Con el apoyo de los “piqueteros oficialistas” de la FTV de D’Elía, Barrios de Pie y otros, Kirchner salió a proclamar el boicot a la petrolera Shell (luego extendido a la Esso), que había aumentado el precio de los combustibles. Sin embargo, su “enfrentamiento” con la multinacional anglo-holandesa no fue muy lejos. Ni bien la derecha puso el grito en el cielo acusándolo de “ir contra la libertad empresaria”, Kirchner retrocedió y dio orden de no hacer ningún tipo de acción contra las estaciones de servicio. Incluso dejó de lado toda idea de penalización económica. No nos extraña. Es que lejos de cualquier llamado real a la “movilización popular contra los monopolios”, como han querido ver los escribas del oficialismo, el discurso de un gobierno rendido a la Repsol es a la vez un inicio anticipado de la campaña electoral y una respuesta pragmática a las “luces amarillas” encendidas por el aumento inflacionario; una cuestión que de desarrollarse no sólo afectaría directamente el bolsillo popular –licuando lo conseguido en los últimos aumentos salariales- sino que podría enturbiar su “imagen pública” en un año electoral. En una situación en la cual el mentado “transversalismo” es cosa del pasado y Kirchner va a apoyar a los distintos “dinosaurios” del PJ, espera que los discursos contra la Shell –o contra alguna privatizada o contra el FMI- le basten para lograr un resultado favorable en octubre. Algo que Kirchner necesita especialmente cuando el reciente acuerdo entre Mauricio Macri y Jorge Sobisch amenaza constituir un polo de derecha con buenas relaciones con parte importante de los gobernadores peronistas e incluso del duhaldismo.

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Los ataques verbales a la Shell son también una forma de encubrir una cadena de acciones realizadas por el gobierno en los últimos días cuyo signo no parece precisamente “nacional y popular”.
En primer lugar, Bolivia. En medio de la crisis y la polarización que atraviesa el país vecino, el gobierno argentino jugó fuerte en apoyar a Carlos Mesa y toda la reacción en su cruzada contra las movilizaciones obreras y campesinas. Detrás de Mesa estaba el interés directo de la oligarquía y las petroleras, quienes buscan terminar con el estado de insumisión popular que persiste desde el levantamiento que en octubre de 2003 terminó con el gobierno del “Goni” Sánchez de Losada. Por su alineamiento con Mesa, Kirchner fue felicitado por el funcionario bushista Roger Noriega, que lo diferenció de Chávez y lo alabó por la salida del default.
En segundo lugar, la entrega de LAFSA a Lan Chile. Al día siguiente que los trabajadores presentaron un plan para que se ponga en marcha una línea aérea estatal con administración de los propios trabajadores, Kirchner avaló un nuevo negociado realizado por Ricardo Jaime, secretario de transportes, por el que sin siquiera llamar a licitación alguna se permite la entrada a los vuelos de cabotaje a Lan Chile, que crea una nueva empresa, Lan Argentina, a partir de su asociación con una empresa fantasma, Aero 2000. Un nuevo acuerdo aún más turbio que el realizado en su momento con Southern Winds y que, si la lucha de los trabajadores no lo impide, seguramente va a dar más de una sorpresa.
En tercer lugar, el Congreso se apresta a aprobar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada a instancias del gobierno de Bush en Brigdetown (Barbados), el 3 de junio de 2002. Es un acuerdo mediante el cual puede ser puesta bajo el mote de “terrorismo” cualquier acción o lucha que tenga contenidos de liberación nacional y social o cualquier movimiento que impulse levantamientos contra los gobiernos proimperialistas. Una continuidad del apoyo dado al gobierno yanky con el envío de tropas a Haití, un acto de vasallaje compartido con los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay.

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Entrando en su tercer año de gobierno, Kirchner no ha tomado una sola medida que salvaguarde el interés nacional frente a los monopolios. Ha dejado claro que no piensa volver atrás de las privatizaciones realizadas en los ’90, a las cuales apoyó como gobernador de Santa Cruz. No olvidemos que el hoy secretario general de la presidencia, el neuquino Oscar Parrilli, fue en ese entonces miembro informante de la bancada peronista del escandaloso proyecto de privatización de YPF, fervientemente apoyado entonces por Kirchner. No extraña por ello que la creación de Enarsa no haya sido más que una fantochada, dejando los principales recursos gasíferos y petroleros en manos de Repsol, cuyos márgenes de ganancia son varias veces superiores en nuestro país a los que percibe en el resto del mundo. En el caso de los combustibles la forma real de atacar a los monopolios pasa por la renacionalización del petróleo y el gas, creando una única empresa nacional petrolera y gasífera bajo administración de los trabajadores. Al ser Argentina un país productor en condiciones de autoabastecimiento (y aún de exportación), esto permitiría poner los costos de un insumo que afecta el conjunto de la economía al resguardo de los vaivenes de su precio en el mercado mundial. Junto con el no pago de la deuda externa, la renacionalización del petróleo y el gas bajo administración obrera debe ser una bandera a levantar por el movimiento obrero y popular y no hacer seguidismo a la política presidencial. 

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Mientras tanto, la inflación golpea principalmente a los trabajadores y al pueblo pobre. En una entrevista televisiva dada al programa “A dos voces” la semana pasada, Kirchner señaló que el crecimiento inflacionario se debía a empresas inescrupolosas que querían mantener altos niveles de ganancias y presionar para que no haya mejoras en los salarios de los trabajadores. Este argumento tiene su parte de verdad, sobre todo si tomamos en cuenta las declaraciones de los voceros patronales que tratan de evitar por todos los medios que se expandan los reclamos salariales, cuestión que los atemoriza sobre todo a partir del triunfo obtenido por los trabajadores del subte. Sin embargo, la “preocupación” de Kirchner por el ingreso de los trabajadores no es más que pura hipocresía. Basta leer lo que afirma uno de los editorialistas del oficialista Página/12 para comprobar esto: “La mejora en la distribución del ingreso sigue siendo una bandera oficial, pero en estos días prima un dictat presidencial, ‘moderar las expectativas’. La puja distributiva es deseable, pero debe tener un cauce, anhela Kirchner”1. Un discurso no muy distinto de lo que afirman los representantes de la UIA que buscan concertar un “pacto social” con la burocracia de la CGT.
Este gobierno, tras dos años de crecimiento por encima del 8%, ha mantenido altísimos los niveles de desigualdad social, con una diferencia de 32,8 veces entre el 10% más rico (que percibe un promedio de $ 1740) y el 10% más pobre (que recibe sólo $ 53 por mes por persona) de la población, una distancia que según el INDEC ha vuelto a crecer en el último trimestre del 20042. En el mismo sentido, de consolidar los niveles de desigualdad social, van las características de la gran mayoría de los empleos creados tras la reactivación. Según un estudio de la insospechada de izquierdista Fundación Mediterránea, el promedio que ganan los nuevos trabajadores es apenas $ 403; pero si sólo consideramos a los que tienen un empleo “en negro” (que son un 53% del total), su salario disminuye a la escandalosa cifra de $ 2003, sólo algo más que lo que se percibe por un Plan Jefes y Jefas. En esta brutal explotación de la clase obrera se encuentra la principal fuente de las ganancias extraordinarias que viene percibiendo el conjunto de la clase capitalista en nuestro país; el verdadero secreto de los “éxitos” del “capitalismo en serio” que impulsan Kirchner y Lavagna. Frente al crecimiento inflacionario, la “escala móvil de salarios” (es decir, el aumento automático de los salarios según la inflación) debe ser una bandera de lucha del conjunto de los trabajadores, para evitar que los salarios que hoy se consiguen en la lucha queden rápidamente licuados.

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Como expresamos en otras páginas de este periódico, la clase obrera de nuestro país está viviendo un proceso de recomposición, como expresión de un fenómeno de dimensiones internacionales (ver el artículo Vías de recomposición del movimiento obrero, de Emilio Albamonte y Fredy Lizarrague). Del desarrollo de este proceso depende la posibilidad de conformar una real fuerza social y política capaz de quebrar el poder de la clase dominante. Por ello, es que desde el PTS apoyamos toda iniciativa que permita avanzar en la coordinación entre los sectores más avanzados y combativos de la clase obrera, como la convocatoria que están realizando distintas organizaciones para el próximo 2 de abril. Una iniciativa que debe ser tomada en sus manos por todos los sectores del activismo obrero. Y es también para que la clase obrera avance en constituirse como sujeto político independiente que venimos realizando un llamado a impulsar un gran Partido de Trabajadores, basado en los organismos de lucha de nuestra clase.
A su vez, el 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del golpe genocida del ’76, en momentos en que se vienen produciendo distintos ataques contra sectores combativos de los trabajadores, como el que están sufriendo los ceramistas neuquinos o el cuerpo de delegados del subte. El repudio a estas amenazas debe ser una de las banderas principales que levantaremos ese día, en el marco de la movilización convocada bajo la consigna “Hoy como ayer, basta de impunidad, hambre, entrega y represión”, en la que lucharemos para que tenga un claro contenido antigubernamental.

1 Mario Wainfeld, De cómo politizar la economía, Página/12, 13/03/05.
2 Ismael Bermúdez, Volvió a aumentar la brecha entre los ricos y los pobres, Clarín, 11/03/05.
3 Ismael Bermúdez, Los nuevos empleos tienen un salario promedio de 400 pesos, Clarín, 14/03/05.