El juicio a Ibarra desnuda la podredumbre del estado y la política burguesa de la Ciudad. No sorprende entonces la solidaridad dispensada por miembros de pura cepa de la casta política como Felipe Solá, el vicepresidente (ex menemista y ex duhaldista) Daniel Scioli, o dinosaurios en extinción como el “padrino” Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Lo que sí se destaca es el grado de postración del progresismo que se aferra a Ibarra como si éste fuera la encarnación de la democracia y la probidad y no el inepto e inescrupuloso jefe de gobierno responsable de una tragedia que costó la vida de 194 jóvenes.
Ibarra recurrió para su defensa a los oficios del ex fiscal Julio Strassera y a organismos de DDHH y ONG’s que (para decir la verdad) compensan así las prebendas y favores que a lo largo de su gobierno les otorgó el ibarrismo.
Su defensa consiste en denunciar un complot de la derecha que mediante la destitución busca un golpe de estado.
Estos argumentos son un macaneo. El macrismo y el ibarrismo lejos de ser antagónicos, compartían negocios e intereses. Por eso Ibarra pudo gobernar hasta el día de la tragedia con el aval y apoyo del macrismo. Recordemos que a poco de reasumir en el 2003, el ibarrismo vio desperdigarse la coalición que lo llevó a la jefatura de la Ciudad, quedando su bloque en la Legislatura reducido a su mínima expresión. El apoyo de Macri se debió a simple comunidad de intereses: Ibarra fue el gobierno de las corporaciones inmobiliarias, turísticas y del espectáculo en la Ciudad, el empresario un representante directo de los patrones. Si decidió dejar de sostenerlo (lo que intentó al punto de querer evitar el juicio político) fue porque la lucha de los familiares impusieron un mecanismo inusual y limitado como el juicio político aún contra la voluntad de los políticos patronales de la Legislatura (aunque éstos lo usen ahora para lavarse la cara y salvar a una institución desprestigiada).
Entre tanto Ibarra busca un acuerdo de camarillas -y apoyo del kirchnerismo- para sostenerse en virtud de explotar los mecanismos antidemocráticos de la democracia para ricos que permite a aquellos que el pueblo rechaza, aferrarse impunemente al poder. Es un Ibarra jaqueado por la movilización el que recurre al argumento del complot y el golpe de estado derechista con el objetivo de restar legitimidad al reclamo de justicia.
Otro argumento de la defensa es que la corrupción en las áreas de control no se le puede achacar a Ibarra. Una respuesta menemista del estilo “corruptos hay en todas partes” que diluye la responsabilidad en un “mal social” y legitima el encubrimiento. Pero la tragedia descubrió una auténtica madeja de corrupción, lobby y connivencia con las cámaras empresarias del espectáculo (Telerman es parte de ellas) en los mecanismos de control, corrupción y protección policial para Chabán y cajas políticas cuyos responsables son parte del entorno íntimo del ibarrismo. Una repetición a escala local del régimen del cohecho y el comisionismo que caracteriza a la gestión capitalista del estado. Junto a ello el juicio político develó el vaciamiento y desguace del sistema de salud y emergencias de la Ciudad, consecuencia de una política vaciadora. Amén de la ausencia absoluta de un plan para intervenir ante la tragedia. Como cuadro, un sistema de gobierno corrompido y un estado descompuesto. Cromañon, es entonces un crimen contra la juventud del estado patronal y la rapiña capitalista que actuaban mancomunados.
Los socialistas revolucionarios llamamos a luchar contra todo intento continuista, por la destitución inmediata de Ibarra y la renuncia de Telerman. Contra las distintas camarillas políticas patronales, llamamos a imponer la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente libre y soberana, con plenos poderes para reorganizar política y socialmente la Ciudad a favor de los trabajadores, el pueblo y la juventud.