Como señalAramos en LVO 208, las cárceles de la provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación humanitaria límite. Los detenidos viven en situación de hacinamiento, hay una superpoblación carcelaria del 60%. El 80% de las personas privadas de libertad se encuentran procesadas (es decir sin sentencia y por ende con presunción de inocencia).
Ante tal situación, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo, a instancias de un amparo presentado por el CELS en el 2004, en el cual reconoce parcialmente el problema y lo califica como una violación a los derechos humanos de los detenidos. Días atrás, la Cámara de Casación de la provincia, en pleno, también reconoció el problema y le dio una solución insuficiente, ordenando a los Tribunales orales y los jueces de garantías que no deben tener personas procesadas detenidas por más de dos años.
La respuesta que han dado el Gobernador Felipe Solá y el Ministro de Justicia Eduardo Di Rocco (el amigo de Bignone) es un nuevo proyecto de reforma al Código de Procedimiento Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto responde a la candidatura de Blumberg a gobernador y le cae como anillo al dedo al delfín K, Daniel Scioli.
Los puntos centrales de la reforma consisten en:
• Eliminación de los Tribunales de Casación. Con la consecuencia de eliminar una instancia de apelación, en los casos en que este tribunal actúa como alzada de la Cámara de Apelaciones.
• Reemplazo de las funciones de Casación por las Cámaras de Apelación locales. Esto no hace más que fortalecer la cofradía judicial y atar más fuerte sus lazos con los municipios en que tiene asiento (el Tribunal de Casación es uno solo para toda la Provincia y tiene asiento en La Plata).
• Juicios sumarios para los delitos detectados en flagrancia (en el momento de su comisión). Esto quiere decir que si una persona es detenida mientras está cometiendo el delito (hoy un robo, mañana un corte de ruta) en cien días va a tener sentencia condenatoria firme, ya que se elimina la posibilidad de apelar los fallos en estos casos.
• Extensión del horario de atención de tribunales hasta las 17 hs.
• Polivalencia de funciones y rotación de los empleados judiciales y también de los jueces. Así podría llegar al absurdo de que un Juez de Juicio deba revisar después una sentencia dictada por él, esta vez en carácter de Juez de apelaciones y que después ese mismo Juez, en otro caso actúe como Juez de garantías y más tarde tenga que dictar sentencia en la misma causa.
• Disolución de los tribunales orales en juzgados de juicio unipersonales.
Es para recordar que desde el ‘98 a la fecha se ha reformado sustancialmente el Código de Procedimiento provincial en tres oportunidades, siempre para endurecerlo. El saldo de dicha política es cárceles cada vez más abarrotadas de pobres.
Este proyecto ha sido rechazo por los empleados judiciales de la provincia, quienes han realizado asambleas para rechazarlo, ya que afecta sus condiciones de trabajo.
También se ha pronunciado en su contra la Cámara de Casación, la que ha solicitado que previo a su tratamiento se realice una audiencia pública.
Tal proyecto se está aplicando como prueba piloto en Mar del Plata, donde ya se pusieron en la práctica los juicios penales sumarios, todo ello, bajo el atento control del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP), máximos representantes del garantismo penal apadrinados por Eugenio Zaffaroni e integrado por los Drs. Hendler y Baigún entre otros. Una vez más el garantismo muestra su verdadera cara, como días atrás el procurador general Esteban Righi, quien dictaminó en contra de que la desaparición de julio López se investigue como tal y a favor de que quede en la justicia provincial como una simple averiguación de paradero.
Los jueces sean de la instancia o del fuero que fueren, no son más que perseguidores de ladrones de gallinas y encubridores de políticos y empresarios corruptos, y nunca garantizan un juicio justo a los hijos del pueblo. Pero esto no invalida la necesidad de contar con mecanismos e instancias donde encontrar hasta el más mínimo resquicio que permita tener una defensa lo menos formal posible.