Los 1100 trabajadores del Turbio siguen luchando para que la empresa se ponga a producir en beneficio de los trabajadores y la población de la cuenca. Después de la gran movilización del mes de junio junto a la población y el paro comunitario, una delegación de mineros se hará presente el miércoles 7 de agosto en la Plaza de Mayo para participar del “acampe” junto a las asambleas populares, la Interbarrial, los movimientos piqueteros, organizaciones obreras y la izquierda contra la llegada de O´Neill y junto a la lucha de los piqueteros.
Los trabajadores de la mina y la seccional ATE de Río Turbio informan que la situación en la zona sigue siendo compleja. Ya denunciaron que Taselli –concecionista de la empresa YCRTSA- volvió a la carga con el concurso preventivo de acreedores después de que el Ministerio de Trabajo le rechazara el pedido de Preventivo de crisis. Esto dio pié para que en mayo, la Secretaría de Energía declarara extinguida la concesión y para que en junio Duhalde dictara el decreto 1034 que: aprueba la rescisión del contrato, ordena cobrarse el depósito de garantía por 8 millones de dólares y designa una intervención. Cinco días después, Taselli, Luz y Fuerza y sus aliados, lograron también que Duhalde dicte el decreto 1052 que paraliza la explotación de la mina, abriendo una enorme incertidumbre para los habitantes de la cuenca y sus 1100 trabajadores.
La seccional de ATE Río Turbio denuncia que si bien la transferencia de bienes al estado ya fue hecha formalmente, Taselli estaría a la espera de que el juez dé lugar a su recurso de no innovar y reconsiderar el concurso de acreedores, para evitar que se declare la quiebra y recuperar el control de la empresa. De ahí que los dirigentes reclamen que se mantenga “la quiebra de YCRTSA” como “única manera de que Taselli no pueda volver ni disfrazado detrás de algún testaferro”. Buscan además hacer responsable al Estado Nacional para poder cobrar las deudas, ya que la comisión Fiscalizadora no controló al empresario durante los primeros años de su gestión.
En tanto el CD Nacional de ATE, a pesar de sus pomposas declaraciones de apoyo, no ha emprendido ninguna medida efectiva a favor de la lucha minera, que además enfrenta la política pro patronal del gobierno de Kirchner y Duhalde.
Los mineros ya rechazaron el decreto 1052 que paraliza la empresa empujándola al deterioro del complejo y del interior de la propia mina. Exigen además, que los contratados sean incorporados a la empresa municipal de explotación minera y que se mantenga el decreto 1034; no quieren más empresarios privados y exigen que todos los trabajadores permanezcan bajo convenio colectivo en una empresa estatal. Como ellos mismo señalan “la única garantía de que esa empresa funcione efectivamente y permita la utilización de sus recursos en beneficio de la comunidad toda, será que logramos imponer el control de los trabajadores sobre su gestión y sobre el uso de los subsidios del estado nacional."