Las primeras estimaciones sobre la cosecha 2006/2007 señalan que rondará los 90 millones de toneladas, superando en un 15% el volumen de un año antes y prácticamente duplicando lo obtenido una década atrás. En valores la suba será mayor aún, estimándose que el sector agroalimentario exportará cerca de 25 mil millones de dólares, un salto de un 24% respecto al año pasado. De ellos, 16.300 millones provienen de los granos y sus subproductos. Los precios de estos productos han tenido una suba muy importante en pocos meses: los del maíz han estado a la cabeza, con un crecimiento de alrededor de un 50%, mientras los del trigo aumentaron un 25% y un 15% los de la soja y del girasol (Clarín, 21-01-07). Los ingresos agrícolas crecerían globalmente este año en 4.000 millones de dólares. En el sector ganadero, luego de las disputas con el gobierno, también se esperan cifras récord: se exportarían unas 650.000 toneladas por 1.400 millones de dólares. ¡Qué contraste entre estos números y la realidad de un país cruzado aún por el hambre y la indigencia para parte importante del pueblo trabajador! Aunque los propietarios sostienen que las retenciones licuan parte importante de las ventajas derivadas de la devaluación del peso, lo cierto es que los subsidios al gasoil, la desgravación impositiva en la importación de maquinarias y otros beneficios les permiten una renta bastante superior a la existente en otros países de la región, como por ejemplo Brasil. Pero los altos ingresos favorecidos por el aumento de los precios internacionales no han impedido, sin embargo, la continuidad de las protestas de los propietarios agropecuarios. Mientras la Sociedad Rural Argentina (que nuclea a los sectores oligárquicos tradicionales) se desligó de los cortes realizados el martes 23, la Federación Agraria Argentina (que agrupa propietarios pequeños y medianos, que obtienen una renta muy desigual según la actividad económica que realizan) y Confederaciones Rurales Argentinas (de las que forma parte CARBAP, que nuclea a propietarios acomodados de la pampa húmeda) amenazaron con un nuevo lock out en diez días si no cambia la política del gobierno (La Nación, 24-01-07). Pero pese a que discursivamente la FAA cuestiona la política del gobierno desde un discurso “progresista” de defensa de los pequeños productores contra la “extranjerización y concentración de la propiedad de la tierra” y “el pago de la deuda externa”, termina coincidiendo con los sectores más acomodados, como los agrupados en CARBAP, que no quieren ningún tipo de control para su renta extraordinaria. Es decir, reclamando el fin de las retenciones a la soja y cualquier tipo de control a la producción ganadera termina enfeudando los intereses y reclamos de los pequeños productores a los de la oligarquía agropecuaria, la misma que es beneficiaria directa de la súper explotación que sufren los peones y asalariados rurales, la mayoría de los cuales engrosa las cifras del trabajo “en negro”. Tampoco enfrentan a los propietarios de los frigoríficos exportadores y las grandes cerealeras.

¿A quién beneficia realmente la política del gobierno? 
El gobierno, por su parte, sostiene que sus medidas son para evitar la suba de los precios. Pero lo cierto es que los alimentos que forman parte de la canasta básica han tenido una suba sostenida y los promocionados “precios acordados” existen en las listas que publica el gobierno pero no en los supermercados y almacenes. Más aún, como sucedió cuando la baja en los precios del ganado en pie sólo sirvió para engrosar la ganancia de los frigoríficos (es decir, transfirió la renta de un sector capitalista a otro), la proyectada recaudación extra de 1.000 millones de dólares basada en el crecimiento de un 4% en las retenciones a la soja –del 23,5% al 27,5%–, será esencialmente para subsidiar la ganancia empresaria y no el bolsillo del trabajador. Esto no implica que al gobierno no le interese una cierta contención de los precios de la canasta básica, para que no se dispare la inflación y se limiten las luchas por el salario. Incluso ello no es incongruente con los intereses de los sectores capitalistas más concentrados ligados a la industria, para los que el costo de la fuerza de trabajo es un componente de mucha importancia. Las patronales agrarias están entre quienes más se han beneficiado con el “modelo de dólar alto y salarios bajos”. En particular, aquellos que exportan una parte importante de su producción y tienen el triple beneficio de salarios bajos, una relación cambiaria favorable para competir internacionalmente y la captación de una parte importante de la renta diferencial de la tierra mediante mecanismos diversos, como los precios subsidiados de los servicios, desgravaciones impositivas y los subsidios directos otorgados por el Estado. Que no han sido los trabajadores los beneficiarios de la actual política económica es fácil demostrarlo: en promedio, el dinero que gana el que tiene empleo se ubica 9,2% por debajo del poder adquisitivo que tenía en 2001, antes de la devaluación. Entre ellos, un 30% de los trabajadores ganan menos de 500 pesos -en su mayoría, asalariados en negro, cuentapropistas pobres y beneficiarios de planes sociales que trabajan- y otro 40% percibe entre 500 y 1.100 pesos (Clarín, 13-01-07).

La alianza obrera y popular
Las disputas entre distintos sectores patronales por ver quién se queda con la parte del león de la renta diferencial de la tierra en sus momentos de crecimiento han sido una constante en la historia nacional. La situación actual no es una excepción, si bien la coyuntura económica favorable pone límites a los niveles de fricciones entre los distintos sectores capitalistas. Para la clase obrera se trata de levantar una política independiente frente al gobierno y las diferentes fracciones burguesas. Una política que en primer lugar defienda los intereses de los peones y del conjunto de los trabajadores asalariados rurales, exigiendo a los sindicatos del sector (UATRE en primer lugar) que rompan con el gobierno y luchen por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($2400) y la regularización inmediata de todos los trabajadores. Que, exigiendo la condonación de sus deudas y créditos baratos, promueva la alianza de la clase obrera con los pequeños productores, separándolos del bloque en el que hoy se encuentran con los grandes propietarios producto de la política de los dirigentes de la Federación Agraria. Que ataque los intereses de los grandes terratenientes y de los grupos capitalistas que dominan la agroindustria y los frigoríficos, planteando la nacionalización de sus tierras y la colectivización de la producción agrícola y ganadera. Que impulse la entrega de la tierra y los medios para explotarla a los pueblos originarios y los campesinos pobres que la vienen reclamando. Que plantee la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Que expropie a las grandes empresas alimenticias y cadenas de supermercados, poniéndolos a funcionar bajo gestión obrera, cuestión que entre otros puntos favorecería el abaratamiento de los productos de consumo popular. Es decir, un programa para organizar en forma racional y planificada, de acuerdo a los intereses de los trabajadores y el pueblo, la explotación agrícola y ganadera, única forma para que las ventajas que tiene su producción en nuestro país no sigan engrosando los bolsillos de oligarcas y empresarios y perpetúen la dependencia de la economía nacional respecto de su producción primaria. Se trata, en suma, de impulsar la movilización por una perspectiva que permita materializar la alianza obrera y popular para que los trabajadores se hagan del poder político y emprendan la reorganización del conjunto de la sociedad sobre bases socialistas.