Foto: gentileza del Área de Comunicación Institucional FCPyS

El economista y concejal, Gastón Remy, expuso sobre la deuda de Jujuy en el marco de las II Jornadas sobre Deudas Públicas organizadas por el Centro de Investigaciones en Economía Crítica realizadas en la ciudad de Mendoza el pasado 1 y 2 de septiembre.

Su trabajo sobre la deuda pública de Jujuy se titula, “Deuda pública del estado provincial de Jujuy: ¿una inversión que se paga sola?”. El mismo es parte del libro digital, “Debates actuales sobre dinámica y reestructuraciones de deuda pública desde la Argentina” coordinado por el economista, Francisco J. Cantamutto y editado este año. En el panel también expusieron economistas sobre la deuda de Mendoza (Gabriel Olmedo) y Córdoba (Pablo Díaz).

Algunas de las definiciones e ideas planteas sobre la deuda de Jujuy. Según Remy, “la deuda pública pegó un salto considerable a partir de 2018 cuando se tomaron créditos y posteriormente se emitió un bono para financiar el parque solar Cauchari. A diciembre de 2022 la deuda supera los 121.000 millones de pesos y el 84% de la misma está en dólares. Eso lleva a que la deuda suba cada vez que se eleva la cotización del dólar en términos de pesos.”

En el trabajo se demuestra que la energía que vende el parque solar genera ingresos insuficientes para abordar los vencimientos de intereses y de capital, estos últimos, comienzan en 2023.

Remy explicó que, “Cauchari genera por la venta anual de energía entre 42 y 49 millones de dólares de ingresos brutos –sin descontar el costo de producción-. Sin embargo, este año vencen 105 millones de dólares entre capital e intereses del crédito con el Eximbank de China y del bono emitido en Wall Street.”

Entonces, ¿Cómo se afronta esa diferencia?, según Remy, “el Estado provincial complementa ingresos a través del superávit fiscal que se obtiene básicamente otorgando aumentos de salarios por debajo de la inflación. En 2022, el superávit pegó un salto creciendo 22 veces –respecto de 2021- y llegó a 17.043 millones de pesos. Si los salarios hubiesen aumentado al mismo nivel que la inflación el superávit prácticamente desaparece. La otra fuente de financiamiento es el atraso del pago a los proveedores del Estado, lo que se llama, deuda flotante.”

Y sobre el salario estatal precisó, “En el caso del salario estatal ocurre que al no haber una cláusula de actualización mensual según inflación todo aumento importante incluso que fue el que se conquistó con el paro docente de junio se va licuando. En julio los docentes recibieron un mínimo de bolsillo de 200.000 pesos, pero sin ajuste en agosto y con un aumento solo de 10.000 pesos en septiembre, se termina perdiendo cerca de un 16% en solo dos meses.”

“De esta forma queda al desnudo el discurso oficial por el cual se dice que con la renta de Cauchari se paga la construcción de escuelas. La cual, vale recordar, se hace mediante un crédito de la CAF que es parte de la deuda pública”, agregó Remy.

A modo de conclusión, Remy sostuvo que “el endeudamiento público para financiar Cauchari, no solo tiene la desventaja del ajuste al salario estatal con el consecuente empobrecimiento de las familias y en muchos casos que tengan que buscar otro empleo para llegar a fin de mes; sino también que la existencia de una riqueza proveniente de la energía solar y de la construcción del parque, no beneficia a las mayorías, que por el contrario siguen pagando tarifazos. Esta irracionalidad es propia de considerar a la energía como una mercancía para obtener ganancias y no como parte de un servicio público. Dar vuelta este esquema requiere de la intervención de la clase trabajadora y los sectores populares haciéndose del control de la producción y de la distribución de la energía”, finalizó.