Con el fin de fortalecer las instituciones del régimen democrático burgués y restablecer la credibilidad popular en los cuestionados mecanismos electorales y de selección de candidatos de los partidos patronales, Kirchner prepara el envío al congreso de un proyecto de reforma política. Con este paquete busca además, neutralizar el anteproyecto presentado por el duhaldista Atanasoff y un grupo de diputados fieles a Reutemann y De la Sota.
Ninguna de estas propuestas modifican en nada lo esencial del antidemocrático régimen vigente, donde la población vota por un programa determinado y la decisión queda en manos de burocracias que se sostienen bajo el mando, el lobby, el financiamiento y las presiones de las distintas camarillas capitalistas nacionales o extranjeras.
El sistema “preferencial” anunciado por Atanasoff –similar al usado en Brasil- mantiene la “lista sábana” pero permitiendo a los electores “elegir” a través de un casillero los candidatos dentro de esa misma lista; mientras que el proyecto kirchnerista –similar al sistema alemán- habilitaría la votación mediante dos boletas, una donde se reduciría a la mitad los cargos de la lista sábana y otra –uninominal-, que distribuiría los cargos restantes por jurisdicción.
Así pues, mientras que las “reformas” del duhaldismo y los caudillos provinciales buscan fortalecer su poder dentro del aparato del PJ, el proyecto kirchnerista pretende fortalecer su juego tanto dentro del peronismo como fuera de él con sus aliados “transversales”, al mismo tiempo que dejarle algún espacio a lo que queda del cadáver de la UCR.
Ambos proyectos refirman los mecanismos vigentes de restricción a la representación de las minorías, principalmente de la izquierda; mantienen la exigencia de un piso de 3% de los votos sobre el padrón para acceder a cargos electivos; reafirman la división de las aristocráticas cámaras parlamentarias de senadores y diputados con sus privilegios y prebendas; atentan contra la ya limitada proporcionalidad del 30% de representación femenina en las listas, conservan el privilegio de punteros y caudillos mediante la división del país en distritos que manejan como feudos, y fortalecen un sistema que atomiza el voto obrero y popular, atenazándolo entre los aparatos de los partidos patronales mayoritarios.

Rechazar estas maniobras

Los socialistas revolucionarios del PTS luchamos por una república obrera, un estado basado en las organizaciones de democracia directa de las masas, un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que es mil veces más democrático que la más democrática de las repúblicas burguesas. Sin embargo creemos que hoy es una tarea importante de los trabajadores y sectores populares, rechazar estas medidas que pretenden fortalecer y aceitar estas instituciones que cercenan las libertades democráticas y privilegian los intereses de las minorías capitalistas y sus políticos serviles. Por eso los llamamos a luchar por enfrentar estos intentos antidemocráticos con los que buscan perpetuarse a través de meras reformas cosméticas. “Reformas” que, impulsadas por el PJ y el kirchnerismo, se hacen hipócritamente en nombre de “abaratar” los costos de la política.
La única forma de alcanzar este cometido en función de los intereses del pueblo trabajador, es comenzar por exigir la inmediata disolución de la aristocrática cámara de senadores, cuyos funcionarios son mantenidos con sueldos millonarios y “gastos reservados” a costa de los padecimientos del pueblo trabajador. Hay que luchar por abolir los privilegios de los diputados. Hay que eliminar el presidencialismo cuasi monárquico, con sus atributos y decretos, e instaurar una cámara única cuyos representantes cobren un salario igual al de una maestra y cuyos mandatos sean revocables en cualquier momento siempre que el pueblo considere que no se legisla a favor de sus necesidades e intereses.
La actual división del país en diferentes distritos electorales no es más que un reaseguro para el dominio feudal del PJ, los partidos provinciales y los radicales, que les permite imponerse mediante el chantaje, el poder punteril, y el clientelismo político; toda elección deberá tomar al país como distrito único mediante el voto de un representante cada diez mil habitantes, sin ningún tipo de proscripción a sus candidaturas. Los trabajadores y el pueblo pobre sabrán elegir entre sus pares a los más honestos y mejores representantes.
Pero además, estas elementales medidas democráticas no podrán sostenerse sin la eliminación de la casta de jueces y su Corte Suprema que sólo aplican las leyes contra el pueblo que lucha; hay que luchar por imponer la elección directa de los jueces y un sistema de jurados populares.