Juan Puthod es el tercer detenido-desaparecido de la dictadura militar que vuelve a ser secuestrado en menos de 20 meses. Dos de ellos fueron liberados por sus captores, Julio López continúa desaparecido y la causa en la que se investiga el hecho, sin responsables.

Los grupos de tareas continúan operando en la Argentina, la impunidad también. En ninguno de los tres casos el accionar de la policía arrojó resultado alguno, por supuesto; más bien permitió borrar las pistas que pudieran dar con los responsables. Desde el Poder Judicial, también en los tres casos, entablaron una pelea por la competencia –federal o provincial- y permiten que se pierdan los momentos más importantes para encontrar pistas firmes que son los inmediatamente posteriores al secuestro. Así, se va formando la cadena de complicidades que por acción u omisión llevan a que ninguno de los casos se esclarezca, completando el mensaje que los grupos de tareas buscan con su accionar intimidatorio.

Obediencia debida

A cuatro años de anuladas las leyes de impunidad podemos afirmar que por el accionar de la Justicia y el Gobierno, rige, de hecho, la obediencia debida. En las causas en trámite los pocos imputados que existen (alrededor de 400) se componen de dos maneras: aquellos a los que les imputan los delitos por “cadena de mandos” (Videla, Menéndez, Bussi, Riveros, etc.), es decir, porque eran parte de los mandos jerárquicos en la dictadura, y aquellos que han sido reconocidos por los sobrevivientes (Turco Julián, Patti, Febrés, etc.). De allí que los números de implicados son ínfimos si se compara con los 75.000 miembros que tenían –solamente- las Fuerzas Armadas.

Esto explica también que se hable de “testigo clave”. Los testigos son clave porque con su testimonio se puede identificar a los genocidas que pasaron por los centros clandestinos de detención. Pero los compañeros no tienen por qué llevar esa carga en forma inevitable. Son “claves” porque desde el Estado, desde el Gobierno, no se aportan las pruebas con las que cuentan para identificar a los genocidas. Son varias las herramientas que tienen para ese fin. Una, elemental, son por ejemplo, los listados de los policías o militares que aparecen prestando servicios en las comisarías, bases, etc., donde está comprobado que funcionaron CCD; otra, los listados de personal de todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia de aquel momento; y fundamentalmente, la apertura de los llamados “archivos de la represión”, los archivos documentales que conserva el Estado sobre aquel período y que sólo han aparecido a cuenta gotas y producto de la casualidad o investigación periodística, pero nunca como producto de una política de Estado para terminar con la impunidad.

Mal puede hablar de preocupación por la desaparición de un testigo la presidente de la Nación, como lo hizo ante el secuestro de Puthod, cuando es su responsabilidad que los grupos de tareas sigan actuando impunemente, tanto como su ocultación de los archivos.

Punto Final

Así como denunciamos que se quiere imponer la “Obediencia Debida”, tenemos que sumarle a esta grave situación que cada una de las acciones intimidatorias, ataques a los abogados que llevan las causas, amenazas a los familiares de los testigos, llegando al secuestro de tres personas, son las acciones de bandas fascistas que buscan preservar la impunidad que han tenido en todos estos años, buscan un nuevo “Punto Final” que paralice las causas a la espera del momento político oportuno para que lo que hoy es de hecho, pase a ser de derecho.
Las declaraciones de la ministra Garré diciendo que en dos años –para “el bicentenario”- las causas tienen que estar terminadas, cada vez más aparecen como un intento de dar una respuesta tranquilizadora para ese sector.

Entretanto, a casi 20 meses de su secuestro, Julio López continúa desaparecido, el secuestro de Geréz se perdió en la bruma de tribunales y la causa Puthod ni siquiera se sabe quién la va a investigar.