Cárcel y cargos de “sedición”, que podrían dejar tras las rejas de 2 a 6 años a 4 militantes de organizaciones sociales de Montevideo, es el saldo de la represión desatada contra la movilización en repudio a la visita de George W. Bush. Algunos integrantes de organizaciones sociales participantes de la protesta denunciaron que reciben amenazas y agresiones. Un militante fue secuestrado por dos personas no identificadas para interrogarlo y dejado en libertad hora después.
Hechos que no hacen más que desenmascarar los verdaderos intereses que representa el gobierno del Frente Amplio, quien, casualmente, el mismo día de la represión firmaba un Tratado de Inversiones con los EEUU, promoviendo el ALCA, y que lleva adelante una política antipopular represiva que da vía libre a la criminalización la protesta.