Tres hechos ejemplifican agudamente la podredumbre de la democracia burguesa argentina, el papel decadente de las instituciones del régimen y sus partidos.

María Julia Alsogaray, la única secuaz del menemismo que había quedado presa, la misma que reconoció que cobraba sobresueldos (en criollo, su involucramiento directo en el cobro de los dividendos de la corrupción) fue dejada libre ¿Por qué? Probablemente la campaña que inició señalando que no estaba sola en el acaparamiento de considerables “vueltos” fue suficiente para que ex funcionarios menemistas que hoy revistan en el kirchnerismo, o bien, la misma casta de jueces venales metida hasta el fondo en el tráfico de dádivas y favores, movieran influencias para que la olla no se destape y “Sus Señorías” tomaran la decisión. Bajo el gobierno “nacional y popular” ni siquiera ha quedado en cana el único trofeo consuelo que podían esgrimir los que gustan defender al presidente “anti neoliberal”. 

Posteriormente, el fallo de liberación de Omar Chabán, uno de los máximos responsables de la masacre de Cromañón, volvió a mostrar a las instituciones de este régimen garantizando la impunidad. No fue sólo la justicia; la policía hizo su parte reprimiendo a los desesperados familiares de las víctimas. Y aunque el gobierno –por boca de los dos Fernández- salió apurado a apelar el fallo, la hipocresía le brota por todos los poros. El mismo Kirchner impulsó el pacto de impunidad y el operativo salvataje que sostuvo a Ibarra en el gobierno cuando junto a Duhalde presentó a Juan José Alvarez como la “solución” a los problemas de “seguridad” de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo al cinismo de un prestidigitador de la oratoria -como el Presidente- se le puede ocurrir ubicar en el puesto de Secretario de Seguridad a uno de los principales responsables políticos de otra masacre – la de Puente Pueyrredón-. Demás está decir que Ibarra y la inmensa mayoría de su corte de inescrupulosos ni siquiera ha sido juzgada por su compromiso en los sucesos de Cromañón: todos permanecen en sus cargos.

El otro hecho está en curso y es el juicio a los responsables del asesinato, el 26 de Junio de 2002, de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ahí se están poniendo en marcha todos los mecanismos de encubrimiento de las responsabilidades políticas para salvar al PJ. Ni Aníbal Fernández (ex duhaldista, hoy funcionario Kirchnerista), ni Juanjo Alvarez, ni Solá, ni Atanasoff, ni Duhalde, ni ninguno de los “cerebros” que planearon el operativo criminal irá preso.

Son varias las conclusiones que surgen de estos hechos.

La primera tiene que ver con la institución judicial. Los sucesos señalados hablan a las claras de los beneficios que gozan empresarios y funcionarios políticos corruptos a la hora de ser juzgados por sus actos. Ambos fallos demuestran que esta es una justicia para los ricos. Miles de llamados “ladrones de gallinas” sin condena perviven hacinados en las cárceles de todo el país sin que ninguna excarcelación les haya sido otorgada. Los presos de la Legislatura, detenidos en aberrantes condiciones, son otro ejemplo de esta justicia clasista y de que los resquicios legales “garantistas” siempre pueden estar listos para los que pagan y no para los pobres o los luchadores populares.

Nada puede esperarse de esta justicia. Su función es regir el orden de los que lucran con la vida, se enriquecen a costa de la explotación del trabajo, y entregaron la Nación. El juicio y castigo para los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón, para los pibes de Cromañón, para los políticos patronales corruptos, sólo vendrá de la mano de la movilización popular y de la lucha en las calles. Las banderas democráticas de imponer comisiones investigadoras independientes conformadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones que quieran pelear por el castigo a los culpables, la elección directa por sufragio universal y la revocabilidad de todos los jueces, también es una pelea política para motorizar la lucha y la movilización contra la casta judicial oligárquica.

La segunda conclusión, remite a tareas que quedaron pendientes tras la rebelión popular del 2001, fundamentalmente la subsistencia del viejo régimen. El “que se vayan todos” supo señalar acusadoramente a toda la casta política, y a cada una de las instituciones. La masacre de Cromañón y de Puente Pueyrredón y la liberación de María Julia Alsogaray son la prueba palpable de que poco ha cambiado. Más bien, la actual podredumbre es una confesión del fracaso estrepitoso de aquellos que decían que las banderas de Diciembre iban a ser reivindicadas por el gobierno “progresista” de Kirchner.

Como ya dijimos en varias oportunidades, en aquel diciembre de 2001, pese a la enorme movilización popular, de la unidad entre “piquetes y cacerolas”, faltó fuerza social que pudiera hacer realidad esa demanda, lo cual se explica porque la clase obrera –decisiva en términos de poder social y creación de hegemonía- no intervino dando una salida positiva a la crisis. Entre los trabajadores ocupados primó en ese entonces el peso de los golpes pasados, el temor paralizante a la desocupación, el papel traidor de la burocracia sindical.

Hoy es posible decir que los ecos de esa rebelión han finalmente repercutido en el seno de la clase trabajadora influyendo favorablemente en su conciencia, abonando el renacer de métodos democráticos, de las asambleas, de la acción directa, de nuevos delegados combativos. Los trabajadores comienzan a mostrar su fuerza social que puesta en movimiento, con objetivos independientes, es una gran potencia que amenaza la tranquilidad de los patrones y sus políticos.

Cada vez más los conflictos obreros se hacen sentir en la escena nacional. Y ya no son sólo los sectores estratégicos de los servicios como los trabajadores de subterráneos o los telefónicos, junto a los estatales o los docentes. El gigante dormido, el proletariado industrial, comienza a dar sus primeros pasos protagonizando por fábrica, o incluso por gremio algunas luchas por salario o condiciones laborales.

Pero a diferencia del movimiento de diciembre de 2001 donde la desconfianza hacia los partidos patronales había acuñado el que se vayan todos , el actual auge del movimiento obrero no supera el marco reivindicativo y en el terreno político la clase trabajadora se divide entre los que tienen ilusiones en el gobierno actual y en los que están desinteresados en la “política”. Hoy está ausente una voz y un programa independiente de los trabajadores frente a los candentes hechos políticos que desnudan la impunidad del régimen. La clase obrera tiene que hacer suyas la causa de las libertades democráticas, el juicio y castigo para los que cometieron crímenes contra el pueblo.

El llamado que desde el PTS venimos haciendo a las organizaciones obreras combativas, a la izquierda clasista y a los luchadores a sostener una campaña por un gran Partido de Trabajadores, independiente de la patronal y sus partidos es una cuestión estratégica para pelear por la independencia política de la clase obrera, para dejar atrás toda sumisión al peronismo y los viejos partidos que perpetuaron este régimen de impunidad y sus instituciones.

Para dar pasos en esta perspectiva es que insistimos en nuestro llamado a que con las organizaciones que se reivindican de la izquierda obrera y socialista, el PO, el PTS, el MAS (y el MST si rompe con Izquierda Unida y su política de colaboración de clases), impulsemos un Frente de Trabajadores tras un programa de independencia de clase claramente delimitado no sólo del gobierno kirchnerista y del PJ, sino de la perspectiva centroizquierdista del Encuentro de Rosario donde anidan banqueros como Heller, la CTA, radicales como Stolbizer, antiabortistas como Mario Cafiero y el Partido Comunista.