El 1° de febrero el gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP). El eje del mismo es posibilita pasar del Régimen de Capitalización (AFJP) al Régimen de Reparto (estatal), aumenta la jubilación pagada por el Estado, fija un límite a las comisiones que cobran las AFJP, entre otros puntos (ver Principales ...)
Esta reforma cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos patronales, la burocracia de la CTA y la CGT, y el rechazo de los liberales recalcitrantes, a quienes les parece mal que los trabajadores a la hora de tomar una decisión sobre su jubilación puedan optar por confiar en el Estado o en los capitalistas privados. Estos representantes del capital financiero saben que luego de la experiencia de los ’90 y las jornadas revolucionarias del 2001 los trabajadores y el pueblo no tienen ninguna confianza en los capitalistas, y mucho menos en los representantes del capital bancario como es el caso de las AFJP. Así, estos burgueses revelan que su discurso en contra de la injerencia del Estado es sólo ideología, falsa conciencia como decía Marx, y que dependen de la fuerza del Estado burgués para imponer sus negociados.
Como contrapartida las medidas que implican una mayor ingerencia del Estado en los asuntos esenciales despierta la simpatía de los trabajadores y el pueblo. En este caso ésta está basada en que el actual sistema no cubre las necesidades de los jubilados y las perspectivas futuras son peores.

AFJP, negocios para el capital financiero
El menemismo mediante la Ley 24.241 modifica el carácter del sistema de jubilaciones. Antes se consideraba que éste era solidario, es decir que el conjunto de los trabajadores activos aportaba para sostener las jubilaciones de los pasivos de generación en generación, a la vez que cuando los aportes no alcanzaban el Estado era responsable de garantizar el resto del dinero. Con la reforma de Menem el sistema pasó a ser individual, cada trabajador ahorra en una cuenta y a la hora de percibir su jubilación sería retribuido en base a este ahorro más los intereses provenientes de los negocios llevados a cabo por las AFJP. Acorde a la ideología neoliberal, este sistema premia a quienes tienen una mejor posición y penaliza a los “perdedores”.
Al cabo de 13 años de promulgada la Ley con la mayoría de los trabajadores desocupados, trabajando en negro, o con sueldos inferiores al límite de la línea de pobreza queda claro que el sistema en vigencia no cubre las necesidades de los jubilados actuales ni de los futuros. Lo que sí queda claro es que el sistema fue un gran negocio para las AFJP que, según datos del organismo que las controla, la Superintendencia de AFJP (SAFJ), actualmente se quedan entre el 29,3% y el 41% de lo que aporta cada trabajador.
La ideología imperante en los ’90 consideraba que el Estado administraba todo mal y que perdía plata, con este argumento se privatizaron todas las empresas estatales. En el caso de las jubilaciones además de generar déficits para el Estado, se pagaban importes miserables, y estos fueron los argumentos para imponer la reforma. Hay que mencionar que el déficit no era ocasionado por el pago de las jubilaciones, sino por los políticos patronales que utilizaban los aportes como caja para financiar todos sus negociadosl. Como de todas maneras no se tenían mucha fe, la ley impedía el retorno al Régimen de Reparto si se optaba por el de Capitalización, y todo nuevo trabajador que no optaba por ninguno era automáticamente derivado al Régimen de Capitalización.
Según dicha ideología, los fondos jubilatorios en manos privadas impedirían que el Estado se apropiara de los mismos para otros fines, y administrados por “expertos” arrojarían grandes intereses que permitirían engrosar la cuentas privadas de los futuros jubilados. Hoy en día está claro que esto no fue más que una mentira. El menemismo, al quedarse sin los fondos jubilatorios les impuso bonos a las AFJP, realizando negociados a favor de los bancos. Como lo demuestra el informe de la SAFJP, la enorme mayoría de los fondos está compuesta por títulos de la deuda nacional. A lo que corresponde hacerle una aclaración: de los títulos públicos una gran parte entró en el canje de la deuda externa y por lo tanto sufrieron una quita del 76%. Para evitar el derrumbe del sistema Kirchner les permitió contabilizar estos títulos al valor nominal (sin la quita), en otras palabras un bono que era de $100, lo canjearon por otro de $24, pero lo anotan como de $100, una verdadera farsa.
Y todo esto sin tener en cuenta que las AFJP no están pagando jubilaciones, mientras el Estado abona 3.286.503 jubilaciones y pensiones, las AFJP abonan 255.248. Así y todo la ANSES (que paga las jubilaciones y pensiones estatales), tiene superávit.

Los motivos de la nueva reforma
Ante la crisis social de los ’90, y la devaluación, el gobierno se vio obligado a incorporar a una gran cantidad de trabajadores al sistema jubilatorio a cargo del Estado, mediante la jubilación de las amas de casa, las moratorias previsionales y la jubilación anticipada. De esta manera peligra el superávit de la ANSES, cuestión que resulta un problema para el gobierno ya que echa mano a éste mediante préstamos que este organismo le hace al Estado a tasas un 50% inferiores a las del mercado. Por otra parte en el 2006, el superávit de la ANSES, significó el 26% del superávit estatal.
Kirchner tiene en cuenta que muchísimos trabajadores se pasarán al Régimen de Reparto, lo que permitirá engrosar los ingresos, garantizando las nuevas erogaciones y el superávit para financiar sus gastos, a la vez que garantiza el negociado de las AFJP, quienes seguramente contarán con los aportes de aquellos trabajadores que estén en una mejor posición.
Como vemos el gobierno no modifica el problema de fondo que es el carácter individual que tiene el actual régimen. Hay que cambiar de raíz el sistema expropiando a las AFJP y nacionalizando el sistema jubilatorio bajo administración de trabajadores y jubilados que garantice el 82% móvil universal como mínimo.
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Principales aspectos de la reforma

• Se mantiene el Régimen de Capitalización, aunque se permite el traspaso a Reparto.
• Aún con la suba de la jubilación estatal, ésta no superaría el 50% del salario.
• Se impone un tope a las comisiones que cobran las AFJP, que es financiado con una baja de los seguros que deben contratar.
• Quienes no elijan una opción, pasan al Estado.
• El gobierno obliga a las AFJP a financiar las inversiones en un porcentaje que va del 5 al 20% del total de los aportes y contribuciones jubilatorios.