El 20 de diciembre de 2001 caía Fernando De la Rúa. Lo echó el pueblo movilizado en las calles, transformando a la Plaza de Mayo en un campo de batalla contra las fuerzas de represión. El gobierno de la Alianza fue el primer gobierno de la historia del país elegido por el sufragio universal que es derrocado, no por un golpe militar sino por una espectacular irrupción y acción directa de masas.
Los días previos al 19 los saqueos a los supermercados y a los comercios, protagonizados por los desocupados y los habitantes de las barriadas pobres de once provincias, incluido el Gran Buenos Aires, fueron las primeras acciones del levantamiento popular en una situación marcada por cuatro años de recesión, división interburguesa y un desgaste enorme del gobierno y todo el régimen político. De la Rúa, a esa altura un presidente absolutamente patético, decreta el estado de sitio para intentar capear la situación pero un extendido e inesperado “cacerolazo” –que ganó los barrios de la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a la Casa Rosada– lo desafió abiertamente. El 20 de diciembre se produce lo que se llamó “la batalla de Plaza de Mayo”: jóvenes trabajadores, estudiantes y desocupados, junto a centenares de militantes pertenecientes a los partidos de izquierda hostigaron con piedras a la policía. Si De la Rúa no presentaba la renuncia, los acontecimientos se precipitaban hacia una huelga general, preludio de una insurrección generalizada.
Más de treinta muertos a manos de las fuerzas policiales fue el precio que pagó el pueblo movilizado para poder echar a un gobierno que, además de antiobrero y entreguista, era completamente inútil. Las demandas centrales fueron el pan y el trabajo y la devolución de los ahorros confiscados por el corralito financiero de Domingo Cavallo que expropió a las clases medias para salvar a la banca y cumplir con el Fondo Monetario. Por primera vez se sintió en las calles la consigna emblemática del movimiento, con que la población expresaba su repudio a la casta política: que se vayan todos.
El movimiento de diciembre constituyó un amplio bloque social que incluía a los desocupados, los pobres urbanos, la juventud plebeya y las clases medias arruinadas. La clase obrera participó diluida dentro de este conglomerado de fuerzas. Esta confluencia dio lugar a la alianza del “piquete y las cacerolas” que hizo intransitable la gobernabilidad burguesa aunque por su heterogeneidad social se fue diluyendo con el correr del tiempo. Los sectores dominantes debieron cambiar cinco presidentes en menos de un mes y Duhalde se vio obligado a abandonar anticipadamente el poder y convocar a elecciones luego de que las fuerzas de represión asesinaran a Darío y Maxi en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Indudablemente, aquellas jornadas inauguraron un nuevo ciclo político y de la lucha de clases. Mientras tanto, los sectores movilizados pusieron en pie asambleas populares, tomaron mayor notoriedad los movimientos piqueteros combativos y dieron impulso a las fábricas ocupadas, cuyos símbolos serán Brukman y Zanon. Una experiencia de democracia directa y autoorganización inédita en el país. Retomando lo más avanzado de su tradición de lucha, un sector de la clase trabajadora mostraba con la toma de empresas una respuesta obrera a la bancarrota de los capitalistas.
Cinco años después el gobierno de Kirchner –que llegó al poder para terminar de desarticular el cuestionamiento abierto por la rebelión popular- y los voceros de la burguesía quieren impugnar este extraordinario acontecimiento y proponen desde los grandes medios de comunicación un “nunca más” al quiebre de la continuidad institucional como producto de la acción de masas. Para ello, hay dos discursos preponderante de quienes buscan restarle legitimidad y potencia revolucionaria al movimiento del 2001. Por un lado encontramos una visión levantada por el elenco desplazado del poder, que plantea que las jornadas de diciembre fueron un complot orquestado por el PJ bonaerense para derrocar a De la Rúa y entregarle el poder a Duhalde. Por el otro, una lectura esgrimida principalmente desde la centroizquierda, vemos que aunque reconoce la legitimidad de la movilización popular, critica el contenido de la consigna "que se vayan todos" por antipolítica. Ambas posiciones se entrecruzan permanentemente y se basan en elementos reales que explican las debilidades del movimiento de diciembre pero que no constituyen de ninguna manera una definición precisa de aquellos acontecimientos.

Levantamiento popular y complot capitalista
La rebelión del 19 y 20 de diciembre fueron jornadas revolucionarias protagonizadas esencialmente por el pueblo pobre, los trabajadores desocupados y las clases medias urbanas. Como describíamos en La Verdad Obrera, la misma noche del 19 “Hay una insubordinación generalizada de todas las clases explotadas y oprimidas. Todas las direcciones oficiales han sido desbordadas. El país entró abiertamente en una situación que signará la próxima etapa, donde los de arriba no pueden seguir dominando como antes y los de abajo no quieren seguir viviendo como hasta ahora. Miles de pobladores y familias en la miseria absoluta, desesperados, simultáneamente en 11 provincias se agolparon frente a los supermercados en busca de alimentos. Fue superior a hechos similares que se produjeron en el "89. (…)1”. La intervención directa de un gran sector del movimiento de masas puso de manifiesto la profunda crisis orgánica y de hegemonía del capitalismo semicolonial argentino y su estado. Pero como todo movimiento masivo de carácter semiespontáneo, que no cuenta con una dirección clasista y revolucionaria que señale un objetivo de poder a su frente, fue aprovechado por las camarillas políticas capitalistas para resolver en las trastiendas del palacio y quién se quedaba con el botín del gobierno y el Estado y "ajustar antiguas cuentas". En aquel momento complotaban el peronismo, el alfonsinismo y la UIA contra De la Rúa y el plan de convertibilidad. El PJ encabezado por Duhalde y la Liga de Gobernadores, se había preparado para un recambio institucional. Por eso habían impuesto a Ramón Puerta en la presidencia del Senado para cubrir la acefalía que había dejado la renuncia de Chacho ˜álvarez.
Pero el verdadero complot de los políticos capitalistas fue para impedir que las masas que exigían en las calles "que se vayan todos" lograran imponer su salida. El diario Clarín del 21 de diciembre de 2001 titulaba: “El peronismo debate cómo salir del 1 a 1 sin que haya costo social. El nuevo plan económico implicaría ir hacia una devaluación”. Y sostenía que “Por ello, deberá contar con el consenso de los principales referentes del PJ. Y la lista no es breve: Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem, José de la Sota, Carlos Reutemann y Néstor Kirchner, entre otros”. El peronismo asumió la tarea de contener al movimiento de masas, expropiando la victoria popular obtenida en las calles e impuso el golpe devaluacionista contra el bolsillo de las masas. Confundir al movimiento de diciembre con el complot de las camarillas es funcional a defender al decadente gobierno de la Alianza para decir que fue víctima de un golpe de Estado y predicando como una fatalidad la ruptura de la continuidad institucional.

Política callejera y política burguesa
El rechazo a la consigna "que se vayan todos" por parte de la centroizquierda se basa en el argumento de que es irrealizable, ya que cualquier demanda de cambio tiene que tener expresión política y buscar un giro en el aparato estatal. Quienes fueron y son abanderados de esta crítica, sectores de la CTA y el diario “progre” Página 12 fueron los primeros en encolumnarse detrás de Kirchner y señalar en él la respuesta a las demandas de cambio de diciembre del 2001. Recordemos también que fueron los primeros en apoyar a la Alianza, y en el caso de la CTA hasta estuvieron ausentes de la rebelión popular. Esta posición, en realidad, demuestra una aversión por la democracia directa cuando esta se plantea como alternativa al régimen de representación política de la democracia burguesa. Les molesta sobremanera que exista un sector de las masas autoorganizadas que se niegue a aceptar las reglas de juego del Estado y la política patronal. Por eso, no era extraño ver los esfuerzos denodados de los militantes de la CTA para que las asambleas populares se subordinaran a las Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad, en aquel momento en manos de Aníbal Ibarra.
Hay que señalar que la consigna "que se vayan todos" tenía el mérito de expresar la ruptura de las clases medias con su vieja representación política, la UCR y el Frepaso. Demostraba además el hastío hacia la política patronal, corrupta y hambreadora. Pero al no ser tomada como propia por las masas pobres y la clase trabajadora permitió al peronismo cumplir su papel como “partido de contención”.
Esta consigna no podía constituir además una salida a la crisis nacional provocada por la enorme presión del imperialismo, el fracaso del capitalismo y del personal político de la burguesía. Estos últimos se aferraron al poder como recurso para impedir precisamente que el pueblo movilizado impusiera su propia salida. El llamado al "que se vayan todos" sin el liderazgo de la clase obrera no constituía una respuesta a la crisis de poder. Es por esto que se volvía impotente frente a las maniobras de las camarillas burguesas.
Servía a su vez de justificación a los sectores autonomistas antipolíticos de las asambleas populares y los movimientos piqueteros que se negaban permanentemente a plantear la lucha en un plano de enfrentamiento político y lucha de clases contra el régimen burgués y la utilizaban de manera macartista contra las organizaciones partidarias de la izquierda.
Desde nuestro punto de vista, la solución a las demandas de diciembre, el derecho al pan, al trabajo para todos, y el fin de la vieja política burguesa, sólo podía venir de manos de una revolución obrera y popular que derrocara al Estado burgués y dejara el poder en manos de los trabajadores. Para ello era necesario la existencia de un partido revolucionario dotado de este programa y estrategia, convencido de influir a la clase obrera para que participara cualitativamente, imponiendo su dirección y su salida, en la lucha de clases.
En el próximo número profundizaremos el debate con las posiciones políticas de la izquierda partidaria y del autonomismo, corriente que cobrara auge luego del levantamiento del 2001.

1 LVO 94. 20/12/2001.