.
Esta es una coincidencia que para nosotros tiene que ver con la confluencia en la aplicación de un ajuste en contra de los trabajadores y que tiene como fundamento la necesidad de que esta crisis la paguen los trabajadores y no los grandes terratenientes y capitalistas.
Por eso nos han informado que en muchas fábricas hubo amenazas de despidos y suspensiones. Esto es parte de la realidad que debe enfrentar la clase trabajadora.
Por lo tanto, más allá de los discursos y relatos quiero preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros si niega que la devaluación y los tarifazos signifiquen una enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los de los capitalistas más concentrados.
Por otro lado, quiero decir al señor jefe de Gabinete de Ministros que el próximo 10 de abril se realizará una huelga nacional en nuestro país. Desde nuestro partido acompañaremos a los trabajadores en esta medida, más allá de que esta convocatoria no es consecuente con un plan de lucha que pueda terminar con el ajuste que sufren. Nosotros estaremos presentes en la huelga junto con los trabajadores antiburocráticos y combativos que fueron reprimidos.
El 27 de febrero próximo pasado participé de la manifestación que se realizó pidiendo la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras. La represión estuvo a cargo del señor Sergio Berni, que se la pasa atacando a mi persona, al señor diputado Néstor Pitrola, que también integra el bloque de izquierda, y al diputado Christian Castillo, que en representación de nuestra agrupación integra la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Hago responsable al gobierno de todo lo que pueda suceder ese día en materia de represión y de provocación.
Por otra parte, le hemos preguntado al señor jefe de Gabinete de Ministros –y no nos respondió si puede vivir con 5 mil pesos. Los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, luego de una huelga histórica de 17 días, consiguieron un aumento que para un maestro que se inicia, recién en el mes de agosto significará un salario de 5 mil pesos, mientras que los diputados y funcionarios políticos cobramos sumas diez veces superiores a las que percibe un docente de la provincia de Buenos Aires y el 50 por ciento de la clase trabajadora de nuestro país.
Por lo tanto, queremos que el señor jefe de Gabinete de Ministros nos conteste si puede vivir con esa suma de dinero, porque si no existiera la casta política que hay actualmente, ¿quién votaría los tarifazos en contra del pueblo trabajador, mientras se sigue subsidiando a los empresarios? ¿Quién votaría los acuerdos secretos celebrados con Chevron o el pago a los vaciadores de Repsol? Por eso queremos que nos responda esta pregunta.
Finalmente, queremos hacer mención y preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros por qué su gobierno y la mismísima señora presidenta de la Nación en el discurso que pronunció en este recinto el 1° de marzo próximo pasado defendieron el fallo en contra de los trabajadores petroleros de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, de los cuales tres fueron condenados a cadena perpetua y siete recibieron condenas menores por un crimen que no cometieron. No se presentó ningún tipo de prueba y el fallo fue dividido, absolviendo la presidencia del Tribunal a la casi totalidad de los trabajadores por un reclamo efectuado en 2006 en contra del impuesto al salario y de la tercerización laboral. Estos trabajadores llevaron a cabo una manifestación, una pueblada, que terminó con la muerte de un policía de apellido Sayago. No hay ninguna prueba que los pueda condenar.
Además, este proceso tuvo irregularidades que fueron reconocidas por el mismo fiscal y por las cuales se torturó a los testigos.
Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de la defensa de los derechos humanos? Este fallo ha sido repudiado por organizaciones de derechos humanos, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas y por Osvaldo Bayer. Este fallo escandaloso no solamente ha sido repudiado por la izquierda, sino por muchos sectores, y queremos saber por qué el gobierno lo defiende y se quiere hacer cargo de los Sacco y Vanzetti y de los mártires de Chicago de nuestra época en la Argentina.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra al señor jefe de Gabinete.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor presidente: en relación con el tema del personal militar en actividad de las fuerzas armadas, quiero señalar que no se trata de una información secreta, sino que se encuentra a disposición de la Presidencia de esta Cámara de Diputados. Simplemente es una información de carácter reservado. Asimismo quiero informar al señor diputado que el número de oficiales y suboficiales en actividad ingresados en el período 1976-1983 es equivalente al 13,49 por ciento del total. Esto implica decir que en total existen en actividad entre las tres fuerzas –Ejército, Armada y Aeronáutica 11.293 oficiales y 41.486 suboficiales. Reitero que los ingresados en el período 1976-1983 equivalen al 13,49 por ciento del total. Y los ingresados con posterioridad a 1983 equivalen al 86,51 restante.
Por lo tanto, no es información secreta, sino reservada que obra en la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. En consecuencia, el señor diputado puede comunicarse con el señor presidente y efectuar la consulta pertinente.
Respecto del caso de Américo Balbuena, cuando el Ministerio tomó conocimiento de sus actividades en la agencia Rodolfo Walsh, dispuso una investigación sumaria y su pase a disponibilidad preventiva para contribuir al esclarecimiento del hecho y determinar si existió alguna incompatibilidad entre las tareas desempeñadas por el oficial de inteligencia y su participación en la agencia de noticias.
En el marco de dicha actuación disciplinaria, se formularon cargos provisorios contra el agente del cuerpo y su superior directo. No obstante, la investigación administrativa se encuentra a la espera del avance de la actuación judicial a fin de dilucidar si además de las incompatibilidades mencionadas existió la comisión de un delito que pueda traer aparejada una sanción disciplinaria más gravosa. A la fecha, tanto Balbuena como su superior se encuentran en disponibilidad preventiva.
En la próxima sesión informativa daré cuenta de la vigencia del decreto de 1958 y sus modificaciones, para que se proceda a su efectiva derogación. Por ello, en el transcurso de la semana próxima le transmitiré directamente por nota la información respecto de la aplicación de la norma.
En cuanto a la depreciación monetaria, desde el punto de vista del tipo de cambio, creo que no necesariamente genera un esquema de transferencia de ingresos a los grupos concentrados. Si consideramos las políticas activas implementadas por el Estado, nos daremos cuenta de que están dadas todas las condiciones para garantizar la inclusión y la negociación paritaria para la sostenibilidad del empleo.
En lo que se refiere al fallo de Las Heras, en Santa Cruz, entendemos que es de competencia estrictamente judicial. Obviamente, el asesinato del personal policial Sayago ha sido un hecho verdaderamente trágico. Si el señor diputado tiene observaciones para formular, le pido que las haga conocer a la Jefatura de Gabinete de Ministros a efectos de que podamos informarlo en la causa judicial.
Indemnización a Repsol - 23/04/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. del Caño.- Señora presidenta: antes de referirme a la cuestión propiamente dicha de la indemnización a Repsol quiero señalar que esto se da en el marco de un ajuste que se está llevando adelante por parte del gobierno hacia el pueblo trabajador.
La pregunta que le formulamos al jefe de Gabinete sobre este tema cuando estuvo presente en este recinto fue respondida con una evasiva. Digo esto porque se trata de una transferencia millonaria de ingresos desde los asalariados hacia los grandes capitalistas. En el mes de enero, solamente en dos días los bancos ganaron 9.700 millones de pesos. Este ajuste se intenta aplicar con represión, copiando el modelo de los años 90. Por eso existe un proyecto que recientemente han anunciado diputados del Frente para la Victoria que intenta restringir las manifestaciones de aquellos sectores que salen a luchar y a enfrentar este tipo de políticas.
Nicolás Avellaneda hace más de ciento cuarenta años dijo: “Si es necesario pagaremos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos, pero pagaremos”. Parece que el espíritu de Avellaneda invade hoy este recinto en esta sesión histórica. Y no es una exageración lo que estoy planteando. Estamos hablando de que el Estado argentino se va a hacer cargo de pagar a los vaciadores de Repsol más de diez mil millones de dólares, una empresa parásita. Ese dinero podría destinarse, por ejemplo, a la Asignación Universal por Hijo, para la cual se dedican 17.500 millones de pesos.
Esta indemnización equivale a 40 mil millones de pesos, si tomamos el valor del dólar oficial. Es decir que estamos beneficiando a esta empresa saqueadora de nuestros recursos hidrocarburíferos y no estamos destinando ese dinero en función de las necesidades de las grandes mayorías de la Nación, es decir, el pueblo trabajador de nuestro país.
Cuando vemos festejar a Brufau quien apareció exultante por televisión al anunciarse este convenio amistoso , al FMI y a Wall Street recordamos que los trabajadores y el pueblo argentino en su conjunto tienen en claro que ni ese convenio ni la indemnización a Repsol los beneficia.
Con este acuerdo se pretende conseguir financiamiento internacional; así lo demuestran las negociaciones con el Club de París y los elogios del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina. El verso de que si nuestro país paga la deuda va a ser independiente ha demostrado ser una falacia muy costosa para el pueblo trabajador.
El dinero con el que premiarán a Repsol podría ser utilizado para construir viviendas destinadas a los más de 3 millones de argentinos que no tienen un techo digno. En cambio, se prefiere usarlo para pagar a los vaciadores de la empresa. Creo importante resaltarlo por más que algunos, de manera oportunista, se abstengan en la votación. Ellos, junto con otros que adelantaron su voto negativo, fueron parte de las privatizaciones. Recordemos que estuvieron impulsadas por algunos que hoy integran el PRO y el Frente Renovador. Tampoco olvidemos que el radical Rodolfo Terragno pidió que se privatizara Aerolíneas Argentinas a fines de los años 80.
Por estas razones planteamos claramente nuestro rechazo a este acuerdo. El PTS, partido al que pertenezco, y el Frente de Izquierda lucharon en su momento contra las privatizaciones y hoy sostienen que esta expropiación no es más que la recompra de YPF Sociedad Anónima para que el Estado forme parte y pueda asociarse con el capital internacional. Es decir que la empresa es muy similar a la que funcionaba a mediados de los 90, cuando avanzaba el proceso de penetración del capital internacional.
Se nos quiere hacer creer que esta medida se vincula con la soberanía hidrocarburífera cuando en realidad sólo se tocó el 51 por ciento de las acciones de una empresa que maneja un tercio del petróleo y el 30 por ciento del gas que se extrae en nuestro país, además de concentrar el 54 por ciento de la refinación de petróleo.
Esta medida limitada, que preserva el estatus de empresa privada cotizante de YPF no sólo en la Argentina sino también en Nueva York, no permite atacar el problema energético de raíz e involucra costos onerosos para nuestro país.
A nuestro juicio es necesario expropiar no sólo a Repsol sino también los activos de las empresas de Bulgheroni, Cristóbal López, Shell y Chevron. El acuerdo suscripto con esta última para la explotación del combustible no convencional en Vaca Muerta es un ejemplo de que con esta expropiación el gobierno busca asociarse con el capital extranjero, al que garantizará jugosas ganancias. Como decía Jauretche, nos encontramos ante un nuevo estatuto del coloniaje, pero ahora bajo un gobierno que se reivindicó como nacional y popular y como en la época de Frondizi bajo la bandera de aumentar la producción de petróleo.
No es casual que el régimen político y judicial de las provincias petroleras reprima y encarcele a los trabajadores, como ocurrió en Cerro Dragón –donde opera Pan American Energy- y en Las Heras, donde los petroleros han sido injustamente condenados. En ambos casos los trabajadores enfrentaron la tercerización laboral defendida por el gobierno nacional.
No era necesario tasar una empresa a precio de mercado. Alcanzaba con tasar a valor fiscal los bienes expropiados, tal como hizo en México el gobierno de Lázaro Cárdenas –que claramente no era un gobierno socialista- en la década del 30. Con ese criterio se pagó el 10 por ciento de lo reclamado por las diecisiete empresas imperialistas expropiadas. Hoy le pagaremos a Repsol más del ciento por ciento, si contamos los intereses.
La generosidad de las concesiones a los imperialistas de Repsol son más que elocuentes.
Quiero aportar otro dato: si calculamos el porcentaje que en materia de déficit energético corresponde a Repsol, solo por los años 2012 y 2013 la cifra asciende aproximadamente a 3 mil millones de dólares, lo que representa más de la mitad de lo que se pretende pagar con este acuerdo.
Tal como se ha planteado en este recinto, fueron denunciados como vaciadores o saqueadores. No obstante, quiero suministrar algunos datos. Este vaciamiento fue consentido por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2003 y 2007 Repsol repatrió, de acuerdo con sus balances, el 97 por ciento de sus utilidades, es decir, destinó apenas un 3 por ciento para la inversión. No pasó mucho tiempo desde que los ministros Kicillof y De Vido presentaron el informe Mosconi, donde denunciaban que Repsol obtuvo entre 2008 y 2011 una rentabilidad operativa de 1.300 a 1.800 millones de euros. En la página 13 de ese informe se señala que la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año tras año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros en 2010 y finalizando en 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones de euros.
Otra de las cuestiones importantes que también se mencionaron aquí se refiere a los trabajadores de YPF que siguen reclamando y cuyas demandas aún no fueron atendidas. Además hay miles de personas que trabajan para YPF bajo formas de precarización laboral, al igual que lo hacen muchas otras en la Argentina. Esas condiciones son el producto de la flexibilización laboral que se aplicó en los años 90 y que actualmente mantiene este gobierno, también con el apoyo de aquellos que dicen pertenecer a la oposición pero que sabemos que son los opositores de la derecha que impulsaron esas leyes de flexibilización laboral y las privatizaciones.
En lo concerniente al daño ambiental quiero dar un ejemplo. En mi provincia, Mendoza, concretamente en la localidad de Malargüe, explotaron dos pozos petroleros hace un mes. Esto confirma la impunidad de Repsol y de Chevron. En esa oportunidad un trabajador relató lo siguiente: “Cuando bajo observo cómo el petróleo y una bola de fuego venían hacia nosotros porque el tanque había colapsado. Alcancé a correr unos cien metros y sentí la explosión. En un momento sentí un calor tremendo que llegaba hasta mí, y la gente disparaba para todos lados. Fue un momento de mucha confusión y miedo, y pensamos lo peor”.
Por lo tanto, ¿cómo se tasaron esos pozos? Es decir que después del vaciamiento y del saqueo estas empresas ni siquiera garantizan la seguridad de los trabajadores y de los pobladores.
Para finalizar quiero dar lectura, a modo de reflexión, de una cita del gran revolucionario ruso León Trotsky referida a la expoliación de los capitales imperialistas en México. Esto fue expresado hace más de 70 años. Dice así: “Una pequeña camarilla de magnates extranjeros succiona, en todo el sentido de la palabra, la savia vital tanto de México como de otra serie de países atrasados o débiles. Los discursos solemnes acerca de la contribución del capital extranjero a la ‘civilización’, su ayuda al desarrollo de la economía nacional y demás, representan el más claro fariseísmo. La cuestión, en realidad, concierne al saqueo de la riqueza natural del país. La naturaleza requirió muchos millones de años para depositar en el subsuelo mexicano oro, plata y petróleo. Los imperialistas extranjeros desean saquear estas riquezas en el menor tiempo posible, haciendo uso de mano de obra barata y de la protección de su diplomacia y su flota”.
Esto tiene una clara vigencia a partir de lo que se demuestra en relación con el saqueo perpetrado por Repsol y el premio que se pretende pagar a los vaciadores a partir de este acuerdo.
Por lo expuesto, consideramos necesaria la anulación de este convenio. Por supuesto, nuestro planteo continuará siendo el de la expropiación sin pago de toda la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. Pero como la Constitución Nacional exige ese pago, proponemos que éste se realice en forma simbólica, abonándose simplemente un dólar, ya que en realidad es Repsol la que tendría que pagarle al país por todos los daños causados.
Sesión especial en minoría para tratar el impuesto a las ganancias – 7/05/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en esta sesión se ha planteado en reiteradas oportunidades que desde el gobierno nacional se utiliza este planteo de que aquellos trabajadores que pagan este impuesto al salario tienen que ser solidarios con aquellos que perciben uno muy inferior.
La década ganada ha dejado como reconocimiento que el 50 por ciento de la clase trabajadora percibe un ingreso que está por debajo de los 6.500 pesos, lejos de lo que cuesta la canasta familiar. Además, un gran porcentaje de los trabajadores está precarizado no solamente el no registrado , y ahora se nos quiere vender que esta problemática se va a combatir con esta nueva iniciativa que se quiere impulsar desde el gobierno.
Todo esto demuestra a las claras que la década ganada fue para los grandes empresarios, para los banqueros, para los terratenientes. De lo contrario, comparemos cómo trata el Estado nacional al pueblo trabajador en lo que hace a los impuestos y cómo trata a los empresarios. Por ejemplo, en 2012 la recaudación del Estado se descompuso de la siguiente manera: ganancias, 18 por ciento de lo recaudado; IVA –un impuesto al consumo , 29 por ciento; comercio exterior, 11 por ciento; aportes a la seguridad social, 30,9 por ciento; transacciones bancarias, 6,2 por ciento; bienes personales, 1 por ciento, y el resto de los impuestos, 3,9 por ciento.
Veamos, por otro lado, cómo esta recaudación se destina luego hacia los sectores empresarios con enormes beneficios. Por ejemplo, en 2012 los subsidios al transporte y a la energía fueron de 84.700 millones, es decir, 4 veces y medio más de lo que se destinó a la Asignación Universal por Hijo. Así, el gobierno, que beneficia a los empresarios, nos quiso vender todo este tiempo que defiende los intereses de los sectores populares mientras paga 11 mil millones de dólares a los vaciadores de Repsol, tal como decía el compañero Pitrola hace unos instantes.
Tengo algunos datos que son más contundentes aún: el pago de la deuda externa sumó 55 mil millones en 2012. Es decir que si a esta cifra le sumamos el subsidio al que me referí anteriormente, llegamos a 140 mil millones. Estamos hablando de una suma sideral con la que se podrían construir viviendas para los 3 millones de argentinos que hoy tienen graves problemas habitacionales.
Quiero hacer otra comparación: los presupuestos de salud y educación a nivel nacional ascienden a 37 mil millones, es decir, apenas un cuarto de lo que va directo a manos de los empresarios y especuladores. El plan de viviendas Procrear representa apenas el 1,5 por ciento de dicho monto. Entonces, nosotros planteamos la anulación del impuesto al salario. Creemos que los trabajadores no tienen que pagar este impuesto, que fue impulsado desde el gobierno radical de De la Rúa.
Al mismo tiempo, entendemos que tiene que revertirse esta carga tributaria, es decir, hay que poner impuestos progresivos a las grandes fortunas, a los bancos, y a los grandes terratenientes. Sabemos –esto también hay que decirlo que muchos de los que plantearon la realización de esta sesión defienden los intereses de los grandes terratenientes y de los grandes capitalistas, y los han defendido durante mucho tiempo; incluso, algunos de los que hoy plantean la suba del mínimo no imponible han sido parte del gobierno, como ministros, durante muchísimo tiempo, es decir que han sido parte de la confiscación millonaria a la clase trabajadora.
Creemos que los trabajadores tienen que seguir el camino del paro del 10 de abril, confiando en sus propias fuerzas y no en esos dirigentes que ahora dejan de lado la lucha de los trabajadores y no convocan a un verdadero plan de lucha para poder imponer todas sus demandas. En este sentido, hay que unificar a aquellos trabajadores que luchan contra el impuesto al salario con aquellos que luchan por terminar con la precarización laboral.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita al señor diputado que concluya la exposición ya que se agotó su tiempo.
Sr. Del Caño.- Como decía, señora presidenta, nosotros planteamos que los trabajadores deben confiar en sus propias fuerzas. Por supuesto, en este Congreso insistiremos con una agenda de los trabajadores, que entre otros puntos debe contener, por supuesto, la eliminación del impuesto al salario.
Reducción de impuestos al biodiesel – 14/05/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: como ha dicho el compañero Pitrola este Congreso, a partir de las iniciativas oficiales que se han presentado, viene debatiendo y votando leyes favorables para los grandes capitalistas.
Por eso creo que cada uno de los puntos que se utilizan para justificar estas exenciones impositivas
a las grandes multinacionales que producen y comercializan los biocombustibles está relacionado claramente con plantear que se defienden los puestos de trabajo de más de 2.500 trabajadores del sector. Por supuesto que defendemos cada uno de estos puestos de trabajo, pero no es beneficiando a las patronales como se hace.
Por otro lado, resulta una hipocresía que se defiendan las fuentes de trabajo cuando estamos asistiendo a suspensiones y despidos masivos, como ocurrió con los compañeros de la empresa Gestamp de la industria automotriz, que recibieron 67 telegramas de despido y hasta ahora no hubo por parte del Ministerio de Trabajo ninguna resolución favorable.
Por eso, así como propiciamos mediante una sesión especial eliminar o subir el mínimo no imponible del impuesto al salario, impulsamos una sesión para discutir cómo prohibir la suspensión y los despidos. En este sentido hemos presentado, desde el Partido Trabajador Socialista y junto con los compañeros del Partido Obrero, ambos integrantes del Frente de Izquierda, una iniciativa para prohibir por 24 meses los despidos y las suspensiones.
En relación con el proyecto de ley en consideración, desde el oficialismo se plantea como argumento la defensa nacional ante las restricciones de la Unión Europea. Sin embargo, como ya lo mencionaron diputados preopinantes, quienes se verán beneficiadas con esta medida son las grandes multinacionales como Cargill y la Aceitera General Deheza. Evidentemente, estas empresas multinacionales se verán beneficiadas con esta norma, y lo que se plantea no es una medida de defensa nacional sino claramente a favor de las multinacionales del agronegocio.
Hoy existe en el Congreso un consenso entre el sector patronal y el oficialismo, que ayer planteaba su puja con el campo; sin embargo, en la actualidad están beneficiando a la patria sojera.
Por estas razones, adelantamos nuestro rechazo abierto y claro a este proyecto de ley.
Reitero que se benefician todos aquellos que participan del agronegocio, por ejemplo, Monsanto, la multinacional que extrae millonarias ganancias de nuestro país.
Otro beneficio que se ha otorgado recientemente por parte del gobierno ha sido la rebaja a las retenciones para la exportación de biocombustibles en el orden del 11 por ciento. Estos beneficios o incentivos –como les llaman van a significar para estas multinacionales alrededor de 3.000 millones de pesos.
Por otro lado se plantea, como lo dijo la señora presidenta en su discurso, que esto significaría avanzar en energías limpias. Sin embargo, el proceso que se utiliza para extraer el aceite de soja se relaciona con el monocultivo del “yuyo maldito” –como lo llamó la señora presidenta en algún momento , que trae graves consecuencias para el medio ambiente y la población. Me refiero a los desmontes, el desplazamiento de las poblaciones campesinas y de los pueblos originarios junto con la utilización del glifosato que son denunciados por investigadores, organizaciones socioambientales y poblaciones.
No nos olvidamos de aquellos militantes de los territorios como Cristian Ferreyra, que en Santiago del Estero fue asesinado por un empresario del agronegocio. Entre 2009 y 2011 fueron asesinados cuatro militantes de los territorios que se resistían a ser desplazados por los empresarios del agronegocio de la soja.
Ayer participamos de una audiencia celebrada en el Congreso a la que asistieron los compañeros de la Asamblea de Malvinas Argentinas, la localidad cordobesa que viene resistiendo la instalación de la planta de semillas de Monsanto. Esos compañeros recibieron la represión brutal por parte de la policía enviada por el gobierno de la provincia de Córdoba. También asistieron las Madres de Ituzaingó, otra localidad de la misma provincia, que denuncian la utilización de plaguicidas en los campos, que ha afectado a los pobladores de este humilde barrio.
Esta perspectiva que se plantea no implica beneficiar con energías limpias al país sino avanzar en el monocultivo de la soja, que genera terribles consecuencias ambientales y para las poblaciones.
La renta extraordinaria que se extrae de la soja va en detrimento de otros cultivos, e incluso, de la ganadería. En nuestro país, la carne y la leche son productos privativos, ya que cada vez son más caros y para millones de personas resultan inalcanzables. Por ejemplo, mientras ocurría la crisis alimentaria mundial de 2007 y 2008, ADM, Monsanto y Cargill vieron aumentar sus ganancias en un 42, 45 y 86 por ciento, respectivamente. La última de las empresas mencionadas acumuló ganancias netas por 3.200.000 dólares en 2008, mientras que setenta y cinco millones de personas habían caído en la pobreza. Estas son las empresas que se benefician. Entonces, a aquellos que dicen enfrentar las corporaciones, preguntamos: ¿dónde quedó la pelea contra la oligarquía?
Otro de los fundamentos que rechazamos es el de que se beneficiaría a los consumidores ya que no habría traslado a los precios y no aumentarían las naftas. Como anteriormente explicó mi compañero Néstor Pitrola, eso es falso pues se beneficiará a las petroleras; por ejemplo, Shell, que ayer fue denunciada por el gobierno por impulsar maniobras a favor de la devaluación en el mes de enero, hace pocos días, en forma discriminatoria, despidió a nueve trabajadores...
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Traspaso de sitios de memoria - 14/05/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero destacar la presencia de las compañeras Nora Cortiñas y Elia Espen, quien siempre acompaña a los trabajadores, como lo hizo con los compañeros de la empresa Kraft y por eso fue espiada y perseguida con el denominado Proyecto X. También quiero mencionar a los compañeros de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que se han hecho presentes en esta sesión.
Queremos manifestar nuestro rechazo a este proyecto que es fruto de un pacto entre el oficialismo y el PRO. Creo que desde el oficialismo no se puede venir a plantear que esto significaría un avance en la memoria, la verdad y la justicia, pues estamos hablando de un acuerdo o un pacto entre el Frente para la Victoria y la derecha macrista. Creo que, por donde se lo mire, no tiene nada de progresista, sino que es claramente reaccionario.
En segundo lugar, para ir al nudo argumental que esgrime el oficialismo en la llamada resignificación de aquellos centros de tortura y exterminio que sirvieron para concretar un genocidio al servicio de la misma clase social que en estos últimos diez años, como dice la presidenta, se la han llevado en pala, este convenio que se quiere ratificar aquí implica que el Poder Ejecutivo nacional tendrá poderes sobre estos sitios emblemáticos, por donde pasaron miles de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, durante treinta años, es decir, hasta el año 2044.
De ahora en más, el presidente de turno tendrá plenos poderes y manos libres para hacer lo que quiera con estos sitios. Esto quiere decir que, por ejemplo, un Scioli, que fue parte del gobierno que indultó a Videla, podría transformarlos en espacios para la reconciliación con los genocidas. También podría hacer lo que quiera el partido que durante 18 años, con la obediencia debida y el punto final, impidió juzgar a los Astiz, a los Etchecolatz. Imaginémonos lo que podría ser un gobierno de los Macri, etcétera.
Antes de la firma de este pacto con el macrismo, este gobierno nacional convirtió a los sitios como la ESMA en una suerte de unidad básica de eventos sólo para los que comulgan con el kirchnerismo, un lugar donde los sobrevivientes del genocidio –recién mencionábamos a los compañeros de la Asociación de ex detenidos desparecidos paradójicamente no tienen incidencia alguna.
Entonces, queremos decir con todas las letras que la ESMA ha sido y quiere seguir siendo utilizada para tapar la verdadera política de este gobierno en materia de derechos humanos. Si hablamos de derechos humanos –lo han mencionado diputados preopinantes no hay que dejar de resaltar que hoy existen cinco mil trabajadores procesados en nuestro país por luchar, obreros y populares. No están los Biolcati ni nadie de La Rural. En todo el país son más de cinco mil trabajadores, jóvenes luchadores del pueblo, quienes están hoy procesados y también, como mencionaban, los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados a cadena perpetua en Santa Cruz. Seguramente nos van a decir que eso tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Quién más que Berni permanentemente azuza a través de los medios de comunicación contra los que protestan en las calles y contra los que apoyamos eso, como los diputados del Frente de Izquierda?
Es decir que hay gente que permanentemente aprieta a los fiscales para que condenen, persigan y juzguen a quienes hacen huelga y salen a luchar, como los compañeros de Santa Cruz que recién mencionaba, que actualmente están presos. Si hablamos de derechos humanos, tenemos que pedir la libertad de estos compañeros, la libertad de Esteche y Lescano, tal como votamos en la Comisión de Derechos Humanos. Ellos están actualmente detenidos mientras los asesinos de Fuentealba, los responsables políticos de su asesinato, también siguen en libertad.
En los últimos diez años, para continuar con este tema que permanentemente se plantea desde el gobierno como la reivindicación de su política de derechos humanos, hubo 29 compañeros muertos por participar en manifestaciones o luchas obreras populares. Seguramente nos dirán que la responsabilidad es de los gobernadores, pero ¿a quién responde políticamente, por ejemplo, Gildo Insfrán, que manda a reprimir a los pueblos originarios como los tobas y la comunidad Qom para garantizar la sojización de Formosa, por nombrar sólo uno de ellos?
Tenemos también un ejemplo mucho más reciente. El otro día estuvimos con los trabajadores de Gestamp para solidarizarnos y llevarles dinero para su fondo de huelga. Allí se recibieron 67 telegramas de despido. No solamente en la puerta de la fábrica sino también adentro, al lado de cada trabajador, en la línea de producción, está la policía con los bastones para garantizar los despidos que actualmente están llevando adelante las multinacionales y las suspensiones en la industria automotriz. ¿Esta es la política de derechos humanos de la que estamos hablando? ¿O será la puesta en práctica de la criminalización de la protesta social, como se quiere aprobar en este Congreso en un acuerdo –vaya casualidad- entre el Frente para la Victoria y los sectores de la derecha como el PRO y el massismo, que también impulsan un proyecto para criminalizar la protesta social?
Entonces, escuchamos por allí a algunos que hablan de derechos humanos, pero a la vez vemos esta realidad que estamos describiendo.
Para finalizar, nuestro planteo es claramente el rechazo a este acuerdo. Nosotros siempre fuimos críticos del Instituto Espacio para la Memoria, pero eso no significa que vayamos a avalar un pacto reaccionario como el que aquí se pretende votar. Exigimos la continuidad laboral de todos y cada uno de los trabajadores del instituto, con las mismas condiciones laborales que han tenido hasta ahora. Los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio no pueden ser un coto de caza del gobierno de turno de aquí a treinta años.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Por favor concluya, señor diputado.
Sr. Del Caño.- Por eso, en nuestra opinión, tienen que ser lugares administrados por los sobrevivientes, por los organismos de derechos humanos independientes y por las organizaciones de la clase trabajadora, el principal blanco de la dictadura.
Por estas razones, desde el bloque del PTS-Frente de Izquierda vamos a votar en contra de la ratificación de este acuerdo. (Aplausos)
Sesión especial en minoría por el impuesto a las ganancias – 14/05/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en el día de hoy hemos asistido a una sesión que benefició a los empresarios del biodiésel. También asistimos a la sesión especial que se convocó para premiar a los vaciadores de Repsol con 5 mil millones de dólares. Esa es la agenda que impone el Frente para la Victoria desde el gobierno.
Mientras tanto, los temas que preocupan a los trabajadores y a millones de argentinos no se discuten en este Congreso debido a la falta de responsabilidad de los representantes del Frente para la Victoria. Esto se aplica al tema que hoy nos ocupa, relativo al impuesto a las ganancias que, en realidad, constituye un impuesto al salario. Nosotros planteamos claramente la eliminación del impuesto al salario porque consideramos que el salario no es ganancia. Sin embargo, un gobierno que reivindica tanto al peronismo le hace pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores, por lo que ese doble discurso queda cada vez mucho más claro: en realidad se defienden y se benefician los intereses de los grandes empresarios y no los de la clase trabajadora.
Creemos que es necesario que esta Cámara discuta. Nosotros, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas, del Frente de Izquierda, impulsamos distintos proyectos para prohibir las suspensiones y los despidos que hoy están sufriendo miles de trabajadores, no solamente en la industria automotriz, aunque es lo que más se conoce. Como mencionamos anteriormente, en la fábricaGestamp, en Escobar, hubo 67 despidos de trabajadores, totalmente discriminatorios, aduciendo la crisis de la empresa. Esto tampoco se discute en este Congreso Nacional.
Además, es mentira que sólo se trata de suspensiones, como sostienen el gobierno y Smata. En mi provincia, Mendoza, hay anuncios de empresarios en el sentido de que se ven obligados a despedir a los trabajadores debido al aumento de los costos. De manera que siempre son los trabajadores los que pagan las crisis; crisis que generan los capitalistas, no los trabajadores, que son los que venden su fuerza de trabajo para poder sobrevivir.
Nosotros rechazamos claramente esta postura del bloque oficialista. Creemos que hay que seguir insistiendo con el tema de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o su eliminación. Asimismo, queremos convocar a una sesión especial para discutir una agenda de los trabajadores. Creo que las suspensiones y los despidos, y su prohibición por 24 meses, deben formar parte de una ley de emergencia que tiene que salir de este Congreso para satisfacer las necesidades de la gran mayoría del pueblo trabajador. Esta ley es una necesidad acuciante para decenas de miles de familias que se están quedando sin sus fuentes de ingreso, porque el ajuste que se está implementando desde el gobierno a partir del pasado mes de enero no solamente se ha dado con techos salariales en las paritarias y tarifazos, sino que también se ve afectado ahora con las suspensiones y los despidos.
Ley de trabajo no registrado – 21/05/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: en primer lugar quiero señalar que en este Congreso asistimos nuevamente a un consenso de los bloques más importantes para beneficiar a las empresas. El proyecto en consideración va a premiar a los evasores que no registran a sus trabajadores...
Sr. Presidente (Domínguez).- Si el señor diputado me permite, la Presidencia solicita a quienes se encuentran en las galerías que retiren las pancartas que cuelgan de las barandas.
– Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Domínguez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: los trabajadores que se manifiestan en las galerías fueron despedidos por Shell. Concretamente, son nueve las personas que fueron despedidas en forma discriminatoria. También están presentes los trabajadores de la compañía CALSA, quienes desde hace varias semanas están en conflicto debido a una serie de despidos, porque necesitan una respuesta a su situación.
Respecto de la iniciativa en tratamiento, adelanto nuestro claro rechazo porque premia a las patronales evasoras, es decir, a aquellas que delinquen no registrando a sus trabajadores. Estas políticas propatronales ya fueron implementadas no sólo en los años 90 sino también en 2008, cuando se sancionó la ley 26.476, que establecía una reducción de los recursos de la seguridad social. Casualmente, aquella norma incluía un capítulo centrado en la promoción y la protección del empleo registrado similar al que hoy propone el gobierno. Entre otras disposiciones contemplaba alivios de hasta el 50 por ciento de los aportes empresariales por dos años, la suspensión de las acciones penales en curso derivadas de la violación de las leyes tributarias y la condonación de deudas por multas, intereses y sanciones originados en la evasión de las empresas. Es decir que no tenía nada que envidiarle a lo que sucedió en los años 90.
El proyecto que hoy consideramos avanza aún más, ya que contempla incentivos que van del 75 por ciento al ciento por ciento de los aportes según la cantidad de empleados que contabilicen las empresas.
Creemos que el fracaso fue muy claro y que pese a ello se pretende volver a las mismas políticas desde el Estado, un Estado totalmente neutral que no beneficia a los distintos sectores y que en momentos de crisis interviene a favor de las patronales; sobre el tema han hablado incluso diputados liberales que junto con el oficialismo apoyan este proyecto.
Esto es lo que hoy intentan aprobar el oficialismo y algunos bloques de la oposición. Nuestro planteo es muy claro; como ya lo adelantaran mis compañeros del Frente de Izquierda, proponemos que los trabajadores tengan la posibilidad de enviar al ministerio, que es quien debe obligar a las patronales a registrarlos, una simple notificación o carta documento.
Asimismo, estamos de acuerdo con que los trabajadores puedan elegir a sus delegados registradores y que éstos tengan el amparo necesario para llevar adelante sus reclamos.
Se trata no sólo del trabajo no registrado, que afecta al 35 o 40 por ciento de la clase trabajadora, sino también de la precarización laboral. Ese es el núcleo central del problema, que se ha mantenido desde los años 90 y ha permitido que la llamada “década ganada” haya sido fundamentalmente para las grandes multinacionales y las patronales que como suele decir la señora presidenta durante diez años se la llevaron con pala.
Además de la precarización laboral y el trabajo no registrado conforman ese núcleo central las contrataciones temporarias –bajo la forma de monotributo u otras- efectuadas no sólo en el sector privado sino también dentro del Estado. De acuerdo con información de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante el primer semestre de 2013 hubo 57.263 trabajadores bajo distintas formas de contratación precaria. Es decir que equivale al 56 por ciento del personal total de planta permanente, que asciende a 101.976 trabajadores.
De manera tal que como lo manifestaron algunos señores diputados preopinantes el propio Estado es el que precariza y reproduce esta forma de trabajo no registrado. En ese sentido nuestro planteo es muy claro: solamente la lucha de los trabajadores puede enfrentar estas condiciones para revertir la situación.
Por eso queremos destacar la lucha que dieron los trabajadores del Ferrocarril General Roca, donde la patota de la burocracia sindical de Pedraza, aliado del gobierno, asesinó al compañero Mariano Ferreyra, y la de los trabajadores del subte, que a partir de su gran lucha y de la recuperación de su cuerpo de delegados desde hace varios años lograron avanzar en el combate a la precarización laboral.
También lo hacen los trabajadores contratistas telefónicos, los compañeros de Aerolíneas Argentinas y los de la comisión interna de Falcon, que están en una tercerizada. Sobre este último aspecto queremos decir que es una de las formas de precarización laboral que se han expandido.
Asimismo, en la provincia de Mendoza, a la que represento, los trabajadores del humilde municipio de Lavalle, gobernado por el Frente para la Victoria, durante un mes realizaron una ocupación pacífica y una huelga contando con nuestro acompañamiento. Finalmente lograron el pase a planta permanente de cuatrocientos trabajadores. Ahora el intendente, en forma despótica, ha despedido a los compañeros que estuvieron al frente de esas manifestaciones, tratando de amedrentar a aquellos que enfrentan esta situación.
En el día de ayer vimos a Sergio Berni bajando del helicóptero y diciendo que todos los que se manifiestan y cortan calles tienen que estar presos. Es decir que los trabajadores que hoy están en negro o bajo alguna forma de contratación precaria y salen a protestar de la única manera en que lo pueden hacer -es decir, mediante huelgas, bloqueos y cortes de calle- tienen que estar presos.
No escuchamos una sola crítica del Frente para la Victoria respecto de las palabras de Berni, como tampoco de algunos sectores de la oposición. A esto debe agregarse lo que manifestó sobre nosotros, es decir, los diputados del Frente de Izquierda, en el sentido de que nos iba a quitar los fueros por participar en piquetes.
Por lo tanto, confiamos en la lucha de los trabajadores como la forma de terminar con el trabajo no registrado y de oponernos a la precarización laboral.
Por supuesto que si estamos hablando del trabajo no registrado y de los problemas que tienen millones de trabajadores de nuestro país también debemos referirnos a las suspensiones y los despidos. Al respecto deseo reiterar lo que ya dijeron otros señores diputados en el sentido de que para el día de hoy también se ha convocado a una sesión especial de esta Honorable Cámara a efectos de abordar este tema, que es muy importante para los trabajadores y que también impulsamos desde el Frente de Izquierda.
Hay miles de despidos, y los primeros que actualmente los sufren son los sectores más vulnerables, es decir, los trabajadores contratados y precarizados. A ellos deben agregarse los jóvenes de mi provincia, que en rubros tales como la gastronomía y el comercio registran una precarización laboral superior al 70 por ciento.
En relación con este tema quiero expresar que se dice que en esta década los jóvenes son los que también han ganado y han sido incluidos. Sin embargo la realidad muestra otra cosa. Hoy la mayoría de los jóvenes no tiene derecho a un trabajo en blanco y está precarizada.
Por eso estamos planteando este tema relacionado con las suspensiones y los despidos que consideramos que es fundamental.
Los compañeros que se encuentran aquí presentes son también la expresión de miles de trabajadores que hoy están sufriendo las consecuencias de esta crisis que una vez más se descarga sobre ellos. Así, por ejemplo, tenemos a los trabajadores de Gestamp, de la ciudad de Escobar, que fueron despedidos por efectuar un reclamo ante la empresa por suspensiones que se habían realizado. Setenta familias recibieron telegramas de despido luego de manifestar su disconformidad ante las suspensiones. El señor diputado Romero, del Frente para la Victoria, integra la conducción del SMATA, un sindicato que defendió los despidos en la empresa Gestamp. La verdad es que no nos extraña de una conducción que viene avalando suspensiones y los despidos.
Por ello hoy planteamos nuestro apoyo incondicional a los compañeros que están peleando y ante esta crisis creemos que este Congreso, en el que como se dice están los representantes del pueblo, no puede soslayar un tema que afecta a miles de trabajadores.
Por lo tanto nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos frente a la crisis que golpea a la clase trabajadora. Nos comprometemos también a apoyar cada una de las luchas que llevan adelante los trabajadores y los sectores del sindicalismo combativo, que sostienen como una de sus principales banderas –al igual que lo hacen los compañeros de Kraft y de otros sectores del trabajo- la unidad de los trabajadores. Este es el camino: la unidad de los trabajadores, tanto los que están en planta permanente como los que están en negro o bajo alguna forma de precarización laboral. Con unidad podremos terminar con la precarización y el trabajo no registrado.
Sesión especial en minoría de tratamiento del proyecto de prohibición de suspensiones y despidos – 21/05/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: promediando la tarde de hoy estuvieron en este recinto trabajadores despedidos de la alimenticia CALSA y de la petrolera Shell, quienes están luchando por su reincorporación. Por un momento pensamos que la realidad iba a poder entrar en este recinto; la realidad de esos trabajadores que, como se ha dicho, están hoy sufriendo las suspensiones y despidos, y detrás de los cuales hay familias.
Las patronales no tienen ningún problema en despedir a los trabajadores cuando empiezan las crisis. Como hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, son los trabajadores los que pagan los platos rotos de las crisis.
Hoy se ha votado un nuevo premio a las patronales. Ya se aprobó una rebaja al impuesto al biodiésel, y también el premio de la indemnización a Repsol. Desde que asumimos nuestras bancas este Congreso ha votado leyes que favorecen a las grandes empresas, y también a las pequeñas y medianas, pero los problemas y padecimientos de los trabajadores no son discutidos.
Quiero rechazar que el Frente para la Victoria se haya retirado y no participe de esta discusión. Como dijo el diputado Pablo López, no es casualidad sino que ellos son los responsables porque avalan a las patronales que hoy están despidiendo, como sucede en la industria automotriz, donde el sindicato SMATA, aliado al gobierno, permite la suspensión y despido de miles de trabajadores. Como sucedió también con los trabajadores de Gestamp: el día que fueron a buscar la solidaridad de la empresa Volskwagen fueron patoteados por el sindicato que les dio la espalda. Están dentro de la planta con una patota y la Policía Bonaerense mientras que los trabajadores despedidos –setenta familias- están reclamando con carpas en la puerta de la empresa.
Por eso, en nuestro proyecto planteamos la prohibición de las suspensiones y despidos por veinticuatro meses. Proponemos el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles; que todos los trabajadores que tienen la posibilidad lo hagan reduciendo la jornada laboral pero sin afectar el salario, porque las patronales aducen crisis. Pero, haciendo referencia a la industria automotriz, pregunto qué crisis puede tener una industria que ha ganado millones durante todos estos años y ha tenido ventas récords y producción también récords de un millón de autos. Que abran los libros de contabilidad para ver realmente cuál ha sido la ganancia de estas empresas.
Las automotrices son multinacionales extranjeras pero este gobierno, que se dice nacional y popular, las defiende a pesar de que se han llevado la plata en pala durante todos estos años y que hoy despiden y suspenden a los trabajadores.
Por eso también planteamos que aquellas empresas que aduzcan crisis, como lo están haciendo muchas autopartistas que solicitan el procedimiento preventivo de crisis, o que cierran, sean estatizadas y gestionadas por sus propios trabajadores.
Tenemos el ejemplo de las fábricas recuperadas que en 2001 los trabajadores pusieron a funcionar, como la fábrica Zanon en Neuquén, que hasta el día de hoy sigue gestionada por sus trabajadores y se han podido salvar cientos de puestos de trabajo gracias a la gestión obrera.
Por último, estamos solicitando el fin del impuesto al salario. Este otro de los temas por los que se convocó a esta sesión. Como lo dijimos reiteradas veces, el salario no es ganancia, y el gobierno permanentemente salva a las patronales haciéndoles rebajas mientras los trabajadores destinan el 50 por ciento de sus ingresos a pagar impuestos como el IVA.
Por eso nosotros solicitamos la eliminación del impuesto al salario de los trabajadores.
Para finalizar...
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Diputado, por favor, concluya que se ha terminado su tiempo.
Sr. Del Caño.- ...les comento que los trabajadores de Shell llevan un mes de lucha y están solicitando al sindicato petrolero, al que pertenece el diputado del Frente Renovador, que se ponga al frente de esta lucha porque están peleando sin una respuesta de la patronal y sin el apoyo del sindicato.
Sesión especial en minoría de tratamiento del proyecto de prohibición de suspensiones y despidos – 03/06/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: con respecto al tema de los despidos y suspensiones, que recién mencionaba el señor diputado Pitrola, el conflicto en Gestamp ha sido esta semana el centro de los ataques que recibieron no sólo sus trabajadores sino también los legisladores del Frente de Izquierda por acompañarlos en su lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos.
También quiero desmentir a los dirigentes sindicales y al gobierno nacional, porque si bien afirman que defienden el empleo, sus diputados no están sentados en estas bancas y se ha dictado una conciliación obligatoria para que una empresa española como Gestamp reincorpore a sesenta y siete trabajadores que fueron despedidos sólo por realizar una asamblea ante las suspensiones recibidas por parte de la patronal. Miente Pignanelli, miente Romero, miente la SMATA y miente la ministra Giorgi cuando afirma que los trabajadores ejercieron la violencia tirando cosas a sus compañeros y extorsionándolos. ¿Cómo puede ser que nueve trabajadores que lo único que hacen es defender su única fuente de ingresos para llevar el sustento a sus familias sean los extorsionadores y no una compañía multinacional que en España hace inversiones? En ese país toman nuevo personal, mientras que en la Argentina despiden a los trabajadores que tuvieron el tupé de hacer una asamblea para discutir sobre las suspensiones y la inestabilidad de su fuente laboral.
Denunciamos esta situación y los ataques recibidos por los trabajadores; es muy grave que se diga que la resolución quedará en manos del sindicato porque estos compañeros ya no son trabajadores. Incluso, hoy se amenazó con llevar una patota de la SMATA a las puertas de la empresa para impedir que ingresen.
Se habla de defender las fuentes de trabajo pero al mismo tiempo se defiende a Pignanelli, un dirigente cuya escuela es la SMATA de José Rodríguez. Justamente en estos días empezaron los juicios por los delegados desaparecidos en Ford. Hablamos de la SMATA que entregó a los compañeros de Ford y de Mercedes Benz, de un sindicato que hizo macartismo contra los trabajadores de la izquierda. La situación es de suma gravedad porque puede terminar con un nuevo asesinato como el del compañero Mariano Ferreyra en manos de la patota de Pedraza, también aliado del gobierno.
La situación es muy importante porque no solamente afecta a Gestamp; también hay problemas con los trabajadores de Lear, aquí presentes, quienes han recibido trescientas treinta suspensiones por parte de la empresa en forma totalmente ilegal, sin ningún tipo de preaviso a la comisión interna y sin tiempo de finalización. Ha habido suspensiones y despidos no sólo en Córdoba sino también en Mendoza, donde la cámara empresaria del sector metalmecánico afirma que en el último año se perdieron ochocientos puestos de trabajo. Es decir que los propios empresarios reconocen que hay y seguirá habiendo despidos, situación que lógicamente es resistida por los trabajadores.
En Córdoba hubo un paro de la Unión Obrera Metalúrgica ante los preventivos de crisis y los despidos registrados en las compañías autopartistas. O sea que esta situación continuará extendiéndose entre los trabajadores y seguirá habiendo resistencia por parte de ellos.
La señora presidenta de la Nación dijo que no podía ser que los trabajadores ocuparan las empresas para defender sus fuentes laborales. ¿Qué pueden hacer si no tienen respuesta de la empresa, si ni siquiera el sindicato los defiende y si el gobierno, a través de la ministra Débora Giorgi, defiende abiertamente a la patronal diciendo que no deben ser reincorporados y que la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no tiene validez?
Resulta que los trabajadores que hacen una ocupación para defender sus puestos laborales, después de acampar pacíficamente durante días esperando una respuesta, son extorsionadores y violentos y se les debe aplicar todo el peso de la ley; pero a las patronales –esas multinacionales extranjeras como Gestamp- que incumplen con la normativa vigente se las deja extorsionar con total impunidad a los trabajadores, porque es una extorsión dejar sin sustento a los trabajadores privándolos de su único ingreso y planteando esta situación.
Entonces vamos a seguir insistiendo con el proyecto de ley por el que se propicia la prohibición de los despidos y las suspensiones. Vamos a seguir acompañando a los trabajadores de la manera en la que lo estamos haciendo. Asimismo vamos advertir al gobierno y a poner en conocimiento de todos los señores diputados que si se mantiene esta tesitura en el sentido de validar a sindicatos tales como SMATA, que amenaza con llevar a su patota para atacar a los trabajadores y a la izquierda como una forma de represión paraestatal, se pueden llegar a cometer nuevos asesinatos como el que ha sufrido el compañero Mariano Ferreyra. Es gravísimo que esta situación esté siendo defendida desde el gobierno.
Por lo expuesto, reitero que seguiremos insistiendo en cuanto al proyecto sobre prohibición de los despidos y las suspensiones. Como dicen las mismas empresas, es algo que va a seguir en el país. Por su parte, los trabajadores continuarán ofreciendo resistencia. Consecuentemente, es fundamental seguir insistiendo en esta Honorable Cámara en lo relativo al tratamiento de este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sesión informativa con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich – 04/06/2014
Sra. Presidenta (Conti).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en primer lugar, deseo manifestar que minutos antes de comenzar esta sesión informativa recibimos las respuestas de la Jefatura de Gabinete, pero no el 99 por ciento de las respuestas –como se dijo sino cerca del 50 por ciento. Tampoco tuvimos la posibilidad de estudiarlas para establecer un planteo en función de las respuestas del jefe de Gabinete de Ministros. Digo esto porque la señora diputada Di Tullio señaló que se había cumplido con el 99 por ciento de las respuestas; no sé si será sólo mi caso, pero no ha sido así.
Voy a centrar el tema de nuestras preguntas y planteos en lo que ha sucedido durante toda esta última semana con el conflicto de la empresa autopartista Gestamp y la industria automotriz, y lo relacionado con los despidos y suspensiones que están sufriendo miles de trabajadores en todo el país.
Esta semana ha quedado demostrado como falso el relato del gobierno que señala que el Estado está para poner límites a las corporaciones y al mercado. Me refiero al Estado, sumado a la burocracia sindical en este caso del SMATA, una organización paraestatal y a la Gendarmería. Personalmente me hice presente en la empresa Gestamp cuando los trabajadores debían ingresar el día lunes. Al igual que ocurrió en días anteriores, parecía un operativo, una guerra; a los trabajadores se los trató como delincuentes mientras que se intentaba salvar a la empresa.
El Estado actuó verdaderamente en función de los intereses de la multinacional española Gestamp y no de los trabajadores. El relato falso de que se pone límites a las corporaciones ha quedado una vez más demostrado no sólo con el Club de París –como mencionaron otros legisladores , pagando esa deuda fraudulenta, sino también con este conflicto en el que el gobierno ha intervenido de esta manera.
Por eso quería saber por qué el día viernes no contestó ni siquiera con un mensaje de texto ante el requerimiento de seis diputados sobre este planteo fundado en la urgencia de la situación de la empresa Gestamp. Mientras tanto, pudimos verlo en el programa 6,7,8 durante dos horas, sin tener siquiera la deferencia de contestar a través de mensaje de texto o mail la inquietud planteada por seis legisladores de la Nación que pretendían tener una entrevista para hablar sobre el tema.
Quisiera saber por qué usted junto con la ministra Débora Giorgi se hizo vocero de la multinacional. Claramente plantearon que los trabajadores eran extorsivos. Dijeron que había una extorsión de parte de los trabajadores. Estamos hablando de sesenta y siete familias que quedaron sin su único ingreso y se las considera extorsivas. Por otro lado, esta multinacional en este momento está haciendo inversiones en España, tomando nuevos trabajadores y no tiene ninguna crisis. Sin embargo, despidió a sesenta y siete trabajadores, que son considerados extorsivos.
La medida que llevó a los trabajadores a ocupar un puente grúa en la empresa fue posterior a no recibir respuesta alguna. Fue una medida desesperada que tomaron sesenta y siete trabajadores ante esta situación, es decir, la falta de respuesta por parte del gobierno.
En este punto quiero hacer una aclaración sobre este conflicto, porque se han dicho muchas mentiras respecto de lo que ha sucedido no sólo de parte del gobierno sino también del sindicato de SMATA. El conflicto comenzó en el mes de abril con suspensiones de un mes; cuando finalizaron dichas suspensiones volvieron a suspender a los trabajadores. El 5 de mayo se enteraron e hicieron una asamblea masiva en la que decidieron rechazar esa medida y plantear que fueran rotativas, porque se había despedido al mismo personal en una actitud claramente discriminatoria de los activistas de la fábrica.
Por realizar esa asamblea despidieron a los trabajadores. Esa fue la respuesta de la patronal. Se dijo que los trabajadores habían realizado medidas violentas, pero lo que hicieron fue convocar a una asamblea, y por tal motivo –repito fueron despedidos. Luego hubo un acampe en la puerta de la empresa y al no haber respuesta los trabajadores tomaron la medida que todos conocemos. Frente a eso, se dictó la conciliación obligatoria. Y después sucedió lo que el diputado Pitrola calificó como un hecho inédito: luego de haberse dictado la conciliación obligatoria el gobierno de la provincia de Buenos Aires retrocede en función de la presión del gobierno y del sindicato SMATA, que el día lunes amenazó con llevar la patota, como lo hiciera la Unión Ferroviaria –también aliada del gobierno- cuando asesinaron a Mariano Ferreyra.
Y ahora hablan de infiltración de la izquierda en las fábricas, o sea, los mismos términos que usaban en la dictadura militar. Estamos hablando del sindicato SMATA, que fue cómplice de la desaparición de los trabajadores del cuerpo de delegados de Ford y de Mercedes Benz, hecho sobre el que ahora justamente va a empezar el juicio.
Este gobierno, que tanto habla de los derechos humanos, avala actitudes de este sindicato contrarias a la defensa más elemental de los derechos humanos y ha participado como cómplice –como dije en la desaparición de trabajadores de los cuerpos de delegados de las fábricas. Y ahora hacen reuniones para discutir sobre la infiltración, es decir, utilizando términos de la dictadura militar. Queremos saber por qué siguen avalando todo eso.
El jefe de Gabinete de Ministros nombraba tres planteos estratégicos sobre la industria automotriz. Un planteo estratégico que tiene este gobierno es la alianza con este tipo de sindicatos que son paraestatales; son bandas paraestatales, como quedó demostrado con el asesinato del compañero Mariano Ferreyra.
Aclaro que éste no es solamente un planteo que hacemos los troskistas sino que ya lo decía Rodolfo Walsh. Precisamente me gustaría leer lo que él decía sobre la burocracia sindical para que puedan conocer la validez que tienen esas palabras.
Sra. Presidenta (Conti).- Señor diputado: le pido que reflexione acerca de si quiere hacernos releer a Rodolfo Walsh, a quien conocemos y admiramos, o aprovechar el poco tiempo que le resta para que el señor jefe de Gabinete de Ministros le pueda contestar.
Sr. Del Caño.- Lo quería recordar porque muchas veces reivindican a Rodolfo Walsh pero él atacaba claramente a esta burocracia sindical que ustedes defienden.
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Presidenta (Conti).- Solicito a los señores diputados que conserven el orden ya que hay niños en los palcos aprendiendo convivencia democrática.
Ha concluido su tiempo, señor diputado del Caño.
Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Aclaro al señor diputado que nosotros creemos que es muy importante rendir un justo y merecido homenaje a muchos de nuestros trabajadores peronistas, sindicatos peronistas y trabajadores sindicales peronistas, que fueron los que defendieron y enarbolaron las banderas del campo nacional y popular en la más genocida dictadura militar.
Por lo tanto, con el respeto a la procedencia ideológica del señor diputado, lo que no podemos aceptar es que denoste a nuestros trabajadores, a nuestros sindicatos y a nuestros dirigentes, independientemente de las observaciones que pueda formular. (Aplausos.)
Lo que le quiero transmitir, y está muy claro, es que este gobierno ha propendido a garantizar una política de derechos humanos que es reconocida universalmente: memoria, verdad y justicia. En ese contexto, desde el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad hasta la declaración de insanablemente nula a las leyes de punto final y obediencia debida, y hasta la actitud de liderazgo claro y determinante del ex presidente Néstor Kirchner para descolgar el cuadro de Videla en oportunidad de una reivindicación extraordinaria desde el punto de vista de la política, me parece que es importante que exista respeto por eso.
Por lo tanto, entendemos que es necesario que podamos garantizar un debate abierto, plural y democrático como lo estamos haciendo.
Quiero responder a los interrogantes del señor diputado. En total han formulado dieciocho preguntas, de las cuales respondimos trece, o sea, un 28 por ciento de eficacia. Obviamente, estamos respondiendo más de mil preguntas, lo cual requiere nivel de organización; de todas formas, no les quepa la menor duda de que haremos el máximo esfuerzo para garantizar las respuestas que faltan. Los señores diputados representan al pueblo de la Nación, y en consecuencia, merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y el esfuerzo de cada una de las áreas de gobierno para informar debidamente.
En lo que se refiere al Club de París, ya he respondido. La deuda ha sido consolidada por el Congreso de la Nación en el año 1986, en forma previa a la actuación que en 1985 tuviera el gobierno del doctor Alfonsín, y un último acuerdo se llevó a cabo en 1992. En definitiva, lo que nosotros hicimos fue reestructurar una deuda reconocida, disponiendo la reducción de intereses y la mejora de las condiciones de pago; así, tendemos hacia un proceso racional que tenga en cuenta la capacidad de pago de la Argentina. Nosotros entendemos que esa es una estrategia adecuada.
En relación con el conflicto de Gestamp, reitero que es necesario utilizar todas las herramientas legales para propender a mecanismos de conciliación obligatoria. Cuando se sobrepasan tales herramientas ocurren hechos que no son razonables en el proceso de negociación. Como ya hemos dado explicaciones en tres oportunidades, no repetiré observaciones que ya formulé en cuanto a ese conflicto.
Claramente, y no sólo en esa empresa, son muchos los trabajadores involucrados en términos de actividad laboral, que reiniciando su trabajo en las plantas y proveyendo insumos y bienes intermedios generan un efecto multiplicador en el resto de la industria automotriz. Creemos que están dadas las condiciones para que todos los empleados mantengan su fuente de trabajo y ese sostenimiento nos permita seguir cumpliendo con los objetivos y las metas que nos hemos trazado.
Cuestión de privilegio – 02/07/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: queremos plantear una cuestión de privilegio ante los reiterados agravios e insultos que recibimos los diputados del Frente de Izquierda. Estos provienen de diversos dirigentes sindicales como es el caso de Pignanelli o de diputados como Alberto Roberti, que inclusive a través de solicitadas han manifestado que los diputados de izquierda fomentamos la coacción de los trabajadores para obtener representación; que apoyamos a las diferentes luchas en las que nosotros nos hacemos presentes por una cuestión electoralista.
Ha habido diversos agravios que ya los habíamos escuchado cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo en relación con los diversos cortes de calle, de rutas y protestas de trabajadores que nosotros apoyamos y en las cuales participamos , que nosotros apoyábamos a delincuentes. Constantemente dice que aquellos que protestan cortando calles o rutas son delincuentes.
Aquí a unos metros tenemos a los trabajadores y a las trabajadoras de la autopartista Lear, una multinacional cuyas ganancias equivalen a la mitad de las reservas de la Argentina: 16 mil millones de dólares. Esa patronal norteamericana, esos buitres que existen en el país, aprovechan una supuesta crisis por la que estaría atravesando la industria automotriz para descargarla sobre los trabajadores.
Por eso rechazamos estos agravios e insultos y decimos que vamos a seguir estando junto a los trabajadores.
Esta patronal desconoció inclusive la resolución del Ministerio de Trabajo que declaró ilegales las suspensiones que había hecho la empresa anteriormente. No solo la desconoció sino que avanzó, despidiendo a los trabajadores.
Lo mismo sucedió con la empresa Donnelley, la gráfica más importante del mundo –como dijo Néstor Pitrola , que planteó un preventivo de crisis para despedir a 123 trabajadores.
Es decir que las patronales quieren dejar a los trabajadores argentinos y a sus familias en la calle; quieren dejarlos sin su única fuente de ingresos. Esa es la verdadera extorsión. Esa es la coacción, no la que hacen los trabajadores utilizando el único método que tienen para expresar su reclamo para mantener la fuente de trabajo.
Una obrera que habló en la puerta de la fábrica dijo: “Llevo 26 años trabajando, y ponen como excusa que ya no tengo productividad”, porque tiene la espalda rota por la explotación de estas patronales buitres, chupasangre de los trabajadores.
Nosotros vamos a seguir apoyando las diversas luchas. Además, tenemos el orgullo de haber puesto desde nuestras bancas más de 180 mil pesos a los fondos de lucha que hoy mantienen en pie a los trabajadores. Porque las patronales utilizan el amedrentamiento, la extorsión de pasar hambre y frío. No sólo me refiero a los trabajadores sino a sus familias. Por eso aportamos esos fondos de lucha ya que es la única manera que tienen los trabajadores de resistir y enfrentar los despidos y las suspensiones.
Se habla de los buitres a pesar de que se está negociando para pagarles. Acá tenemos como buitres a estas dos empresas norteamericanas y al respecto queremos plantear dos preferencias para que esta Cámara se expida a favor de los trabajadores.
Para finalizar, rechazamos estas acusaciones y está claro que los diputados del Frente de Izquierda en las pasadas elecciones fuimos apoyados con los votos de 1.300.000 jóvenes y trabajadores y estamos cumpliendo nuestro mandato. Ellos nos votaron para apoyar la lucha de la clase trabajadora y de la juventud; y eso es lo que estamos llevando a la práctica. Y aclaro que seguiremos haciéndolo aunque no les guste a aquellos dirigentes sindicales que dan la espalda a esta lucha de los trabajadores ni le guste a Berni, el secretario de Seguridad, ni a muchos otros que hoy están a favor de las patronales y miran para otro lado cuando estos buitres atacan a la clase trabajadora. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Indemnización a las víctimas de la explosión de Río Tercero – 02/07/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: nosotros vamos a acompañar en general el proyecto para indemnizar a las víctimas y a los damnificados de este horrendo crimen que se llevó adelante en Río Tercero hace 19 años.
Transcurridos 19 años, las víctimas tienen derecho a percibir esta indemnización. Sin embargo, sabemos que esto implica un manto de impunidad porque los responsables políticos, como el expresidente Menem, fueron absueltos de su culpabilidad en este gravísimo crimen que se cometió contra la comunidad de Río Tercero.
Hay familias enteras que tuvieron que rehacer sus vidas, habiéndose quedado sin nada. Por eso creemos que tienen que tener el derecho a poder continuar, en primer lugar, con las acciones penales. Como informó la presidenta de la Comisión de Justicia, a partir de los distintos aportes que realizamos varios diputados, en el nuevo texto se ha incorporado la posibilidad de que se pueda continuar con las acciones penales llevadas adelante por parte de los damnificados y familiares de las víctimas.
Sin embargo, no estamos a favor del texto del artículo 8° cuya eliminación vamos a proponer en la discusión en particular , ya que estamos en desacuerdo con coaccionar a la víctimas para que no continúen con las acciones civiles si percibieran esta indemnización que, por otra parte, es absolutamente insuficiente, como ya la han expresado otros señores diputados. Creemos que el pago de esta indemnización solo debe considerarse como parte de lo que finalmente se resuelva en la acción civil que realicen las víctimas.
Como decía anteriormente, este gravísimo crimen social que se llevó adelante está cubierto con un manto de impunidad, como otros que también han sido mencionados. Por eso para nosotros es fundamental el castigo a los responsables políticos y a los culpables de este terrible crimen social.
Por otra parte, el artículo 13 establece que se va a liberar al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por los hechos que motivan la presente ley. Teniendo en cuenta lo que anteriormente manifestó la gran mayoría de los diputados, debemos excluir esta frase, porque el Estado es claramente responsable y debe hacerse cargo no solo de las indemnizaciones –que reitero que son insuficientes , sino también de la responsabilidad política.
Este manto de impunidad no es el único que existe en nuestro país. Así como en este caso estamos hablando de un expresidente, en la Argentina se planteó la impunidad para otro expresidente por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y por los sobornos –con la famosa Banelco- en el Senado de la Nación para votar la ley de flexibilización laboral. Es decir que hay un manto de impunidad para algunos poderosos, quienes ejercieron el gobierno en este país. Por eso para nosotros es fundamental la movilización y la organización de toda la comunidad de Río Tercero.
Quiero que sepan que vamos a acompañar hasta las últimas consecuencias, hasta que paguen los responsables políticos de este enorme crimen social contra toda la comunidad de Río Tercero.
Cuestión de privilegio – 06/08/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: desde hace varios meses venimos escuchando reiteradamente al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, atacar a los diputados del bloque del Frente de Izquierda. Nuevamente lo escuchamos últimamente en varios medios de comunicación, atacándonos y ofendiendo a nuestra bancada por apoyar la lucha de los trabajadores.
Supongo que todos están al tanto de la situación por la que atraviesan los trabajadores de la empresa Lear a raíz de los despidos y de la situación irregular existente con la comisión interna de los trabajadores, que fue elegida por el 70 por ciento de los votos y que ha sido destituida en una asamblea fraudulenta por el sindicato SMATA. Hay once fallos judiciales que plantean la restitución de los delegados de esta comisión interna. Ahora se ha dictado un nuevo fallo respecto de cuyo cumplimiento fue intimado el Ministerio de Trabajo.
Como las declaraciones de Sergio Berni son reiteradas, planteamos la necesidad de que esta Honorable Cámara convoque a este funcionario a fin de que suministre explicaciones no solamente por los ataques perpetrados contra los diputados que integran el bloque del Frente de Izquierda, sino también para que explique por qué reprime a los trabajadores y dice que están cometiendo delitos aquellas familias que están efectuando reclamos por lo mínimo, que es la posibilidad de tener un sustento para dar de comer a sus familias.
El señor que aparece en esta fotografía que estoy exhibiendo es un miembro de la Gendarmería que se infiltró en una de las manifestaciones de los trabajadores. Hay videos que son prueba de ello. En la práctica la Gendarmería no solamente reprime a los trabajadores y a los integrantes de las organizaciones solidarias. El 8 de julio Sergio Berni atacó a los manifestantes siendo que había mujeres al frente de la lucha, denigrando así a las compañeras delegadas trabajadoras y de las organizaciones solidarias. Este es el caso, por ejemplo, de María Victoria Moyano Artigas, que es una nieta restituida que estuvo al frente, interponiéndose entre los manifestantes y la Gendarmería para impedir esa brutal represión que terminó con detenidos y heridos.
Entonces, ¿cómo puede ser que en esta Honorable Cámara no se trate el problema de los despidos y de las suspensiones? Debemos decir que tanto desde nuestro bloque como así también desde las bancadas del Frente para la Victoria, de la Unión Cívica Radical y de otras les han hecho llegar su solidaridad a los trabajadores y también han repudiado la represión ¿Cómo puede ser que permitamos que este señor siga actuando en forma contraria a la más elemental defensa de los derechos humanos, reprimiendo a los trabajadores y a sus familias y atacando a aquellos diputados que participamos de sus luchas y apoyamos sus reclamos?
Por último, quiero decir que aún quedan setenta trabajadores que no fueron reincorporados. La lucha firme de los trabajadores de Lear y de todas las organizaciones que los estamos acompañando continúa. Una vez más advertimos respecto de la represión, que no solamente fue ejercida por la Gendarmería sino también por la policía bonaerense, generando un saldo de veinte heridos, entre los cuales había una mujer embarazada.
Entonces, insistimos en la necesidad de convocar a Sergio Berni para que explique por qué ataca a los diputados que defendemos a los trabajadores despedidos, por qué los reprime y por qué utiliza la infiltración.
También queremos denunciar al jefe de la Gendarmería, López Torales, que en la última manifestación de los trabajadores simuló ser atropellado por un auto que participaba de una caravana. Están los videos de ello. Es decir que utiliza todo tipo de métodos para incriminar a los trabajadores y ejercer la represión.
Por lo expuesto, insistimos en que esta Honorable Cámara convoque a Sergio Berni y emita una expresión de repudio respecto de este funcionario, solicitándole que finalice con su ataque a los diputados del bloque del Frente de Izquierda, que seguiremos estando junto a los trabajadores. Para eso hemos sido elegidos y para eso 1.300.000 jóvenes y trabajadores de todo el país han puesto a los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación y en las Legislaturas de muchas provincias. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- La cuestión de privilegio planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Excepciones para bancos centrales extranjeros – 06/08/2014
Sr. Del Caño.- Señor presidente: como han planteado varios señores diputados preopinantes, el Congreso no ha puesto en discusión muchos temas centrales. Me refiero no solo al vinculado a la deuda con los fondos buitre y al nefasto fallo del juez Griesa sino también al conjunto de la deuda externa argentina.
Creo que hay una mordaza al Congreso respecto de uno de los principales problemas que tiene el país, que afectará no sólo a las generaciones actuales sino al futuro de miles de millones de trabajadores que ya viene siendo hipotecado.
Existe una negativa de parte del oficialismo como de la mayoría de los bloques de la oposición de discutir el tema de la deuda externa. En este sentido, desde 1983 se ha mantenido la improrrogabilidad de la jurisdicción, que figura en los códigos Civil y Comercial. Me refiero a un artículo instaurado por la dictadura militar genocida de Videla que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Por eso tenemos hoy el fallo de Griesa. Ya en los canjes de los años 2005 y 2010 se aceptó la jurisdicción de los Estados Unidos. Por eso, ahí está el fallo de Griesa y las consecuencias que tiene.
Como ya se mencionó aquí y como lo declararon la propia presidenta y el ministro de Economía recordemos que se hablaba orgullosamente de “pagadores seriales” , este gobierno ha pagado 193 mil millones de dólares en los últimos diez años. Ahora se ha acordado el pago al Club de París por más de nueve mil millones. Por otro lado, vergonzosamente este Congreso aprobó la indemnización a Repsol.
Entonces, no se quiere discutir el problema central que tiene nuestro país. Por eso creemos que los distintos gobiernos que han mantenido la jurisdicción en país extranjero, sobre todo en Londres y en Nueva York, deberían dar cuenta de lo que ha sucedido a lo largo de estos años, porque ha sido justamente el pueblo trabajador el que ha pagado, con la desocupación y la miseria, las sumas millonarias de la deuda externa. Cabe aclarar que el juez Ballesteros dijo que esa deuda externa era ilegítima, ilegal y fraudulenta, ya que detectó 470 maniobras ilegales e ilegítimas realizadas por la dictadura militar.
Por lo tanto, desde la bancada del PTS, del Frente de Izquierda, no vamos a votar a favor de esta iniciativa que hoy se viene a plantear, negando la discusión principal no solamente a este Congreso sino al conjunto del pueblo argentino.
Por lo expuesto, reiteramos nuestro planteo y la necesidad de una consulta popular o un referéndum por el tema de la deuda en su conjunto y no solamente por el pago a los fondos buitres, porque –como es conocida nuestra postura nosotros rechazamos el pago de toda la deuda externa. Queremos que decida el pueblo y no que sean el gobierno y un puñado de personas los que definan el futuro de las próximas generaciones del pueblo trabajador de nuestro país.
Entrada de tropas extranjeras y salida de fuerzas nacionales – 06/08/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: voy a ser muy breve para agregar algo a lo que ya expresó el diputado López. Desde el PTS-Frente de Izquierda también rechazamos este proyecto de ley que autoriza el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país, como así también los ejercicios combinados, sobre todo aquellos realizados con los ejércitos de Estados Unidos y de Israel –como dice el anexo 18 en la página 67-, dado que este último está llevando adelante en este momento una masacre, un genocidio contra el pueblo palestino.
Por eso queremos agregar estos fundamentos a nuestro rechazo a este proyecto de ley, y exigir por supuesto el retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití, que es una de las denominadas misiones de paz de la ONU, de la que vergonzosamente forma parte la Argentina.
Por estos motivos y los que ya se expresaron anteriormente, rechazamos el presente proyecto de ley.
Moción de preferencia: expropiación de la gráfica Donnelley – 27/08/2014
Sr. Presidente Domínguez.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: queremos proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley contenido en el expediente 6.378-D.-2014, que plantea la expropiación de la gráfica Donnelley.
El artículo 1° manifiesta que se declare de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones, incluidas las maquinarias, stock de papel e insumos para la producción de la empresa ubicada en la Panamericana.
Es de público conocimiento la situación por la que está atravesando esa gráfica. Hay 400 familias que sufren el accionar de una patronal norteamericana que viene efectuando distintas maniobras previas a esta quiebra fraudulenta. Por ejemplo, se tomó una medida preventiva de crisis con ciento veintitrés despidos, lo que fue rechazado por la comisión interna de trabajadores. También se realizaron maniobras tendientes a desviar sus trabajos a otras imprentas de la Capital y la provincia de Buenos Aires. Esta cuestión también fue denunciada por la comisión interna.
Inclusive, el propio Ministerio de Trabajo rechazó los pedidos preventivos de crisis efectuados por la gráfica Donnelley.
Creo que es fundamental llevar adelante este proyecto, que fue votado en una asamblea de trabajadores de la planta. Ellos hablan de la necesidad de expropiar y estatizar la empresa, con gestión de los propios trabajadores. Son ellos los que hoy están demostrando –como lo hicieron durante la crisis de 2001 en decenas de fábricas y empresas recuperadas; es el caso de los trabajadores de la cerámica Zanón de la provincia del Neuquén, que sigue siendo gestionada por trabajadores- que pueden defender sus fuentes de trabajo, porque se han plantado contra la patronal buitre, que no solamente ha efectuado todas estas maniobras, sino que, además, dejó un cartel en la puerta de la fábrica diciendo que declaraba la quiebra.
Desde hace varias semanas los trabajadores están llevando adelante la impresión de los principales trabajos de la fábrica Donnelley. Están demostrando que son ellos quienes pueden garantizar sin los patrones, sin los gerentes, la puesta en funcionamiento y la producción de la empresa.
Por estos motivos exigimos a la Cámara el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley. Igual situación están sufriendo muchos trabajadores de la empresa Lear, donde participan los mismos fondos de inversión que en Donnelley. Son buitres tanto unos como otros.
Los propios trabajadores ya han producido por un valor de 2 millones de pesos –que los tiene el juez y que hasta ahora están sosteniendo esta quiebra- y exigen que se destinen al pago de sus salarios, lo que debería concretarse pasado mañana. Ayer los acompañamos en una movilización para pedir que se efectivice el pago con ese dinero que ellos mismos han generado con su producción.
Para terminar, insisto en el pedido de que sean los propios trabajadores los que se pongan al frente de la fábrica, del mismo modo que en otras oportunidades este Congreso votó la expropiación y la declaración de utilidad pública de Ciccone, por ejemplo, donde es de público conocimiento que se están investigando casos de corrupción, ni más ni menos, que del vicepresidente, Amado Boudou.
Así como hubo premura para tratar la estatización de Ciccone, en este caso son los trabajadores los que necesitan de este proyecto, para estatizar la empresa y mantener su fuente de trabajo. Ellos tienen una gran capacidad para imprimir manuales, como ya lo están haciendo para el Ministerio de Educación. Son capaces de realizar muchísimas tareas que pueden resultar útiles al conjunto del pueblo.
Por eso no estamos de acuerdo con lo que se expresa desde algunos sectores en el sentido de que no podían declararse de utilidad pública las maquinarias y los insumos. Este es el planteo que realizamos.
Sesión informativa con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich – 03/09/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: son muchos los temas que quería abordar, pero dado que el tiempo de que dispongo es escaso me centraré sólo en algunas cuestiones.
En primer lugar, muestro al señor jefe de Gabinete una foto de un señor que se llama Roberto Angel Galeano. Tiene 55 años y es coronel del Ejército. El Partido de los Trabajadores Socialistas, al cual pertenezco, presentó una denuncia a la Gendarmería y también ante distintos medios de comunicación muy variados –desde Página 12 hasta TN , que luego difundieron la noticia. Horacio Verbitsky aportó el nombre de esta persona que se infiltró en las manifestaciones de los trabajadores de la empresa autopartista Lear, coordinando el operativo de la Gendarmería.
Si el señor jefe de Gabinete conoce el tema, le pregunto por qué el Poder Ejecutivo mandó, como en viejas épocas –violando las leyes de defensa nacional y de inteligencia , a gente para que se infiltre en las manifestaciones de los trabajadores. Hago esta consulta porque nos parece un hecho gravísimo.
Me parece muy importante hablar sobre el accionar delictivo de la Gendarmería; estuve presente en esa manifestación ¬–también en otras y puedo afirmar que muchos gendarmes hacían tareas de identificación, lo que viola todos los protocolos. Durante medio hora fui privado de mi libertad, junto con el diputado de la provincia de Buenos Aires Christian Castillo, por la Gendarmería, por querer interceder ante la represión llevada adelante por esa fuerza que terminó con la detención de cuatro personas; entre ellas, la nieta restituida Victoria Moyano, quien también estuvo detenida en la Gendarmería. Quisiera saber si esta última tiene facultades para detener en sus propias dependencias, que están subordinadas a Campo de Mayo.
Por otra parte, le quiero preguntar al señor jefe de Gabinete por qué se hostiga a los trabajadores delegados de Lear que ingresaron a la planta, luego de estar fuera varios meses, gracias a la ardua lucha que vinieron dando. Cabe recordar que doce fallos judiciales plantearon su reinstalación.
Sin embargo, permanentemente la gerencia los hostiga con un grupo de diez personas vinculadas a SMATA, que han llegado a golpearlos físicamente y a tirarles gas pimienta. En este momento se encuentran en una jaula de 2,5 por 3,5 metros dentro de la fábrica, alejados de sus puestos de trabajo, pese a que esos fallos judiciales dicen que deben ser reinstalados en sus funciones.
Como dije, estamos hablando de trabajadores que tienen fueros; recordemos que los delegados tienen fueros, incluso hasta un año después de cumplido su mandato. Con lo cual, Lear parece un territorio norteamericano.
Le recuerdo al señor jefe de Gabinete, por lo que dice de los buitres, que BlackRock es uno de los fondos de inversión que participa en Donnelley y también en Lear. Al accionar de la Gendarmería y la indiferencia del Ministerio de Trabajo se suma la complicidad de SMATA, ya que filmaron que adentro de esa empresa ponían carteles que decían “fuera zurdos”. Recuerdo que cuando Mirtha Legrand le preguntó a Néstor Kirchner si se venía el zurdaje, él le contestó: “Escúcheme, por palabras como estas desaparecieron treinta mil compatriotas”.
Ese sindicato aliado del gobierno que el señor jefe de Gabinete defiende plantea esto; y lo dijeron en solicitadas públicas, no solamente en esos carteles. Entonces, queremos saber si el señor jefe de Gabinete va a seguir hablando como si fuera un gerente de la empresa o si realmente va a tomar la demanda de los trabajadores despedidos y de los trabajadores delegados que vienen reclamando por qué no se interfiere para que se termine esta situación y se los restituya a sus puestos de trabajo.
También le quiero preguntar cabe aclarar que otros diputados fueron golpeados e, incluso, baleados por la Metropolitana por qué en la villa de Lugano la Gendarmería fue, en un operativo conjunto con la Metropolitana, a garantizar con topadoras el desalojo de quinientas familias humildes. Quisiera saber por qué el Poder Ejecutivo envía a la Gendarmería a cumplir con el desalojo de quinientas familias...
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Vaya concluyendo, ya que ha vencido su tiempo, señor diputado.
Sr. Del Caño.- De acuerdo, señora presidenta.
Por último, quiero consultar al señor jefe de Gabinete sobre el caso de la empresa Donnelley, donde los trabajadores están garantizando la fuente de trabajo de los cientos de familias de esa empresa. La pregunta concreta es por qué el gobierno no se hace cargo de los salarios, dado que no han cobrado los sueldos de este mes y necesitan cobrarlos para seguir defendiendo el empleo, como lo vienen demostrando en este momento al poner a funcionar la gráfica Donnelley.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Con respecto a la empresa Donnelley, usted sabe que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha propiciado una denuncia respecto de la quiebra fraudulenta en virtud de la operatoria correspondiente de la resolución judicial.
En segundo lugar, creemos que en esta cuestión es el síndico designado por el juez de la quiebra el que debe encargarse rápidamente de arbitrar los mecanismos para garantizar la continuidad de la fuente de trabajo. Precisamente, hemos estado reunidos con la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines y con el sindicato gráfico a efectos de establecer mecanismos que nos permitan garantizar la continuidad del trabajo. En virtud de ello, es necesaria la resolución del síndico a los efectos de bregar por las alternativas correspondientes, que serían la cooperativización o la eventual transferencia del fondo de negocios, o sea, la operación de la empresa con el inmueble y con las maquinarias correspondientes para garantizar la continuidad de la fuente de trabajo.
En consecuencia, lo que ha hecho el gobierno es generar las condiciones para sostener la fuente de trabajo, y estamos a la espera de la decisión judicial. No obstante ello, con este requerimiento me ocuparé inmediatamente de verificar los niveles de solución de la cuestión. La intervención de la Gendarmería Nacional ha sido como auxiliar de la Justicia, pero el operativo fue llevado adelante por la Policía Metropolitana. Una fuerza de seguridad como auxiliar de la Justicia a disposición de una resolución judicial debe actuar, y lo hizo supervisando que no se produjeran incidentes en la cobertura global del operativo, pero la Gendarmería Nacional Argentina no tuvo participación primaria en él.
Por otra parte, es sabido que oportunamente fue política del gobierno de Néstor Kirchner y hoy de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ser fuerte con los poderosos, no con los débiles. Entendemos que en esto hay una responsabilidad primaria del gobierno de la Ciudad a los efectos de asignar los recursos que posibiliten la reubicación de las familias y su regularización dominial para garantizarles una vivienda digna. Nos parece que es absolutamente clave y esencial que eso se ejecute, y que la jueza debería garantizar que esas familias que hoy carecen de vivienda puedan acceder al derecho a la vivienda digna.
Respecto a Lear, creemos que es loable la defensa de los intereses de los trabajadores y, obviamente, el respeto de las normas laborales. Sin embargo, con absoluta objetividad quiero expresar que la empresa Lear puede expandir su capacidad productiva y duplicar el número de empleos. Esa es una posibilidad objetiva y concreta.
La República Argentina necesita generar condiciones para crear más empleos. Por su parte, los reclamos se deben circunscribir a las áreas pertinentes por la vía del reclamo administrativo laboral o judicial, y observamos que ha habido un proceso de radicalización política, generando también problemas de circulación en la autopista.
Los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pueden hacerlo en el lugar de trabajo y desde ya en la vía judicial y administrativa, pero es necesario reflexionar respecto al método de acción directa que interrumpe el derecho a transitar en una vía tan importante como la autopista. A nuestro juicio eso debe y merece tener una reflexión de las fuerzas políticas intervinientes, porque no ayuda a generar las condiciones para que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas.
Finalmente, quiero hacer saber al señor diputado Del Caño que no conocía el caso, pero necesito tener esa foto a los efectos de hacer la investigación y responderle.
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Cuestión de privilegio – 10/09/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: desde esta bancada queremos plantear una cuestión de privilegio por los hechos acontecidos el día jueves pasado, cuando una vez más se reprimió a los trabajadores que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, de la autopartista Lear, y mi persona…
– Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Domínguez).- A los trabajadores de SMATA les pedimos silencio.
Sr. Del Caño.- Por segunda vez fui impedido de ejercer mi legítimo derecho constitucional como legislador. Fuimos a garantizar el derecho a la protesta, y fuimos agredidos a golpes, empujones y gas pimienta por parte de miembros de la Gendarmería Nacional.
Quiero denunciar la gravedad institucional que tiene esto, porque escuchamos las agresiones verbales de parte de Sergio Berni diciendo que nosotros no podíamos estar en las protestas de los trabajadores. Y ahora pasaron de las palabras a los hechos. Ya lo habían hecho cuando a mí, junto con el diputado Cristian Castillo de mi partido, el PTS, diez gendarmes nos impidieron circular durante media hora, pegándonos patadas y empujándonos en otra protesta, donde fueron detenidos manifestantes, entre ellos la nieta restituida María Victoria Moyano.
Por eso, señor presidente, diputadas y diputados, quiero agradecer a aquellos que se solidarizaron con nosotros, que llamaron y se pusieron a nuestra disposición.
Dado que generalmente las cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es necesario voy a solicitar un apartamiento del reglamento para que se ponga en discusión.
En otra oportunidad también sucedió que legisladores de la Ciudad fueron agredidos por otras fuerzas represivas como la Metropolitana cuando se hicieron presentes ante el desalojo que dicha fuerza, junto con Gendarmería, hizo en la villa Papa Francisco, en Lugano.
Reitero que se han violado los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional. Es gravísimo lo que está sucediendo. El señor Sergio Berni tuvo que expulsar a los infiltrados en las manifestaciones. Eso es lo que hacen: ponen infiltrados, buscan provocar, arman causas a los manifestantes y golpean a los diputados elegidos por el pueblo.
Yo soy un representante elegido por el 15 por ciento de los mendocinos, y al igual que cualquier diputado, aunque a muchos no les guste lo que hacemos, tengo derecho de estar junto a la clase trabajadora y a la juventud en sus movilizaciones. Tenemos el derecho legítimo de desarrollar nuestra labor como parlamentarios de la clase trabajadora. Aunque no les guste…
– Manifestaciones en las galerías.
Sr. Del Caño.- Aunque no les guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo y queremos alertar…
– Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Pido silencio al público presente!
Sr. Del Caño.- Pedimos que cese el hostigamiento verbal y físico a los diputados que estamos junto a la clase trabajadora. (Aplausos.)
– Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Pido por favor silencio al público presente!
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Es imposible sesionar así. Espere, diputado Negri, ya le voy a dar la palabra!
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Participación en la misión de Naciones Unidas en Haití - 10/09/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Antes de ceder la palabra al último orador, la Presidencia solicita a los señores diputados que vayan ocupando sus bancas y se vayan identificando para la posterior votación del proyecto.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: Haití está ocupada desde 2005 por una misión humanitaria de la ONU. La Minustah, que integran las tropas argentinas, está conformada junto a otros países de América Latina que son comandados por Brasil.
Desde el terremoto de 2010, como parte de la ofensiva militar, se incorporaron las tropas norteamericanas: más de 16 mil soldados con portaaviones, barcos y helicópteros. De esta forma, se ha profundizado la ocupación para reprimir cualquier estallido social y reforzar la presencia militar yanqui en la zona.
Todo ese despliegue de fuerzas no sólo no resolvió los actuales problemas sanitarios sino que agravó las terribles condiciones generadas durante estos diez años que lleva la ocupación. Esto desnuda el carácter político y militar de esta misión puesta al servicio de los intereses imperialistas.
La idea fue incrementar los efectivos militares y aumentar la represión sobre el pueblo. Detrás de este velo de estabilización humanitaria, las tropas que integran la Minustah cumplen un rol de policía interna para reprimir a la población. Ha sido protagonista de incontables casos de violación de los derechos humanos y abusos de todo tipo.
Son innumerables las denuncias de organismos internacionales por las atrocidades cometidas por las tropas de Minustah y la situación que viven miles de presos políticos.
El propio Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ha denunciado ante las autoridades argentinas los apremios ilegales y torturas de soldados de nuestro país, brasileños y uruguayos contra la población civil.
Por mencionar sólo una denuncia, puedo decir que militares argentinos que integran los denominados Cascos Azules intervinieron en 2008 contra las revueltas por el hambre y el alza de los precios. Miles de haitianos fueron brutalmente reprimidos por la fuerza de Minustah, con la dirección de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU. Días antes la presidenta había declarado que no era una misión militar sino profundamente humanitaria. El saldo de esta ayuda humanitaria y pacífica fueron decenas de muertos en manos de tropas argentinas, una verdadera masacre que muestra el rol gendarme que cumplen las fuerzas argentinas al servicio de los Estados Unidos.
Por eso desde el PTS, Frente de Izquierda, nos vamos a pronunciar claramente en contra de esta ocupación imperialista. Tal como dice nuestra plataforma política del Frente de Izquierda, solicitamos el retiro inmediato de los Cascos Azules y las tropas argentinas que se encuentran en Haití.
Reestructuración y pago de la deuda externa – 10/09/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: hace treinta años, luego de la dictadura militar, se discutían dos alternativas: el no pago de la deuda externa o el ingreso a una moratoria. Hoy ni siquiera se está poniendo en tela de juicio la posibilidad de pagar o no a los fondos buitre. Algunos sectores, mayoritariamente la oposición, sostienen, de hecho, que hay que pagar todo lo que establece el fallo del juez Griesa. El gobierno sostiene que hay que pagar al menos un porcentaje, como piso 300 millones de dólares, es decir, que las alternativas siempre son pagar a los buitres.
Por eso nosotros consideramos que esta ley no es de pago soberano. Esta ley es una verdadera y soberana entrega nacional, como ha sido durante todas estas décadas la fraudulenta e ilegítima deuda externa.
Pero, ¿cómo se llega a este fallo de Griesa? Porque el gobierno –como ya lo mencionaron otros diputados anteriormente- venía con una política de reinsertar al país en el mercado de capitales y volver otra vez al endeudamiento con el capital financiero internacional.
Así se cumplió, por ejemplo, con la indemnización a Repsol, pagando 6.500 millones de dólares a una empresa que, como el mismo gobierno sostuvo, había vaciado YPF. Sin embargo se premió a los vaciadores, a Repsol.
Lo mismo podríamos decir de la deuda con el Club de París, que vamos a pagar con creces. Este es otro de los deberes cumplidos por el gobierno para volver al endeudamiento internacional.
Es decir, el fallo de Griesa puso palos en la rueda a esa estrategia de volver al mercado internacional. Pero, ¿por qué tendría validez el fallo de Griesa? Porque en mayo del 76 la dictadura genocida de Videla modificó un artículo del Código Civil y Comercial planteando que la Argentina aceptaba como jurisdicción los tribunales norteamericanos y de otras partes del mundo.
Es decir que desde el 83 a esta parte todos los gobiernos, de todos los colores políticos, aceptaron los tribunales extranjeros como jurisdicción. Por eso está el fallo de Griesa.
Este gobierno, que habla de soberanía y plantea una ley de pago soberano, aceptó tanto en el canje de 2005 como en el de 2010 la jurisdicción de los tribunales norteamericanos.
El fallo del juez Ballesteros -como lo mencionaba anteriormente un diputado- sostuvo que se detectaron 417 maniobras ilegales de la dictadura genocida para contraer esta deuda externa que vino pagando el pueblo trabajador de nuestro país durante décadas, que no la contrajeron los trabajadores o el pueblo pero que la han pagado generaciones y generaciones de argentinos.
Hemos escuchado en numerosas oportunidades a la presidenta vanagloriarse por ser pagadores seriales. Se han pagado más de 193 mil millones de dólares durante esta llamada década ganada. Le gusta decir que somos pagadores seriales.
Como mencionaba anteriormente, esta deuda no fue contraída por los trabajadores, por el pueblo, sino por los empresarios, por la clase capitalista, que fue la que promovió el golpe militar genocida del 76.
Esos miles de millones se deberían destinar a las viviendas que necesitan más de tres millones de argentinos. Hace unas semanas vimos en la villa de Lugano que la alternativa que proponen tanto el gobierno como la oposición son las topadoras para las familias humildes y no las viviendas que se necesitan. Esas son las alternativas: pagar a los acreedores internacionales, a los buitres, o que haya viviendas para millones de argentinos.
Por su parte, los docentes y los trabajadores de la educación pública tienen salarios miserables. En cuanto a la salud pública, muchos hospitales donde se atienden los más humildes no tienen insumos y los trabajadores están precarizados.
Ese es el costo de pagar serialmente, como se enorgullece al decirlo este gobierno, como pagaron los gobiernos anteriores y como quieren hacerlo los sectores de la oposición, aunque algunos no lo dicen claramente porque se esconden detrás de Griesa pero están a favor de pagar todo lo que dicen los buitres.
Es clara la postura que desde hace años venimos sosteniendo tanto el PTS como el Frente de Izquierda y otras fuerzas políticas en cuanto al no pago de la deuda externa.
Hemos planteado la necesidad de una consulta popular, un referéndum vinculante, para que sea el pueblo el que decida, porque son generaciones y generaciones las que se están hipotecando con este pago de la deuda.
Sabemos que lo que proponemos no es un camino sencillo. Algunos oficialistas y opositores dicen que si no pagamos nos vamos a quedar aislados del mundo.
Existen verdaderas medidas de soberanía nacional. Hoy en la Argentina, con este gobierno, se profundizó la extranjerización de las empresas. Por ejemplo, el 70 por ciento de las 500 principales empresas de la Argentina son extranjeras. Hay multinacionales que explotan a los trabajadores y se llevan millones, como es el caso de las automotrices, a las que el gobierno está denunciando. Los trabajadores de la autopartista Lear llevan tres meses de lucha diciendo que no querían aceptar convenios flexibilizadores a la baja y que había superexplotación. Ahora, aunque por supuesto sin reconocerlo, el gobierno les da la razón a esos trabajadores diciendo que las patronales están chantajeando, pero solamente discute cómo beneficiarlas.
Por eso entendemos que la verdadera medida de soberanía sería expropiar a esas empresas en caso de que el país reciba ataques de las potencias imperialistas. Chantajean con la fuga de capitales una nacionalización de la banca para impedir que se lleven las riquezas del país. También habría que nacionalizar el comercio exterior.
Sabemos que estas son medidas profundas, pero a la larga es el único futuro que vale la pena para los trabajadores y el pueblo, y no como durante todos estos años, en los que lo que se está planteando es seguir con el sometimiento. La deuda externa ha sido durante todos estos años el método de sometimiento de nuestra Nación y de toda América Latina, y lo que se está planteando es seguir así.
Sabemos que para imponer estas medidas va a ser necesaria una gran movilización de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo y de la juventud, no sólo de la Argentina sino de toda América Latina. Así podremos terminar con este sometimiento del imperialismo y del capital financiero internacional.
Por estas razones, nosotros rechazamos este proyecto de ley que rebautizamos como “de soberana entrega”. Estamos en contra no sólo de pagar a estos buitres sino también el conjunto de esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta.
Regulación de las relaciones de producción y consumo (Ley de Abastecimiento), Observatorio de precios y Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo – 17/09/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: a lo largo de esta sesión y en el día de ayer nos hemos cansado de escuchar, por un lado, a entidades patronales, como la Sociedad Rural Argentina; por otro lado, a una parte importante de la oposición patronal quejándose por un supuesto intervencionismo sobre las ganancias empresarias que efectuaría el gobierno a partir de la sanción de este proyecto de ley.
No obstante, quiero decirles a los diputados de la oposición, a la Sociedad Rural Argentina y a las demás cámaras empresarias que se queden tranquilos. Ya lo dijo el ministro Kicillof el día de ayer: esta norma es más moderna y más leve que la actualmente existente contra los empresarios. Esto también lo hemos escuchado en el día de hoy por parte de los diputados del Frente para la Victoria.
Creo que a lo único que abastece este proyecto de ley es al relato. Luego de que se apruebe este proyecto, nada va a cambiar respecto de la situación de la clase trabajadora y del pueblo pobre.
También escuchamos al miembro informante del oficialismo hablar resignado, diciendo que se habían heredado de los 90 la gran concentración de capital y los grandes grupos monopólicos formadores de precios, pero pasaron once años. Se trata de once años donde los grandes grupos capitalistas se vieron beneficiados por este gobierno como nunca antes.
Solamente para hablar del enemigo que a veces utiliza la épica del relato nacional y popular, la renta agraria en nuestro país ha promediado los 15 mil millones de dólares, que es un monto ocho veces superior a la Asignación Universal por Hijo, equivale a cuarenta y cuatro veces lo destinado al Plan Procrear y representa el 3 por ciento del producto bruto interno.
Tal como he mencionado, el 70 por ciento de las 500 principales empresas son monopolios extranjeros, bajo este modelo nacional y popular, que ya lleva once años.
Asimismo, se ha permitido la fuga de capitales, porque hay 300 mil millones de dólares en los bancos extranjeros. Insisto, después de que se vote esta iniciativa esto va a seguir sucediendo. Es decir que todos estos grupos capitalistas, los grandes terratenientes de nuestro país, van a seguir siendo los principales beneficiados de este modelo.
Se habla de una supuesta intervención del Estado sobre las ganancias empresarias para favorecer a los consumidores, a los trabajadores, pero cuando en el mes de enero esos grandes grupos capitalistas presionaron para la devaluación, el gobierno devaluó la moneda el 26 por ciento, lo cual significó una gran transferencia de ingresos de los sectores populares hacia esos grandes grupos concentrados, a los que tanto le gusta denostar en su relato al oficialismo. Cabe mencionar que solamente en enero los bancos ganaron 10 mil millones de pesos.
Entonces, nos preguntamos si este gobierno va a intervenir sobre las ganancias empresarias para favorecer a los trabajadores. ¡De ninguna manera! Es el gobierno encargado de regular precios. Recordemos que los precios que le corresponde regular al Estado aumentaron el 56 por ciento, mientras que los que no tiene que regular el Estado lo hicieron en un 40 por ciento; entonces, ¿de qué regulación estatal está hablando el gobierno?
En los últimos dieciocho meses, las naftas aumentaron el ciento por ciento. Es decir que mientras que las petroleras están obteniendo fabulosas ganancias, como contraparte el pueblo trabajador está recibiendo la carestía de la vida de los aumentos permanentes. En las tarifas, como las eléctricas o las de gas, en algunos casos el incremento ha llegado al 500 por ciento.
Este sería el gobierno que debería intervenir a favor de los consumidores y del pueblo trabajador. También podemos preguntarnos qué hizo el gobierno ante las maniobras de los exportadores de granos. ¿Qué hace frente a las automotrices que, como dice la presidenta, “encanutan” los autos, mientras despiden a empleados de Lear y de otras empresas y suspenden a miles y miles de trabajadores?
Lo mismo podríamos decir de las empresas telefónicas, que se privatizaron en los 90, que se mantuvieron hasta el día de hoy y que encabezan los rankings de ganancias en nuestro país. También mencionamos a las empresas petroleras, que se les garantizó el precio en dólares de las naftas, como en el caso de Chevron y de Shell.
Para plantear claramente esta situación y se quede tranquila la Sociedad Rural y la oposición-, después de la votación de esta iniciativa no va a cambiar la situación de los trabajadores y del pueblo, pues el gobierno no va a hacer lo que no ha hecho durante todos estos años; va a seguir planteando la misma política.
Por eso la única perspectiva que no es utópica y la única forma de ejercer un verdadero control de los precios es con comités obreros en las unidades de producción, en las empresas alimenticias y en las grandes cadenas de supermercados. Los más de diez millones de asalariados con sus familias que constituyen la inmensa mayoría del país son los verdaderos interesados en controlar los precios y en impedir los chantajes de las patronales y los desabastecimientos.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
Sr. Del Caño.- Esa es la única manera que tenemos desde el PTS-Frente de Izquierda para garantizar un verdadero control de precios. Pero también hay que atacar los intereses de los grandes terratenientes y de los principales grupos económicos capitalistas de este país. De lo contrario, es una utopía pretender lo que se está planteando en el sentido de regular a los grandes monopolios.
Insisto en que ya vimos a este gobierno, en oportunidad de la devaluación llevada a cabo durante el mes de enero, ceder ante la presión de estos grupos monopólicos. Hay 4 mil terratenientes que poseen el 50 por ciento de las tierras productivas de nuestro país. Si no atacamos los intereses de estos sectores, que obtienen ganancias extraordinarias, de ninguna manera podremos sostener un abastecimiento ante el acopio que hacen las cerealeras, las aceiteras, las empresas alimenticias y los sojeros. Por eso claramente rechazamos este proyecto de ley de abastecimiento.
En relación con el proyecto de ley que establece la creación del nuevo fuero de los consumidores, nuestra posición es muy clara. Presentamos una disidencia planteando una oposición respecto del tope de cincuenta y cinco salarios mínimos. Por ejemplo, creemos que en el caso de una empresa de medicina prepaga que no quiere pagar se superaría ampliamente el monto que se está estipulando.
También nos oponemos a que el Poder Ejecutivo sea el que tenga, a través de la Secretaría de Comercio Interior, la potestad de homologar los acuerdos celebrados entre los consumidores y las empresas.
Por otra parte, consideramos que se debe garantizar la gratuidad.
Por lo expuesto, con las disidencias que hemos planteado y que luego explicaremos en oportunidad de la votación en particular, vamos a acompañar esta iniciativa.
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Nuevo Código Civil y Comercial – 01/10/2014
Sr. Del Caño.- Señor presidente: desde nuestro bloque del Partido de Trabajadores Socialistas, Frente de Izquierda, queremos expresar nuestro rechazo al tratamiento exprés del nuevo Código Civil y Comercial, como ya manifestaran diputados de otras bancadas. Estamos frente a un procedimiento que limita la posibilidad de dar un debate o discusión con respecto a una norma tan importante, particularmente para el Frente de Izquierda, que defiende los postulados y el programa por los que hemos sido elegidos.
Como señalaran otros legisladores, nosotros ingresamos este año a la Cámara, por lo que no participamos del debate sobre la reforma de estos códigos, y en consecuencia, no pudimos emitir dictamen en las comisiones. Pienso que esto refleja algo muy importante, porque desde sectores del oficialismo se plantea que hay que tratar este Código dado que es progresista por lo que regulan algunos artículos, y citan, por ejemplo, los referidos al divorcio exprés. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que aquellas parejas que así lo decidan puedan acceder al divorcio y superar todo el procedimiento engorroso que impuso la Iglesia Católica en 1987? ¿Cómo no vamos a estar a favor de que las personas que no están en pareja o las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos y posibilidades a la hora de adoptar? De hecho, si estos artículos se separaran de este Código, por supuesto que el Frente de Izquierda los votaría a favor.
Pero no podemos permitir que, junto con esos artículos, nos hagan votar cientos de artículos que van en contra de los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios y de los trabajadores. Este nuevo Código reafirma la legislación neoliberal de los ‘90.
Pero me parece que el apuro que se ha dado a este tratamiento también tiene que ver con un almuerzo que hubo hace no más de diez días en el Vaticano. Creo que los bloques mayoritarios de la oposición no mencionan esto porque en muchas cuestiones del Código Civil en las que tiene injerencia la Iglesia están de acuerdo.
Tampoco estamos de acuerdo con ir a la Justicia para que sean esos jueces que han sido elegidos por las componendas de los partidos mayoritarios los que definan qué tiene que hacer el Congreso y qué no; no queremos que esto lo decida el Vaticano ni la Justicia que ha sido puesta por las componendas de los partidos mayoritarios.
Hay sectores del oficialismo que reivindican o han firmado el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y sin embargo van a aprobar este Código. La propuesta original del artículo 19 decía: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado.” Este artículo fue modificado, quedando simplemente redactado de la siguiente manera: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.” Esto fue producto de que una senadora, ferviente militante en contra del matrimonio igualitario, vocera de la jerarquía de la Iglesia Católica, planteó esta modificación.
Creemos que este artículo es una nueva traba que se pone a la posibilidad de las mujeres de acceder a un derecho elemental como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cabe recordar que en la Argentina mueren trescientas mujeres por año por esta causa. Es decir que este gobierno que se dice progresista viene negando desde hace once años el derecho a más de quinientas mil mujeres que abortan en nuestro país. Y no se trata de una cuestión de creencia religiosa sino de salud. Repito: trescientas mujeres mueren por año y miles sufren terribles consecuencias en su salud. Por eso, creemos que es una hipocresía plantear el derecho al aborto y al mismo tiempo aprobar el artículo 19 que impuso el Vaticano y la Iglesia Católica. Además, implica un retroceso de casi ciento cincuenta años. ¿Qué progresismo puede plantear un retroceso de más de ciento cuarenta años en lo que hace a las cuestiones de la laicidad, por ejemplo?
Otro elemento que nos parece una hipocresía de parte del oficialismo es que por un lado hablan contra los buitres y contra Griesa –esto no lo dice el PTS, el Frente de Izquierda, sino constitucionalistas vinculados incluso con el oficialismo; lo dice el propio CELS y, por otro, van a reforzar las prórrogas de jurisdicción que ya impuso Videla en el Código Procesal en 1976. También lo van a hacer en la nueva ley petrolera, para que Chevron pueda litigar con algún juez como Griesa si tiene algún conflicto con la Argentina. Es decir que están dando poder a los jueces como Griesa y a los buitres en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Como también mencionó recién mi compañero del Frente de Izquierda, este nuevo Código Civil y Comercial tiene artículos que responden a viejos reclamos de los empresarios, que van a evadir impuestos sobre el patrimonio. También se les va a quitar su responsabilidad solidaria por las uniones transitorias de empresas.
Pero mientras a ellos se les quita su responsabilidad solidaria, contra los trabajadores que se manifiestan hay un artículo, el 1.762, por el cual ellos sí van a tener que responder solidariamente. Si un grupo realiza una manifestación peligrosa, en la que pueda haber algún infiltrado que genere algún problema, van a tener que responder todos los manifestantes en forma solidaria, y los trabajadores van a tener que demostrar que no son culpables de los actos por los cuales se los acusa.
Presupuesto 2015 – 08/10/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza, quien dispone de doce minutos.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: desde el Partido de Trabajadores Socialistas Frente de Izquierda, creemos que en este presupuesto no se contempla uno de los principales problemas que han tenido los trabajadores durante este último año, que han sido los despidos y las suspensiones. No se contempla ninguna medida, salvo el salvataje a empresas, como está sucediendo hoy en mi provincia, donde incluso se hizo presente el ministro Tomada por el problema con la empresa IMPSA. Pescarmona es uno de los cuarenta más ricos de la Argentina. Sin embargo, para esa empresa estaba planteado un salvataje por parte del Estado.
Desde el Frente de Izquierda presentamos un proyecto para prohibir las suspensiones y los despidos, pero no fue discutido en esta Cámara. Sí se discutió la indemnización a Repsol, que ya se está pagando, por más de 6 mil millones de dólares. También se discutió el tema de los beneficios a la industria del biodiesel y del bioetanol es decir, a las industrias ligadas a las grandes aceiteras y a los ingenios, como Ledesma. Esta Cámara trató iniciativas y sancionó leyes que los favorecen. Concretamente, en este presupuesto hay millones que van a estar destinados a esas empresas.
Este presupuesto tampoco va a contemplar –como se ha mencionado la eliminación del impuesto al salario, es decir, no se piensa terminar con el impuesto que pagan los trabajadores. Tampoco va a contemplar el 82 por ciento móvil para los jubilados. Por lo tanto, creo que gran parte de las aspiraciones del pueblo trabajador no están contempladas en este presupuesto.
Se ha hablado mucho del dibujo del presupuesto. Para nosotros, claramente lo que no tiene un dibujo es la orientación social que tiene el presupuesto. Se ha dicho que el gasto del presupuesto va a tener un aumento total del 18 por ciento, lo cual ya implica una clara disminución de los gastos del Estado. Es decir, se habla de que no va a haber ajuste, pero este presupuesto es claramente un presupuesto del ajuste, como también se dijo.
Por otro lado, se dice que no va a haber endeudamiento, pero este presupuesto contempla la autorización para que se utilicen 12 mil millones de dólares de las reservas para pagar la fraudulenta, ilegal e ilegítima deuda externa.
Asimismo, para 2015 se prevé una inflación del 15,6 por ciento y un dólar promedio de 9,45 pesos. O ese número es ficticio o implicaría profundizar la recesión, lo que significaría más suspensiones y más despidos, es decir, una peor situación para el pueblo trabajador. Los techos salariales que se imponen todos los años –como se ha hecho este año van en ese sentido.
De manera que lo que claramente se plantea en este presupuesto es profundizar la recesión y el ataque a los trabajadores y a sus conquistas. Ya lo vimos este año.
Desde el oficialismo también se manifiesta que no se contempla una devaluación. ¿Pero quién garantiza que no va a suceder lo que sucedió este año, donde el valor del dólar pasó rápidamente de 6,33 pesos a 8 pesos? Por supuesto, con esa devaluación perdieron los trabajadores. Fueron millonarias las transferencias de ingresos del pueblo trabajador a los banqueros, a los terratenientes, a los grandes empresarios.
Esta transferencia de ingresos que se dio en enero de este año sólo en 48 horas permitió a los bancos ganar 10 mil millones de pesos. Entonces, el presupuesto justamente está contemplando una devaluación que nuevamente va a ir en contra del pueblo trabajador, como lo vimos este año.
Pero, además, la inversión en infraestructura económica y social crece apenas un 11,2 por ciento, es decir, un tercio de lo que crece el gasto total. El gasto en salud va a recibir un aumento de apenas el 8,5 por ciento, muy por detrás de la recaudación y del gasto total. El gasto en vivienda y urbanismo va a representar un 0,41 por ciento del presupuesto total, mientras los intereses y otras rentas significan el 7,7 por ciento. O sea que este presupuesto contempla que se va a gastar en el pago de la deuda, diecinueve veces lo que se va a destinar a vivienda.
Esas son las prioridades que tiene el oficialismo en el presupuesto.
Otro de los datos significativos es que el pago de los intereses de la deuda se va a llevar 96.432 mil millones de pesos, más que lo que va a ir a educación y cultura, que son 96.048, el doble de lo que va destinado a la salud, a vivienda, etcétera.
Para la asignación universal por hijo están presupuestados 24.818 millones, es decir, apenas un cuarto de lo que se va a destinar a los intereses de la deuda de un puñado de especuladores. Estamos hablando de que son millones y millones de chicos que van a recibir un cuarto de lo que recibe un puñado de especuladores. Esas son las prioridades de este presupuesto.
También, entre el IVA y los aportes previsionales de los trabajadores, el Estado va a recaudar un 40 por ciento del presupuesto. Mientras tanto, los beneficios a los especuladores y a los empresarios van a representar un 30 por ciento de los gastos totales del Estado.
Como ejemplo voy a citar un dato que tiene que ver con algo que se votó este año en el Congreso. Los ahorros de los empresarios por los regímenes de promoción económica significarán para el Estado un costo fiscal de 30.279 millones de pesos. Es decir que unas pocas empresas van a embolsar más que lo que significa la asignación universal por hijo.
Pero si analizamos lo que se recibe de estos subsidios, los empresarios de la energía y el combustible se van a llevar 167.580 millones, y los del transporte, 77.786 millones de pesos. Estos son los subsidios para los empresarios vaciadores que de la mano de los Jaime y de los Schiavi vaciaron los trenes, para dárselos a las petroleras. Esto sí que es una verdadera transferencia de ingresos hacia los grandes capitalistas.
Contrariamente a lo que plantea este presupuesto, nosotros nos oponemos a seguir subsidiando las ganancias de los empresarios, pero no como plantean otros sectores de la oposición, que quieren aumentar las tarifas, lo cual va a repercutir en el bolsillo del pueblo trabajador. Nosotros creemos que en vez de subsidiar la ganancia de los empresarios hay que estatizar esas empresas para que sean gestionadas por sus trabajadores; debemos realizar obras de infraestructura en vez de subsidiar con miles de millones a estos empresarios vaciadores.
Desde el Frente de Izquierda también planteamos la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales y el monopolio del comercio exterior.
Otro elemento que nos llama la atención de este presupuesto es el aumento del 31,8 por ciento de lo que se va a destinar a inteligencia en 2015. Es decir que quien está al frente del Ejército –Milani , acusado de delitos de lesa humanidad, de ser parte del genocidio, va a manejar un presupuesto mayor a 550 millones de pesos.
Desde el Frente de Izquierda nos oponemos tanto al discurso del oficialismo, que mientras dice que redistribuye el ingreso, claramente plantea un presupuesto de ajuste, de mayor endeudamiento, que pagarán los trabajadores y las generaciones no sólo actuales sino futuras.
Y los trabajadores ya están sintiendo los tarifazos en el transporte público que aumentó ciento por ciento , en tarifas de gas, que llegaron con aumentos de un 500 por ciento o las naftas, que en un año aumentaron un 60 por ciento. Nos oponemos a los tarifazos que ya se están dando concretamente en el bolsillo de los trabajadores.
También nos oponemos a las salidas que se plantean desde la oposición, que son salidas devaluacionistas que van a ir en contra de los trabajadores para favorecer a los grandes capitalistas, a los sojeros.
Como lo hemos hecho durante todo el año, planteamos otra perspectiva, no solamente aquí en la Cámara, presentando proyecto y alternativas para defender los intereses de los trabajadores –con una agenda muy diferente a la del oficialismo y a la que tiene gran parte de la oposición sino que lo hemos hecho también en las calles.
Por eso rechazamos este proyecto que presenta el oficialismo y seguiremos planteando la pelea con una agenda de la clase trabajadora y de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo.(Aplausos.)
Homenaje a Mariano Ferreyra - 22/10/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: desde el Partido de los Trabajadores Socialistas adherimos a este homenaje a Mariano Ferreyra. Quiero plantear brevemente que las banderas por las que luchaba Mariano hoy están presentes en miles de jóvenes y de trabajadores que luchan contra cada injusticia que sufre el pueblo trabajador. Están presentes en todos esos jóvenes y trabajadores que enfrentan al mismo entramado que promovió el asesinato de Mariano Ferreyra y que está integrado por la burocracia sindical, que todavía está en las filas del movimiento obrero y que fue el que propició ese crimen.
Por eso nuestro homenaje consiste en estar luchando todos los días por esas banderas y por el socialismo, como lo hacía Mariano, para terminar con este sistema de explotación. Esto lo hacemos cotidianamente no sólo los diputados del PTS y del Frente de Izquierda, sino también las miles de personas que cotidianamente militan como lo hacía Mariano Ferreyra.
Esta lucha que dio Mariano Ferreyra y que nosotros damos desde la izquierda está vigente. Quiero contarles algo que sucedió hoy, lamentablemente en la misma semana en que se conmemora el cuarto aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra. Me refiero a la agresión que esta madrugada sufrieron los trabajadores despedidos de Lear, que montaron una carpa frente a la empresa. Concretamente, cinco personas ingresaron con armas de fuego y cuchillos y les dijeron que dejaran esa carpa, que se dejaran de joder y que los iban a matar a todos.
La lucha por la que Mariano Ferreyra fue asesinado también está presente en esos trabajadores que enfrentan a las patotas de la burocracia sindical y a la represión de la Gendarmería y de la Policía Bonaerense, que hoy estaban mirando frente a la carpa mientras esa patota agredió y amenazó a los trabajadores de Lear.
Para finalizar simplemente quiero decir que estas banderas por las que luchó Mariano Ferreyra hoy son carne en miles de jóvenes y de trabajadores. Nuestro homenaje es dar esa pelea a brazo partido todos los días aquí en el Parlamento y en cada uno de los lugares donde miles de militantes dan las peleas, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los barrios para lograr lo que quería Mariano Ferreyra: una sociedad sin explotación, una sociedad socialista. (Aplausos.)
Estatización de la Universidad Madres de Plaza de Mayo – 22/10/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: desde el Partido de los Trabajadores Socialistas y desde el Frente de Izquierda queremos plantear en primer lugar que para nosotros la heroica resistencia de las Madres de Plaza de Mayo contra una monstruosa maquinaria estatal que torturó y asesinó a más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos se encuentra indudablemente entre las páginas más gloriosas de la historia del pueblo argentino. Es sin duda una de las luchas que mayor prestigio tiene a nivel internacional.
Mientras muchos de los partidos que hoy integran los bloques mayoritarios en esta Cámara daban a la dictadura centenares de intendentes, embajadores y hasta gobernadores, las organizaciones de izquierda eran diezmadas por la represión. Para tener una idea, hay un informe del año 1978 que indicó que en la administración de los 1.696 municipios existentes, 301 estaban en manos de intendentes de la Unión Cívica Radical, 169 en poder del peronismo, 23 correspondían a agrupaciones neoperonistas, 109 pertenecían al Partido Demócrata Progresista, 94 al MID, 78 a las fuerzas federalistas, 16 a demócratas cristianos y 4 a los intransigentes. Inclusive el Partido Demócrata de Mendoza, hoy aliado del PRO, dio a la dictadura un gobernador, que fue Bonifacio Cejuela.
Durante años las Madres lucharon contra la dictadura, acompañadas casi excluyentemente por las organizaciones de izquierda. Mientras el PJ apoyaba la autoamnistía de los mismos criminales de lesa humanidad, la UCR daba las leyes de obediencia debida y punto final que durante 17 años nos impidieron juzgar a los responsables del genocidio, y el PJ, con Menem a la cabeza, en el año 90 otorgaba los indultos, las madres y las organizaciones de izquierda luchaban contra esa impunidad.
Fuimos juntos, estuvimos en las calles durante años, también en los 90, resistiendo la represión a los trabajadores y al conjunto del pueblo en los ajustes neoliberales que se implementaron durante la década menemista.
También estuvimos juntos aquellos 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, cuando el gobierno de la Alianza mandó la feroz represión que terminó con el asesinato de decenas y decenas de compañeras y compañeros.
Durante aquellos años, junto a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, rechazamos también el pago de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa por parte de todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia.
La gran lucha de las madres, del conjunto de los organismos de derechos humanos y del pueblo argentino logró en el año 2004 la anulación de las leyes de impunidad. Esa fue una gran conquista de los organismos de derechos humanos, de las madres y del conjunto del pueblo.
Sin embargo, en esos años comenzó la integración de la Asociación Madres de Plaza de Mayo al gobierno, a cada una de sus políticas como el pago serial de la deuda externa llegando al extremo de apoyar la designación de Milani al frente del Ejército.
Ante la desaparición de Jorge Julio López, la conducción de la Asociación Madres de Plaza de Mayo hizo una defensa cerrada de la política de dilación y encubrimiento, como en ese momento manifestó Aníbal Fernández, actual senador del Frente para la Victoria, quien dijo: “Seguramente, se fue a la casa de una tía”. La asociación, como tal, nunca exigió la aparición con vida de Jorge Julio López.
En este marco, se precipitó la desnaturalización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que progresivamente fue perdiendo todo espíritu crítico. Allí se separó a los díscolos –como sucedió con numerosos docentes y la malversación de fondos terminó haciendo lo suyo dejando la universidad en la situación crítica en que hoy se encuentra.
Como ya planteamos, la política de cooptación del gobierno ha hecho que las Madres apoyaran y se encolumnaran con él, lo cual constituye una tragedia histórica pues ello ha debilitado la lucha de las organizaciones y del conjunto del pueblo. ¡Cómo hubiésemos deseado estar codo a codo con la Asociación Madres de la Plaza de Mayo peleando por la aparición de Jorge Julio López! ¡Cómo nos gustaría reclamar juntos frente al asesinato de nuestros hermanos qom, en Formosa, el Estado provincial y los terratenientes al servicio de la patria sojera! Cuando los familiares del soldado Ledo denunciaron a Milani como un genocida más, hubiésemos querido que estuvieran al frente pidiendo juicio y castigo.
Justamente, esta política de integración al Estado de parte del gobierno es el principal contrasentido de lo que se está discutiendo hoy, porque por definición es el Estado quien viola los derechos humanos. Así lo reconocen las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos.
Entonces, proponer que el instituto “Madres de Plaza de Mayo” –universidad de derechos humanos esté bajo el ejido del Poder Ejecutivo –es decir, del Estado es contrario a la defensa de los derechos humanos, pues quien viola estos derechos dictará la materia, designará al rector del instituto y delineará contenidos de enseñanza.
Esto es lo opuesto a la independencia política para luchar consecuentemente por las libertades democráticas y los derechos humanos. Pregunto: ¿estará a cargo del instituto un Poder Ejecutivo como el que hace trece años mandó la represión a la Plaza de Mayo, un Poder Ejecutivo como el que bajo el gobierno de Duhalde fue responsable político de los asesinatos de Kosteki y Santillán, un Poder Ejecutivo que podría encontrarse en manos de Macri, que está procesado por montar una red de espionaje ilegal para perseguir a las organizaciones populares? Están planteándonos que ese Estado quede a cargo del instituto cuya creación se propicia. Y bueno, algunos seguramente dirán que hoy vivimos en el reinado de los derechos humanos.
Voy a dar lectura de algunas cifras escalofriantes correspondientes a la última década, para que podamos debatir sobre esta idea que se intenta crear acerca del reinado de los derechos humanos durante los gobiernos kirchneristas.
Según un informe de la Correpi, desde el año 2003 hasta diciembre de 2012, 2.224 personas perdieron la vida a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o patotas ligadas a sectores sindicales vinculados con el gobierno. Del total, 19 víctimas fatales ocurrieron en manifestaciones estrictamente políticas, 78 de los casos se computaron a partir de desapariciones, y 2.127 personas fueron asesinadas por torturas en cárceles o por gatillo fácil.
En estos años fueron asesinados en manifestaciones y luchas populares más de 30 compañeras y compañeros. Paso a leer la lista, para que no quede ninguna duda. Ellos son: Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez, en Jujuy; Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte, en Neuquén; Javier Chocobar, en Tucumán; Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, en Bariloche; el compañero Mariano Ferreyra, al que hoy homenajeamos en esta Cámara; Juan Manuel Asijak, de 16 años, Roberto López, Mario López, Celestina Jara y su nieta de ocho meses, en Formosa; Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri ˜álvarez, en el Parque Indoamericano; Imer Flores y Mártires López, en el Chaco; Cristian Ferreyra, en Santiago del Estero; Diego Jáuregui, en Avellaneda; Geremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, en Rosario; Noemí Condorí, en Escobar, y Miguel Galván, en Santiago del Estero. Esta es la lista de los asesinados durante los gobiernos kirchneristas por participar en manifestaciones y luchas populares.
Pero también existen presos políticos –para quienes las Madres reclamaban su libertad en aquellos años , como los cinco compañeros de ATE de Santa Cruz o Fernando Esteche, de Quebracho. También debemos mencionar la causa armada contra los compañeros petroleros de Las Heras, en Santa Cruz, sobre los que pesa una condena a cadena perpetua, que como dijo el historiador Osvaldo Bayer, son los Sacco y Vanzetti de la Argentina.
Durante este año, ante la resistencia de miles de trabajadores por los despidos -lo vimos en Gestamp, en Lear, en Emfer y en decenas de conflictos asistimos a la militarización de los conflictos obreros por parte de la Gendarmería de Berni, la Bonaerense de Scioli y otras fuerzas represivas.
Como queda claro, no estamos en la panacea de los derechos humanos, como algunos nos quieren hacer creer, cada vez con menos ascendencia.
El proyecto que propone el oficialismo plantea que el instituto dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir que va a depender del Poder Ejecutivo nacional. La propuesta que hacemos desde el PTS-Frente de Izquierda, tal como figura en nuestro dictamen de minoría, consiste en la creación de una Universidad Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo que sea verdaderamente autónoma, como cualquier universidad pública, y no una dependencia del mismo poder que hoy viola los derechos humanos.
La autonomía de esta universidad que proponemos debería servir para que en ella exista una verdadera pluralidad de voces y no un mero coro adulador de las políticas del gobierno de turno. Dicha universidad pública debería estar conducida por un cogobierno de docentes y no docentes y con mayoría estudiantil.
Para ir finalizando, queremos plantear que esta heroica lucha de las Madres hoy está siendo seguida como un ejemplo por otras madres, no en la Argentina sino en México, donde las madres de cuarenta y tres estudiantes normalistas del Estado de Guerrero que fueron desaparecidos se pusieron a la cabeza de un movimiento de decenas de miles para lograr su aparición. Este es un movimiento que trasciende las fronteras y recorre el mundo.
En ese sentido creemos que el mejor homenaje a aquellas bravas madres que supieron enfrentar el pacto de impunidad celebrado entre el PJ y la UCR consiste en seguir hoy en la lucha con los trabajadores por la destitución de Milani, la disolución del Proyecto X, el no pago de la deuda externa, el juicio y castigo a los culpables y la apertura de todos los archivos de la dictadura que aún hoy no se han abierto para que se conozca toda la verdad y se puedan encarar los juicios contra los genocidas.
Por lo expuesto, hoy como ayer planteamos lo siguiente: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. (Aplausos.)
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Creación de universidades nacionales – 22/10/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: acompañaremos con nuestro voto la creación de la Universidad Nacional de las Artes, de la Universidad Nacional de Ezeiza, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional de los Comechingones.
– Aplausos en las galerías.
Sr. Del Caño.- En relación con esta última, manifiesto nuestra oposición al artículo 5° que dice: “La Universidad Nacional de los Comechingones, por medio del Ministerio de Educación de la Nación, queda facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con organismos públicos y privados, de orden nacional e internacional.”
Nuestro rechazo tiene que ver justamente con lo que se mencionó recién: la posibilidad de financiamiento privado a la que abrió las puertas la Ley de Educación Superior, que se ha mantenido durante los gobiernos kirchneristas y por cuya anulación –me refiero a la derogación de esa norma vienen luchando decenas de centros de estudiantes, docentes universitarios y trabajadores no docentes de todo el país.
Este planteo se vincula con la necesidad de sancionar una nueva ley de educación superior que tenga en cuenta los intereses del pueblo trabajador y no los intereses de las empresas privadas, solo por mencionar uno de los puntos centrales en los que se avanzó desde la sanción de aquella norma.
Hechas estas consideraciones, solicito permiso para abstenerme en la votación de los proyectos de creación de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, de la Universidad Nacional “Guillermo Brown” y de la Universidad Nacional de Rafaela.
¿Por qué no los acompañaremos? La iniciativa que propicia la creación de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, con sede central en la ciudad de San Isidro, establece en su artículo 3° lo siguiente: “El Ministerio de Educación designará un rector organizador, quien ejercerá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 hasta la normalización de la nueva institución.” Por su parte, el proyecto por el que se crea la Universidad Nacional de los Comechingones fija un plazo para la normalización de hasta dos años. A nuestro juicio, el hecho de que no se disponga un plazo abre las puertas al manejo discrecional de los intendentes y del poder político de turno del distrito donde se cree la universidad.
Por estos motivos solicito autorización para abstenerme en los casos que detallé anteriormente. (Aplausos.)
Cuestión de privilegio – 29/10/2014
Sr. Del Caño.- Señor presidente: venimos a plantear esta cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados por tercera vez consecutiva por una razón por todos ustedes conocida.
En esta oportunidad creo que representa un salto cualitativo la brutal represión que sufrieran los trabajadores de Lear, las organizaciones solidarias y este diputado por la Gendarmería el día jueves 23 del mes en curso.
Ese día, una vez que la Gendarmería había desalojado a los compañeros de la Panamericana, comenzó una feroz represión disparando balas de goma a mansalva provocando que diez compañeros tuvieran que ser hospitalizados en el momento. Nuestro compañero presidente de nuestro partido, dirigente histórico de ATE, obrero de astillero Río Santiago y que se encuentra presente en esta Cámara, José Montes, recibió veintiún perdigones de goma, balazos de goma en el abdomen, en la ingle, etcétera.
Los trabajadores de la ex Donnelley que se solidarizaron con los trabajadores de Lear y que también luchan contra una patronal norteamericana buitre, hoy tienen sus brazos seriamente comprometidos por la represión, por las balas de goma y no se sabe si le quedarán secuelas de por vida.
Señor presidente le voy a mostrar algunas de las fotos que tenemos de esta brutal represión. Aquí, en esta foto, vemos al compañero José Montes. Estas son algunas de las fotos de esta feroz represión de la Gendarmería.
Les recuerdo a todos los diputados que en el momento en el que ya se había desalojado la Panamericana y yo me acercaba a un compañero que estaba herido, en ese momento, me dispararon los siete perdigones de goma que tengo en los brazos y en las piernas.
También habíamos alertado anteriormente al jefe de Gabinete, cuando vino a esta Cámara, sobre el coronel Galeano, un infiltrado en las manifestaciones y desde el PTS también hicimos la denuncia al gendarme López Torales denominado “carancho”, quien se tiró arriba del auto de un manifestante, para inventar una causa a quienes se manifestaban en apoyo de los trabajadores de Lear.
La primera vez que planteamos una cuestión de privilegio denunciamos que la Gendarmería nos obstruyó el paso a mí y a mi compañero Christian Castillo, mientras detenían a los manifestantes que se encontraban en un auto, entre ellos la nieta recuperada María Victoria Moyano.
Luego vinimos a esta Cámara, y en las galerías se encontraban los trabajadores de SMATA que apenas nos sentamos en las bancas empezaron a insultarnos y a hacernos señales de todo tipo. Ese día veníamos justamente a denunciar que a este diputado votado por el 15 por ciento de los mendocinos, a quien eligieron para estar junto a los trabajadores, lo habían gaseado y golpeado.
Ahora tiene lugar esta represión en la que hubo disparos a mansalva. ¿La próxima cómo será? ¿Con balas de plomo? Nosotros queremos plantear el agradecimiento a todos aquellos diputados que se solidarizaron.
Hemos recibido el apoyo de las dos CTA, de la CTERA y de distintas organizaciones de todo el país. Inclusive Horacio Verbitsky, en su editorial de Página 12 de este domingo, planteó su preocupación ante esta situación.
Queremos manifestar a los diputados del bloque oficialista que recuerdan a Néstor Kirchner, quien dijo que no iba a criminalizar la protesta social, que esto no puede quedar sin un repudio en esta Cámara por parte de todos los bloques. No puede quedar sin repudiar el accionar, la impunidad con la que se maneja la Gendarmería, la impunidad con la que se maneja Berni.
Esta vez nosotros fuimos al lugar. Se dejaron carriles libres de la Panamericana. Se dejó la colectora liberada. Y como en otras oportunidades, pedimos hablar con quien estaba a cargo del operativo, pero por supuesto ni siquiera se acercaron para lograr un acuerdo que garantice la manifestación, es decir, el derecho a la protesta que tienen estos trabajadores que, insisto, vienen resistiendo a los despidos de las multinacionales, en este caso de Lear. Y nosotros orgullosamente los venimos acompañando y lo vamos a seguir haciendo.
Finalizo solicitando –como decía recién un pronunciamiento de esta Cámara ante los gravísimos hechos que han sucedido.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se dará traslado de la cuestión de privilegio a la comisión pertinente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: deseo adherir en todos los términos a las manifestaciones y a la preocupación del señor diputado Del Caño. Espero que estos hechos no se repitan y que la Cámara exprese su repudio.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: deseo manifestar mi solidaridad con el señor diputado Del Caño y el acompañamiento a la cuestión planteada.
Asimismo, expreso mi rechazo a cualquier tipo de represión, violencia e ilegalidad. No es la primera vez que sucede algo así en el marco de las manifestaciones que se dan en la autopista. De manera tal que se trata de una represión que además, tal como lo expresó el señor diputado, ha derivado en que trabajadores hayan sido heridos.
Entonces, manifiesto nuestro rechazo, nuestra preocupación y nuestra solidaridad con el colega Nicolás Del Caño.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Pinedo.- Señor presidente: adhiero al tratamiento de esta cuestión en la comisión respectiva, que deberá analizar los hechos. Asimismo, repudio la agresión sufrida por un diputado nacional en ejercicio de su mandato.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: al igual que los diputados que me precedieron, adhiero a los dichos del señor diputado Del Caño. Nos ponemos a su disposición en esta cuestión de privilegio. En el momento oportuno solicitaremos la preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: adhiero a lo manifestado por el señor diputado Del Caño. Como sé que hay trabajadores involucrados y dado que la agresión no es la mejor solución, solicito se encuentre un camino de diálogo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez. (Oscar Anselmo).- Señor presidente: adhiero a lo expresado por el señor diputado Del Caño. Asimismo, expreso nuestro total repudio a esta represión y nuestra incondicional solidaridad y apoyo al compañero Del Caño, el compañero José Montes y todos y cada uno de los obreros y manifestantes que lamentablemente, por expresar su derecho de reclamar, han sido agredidos de esta forma.
Obviamente, en lo que respecta a nuestra posibilidad de aportar, nos ponemos a su disposición, tal como lo hemos hecho en cada una de las situaciones similares que han vivido los trabajadores y el pueblo.
Compañero Del Caño: cuente con nuestra solidaridad y apoyo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Atento a que estamos considerando manifestaciones referidas a una cuestión de privilegio, pido a los señores diputados que se pronuncien con mayor brevedad.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Riestra.- Señor presidente: brevemente deseo adherir a la cuestión de privilegio y repudiar los hechos ocurridos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Pitrola.- Señor presidente: adherimos integralmente a la cuestión planteada por el señor diputado Del Caño, la más grave que hayamos tenido hasta este momento en la Cámara por la brutal represión sufrida por los trabajadores y por la brutal represión hacia la persona de Nicolás Del Caño.
Como lo denunciamos en su momento, hubo una preparación ideológica para que los representantes del pueblo no estemos en la lucha de la clase obrera y en las manifestaciones populares.
Pedimos urgente tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que llegue a la brevedad al pronunciamiento del total de la Cámara.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Stolbizer.- Señor presidente: en igual sentido que el resto de los colegas, en representación de mi bloque deseo manifestar la solidaridad y el apoyo hacia el señor diputado Del Caño en particular y además para todos los trabajadores que han sido agredidos.
Creo que la democracia tiene como valor fundamental el libre ejercicio de los derechos y de las libertades públicas de todas las personas. Dentro de esas libertades, una de las principales es la que tiene el pueblo de demandar a sus representantes por las mejores condiciones.
Por lo tanto, creo que la cuestión de privilegio que ha sido planteada no fue solamente por afectar los fueros del diputado sino por la violencia sobre el pueblo al que representamos.
Creo que esta Cámara en su conjunto, además de enviar la cuestión a la comisión respectiva, debería emitir una declaración contra el ejercicio de la violencia institucional que ha cercenado el ejercicio de las libertades públicas.
Sr. Presidente (Domínguez).- Reitero a los señores diputados, de acuerdo con lo que se conversó en la Comisión de Labor Parlamentaria, el pedido de brevedad en sus ponencias sobre este particular.
Estamos tratando este tema de una manera especial a pedido de algunos presidentes de bloque. Les pido brevedad en la fundamentación atento a que el señor diputado Del Caño ya se ha expresado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Brown.- Señor presidente: adhiero a la cuestión de privilegio presentada por el diputado Del Caño y repudio la violencia que él y los demás trabajadores han sufrido.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Rossi.- Señor presidente: por supuesto, el bloque Unión por Córdoba adhiere absolutamente a la cuestión de privilegio planteada e insta a que no vuelva a suceder este tipo de actos de represión, no solo en la persona del diputado Del Caño, sino respecto de todos los trabajadores, a quienes expresamos nuestra solidaridad absoluta.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr. Fernández Mendia.- Señor presidente: quiero adherir a la cuestión de privilegio y rechazar todo hecho de violencia de esta naturaleza, tanto contra el señor diputado Del Caño como sobre los trabajadores en general.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra. Terada.- Señor presidente: desde el bloque de la Coalición Cívica-ARI adherimos a todos y cada uno de los fundamentos vertidos por el señor diputado Del Caño en la cuestión de privilegio, y repudiamos cualquier tipo de violencia en la persona del legislador y de los trabajadores.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Conti.- Señor presidente: no es usual que como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales conteste una cuestión de privilegio, pero desde el bloque se me ha pedido que fije nuestra posición al respecto, que no es solamente verbal. En efecto, en el día de hoy hemos presentado un proyecto de resolución mediante el cual nos solidarizamos con el señor diputado Del Caño y pedimos que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. (Aplausos.) Néstor Kirchner lo hubiera querido así, la presidenta de la Nación lo quiere así, y por supuesto, el bloque que integro se solidariza frente a esta situación, del mismo modo que ansía que esa solidaridad de cuerpo se hubiera expresado también cuando el diputado Pietragalla Corti fue violentamente agredido por la Policía Metropolitana en dos ocasiones: en el Moyano y en Lugano. Sin embargo, no encontramos una actitud similar a la que Néstor Kirchner nos inspiró, que es, antes que nada, la de defender el valor de la política y la lucha contra la violencia institucional. (Aplausos.)
Ley de hidrocarburos – 20/19/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero señalar que hace más de un mes presenté un proyecto en esta Cámara que plantea la nacionalización del ciento por ciento de los hidrocarburos bajo la gestión de los trabajadores, con la participación de las organizaciones socioambientales. Se trata de un proyecto de ley que ha sido discutido, en primer lugar, por nuestros compañeros de Neuquén como Raúl Godoy, diputado del Frente de Izquierda, que en su momento rechazó el acuerdo con Chevron en la Legislatura, que participó en las manifestaciones de miles y miles en aquella provincia, donde se opusieron a la entrega que significó ese acuerdo y fueron brutalmente reprimidos por la policía provincial.
Este proyecto que hemos presentado desde el PTS junto con los diputados del Frente de Izquierda es el único que cuestiona las bases fundamentales de lo que hoy quiere aprobar el oficialismo. Desde los bloques mayoritarios de la oposición se cuestionan algunos aspectos parciales, pero no este esquema privatista. Por eso luego explicaremos nuestro proyecto y por qué planteamos una YPF ciento por ciento estatal, expropiando también el ciento por ciento de la industria hidrocarburífera.
El proyecto que nos presenta el oficialismo, que se dice nacional y popular, es claramente una de las leyes que se pretenden aprobar que tiene el carácter más antinacional y antipopular. Queda claro que bajo los gobiernos kirchneristas se ha mantenido el esquema privatista de los 90 del que fueron impulsores. A pesar de que quisieron presentar la expropiación del 51 por ciento de YPF como un acto de soberanía, simplemente fue la base para una reprivatización de esa empresa. Luego de años de vaciamiento por parte de Repsol, inclusive denunciado por los propios ministros de este gobierno, este Parlamento votó el premio para los vaciadores de una indemnización que va a alcanzar los 10 mil millones de dólares.
Lo que hoy se pretende aprobar es la generalización del vergonzoso acuerdo con Chevron. Esta nueva ley de hidrocarburos está hecha a la medida de Chevron y las multinacionales. También se van a ver beneficiados con esta nueva ley de hidrocarburos los distintos fondos buitre como el fondo BlackRock, que fue denunciado por la misma presidenta de ser partícipe en la quiebra fraudulenta que realizó la ex gráfica Donnelley.
También beneficia a algunos de los más grandes especuladores de mundo, como Carlos Slim o George Soros, este último conocido por llevar a la quiebra a un banco de Inglaterra.
Y por si esto fuera poco, en el acuerdo con Chevron también se establecen las prórrogas de jurisdicción para que en el caso de que hubiera un conflicto entre la Argentina y estas empresas multinacionales, sean los Griesa quienes fallen sobre estos conflictos, que ya sabemos cómo van a fallar: en contra de nuestro país.
Las bajas regalías que ya se mencionaron en este Congreso anteriormente son otra muestra de esta entrega. Mientras se plantea el 12 por ciento de regalías, en los países vecinos como en el caso de Bolivia, el 50 por ciento de las regalías quedan en manos del Estado; en Brasil, el 40 por ciento, y en otros países, alrededor del 20 por ciento.
También, como ya lo mencionaron otros diputados preopinantes, esta entrega se expresa en las concesiones. Para el caso de la explotación no convencional, las concesiones son de 35 años con prórroga de 10 años más, lo cual significa una entrega a perpetuidad.
¿Por qué decimos también que es un proyecto antipopular? Porque mientras estas empresas se benefician del “carnaval de actividad petrolera”, como lo llamó Kicillof, las tarifas de las naftas están dolarizadas y en los últimos dieciocho meses aumentaron un ciento por ciento.
Once años de kirchnerismo, muchos de ellos con crecimientos récord, y el 40 por ciento de la población en nuestro país no tiene acceso al gas natural y debe pagar hasta seis veces más por el gas envasado.
Mientras los empresarios la juntan con pala, más del 30 por ciento de los trabajadores de la industria están precarizados.
También se mencionó –y es otra de las medidas antipopulares de esta ley el caso de los pueblos originarios. Estuvimos en Vaca Muerta con la comunidad mapuche de Campo Maripe. Allí pudimos ver cómo se avasallan sus derechos en sus propias tierras sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de participación. Las perforaciones ya están allí. En los últimos días esta comunidad bloqueó el acceso a los pozos petroleros; las mujeres se encadenaron en las torres del fracking y después de años obtuvieron la personería jurídica que les venía negando el Estado provincial.
Volviendo al tema del daño ambiental, que también se ha señalado en esta Cámara, desde el oficialismo se nos dice que no hay ningún estudio serio que plantee un daño ambiental. Sin embargo, las organizaciones socio ambientales, como también los técnicos y especialistas, señalan que la práctica del fracking tiene enormes riesgos.
A nivel internacional, a partir de las movilizaciones en diferentes países de los sectores defensores del medio ambiente, se ha logrado la prohibición o la moratoria del fracking en países como Francia, Holanda, Irlanda del Norte y Bulgaria. También se lo hizo en diversos ayuntamientos españoles; en gobiernos regionales, como Renania del Norte, Alemania; y en cuatro Estados de los Estados Unidos.
Además de los países antes mencionados, no es un dato menor que en la Argentina existen alrededor de treinta municipios que prohíben el uso del fracking, entre ellos, los Departamentos de San Carlos, Tupungato, Tunuyán y General Alvear, en la provincia de Mendoza; así como también en las de Entre Ríos, Neuquén y Chubut.
En relación con la contaminación ambiental se dice que solo se utilizan veintidós productos químicos, pero nunca se especifican cuáles son, y se niega que contaminen las napas cuando lo cierto es que con el petróleo convencional sí se contamina.
De esta manera quienes proponen este proyecto son los que deberían demostrar que el método del fracking no contamina el suelo, el aire y el agua, y no produce enfermedades como el cáncer, problemas respiratorios, o daños cerebrales, entre otras graves consecuencias.
Nuestro proyecto, que plantea la nacionalización del conjunto de la industria hidrocarburífera, propone la anulación de las leyes privatistas que mantuvo vigente este gobierno. Sostenemos la expropiación, por causa de utilidad pública, de la maquinaria, las instalaciones, los edificios, los oleoductos, las refinerías, los tanques de almacenamiento, las estaciones de distribución y todos los bienes muebles e inmuebles afectados a la producción o distribución de propiedad de toda compañía petrolera o de servicios petroleros contratistas que operen dentro del territorio nacional y ocupen a más de cien trabajadores.
Los trabajadores que pasarán a formar la empresa estatal que proponemos serán incorporados a planta permanente, terminando con la precarización laboral. También propiciamos que los ex ypefianos puedan ingresar, mediante una solicitud, a las tareas acordes con sus conocimientos y edades, como forma de reparación histórica.
Asimismo, sugerimos que en un consejo general de la industria hidrocarburífera, además de los trabajadores participen representantes de los pueblos originarios y habitantes de las localidades que se encuentren dentro de los territorios. Los recursos obtenidos por la empresa estatal que proponemos, a diferencia de lo que impulsa el oficialismo, que los entrega a las multinacionales, se destinan un 10 por ciento a educación, otro tanto a salud pública, un 15 por ciento a la construcción de viviendas populares en todo el país y un 10 por ciento al desarrollo de energías renovables, especialmente aquellas en las que la Argentina tenga mayor potencialidad.
Finalmente, queremos plantear que un proyecto de estas características permitiría avanzar en un cambio de la matriz energética, otro de los puntos fundamentales que no se debate en la Cámara. Me refiero al hecho de apostar al desarrollo de energías eólicas, en especial en la Patagonia, donde la Argentina cuenta con uno de los potenciales más grandes a nivel mundial para su desarrollo.
El proyecto que hemos presentado expresa el único acto de soberanía nacional elemental posible, que solo puede llevarse a la práctica en el marco de una planificación del conjunto de la economía, en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador y no del actual régimen social que garantiza los negocios del lobby petrolero por sobre el interés nacional.(Aplausos.)
Sesión informativa con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich – 05/11/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: el señor jefe de Gabinete conocerá los hechos que en reiteradas oportunidades se sucedieron en la Panamericana con motivo del conflicto de los trabajadores de Lear. Supongo que también sabrá que el pasado 23 de octubre una brutal represión contra los trabajadores dejó decenas de compañeros heridos. Algunos de ellos hoy se encuentran frente al riesgo de tener secuelas de por vida en sus brazos o piernas producto de la brutal represión que ejerció la Gendarmería Nacional.
Por estos sucesos nosotros presentamos una denuncia y ayer se dio a conocer la noticia de que la jueza Arroyo Salgado, de San Isidro, dictaminó que la Gendarmería no debe intervenir más en este conflicto.
Se produjeron sucesivos hechos de represión que nosotros denunciamos en este recinto, incluso con la presencia del jefe de Gabinete, mostrando la foto del infiltrado Galeano, y la denuncia de López Torales, el comandante de Gendarmería conocido como “el gendarme carancho” que hoy sigue en funciones. Mientras hay decenas de procesados por apoyar la legítima lucha de los trabajadores de Lear contra los despidos, los gendarmes que como ha quedado claro han actuado de manera delictiva en estas represiones aún siguen en funciones.
Escuchamos declaraciones de Diego Bossio de apoyo a Sergio Berni y al accionar de la Gendarmería y contrarias al fallo judicial que separa a la Gendarmería de la protesta de los trabajadores de Lear. Por eso queremos saber si el gobierno apelará este fallo, o sea, cuál es la postura del Poder Ejecutivo nacional, que hasta el momento no ha actuado a pesar de que en la sesión del miércoles pasado todos los bloques de la oposición y el oficialismo repudiaron esa represión.
También quiero saber si el gobierno hará todo lo que debería haber realizado mucho tiempo atrás por intermedio del Ministerio de Trabajo para reincorporar a estos trabajadores. No puede ser que una patronal norteamericana no cumpla con nuestras leyes y haga lo que quiere.
El gobierno no quiere solucionar este conflicto y está del lado de la patronal, de Lear, y de este sindicato SMATA que no está defendiendo a los trabajadores, o es impotente frente a los buitres de la patronal de Lear.
Quiero saber además cuál es la postura del Poder Ejecutivo nacional en relación con el artículo 194 del Código Penal, que permanentemente se utiliza para criminalizar la protesta social. Siempre escuchamos a Sergio Berni escudarse en este artículo para criminalizar la protesta social y utilizar las fuerzas represivas.
Pero también escuchamos a legisladores del bloque del Frente para la Victoria, como por ejemplo, la señora diputada Diana Conti, decir que este artículo es fascista y proviene de la dictadura de Onganía. En consecuencia, queremos saber cuál es la postura del Poder Ejecutivo respecto de este tema. Por nuestra parte, hemos presentado un proyecto propiciando la derogación de este artículo. Reitero que esperamos conocer la posición del Poder Ejecutivo sobre este asunto.
Quiero referirme a otro tema que fue tratado en el día de ayer en la Comisión de Legislación Penal. Nosotros hemos acompañado y firmado junto con otros señores diputados el proyecto relacionado con la Campaña Nacional del Aborto Seguro, Legal y Gratuito. En este sentido queremos saber por qué después de más de diez años el gobierno nacional sigue negando este derecho elemental a las mujeres, que actualmente se ven obligadas a practicar abortos clandestinos. A raíz de estos últimos, en nuestro país mueren anualmente 300 mujeres. Las consecuencias de la realización de abortos en estas condiciones son terribles para la salud de las mujeres. Esta es una situación dramática que deben afrontar las mujeres de condición humilde. Hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda la legalización del aborto. En la mayoría de los países se encuentra legalizado, o bien hay algún tipo de despenalización.
Por lo tanto, queremos saber por qué se niega este derecho elemental a las mujeres. El Congreso Nacional, en virtud de una imposición del Poder Ejecutivo, viene negándose a discutir este tema, dando la espalda a este derecho fundamental que tienen las mujeres de nuestro país.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
Sr. Del Caño.- También quiero señalar al señor jefe de Gabinete de Ministros que hemos presentado un proyecto de ley por el que se propicia el otorgamiento de un bono de fin de año al conjunto de los trabajadores estatales y privados, como así también a los jubilados y a los beneficiarios de planes asistenciales, como por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo.
En mi provincia los trabajadores pertenecientes a distintos sindicatos, tanto oficialistas como opositores, están reclamando esto. Queremos saber por qué el señor jefe de Gabinete de Ministros dijo que el gobierno está en contra de que los trabajadores lo reciban, sabiendo que la inflación viene carcomiendo los salarios. Lo que están pidiendo los trabajadores es simplemente un paliativo, ya que debería existir un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.
Esto se plantea en un momento en el cual se está hablando de que podría arribarse a un acuerdo con los fondos buitre. Es decir que, en realidad, el bono se lo van a dar a los fondos buitre, razón por la cual no se lo quieren dar a los trabajadores.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.- Señor presidente: voy a responder las inquietudes planteadas por el señor diputado preopinante.
En primer término, la posición del Poder Ejecutivo frente al fallo ha sido la de cumplirlo. En el día de la fecha ha cumplido el fallo de la jueza Arroyo Salgado.
En segundo lugar, nosotros advertimos claramente que se trata de un conflicto que desde el punto de vista estrictamente sindical y laboral ha pasado a ser un conflicto de naturaleza política. Entendemos claramente que la naturaleza política está dada por la estrategia de movilización para provocar efectivamente el corte de la ruta Panamericana, que es imprescindible porque une a toda Sudamérica y constituye una vía de comunicación esencial en la República Argentina.
En consecuencia, la movilización que se lleva a cabo y la presión política que se ejerce supera la naturaleza estrictamente laboral o sindical del conflicto, que se transforma en un conflicto de carácter político cuyo objetivo es afectar derechos de terceros. El Estado debe gobernar para todos. En ese sentido, ha cumplido esa función en el contexto que mencionaré a continuación.
En primer término, instituyó a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un ámbito de negociación colectiva para evaluar la situación. El gobierno no se puede inmiscuir en las decisiones privadas de las empresas. Desde el punto de vista de la representación laboral, ustedes han ejercido los derechos laborales correspondientes a través de distintas acciones judiciales, solicitando la reincorporación de algunos trabajadores que oportunamente fueron despedidos. En el caso de otros que en su momento también lo fueron y respecto de los cuales la empresa eventualmente tiene que pagarles la indemnización que exige la ley, han planteado acuerdos entre la compañía y esos trabajadores.
Entonces, me parece que es absolutamente claro e imprescindible garantizar el derecho al trabajo y a la protesta social. Pero, obviamente, esta última debe canalizarse de una manera adecuada, sin afectar derechos de terceros, que naturalmente dañan el funcionamiento del sistema económico, político, institucional y social del país. Esta es la observación que hacemos, porque creemos que todos tienen derecho a expresarse y pueden efectuar la protesta social, pero ésta debe tener un claro nivel de equilibrio respecto de las consecuencias del episodio.
Entonces, le respondí cómo actuó el gobierno nacional desde el punto de vista del cumplimiento del fallo, y le planteo lo que considero respecto de cómo encauzar un conflicto de esta naturaleza.
En tercer lugar, planteo la opinión respecto del aborto. No es una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino un debate que se está dando en el ámbito del Congreso de la Nación.
También le quiero transmitir mi opinión personal. Por convicción religiosa estoy en contra del aborto. Se lo digo con absoluta lealtad y firmeza. Dentro del Frente para la Victoria muchos no coinciden con mi posición.
Pero es una cuestión que claramente el Poder Ejecutivo ha fijado en el sentido de no impulsar ni estimular por iniciativa propia este debate, sino que lo pueden hacer todos ustedes como representantes del pueblo de la Nación Argentina.
Por último, quiero transmitir lo siguiente. Nosotros tenemos una diferencia conceptual desde el punto de vista de la metodología de cálculo de salarios e índice de precios. Por lo tanto, las conclusiones son diferentes en virtud de que la base que utilizamos en el análisis es marcadamente distinta. Por eso nosotros creemos que de común acuerdo se puede establecer cualquier convenio en la relación entre trabajadores y empresarios.
Muchas provincias argentinas han instituido mecanismos de asignación de recursos con premios por productividad y otras cuestiones, como ha hecho Santiago del Estero y otras provincias. Esto está directamente asociado a la capacidad de financiamiento, a la modalidad de negociación y al salario promedio de cada categoría de los agentes públicos.
Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una cuestión que responde al acuerdo entre las partes, pero que no es impulsada por el gobierno nacional.
Indemnización a los trabajadores ypefianos – 12/11/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en principio quiero saludar a los compañeros ypefianos que están aquí presentes.
Como se mencionó con anterioridad, este proyecto es producto de la lucha de años que han llevado adelante los ex trabajadores de YPF. Sin duda es muy importante la propuesta que hoy vamos a sancionar, porque los va a resarcir por la gran lucha que han llevado adelante y por el daño que se les causó a los trabajadores y a sus familias.
En la provincia de Mendoza los vimos durante años cortando la Ruta 7 y organizando distintas manifestaciones, sin que fueran escuchados. Hoy, gracias a la sanción de este proyecto, 4 mil compañeras y compañeros de mi provincia se van a ver beneficiados.
Aclaro que nosotros acompañamos el proyecto que presentó el señor diputado Pitrola, porque entendemos que es una actitud hipócrita la de aquellos que en su momento fueron cómplices de la privatización de YPF y que este año impulsaron la sanción por parte de esta Cámara del proyecto que permitió indemnizar a Repsol. Además, son los mismos que aprobaron la modificación de la ley de hidrocarburos, que es una norma a medida de Chevron y de las multinacionales.
Asimismo, mientras desde otros sectores de la oposición señalaban a modo de crítica que algunos no habían logrado ingresar al negocio –como Shell y otros grandes pulpos , desde el PTS y el Frente de Izquierda presentamos una propuesta alternativa para la nacionalización integral de los hidrocarburos, a fin de que sean gestionados por los trabajadores.
Nosotros sostenemos que ellos son los únicos realmente interesados en que los recursos hidrocarburíferos estén al servicio de la soberanía energética y de los intereses del conjunto del pueblo trabajador, para destinar esos recursos a la salud, a la educación y a las viviendas que necesita el pueblo y no para que se los lleve Chevron y las multinacionales, como lo permite la propuesta que se aprobó en este Congreso y que fue impulsada por el oficialismo.
Por eso, en aquella sesión dijimos que este proyecto no tiene nada de nacional y popular; más bien, se trata de un proyecto antinacional y antipopular.
Entonces, reiterando nuestro apoyo a esta iniciativa, queremos hacer hincapié en la hipocresía de quienes fueron parte de las privatizaciones. No hace mucho que le están dando miles y miles de millones a las multinacionales y a los empresarios. Para ellos están las prioridades y no para los trabajadores, que tuvieron que esperar veintidós años, y no para un resarcimiento integral. Es una conquista producto de la noble lucha que han llevado adelante durante más de veinte años.
Nuestro reconocimiento para ellos, por lo que vamos a votar favorablemente en nombre del PTS y del Frente de Izquierda.
Moción de tablas tratamiento del proyecto de ley de bono salarial de fin de año – 19/11/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley contenido en el expediente 8.150-D.-2014, por el que se establece el pago extraordinario salarial de emergencia o bono salarial de fin de año, no menor que 4.000 pesos, para todos los trabajadores activos, tanto públicos como privados, para los jubilados y aquellos que reciban planes sociales asistenciales, incluida la asignación universal por hijo.
Esta iniciativa forma parte de los diferentes proyectos que hemos presentado desde el PTS-Frente de Izquierda, en el marco de la agenda planteada en beneficio de los intereses de los trabajadores. Este bono de fin de año es la respuesta al urgente reclamo que a lo largo y a lo ancho del país vienen realizando decenas y decenas de organizaciones de trabajadores y los diferentes sindicatos que pertenecen tanto a centrales sindicales oficialistas como opositoras.
Simplemente, se trata de un paliativo frente a la inflación que carcome el salario de los trabajadores. En ese sentido, las mediciones que se han hecho desde distintos sectores que responden a diferentes ideologías indican que la inflación se ubicaría alrededor del 40 por ciento mensual, mientras que el Ministerio de Trabajo ha estimado que los aumentos de salarios rondaron el 28 por ciento. Al respecto, habría que tener en cuenta además que como esos aumentos salariales fueron otorgados en cuotas, en realidad el incremento fue de un 26 por ciento. Esto demuestra que ha habido una caída abrupta del salario real de los trabajadores.
Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es un mero paliativo frente al reclamo de los trabajadores de contar con un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica, el 82 por ciento móvil para los jubilados y trabajo genuino para los desocupados. Justamente, en los últimos días hemos podido observar que las organizaciones de desocupados también están reclamando este bono que, como dije, es un paliativo frente al reclamo de fondo.
Esto es algo que no le podemos negar a los trabajadores, porque mientras tanto el gobierno ha dejado pasar aumentos, como el de las naftas -que en los últimos veinte meses subieron un ciento por ciento- y el de los servicios públicos de gas y electricidad, que justamente son los sectores populares los que los afrontan; lo mismo podría decir del servicio de transporte público. Así, mientras las empresas se siguen beneficiando todos estos aumentos los tienen que pagar los trabajadores.
Desde el oficialismo se dice que no hay una inflación semejante, pero cuando se plantea la lucha por el salario o el otorgamiento de un bono de fin de año, nos responden que eso podría generar inflación. ¿Acaso todos esos aumentos que se han otorgado para beneficio de las empresas no generan inflación? Esta es la razón por la cual estamos solicitando el tratamiento sobre tablas de este expediente.
Aclaro que nuestro planteo no apunta a endeudar al Estado ni aplicar impuestos sobre los sectores populares. Por el contrario, queremos que el dinero provenga de un impuesto a la renta financiera que no está gravada desde los años de la dictadura militar y no del bolsillo de los trabajadores. Es el momento de beneficiar a los millones de trabajadores, jubilados y desocupados, y para eso el dinero tiene que salir de los poderosos y de los grandes empresarios que se han visto beneficiados en todos estos años, incluido este último, en el que han obtenido rentabilidades altísimas.
Por lo expuesto, reitero que en nuestra opinión es necesario otorgar este paliativo, para lo cual esta Cámara debe tratar y aprobar el expediente al cual me he referido.
Modificación del Código de Minería - 19/11/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: la ínfima actualización de estos cánones se da dentro del marco del código minero aprobado bajo la época del menemismo. Durante la década kirchnerista las empresas mineras han obtenido ganancias fabulosas.
Por citar algunos ejemplos, las mineras La Alumbrera y Barrick Gold han obtenido tasas de ganancias netas del 50 y 70 por ciento, en el año 2012. La renta minera total en dicho año fue de 13 mil millones de pesos aproximadamente.
Tengamos en cuenta que las regalías para las empresas mineras que extraen nuestros recursos alcanzan apenas el 3 por ciento. Este código que viene de la época del menemismo es una legislación flexible para que estas empresas puedan utilizar sustancias contaminantes. En este sentido, en la legislatura de la provincia de Mendoza se aprobó la ley 7.722, en contra de la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera.
Desde nuestro bloque creemos que esta ínfima actualización que se hace responde justamente a no querer tocar este Código de Minería, que ha hecho del gobierno kirchnerista uno de los principales aliados de estas empresas multinacionales. En la provincia de Mendoza miles de personas se movilizaron para rechazar la megaminería contaminante y la entrega que viene haciéndose de nuestros recursos, durante todos estos años.
Se citó el ejemplo de San Juan, pero a partir de la minería la provincia ha retrocedido en su desarrollo, contrariamente a la panacea que pretenden pintarnos.
Por las razones expuestas, adelanto que vamos a abstenernos de la votación de esta iniciativa.
Por otra parte, cabe aclarar que hace veinte años que no se actualizan estos cánones, lo que significa que ya se está dando un regalo a estas empresas.
Finalmente, deseo mencionar que en mi provincia hubo cortes de ruta en los departamentos de Alvear, Malargüe y San Rafael por el intento del oficialismo y el PRO de aprobar el proyecto Hierro Indio, en Malargüe. Hubo distintas asambleas en defensa del medio ambiente rechazando esta iniciativa, y el pueblo de Mendoza hizo lo propio en contra de la megaminería contaminante y la entrega que viene realizándose. Del mismo modo, expresamos nuestro rechazo en la legislatura de la provincia de Mendoza.
Por todo lo dicho, reitero que vamos a abstenernos de la votación de este proyecto de ley, pues consideramos que es una burla que no se hayan tocado los intereses de estas mineras y ahora se pretenda efectuar una actualización absolutamente ínfima de estos cánones, que siguen beneficiándolas.
Sesión preparatoria: elección de autoridades de la Cámara de Diputados – 3/12/2014
Sr. Del Caño.- Señor presidente: desde el PTS y el Frente de Izquierda, en oportunidad de asumir y que se diera la elección autoridades planteamos nuestra abstención en la votación.
Hoy nuevamente venimos a plantear esta postura. Evidentemente, no se debe a una cuestión personal sino que responde coherentemente al programa y a la política que ha llevado adelante nuestro partido y el Frente de Izquierda.
Todos conocen que nuestra pelea –nunca la ocultamos- es para terminar con el capitalismo, el imperialismo, para conquistar un gobierno de los trabajadores y del pueblo, en definitiva, una sociedad socialista. Por lo tanto, no podríamos votar a las autoridades de una de las instituciones del Estado que es capitalista, que responde a los intereses de un pequeño puñado de terratenientes, banqueros y empresarios. No podríamos votar a las autoridades de esta Cámara porque los partidos mayoritarios, los partidos que gobiernan o que han sido parte de los gobiernos de turno han aplicado la política de este Estado capitalista, rebajando el salario a los trabajadores, privatizando todo lo que se privatizó en los 90, etcétera.
Pero no es sólo una cuestión de esta década o de este año lo que sucedió con la agenda, como mencionaba mi compañero del Frente de Izquierda. La agenda que se ha llevado adelante en este Parlamento claramente le ha dado la espalda a las principales aspiraciones y necesidades del pueblo trabajador y de la juventud. Ninguno de los proyectos más importantes o sustanciales que ha presentado esta bancada ha sido puesto a discusión en las comisiones, pese a contemplar reclamos y aspiraciones que millones de trabajadores planteaban en las distintas huelgas, piquetes y movilizaciones.
En la agenda de los trabajadores figuran, entre otros, el tema del salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, la prohibición de las suspensiones y despidos y el 82 por ciento móvil para los jubilados. Esta agenda ha sido defendida también en las calles por estos diputados, porque precisamente fuimos votados para defender la agenda de los trabajadores, tanto en este Parlamento como en cada una de las luchas que se vienen dando.
Este año va a quedar en la historia como el año donde se votó una de las mayores entregas nacionales. Me refiero a la ley de hidrocarburos, una ley a la medida de las multinacionales como Chevron, que nada tiene que envidiar a las privatizaciones de los 90.
También va a quedar en la historia como un año más en el que se siguió dando la espalda al reclamo del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hace diez años que este Parlamento no discute un derecho elemental de las mujeres por el que siguen muriendo cientos de mujeres por año condenadas al aborto clandestino. Sin embargo, sí votó el Código Civil y Comercial, cuyo artículo 19 fue impuesto por el Vaticano.
Por las cuestiones planteadas, ratificamos nuestra abstención en la elección de las autoridades de esta Cámara.
Nuevo Código Procesal Penal – 04/12/2014
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: antes de comenzar quería mencionar que se encuentran presentes en los palcos trabajadores inmigrantes del Partido de Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda, entre ellos, Yuri Fernández, trabajador de la comunidad boliviana de la textil Brukman, recuperada por sus trabajadores, y delegado de la Villa 1-11-14.
Lamentablemente, los inmigrantes, los compañeros de los países limítrofes que viven en nuestro país, son de los sectores más oprimidos y más explotados en la Argentina. Ellos no tuvieron ni siquiera la posibilidad de exponer su punto de vista sobre este nuevo Código Procesal Penal.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita al público asistente a las galerías que recoja las banderas en este momento.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: siempre se colocan banderas...
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- No, pero...
Sr. Del Caño.- ...para expresarse. No puede ser que cuando viene alguien...
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia solicita que no lo hagan en este momento y que recojan esas banderas.
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: cuando viene La Cámpora, pueden poner sus banderas, pero los trabajadores inmigrantes no pueden hacerlo. (Aplausos.) Solicito que los dejen desplegar su bandera.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia informa que esto pueden hacerlo cuando se termina la votación. Ahora, por favor, se solicita que recojan las banderas. Por favor, no compliquemos la sesión. Es así. Cuando finaliza la votación pueden desplegar las banderas que deseen. Ahora no pueden hacerlo.
Sr. Lozano.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Del Caño.- Sí, señor diputado.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: no entiendo dónde consta que la bandera se pone después de la votación.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Siempre se ha trabajado en la Cámara de esa manera.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: no consta en ningún lado. Nunca se ha trabajado así.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Es práctica parlamentaria, señor diputado.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: no, no es práctica parlamentaria y hemos tenido banderas antes de las votaciones.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: por favor, responda con algo coherente.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- La Presidencia ya le ha dado una respuesta.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: por favor, hágale honor a su cargo.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Estoy haciendo honor a mi cargo y lo estoy cumpliendo con mucha responsabilidad.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Es una vergüenza que los trabajadores inmigrantes no puedan expresarse en esta Cámara. Obviamente, esto tiene que ver con la política del oficialismo vinculada con la votación que se quiere hacer en el día de hoy.
Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba este proyecto planteaba dos argumentos principales: la conmoción social, que fue retirado en el Senado por tener justamente una connotación dictatorial, y el artículo 35, claramente discriminatorio de los inmigrantes, asociando al extranjero con el delito.
Esto va en sintonía con un claro discurso derechista habló de “terminar con la puerta giratoria” ; también escuchamos a diputados del PRO y del Frente Renovador, que presentaron un proyecto anticonstitucional por el que se propone que todos tengan prisión preventiva. Obviamente, han tenido que presentar un proyecto cuasifascista para pelear esa bandera de la derecha con el gobierno que propició una iniciativa a la medida del secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Cuando se dice que esto va a quitar poder a los jueces, por supuesto que actualmente existe un poder cuasimonárquico en nuestro país. No hay que ser un avezado jurista para darse cuenta de ello. La llegada de este sistema acusatorio que se está planteando, dando más poder a los fiscales, no cambiará lo esencial del sistema judicial en nuestro país, que claramente tiene una connotación clasista, en la que aquellos sectores de trabajadores populares son criminalizados desde la corporación judicial.
En algunas provincias se aplican los juicios por jurados. En este proyecto de ley ni siquiera se mencionan. Se plantea que quizás sean parte de una ley posterior.
Contra esta casta judicial, esta corporación de jueces, proponemos un programa muy claro desde el Frente de Izquierda, PTS, que consiste en la elección directa de los jueces, los juicios por jurados, que ganen lo mismo que un trabajador y sean revocables. Esta propuesta está muy lejos de lo que se plantea hoy desde el oficialismo en el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal que estamos considerando.
Volviendo a lo que estábamos diciendo sobre si se trata de un sistema acusatorio o inquisitorio, y cuáles son las consecuencias que ello traería aparejado, el senador Pichetto mencionaba que hoy en la Argentina con el sistema inquisitorio, de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles federales, seis están en situación de proceso y cuatro, condenados. Lo que omitió mencionar el legislador es que en provincias, como Buenos Aires, donde rige el sistema acusatorio, se da exactamente lo mismo; es decir que más de la mitad de quienes se encuentran privados de su libertad no tienen condena.
Esto es evidente en otros países, como Estados Unidos, donde se da el caso más paradigmático, porque existe un sistema acusatorio, juicios por jurados, oralidad y una llamada justicia exprés. Creo que está claro que Estados Unidos es uno de los países que tiene récord de personas privadas de su libertad y uno de los sistemas judiciales más racistas del mundo.
No podemos reducir meramente la discusión al hecho de que se trate de un sistema inquisitorio o acusatorio, sino a lo esencial del sistema judicial vigente, que es clasista al servicio de los poderosos.
Retomando el tema del artículo 35, considero que estigmatiza a los inmigrantes, porque asocia la palabra “extranjeros” a delitos, lo cual es claramente discriminatorio y xenófobo. No se trata solo de un discurso de la presidenta o de un papel contenido en el Código Procesal Penal que se presenta hoy, sino de una realidad que constituye una práctica de este gobierno. Lo vimos en el desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, donde Sergio Berni prestó la Gendarmería y Macri, la policía Metropolitana, argumentando que había que descubrir y encarcelar a la banda de los paraguayos. Esto significa que se utiliza esta estigmatización para perseguir a los trabajadores, comunidades inmigrantes y sectores populares. Ello ni siquiera se fundamenta en una estadística seria que asocie a los extranjeros con el delito. Desde hace una década existe la misma proporción de inmigrantes y nativos en las cárceles de nuestro país, lo cual es una muestra más de la falacia que se plantea desde el gobierno y, particularmente, de los sectores que hoy imponen este Código Procesal Penal.
Este artículo plantea –como ya lo mencionaban anteriormente otros diputados que en caso de tratarse de una persona extranjera, la probation podrá aplicarse cuando haya sido sorprendida en flagrancia de un delito que prevea pena privativa de la libertad, cuyo mínimo no supere los tres años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar.
Este artículo es violatorio de artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por establecer una discriminación negativa basada en el origen nacional del imputado, así como también del artículo 16 de la Constitución Nacional y artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es tan notorio que fue introducido en el proyecto con una finalidad política, que ni siquiera se aclara qué pasará con el juicio a prueba, que ya está regulado en el Código Penal.
También se menciona el mayor poder que tendrá la policía para extorsionar a los inmigrantes con coimas o cualquier tipo de medida para amedrentarlos y extorsionarlos, porque ellos tendrán el poder de armar causas a los extranjeros en nuestro país.
En un documento firmado por diversas organizaciones para manifestar su oposición a este código se dice lo siguiente: “De este modo, eventuales infracciones tales como venta callejera o de artículos que son imitaciones no autorizadas de marcas (que en realidad son labores de subsistencia), son los delitos ‘in fraganti’ que van a generar situaciones en las que las personas migrantes -por no comprender suficientemente nuestro idioma, no tener cabal conocimiento de sus derechos o por falta de medios para proporcionarse un defensor- pueden ser obligados a regresar a su país ante la amenaza de ir a prisión, lo que además les impedirá ingresar a la Argentina por un plazo de cinco o quince años.”
Esto tiene otro agregado que se vincula con las protestas. Sabemos que para los delitos in fraganti se aplica el artículo 194. Habitualmente las fuerzas de seguridad lo utilizan en las represiones. Nosotros hemos tenido el orgullo de compartir con trabajadores de Lear la protesta y los reclamos por su reincorporación, donde hay trabajadores inmigrantes que podrían ser expulsados de nuestro país por reclamar contra otros extranjeros. Este código va contra los sectores populares y de trabajadores extranjeros, pero a la empresa Lear Corporation, que no cumple con la ley argentina, porque despidió a trabajadores sin siquiera presentar un preventivo de crisis, se la custodia y se le garantiza que pueda hacer sus millonarias ganancias. Por protestar y participar en manifestaciones y cortes de ruta, estos trabajadores pueden ser expulsados de nuestro país.
Por otra parte, cabe señalar que el instituto de la prisión preventiva es uno de los más denunciados por sectores que se reivindican mínimamente progresistas, muchos de los cuales manifestaron su decepción ante este código. Este instituto seguirá vigente, y ya se aplica en nuestro país, pero no contra los genocidas, pues muchos de ellos gozan de los privilegios de la prisión domiciliaria. Por ejemplo, recientemente en la provincia de Tucumán en el megajuicio contra los genocidas, trece de ellos han quedado en libertad por no tener sentencia firme. No se mide con la misma vara a los sectores populares o a los que se criminalizan por la protesta social, como sucedió con los trabajadores de ATE en Santa Cruz.
Asimismo, esta reforma establece los criterios que un juez debe seguir para merituar si hay o no peligro de fuga. En el artículo 188, inciso b), se hace referencia a la reincidencia y la constatación de detenciones previas. Esta es una clara estigmatización y un prejuzgamiento. Para citar un ejemplo doloroso, ¿cuántas detenciones previas se podría decir que tuvo Luciano Arruga por negarse a robar para la policía y ser parte del gran delito organizado por las fuerzas policiales y de seguridad?
Frente a estos poderes que se siguen garantizando a las fuerzas policiales, ante los escándalos del narcotráfico en Santa Fe o Córdoba, el propio secretario de Seguridad Berni decía que había que ir contra la banda de los colombianos, sacando el foco de las cúpulas policiales, que son partícipes necesarias del delito de las redes del narcotráfico.
Como está por finalizar mi término y me quedan muchos elementos para exponer, solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. Pero antes de finalizar deseo remarcar que uno de los puntos más nefastos de este Código es lo referido a los inmigrantes. Pregunto a quienes integran el Frente para la Victoria, que participan en organizaciones sociales y barriales, con qué cara irán a militar en los barrios, donde hay muchos compañeros inmigrantes. ¿Van a ir a decirles que aprobaron el código racista y xenófobo que quiere Berni? Ya aprobaron un Código Civil pedido por el Vaticano, y ahora pretenden hacer lo mismo con este Código Procesal Penal, claramente discriminatorio contra los compañeros inmigrantes. Por eso desde la bancada del PTS del Frente de Izquierda rechazamos este Código Procesal que hoy intenta aprobar el oficialismo. (Aplausos.)
Parlamentarios del Mercosur – 16/12/2014
Sr. Del Caño.- Señora presidenta: antes de abocarme a nuestro dictamen sobre la elección de parlamentarios del Mercosur quiero referirme a otra cuestión.
Quiero informar a esta Cámara que hace pocas horas la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de los trabajadores despedidos de Lear. Ellos han vivido durante seis meses esta heroica lucha, con la represión sufrida por parte de la Gendarmería de Berni y las patoteadas, pasando seis meses en una carpa frente a la fábrica, sin tener un salario, etcétera. Estos trabajadores, que fueron denominados “los indomables de Lear”, han conseguido este fallo que debe cumplirse en forma inmediata.
Si se presentase de parte de la empresa o de quien sea una apelación, ella no sería suspensiva de esta medida cautelar y del fallo que esta Cámara ha dado a favor de los trabajadores. Esta gran lucha es la que ha arrancado este fallo de la Justicia a favor de los trabajadores.
Para nosotros es una inmensa alegría y creemos que debe cumplirse en forma inmediata. Por eso queríamos informarlo inmediatamente a la Cámara, porque ha sido un conflicto que hasta medios de las empresas, como El Cronista Comercial, han declarado como el conflicto del año. Nosotros también hemos sido víctimas de esa represión y hemos sido parte de ella, codo a codo con los trabajadores de Lear. Esto nos da un mayor impulso para apoyar a los trabajadores populares en cada una de sus batallas y luchas.
A continuación, me referiré al tema de los parlamentarios del Mercosur. En primer lugar queremos decir que desde el oficialismo se plantea la integración de los países miembros del Mercosur, de los adherentes.
En realidad, lo que se ha comprobado durante todos estos años es que el Mercosur ha servido como plataforma para las multinacionales extranjeras y para multinacionales locales de la Argentina y también de los países que forman parte del Mercosur, para hacer multimillonarias ganancias.
Es decir que no ha sido una integración que haya beneficiado al conjunto del pueblo trabajador, a la inmensa mayoría de los pueblos del Mercosur y de América Latina; por el contrario, ha sido justamente en consonancia con el beneficio que mencionamos anteriormente.
En el caso de la autopartista Lear se produjeron despidos, como se ha visto también en el conjunto de la industria automotriz durante este año. Justamente esas multinacionales como Ford, Fiat o Volkswagen son las que se benefician. Son todas empresas extranjeras que la han levantado con pala y se la han llevado. Por eso hablar de integración nos parece una hipocresía.
También las economías de los países latinoamericanos se han visto reprimarizadas durante estos años; se han abierto a multinacionales como Chevron, lo que me recuerda la votación vergonzosa de esta Cámara sobre la entrega de nuestros recursos hidrocarburíferos. Lo mismo sucede con Monsanto, simplemente para mencionar algunas de estas multinacionales.
Por otro lado, también es una hipocresía absoluta que el Frente para la Victoria plantee la integración cuando hace pocas semanas aquí se ha votado la reforma del Código Procesal Penal, cuyo artículo 35 claramente es xenófobo, discriminatorio de los hermanos inmigrantes de los países limítrofes. Se trata de una campaña contra nuestros hermanos que integran o son adherentes del Mercosur, encabezada por Sergio Berni, quien permanentemente asocia extranjero con delincuente. De modo tal que venir a decir que es muy importante votar este proyecto que avanza hacia la integración de los países del Mercosur, de América Latina, realmente nos parece una hipocresía.
Inclusive cuando el gobierno planteó el voto a los 16 años, también se habló del derecho al voto de los inmigrantes, pero eso no se concretó. Es decir que se habla de integración mientras se niega el derecho al voto a nuestros hermanos de América Latina.
Yendo a la propuesta que hace el oficialismo en este proyecto, para nosotros el planteo de dividir en 24 parlamentarios que se eligirían en forma directa por cada una de las provincias y 19 por distrito único claramente expresa una intención de perjudicar a las minorías. Porque justamente los parlamentarios elegidos por provincias serán aquellos pertenecientes a la lista del partido que gane la elección en ellas. De ese modo los partidos mayoritarios, entre ellos el oficialismo, se estarían asegurando más del 50 por ciento de estos parlamentarios.
Por eso nuestra propuesta es que la elección sea realizada a través del distrito único, donde en cada lista al menos diez de los candidatos pertenezca a distintas provincias, a fin de que exista un equilibrio y que los integrantes no sean solamente de las provincias de mayor cantidad de habitantes.
También rechazamos de plano los pisos proscriptivos. Primero está el piso del 1,5 por ciento que plantea la elección primaria para poder postularse como candidatos a la elección general, igual que en la ley que rige las PASO. Por otro lado, en el caso de los parlamentarios del Mercosur está el requisito de obtener el 3 por ciento para poder ingresar en el reparto de los cargos. Esto claramente ha perjudicado al Frente de Izquierda, así como a otras fuerzas políticas minoritarias, y es antidemocrático.
En el caso del Frente de Izquierda, en 2011 Néstor Pitrola hubiese entrado como diputado en el orden 22 por la provincia de Buenos Aires -recordemos que este distrito elige 36 diputados nacionales-; sin embargo quedó afuera de la Cámara de Diputados por este piso proscriptivo del 3 por ciento, mientras que otros legisladores ingresaron a la Cámara con menos votos. Esto demuestra con claridad lo proscriptivo y antidemocrático que es este piso.
También queremos señalar nuestra clara oposición al planteo que se hace desde el oficialismo con respecto a los fueros de los parlamentarios del Mercosur.
Leo nuevamente el artículo 21 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, que dice: "El Mercosur firmará con la República Oriental del Uruguay un Acuerdo Sede que definirá las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones del Parlamento, de los parlamentarios y demás funcionarios, de acuerdo a las normas del derecho internacional vigentes."
El artículo 12, referido específicamente a las prerrogativas e inmunidades de los parlamentarios, establece lo siguiente: "Los parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Partes del Mercosur, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Los desplazamientos de los miembros del Parlamento para comparecer a su local de reunión y de allí regresar, no serán limitados por restricciones legales ni administrativas.”
Nosotros defendemos incondicionalmente los fueros en el sentido que aquí está planteado y rechazamos lo que pretende incorporar el oficialismo, que son privilegios que aumentan aún más los que ya tiene la casta política de nuestro país, que durante todos estos años ha gobernado para los intereses de los capitalistas, de los grandes empresarios, con sueldos muy por encima 10 o 15 veces de lo que gana cualquier trabajador.
Por eso rechazamos estos fueros especiales que propone el oficialismo y planteamos que todos los parlamentarios del Mercosur, así como todos los legisladores y funcionarios políticos en nuestro país, deberían ganar lo mismo que un trabajador, una maestra con 20 años de antigüedad, como lo proponemos en el proyecto que hemos presentado en esta Cámara y en legislaturas de diferentes provincias del país.
En definitiva, por los motivos que acabo de expresar, el PTS y el Frente de Izquierda rechazan este proyecto de ley para la elección de los parlamentarios del Mercosur. El oficialismo plantea un oportunismo político para presentar a algún candidato o candidata, que estará en su derecho de presentarse. Pero más allá de ese oportunismo político, esta ley no tiene que ver con el interés, las aspiraciones y las necesidades del pueblo trabajador, en un parlamento que aún no tiene una existencia real. Es decir que la votación que se haría el próximo año tiene la intención de buscar beneficiarse en las elecciones nacionales y no responde a ningún interés del pueblo trabajador de nuestro país.
Por los motivos expuestos nuestro bloque rechaza este proyecto.
Adelantamiento de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial – 16/12/2014
Sr. del Caño.- Señora presidenta: desde nuestro bloque del PTS y el Frente de Izquierda oportunamente rechazamos este Código Civil, por lo que hoy nos oponemos al adelantamiento de su entrada en vigencia.
A diferencia de lo que planteaba recién el diputado preopinante, ya no nos asombra que se quiera hacer pasar este tipo de proyectos como progresistas, cuando el contenido esencial es clerical y reaccionario. Por supuesto, como lo dijimos en su momento, si se hubiese planteado una ley aparte que facilitara la adopción no solo para las parejas heterosexuales, sino también para las homosexuales, o una norma que facilitara el divorcio, el Frente de Izquierda habría votado incondicionalmente en forma afirmativa y apoyado la iniciativa.
Sin embargo, este código plantea en su artículo 19 una visión impuesta por la jerarquía eclesiástica por la cual la persona humana existe desde la concepción, concepto que está en contra de avanzar en el derecho elemental de las mujeres de acceder al aborto legal, seguro y gratuito.
Esta es una cuestión que, después de once años de este gobierno que se dice progresista, sigue sin tratarse en el Congreso. De modo que la Cámara sigue dando la espalda a este derecho fundamental de las mujeres, condenando anualmente a cientos de ellas a la muerte por no tener los recursos para practicarse un aborto en un hospital público en las condiciones necesarias de salubridad. Ni hablemos de lo que sucede en muchas provincias, en las que los principales partidos que están representados en esta Cámara impiden que se aplique siquiera el aborto no punible.
En su momento denunciamos que este código va a legitimar las leyes laborales de los años 90; es decir, favorecerá el fraude laboral de muchas empresas.
De modo que el Frente de Izquierda, PTS, jamás podría apoyar este Código Civil. Por lo tanto, no acompañaremos la iniciativa por la que se propicia el adelantamiento de la entrada en vigencia del mencionado código.
Argentina Digital – 16/12/2014
Sr. Del Caño.- Señor presidente: la iniciativa que hoy se va a sancionar corona un año en el cual en esta Cámara, siempre desde el oficialismo, se impulsaron leyes favorables a las grandes multinacionales y a los empresarios. Vimos el regalo que se hizo a los vaciadores de Repsol y la entrega de nuestros recursos hidrocarburíferos a Chevron.
En primer lugar, quiero mencionar y denunciar que mientras el gobierno hace este nuevo regalo a las telefónicas, estas empresas han abierto los retiros voluntarios, que no son otra cosa que despidos encubiertos, los cuales están siendo rechazados por los trabajadores telefónicos.
Sin defender la actual legislación, nos vamos a oponer de todos modos a acompañar esta iniciativa.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el proyecto en consideración viene a extender la inclusión social lograda en su supuesta década ganada, cuando en realidad esta inclusión digital –como la llaman- no es más que un nuevo marco para justificar millonarias ganancias de las empresas telefónicas, que con altísimas tarifas y un servicio deficitario estafan al conjunto del pueblo trabajador.
La ley de medios también se planteaba como democratizadora. ¿Pero quién puede afirmar que hoy haya una diversidad de opiniones de agrupamientos políticos, sociales, culturales, artísticos, con más acceso a los medios o que posean más medios de comunicación? Lo único que hizo la ley de medios fue favorecer a las distintas corporaciones, tanto a la corporación kirchnerista como al Grupo Clarín.
Ahora, con esta nueva iniciativa de Argentina Digital se deroga parcialmente aquella ley que supuestamente venía a democratizar la palabra. En efecto, el inciso d) del artículo 25 de la ley de medios prohibía a las telefónicas tener canales de televisión y radio. Ahora, el artículo 9° del proyecto de ley en consideración habilita a todas las telefónicas a controlar medios audiovisuales, así como al Grupo Clarín a prestar servicios de telefonía y de TIC.
Entonces, este gobierno claramente mantuvo y profundizó el esquema noventista. Solo por poner algunos ejemplos, Telefónica mantiene su liderazgo en el mercado, facturando unos 3.681 millones de euros en 2013, con un incremento del 23,2 por ciento en la Argentina y del 9,6 por ciento en América Latina.
También tenemos que mencionar que la inversión estatal, a través de ARSAT y de Argentina Conectada –que se presenta como otro gran logro-, no es más que un subsidio para las empresas involucradas en la materia. Esto no le dará un impulso verdadero a la democratización, sino que le entregará el usufructo de esa infraestructura, de esa inversión hecha por el Estado, a las multinacionales telefónicas.
Si esto ya resulta una entrega, el hecho de que no se viene a democratizar ni a lograr la inclusión, como se plantea desde el oficialismo, se pone en evidencia porque ni siquiera se declara como servicio público a la telefonía móvil. Hoy los celulares representan el 70 por ciento de las ganancias de estas empresas, con más de 50 millones de aparatos en nuestro país. Estas ganancias provienen de las tarifas prepagas, que son las que abonan los que menos tienen.
Entonces, el hecho de que no se considere a la telefonía móvil como un servicio público solo tiende a favorecer a las multinacionales y el negocio de un puñado de corporaciones.
Al mismo tiempo, el artículo 19 de este proyecto se refiere a la universalidad, pero justamente son los sectores de menos ingresos los que pagan las tarifas más caras.
Es evidente, señor presidente, que estos ladrones de guante blanco nos van a volver a meter la mano en el bolsillo. Si la telefonía móvil no es un servicio público, no habrá regulación estatal de las tarifas.
El artículo 48 establece que los licenciatarios de los servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables. Yo me pregunto qué es, para estas empresas multinacionales, un precio justo y razonable. Debería decirse claramente que en el caso de todas las tecnologías de comunicaciones y de información se trata de un servicio público esencial y estratégico. Esa sería la única garantía de acceso para toda la población, con independencia de sus ingresos y de su situación social.
Ya se mencionó aquí el tema de la autoridad de aplicación, que va a ser una copia de la actual AFSCA.
También quería señalar la situación de los trabajadores, como han mencionado los compañeros y compañeras de la oposición. En el caso de FOETRA, particularmente desde la lista Violeta se plantea que este modelo de los noventa se viene profundizando otro de sus íconos, como es la tercerización y la precarización laboral, principalmente en las ramas más dinámicas y estratégicas, con convenios a la baja. Eso es lo que ocurre en convenios como el de Comercio y el de la UOCRA.
La unificación de estos servicios de telefonía, Internet y televisión, así como la competencia para abaratar costos, impulsan a las empresas a avanzar aún más en la flexibilización laboral, en particular desarticulando el convenio colectivo telefónico.
Por eso defendemos el derecho de los trabajadores a elegir el mejor convenio, como es actualmente el telefónico.
Señor presidente: vamos a votar en contra del proyecto Argentina Digital porque significa un nuevo marco legal al servicio de las ganancias capitalistas y no un proyecto que incluya social y digitalmente.
Nuestro planteo es que debería proponerse un sistema público nacional de distribución de televisión, radio e Internet, con acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre, y con tarifas progresivas para empresas y sectores ricos.
También queremos que toda la infraestructura que transporta esos contenidos sea estatizada, como todos los servicios públicos privatizados en los 90, los cuales deben estar bajo el control de los trabajadores y usuarios, que son los verdaderos interesados en que funcionen bien.
En función de esa iniciativa verdaderamente democrática por la que peleamos desde el PTS y desde el Frente de Izquierda, rechazamos esta nueva entrega que se hace a las multinacionales telefónicas.
Sr. Presidente (Domínguez).- Corresponde pasar a la votación del dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones e Informática…
Sr. Cano.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Cano.- Señor presidente: están amenazando al diputado que acaba de hacer uso de la palabra. Hay una persona que dice que afuera lo va a agarrar. Pido a la Presidencia que lo haga identificar y desalojar.
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Pedimos a las personas que asisten a las galerías que guarden respeto.
– Varios señores diputados hablan a la vez.
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Cuestión de privilegio – 16/12/2014
Sr. Presidente (Domínguez).- Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Del Caño.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio, dado que es la segunda vez que en esta Cámara me ataca una patota; eran señores de SMATA, que pensé que me iban a cortar la cabeza…
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Del Caño.- Sí, los dejan entrar justamente integrantes del Frente para la Victoria.
Es la segunda vez que me ocurre esto y me dicen que me van a cortar la cabeza.
Queremos dejar en claro que no nos van a callar FOETRA ni a SMATA. El día de hoy la Justicia le dio la razón a los despedidos de la firma Lear y van a reingresar a la fábrica. Fue una pelea tenaz que dieron los trabajadores a los que acompañamos y por la cual recibimos las balas de la Gendarmería del amigo de ustedes, de Sergio Berni…
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Del Caño.- Nosotros nos vamos a mantener junto a los trabajadores y hoy denunciamos la entrega a las telefónicas. Le guste a quien le guste, vamos a estar defendiendo a los trabajadores. Estamos junto a la Agrupación Violeta Telefónicos, oposición que representa el 40 por ciento de los trabajadores del sindicato, que pelea contra la tercerización sindical, que rechaza este proyecto de ley y que no lo festeja. Tenemos derecho a plantear nuestra posición y a defender a los trabajadores, porque para eso nos han votado en esta Cámara. Por eso estamos acá los diputados del PTS-Frente de Izquierda.
Cuando vinieron a esta Cámara los trabajadores inmigrantes a rechazar el Código Procesal Penal, que ustedes también aprobaron porque lo pidió Berni, xenófobo y discriminatorio, se los expulsó. No les permitieron abrir una bandera, a pesar de que eran cuatro trabajadores. ¡Qué peligrosos que eran esos cuatro trabajadores que venían a manifestar que no estaban de acuerdo con el código que se estaba votando! Pero son inmigrantes y ahora los extranjeros son todos delincuentes para el gobierno nacional y popular. Por eso rechazamos la práctica que tiene el oficialismo, el Frente para la Victoria.
– Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Del Caño.- Por más que silben, que hagan lo que quieran, vamos a seguir estando junto a los trabajadores. Pedimos que se termine con esta actitud y con esta prepotencia. Agradecemos al diputado Cano y a todos los diputados que no permiten que nos ataquen a nosotros, como se hizo hoy. Recordemos que la Presidencia dejó ingresar a los integrantes de SMATA, que vino a provocarnos y a atacarnos.
Les reitero que los trabajadores de Lear lograron un triunfo enorme luego de seis meses de lucha, que sienta el precedente de que las patronales no pueden despedir de manera arbitraria, como lo hicieron este año.
Fueron seis meses de lucha y de persistencia. Donde está la izquierda hay resistencia a los despidos de las patronales y a la burocracia sindical. que deja pasar los despidos y la tercerización.
Nosotros pedimos y planteamos claramente que no se permita más este tipo de agresiones en la Cámara a los diputados del Frente de Izquierda y a cualquier otro legislador. (Aplausos.)
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