El gobierno montó una verdadera provocación a los huelguistas petroleros del norte de Santa Cruz y luego manda la Gendarmería para quebrar su lucha.
Ni el gobernador Acevedo ni Kirchner habían dado respuesta a una gran lucha salarial que llevaba 15 días en Las Heras, con paralización de tareas y cortes de rutas, y había sumado a los petroleros de Pico Truncado. En la noche del 6 de febrero optó, por toda respuesta, la de encarcelar al principal dirigente sindical reconocido por las bases trabajadoras. Mario Navarro fue detenido cuando declaraba los objetivos de la huelga en una radio local. Esta provocación del gobierno y la justicia provincial recibió una masiva respuesta. Pasada la medianoche del 7, más de 1000 manifestantes de un total de 9000 habitantes de Las Heras, protagonizaron una verdadera revuelta popular exigiendo la liberación del dirigente preso en la Alcaldía. Esta movilización democrática fue tan legítima como las que bajo Menem, en Cutral Có o Gral. Mosconi, protagonizaban miles contra la represión a los cortes de ruta y el encarcelamiento de los líderes de la lucha, y demostró que la huelga y los piquetes petroleros, no apoyados por la cúpula del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, son sin embargo ampliamente respaldados por la población.
El segundo acto de la provocación fue recibir esa movilización con gases lacrimógenos y balas. Hasta la concejal Roxana Totino, del propio Frente para la Victoria de Kirchner y Acevedo, denunció que ella, colegas suyos, periodistas y manifestantes debieron ser albergados por vecinos ante la represión. Y por último, para completar el cuadro de la caracterización de los episodios de esa madrugada en que murió el policía Sayago, hay que agregar que los propios analistas de los medios oficiales los catalogan de confusos y llegan a sostener que el gobernador Acevedo ”sospechó” que las tensiones que se vienen dando en Santa Cruz pueden estar “alentadas por algún enemigo suyo en el poder de Buenos Aires: ¿Julio De Vido, el ministro de Planificación?” (Clarín, 8/02); lo que pone de manifiesto que se quiere inculpar a los trabajadores de una situación teñida por las internas políticas del poder.
Por todo ello, el saldo de los enfrentamientos frente a la Alcaldía es entera responsabilidad del accionar del gobierno y sus fuerzas represivas contra los reclamos obreros y populares.

El autoritarismo de los "gobiernos petroleros"

No es la primera vez que ocurre este accionar en Santa Cruz, la provincia del presidente. En septiembre de 2004 fueron encarcelados tres dirigentes de los desocupados por reclamar trabajo en la petrolera Termap y en el municipio de Caleta Olivia, liberados recién en abril de 2005. Hay policias denunciados por apremios ilegales y torturas que incluyen la acusación de haber provocado la pérdida del embarazo de una trabajadora desocupada. Nuevamente, en julio del 2005 la policía brava de Acevedo detuvo a 47 desocupados que reclamaban trabajar en las plantas de Repsol YPF y Vintage Oil en Cañadón Seco. Un mes después, un operativo conjunto de la policía provincial y la Gendarmería nacional realizó una verdadera “caza de brujas” con 36 detenciones a luchadores sociales en Caleta Olivia. Y ahora, ya no es solo contra los trabajadores desocupados sino contra los obreros del petróleo y el pueblo de Las Heras que salió en su apoyo. El de Santa Cruz es un gobierno que sistemáticamente ha salido en defensa de las compañías petroleras, y guarda parentesco con el autoritarismo de los regímenes de otras provincias petroleras como el Neuquén de Sobisch o la Salta de Romero, aunque unos militen en la derecha nacional y otros posen de progresistas en el centro de Buenos Aires. Mientras Repsol-YPF, Pan American Energy y Vintage Oil obtienen ganancias netas que en el norte de Santa Cruz rondan los 4.390 pesos por minuto, y el Estado provincial obtiene cerca de 740 pesos por minuto en concepto de regalías petroleras, se reprimen los reclamos de obreros y desocupados.

Un intento de disciplinar la lucha salarial

Pero además, los reclamos de Las Heras ponen en la agenda política nacional dos de las demandas más sentidas por el conjunto de los trabajadores del país. La lucha efectiva por elevar el “mínimo no imponible” del impuesto a las ganancias -que a ellos les significa la quita de un mes de salario al año-, y el de incorporar a su convenio a los trabajadores de los yacimientos que las empresas mantienen como mano de obras más barata bajo el convenio de la UOCRA. El primer reclamo, por el que Moyano y la CGT vienen hablando y hablando sin una sola medida de fuerza para lograrlo, se da en momentos en que las propias estadísticas oficiales reconocen que los trabajadores aportamos, mediante todo tipo de impuestos, nada menos que el 50% de la recaudación fiscal total del país y recibimos solo el 25% de la renta nacional. El segundo reclamo es el de terminar con la precarización laboral que sumerge a casi la mitad de los trabajadores: a igual trabajo igual salario y condiciones de trabajo. La acción de los petroleros pone de manifiesto la estrechez de las paritarias que se disponen a realizar, entre marzo y abril, el gobierno de Kirchner, los empresarios y los burócratas sindicales que pretenden contener el reclamo salarial. La política del Ministerio de Trabajo es que los aumentos salariales se limiten en una banda que vaya de 10 a 20%, mientras las direcciones oficiales de los gremios entre el 15 y el 35% y los empresarios, atarla a los acuerdos de precios. La propaganda oficial dice que los sueldos en blanco han subido más que la inflación promedio, pero esto cambia si la cuenta se hace respecto del costo de los alimentos. Desde la devaluación, la carne aumentó el 150%, el aceite de maíz 280%; 185% el queso; 137% la manteca; 158% el azúcar y 100% la yerba. ¿Qué salario aumentó en una proporción parecida? Esta escalada de precios le deja a los empresarios un margen como para aceptar ahora los congelamientos temporarios que gestionan Kirchner y Miceli, mientras en realidad toda la cacareada “lucha contra la inflación” del gobierno se resume en “la lucha” por contener el reclamo salarial. Por eso, la provocación gubernamental contra la huelga y los piquetes petroleros pretende tener alcances nacionales, para intentar disciplinar a todos los que desborden las paritarias restringidas, y mantenerlas dentro de la “paz social”, es decir de negociaciones pacíficas de la cúpula sindical sin la acción y participación directa de los trabajadores. Porque estas paritarias se darán cuando se produce no solo un fuerte aumento de la canasta familiar, sino también un cambio del estado de ánimo y disposición de los trabajadores a la lucha junto a la existencia de un nuevo actor que son los delegados de base, comisiones internas combativas y oposiciones antiburocráticas que se apoyan en las asambleas ante el desprestigio de la burocracia sindical. Por eso los ataques del gobierno a la izquierda y a los luchadores que no responden a los mandos sindicales oficiales. Esta es la pulseada que se abre para los próximos meses con la lucha de Las Heras y para la que hay que prepararse en todo el país.

Prepararse para luchas duras


Los trabajadores más concientes debemos sacar conclusiones de la pelea de Santa Cruz.
Sólo podemos conseguir nuestras demandas mediante la lucha firme, la acción directa como las huelgas y los piquetes para garantizarla, las decisiones en asambleas democráticas y el apoyo de la población.
En segundo lugar, es imprescindible la coordinación de las organizaciones y sectores combativos de la clase trabajadora para levantar ante toda la base obrera una alternativa nacional a la burocracia sindical. Ante todo para solidarizarse activamente con cada lucha parcial para evitar su aislamiento como acaban de hacer, nuevamente en forma ejemplar, los obreros de Zanon que enviaron una delegación del Sindicato Ceramista de Neuquén a los piquetes de Las Heras; y defender a los luchadores de los ataques represivos del gobierno, las patronales y las acciones rompehuelgas de la burocracia sindical. Y para presentar en forma unificada ante millones de trabajadores la propuesta de una Paritaria Nacional Única, con delegados paritarios elegidos en la base y mandatados por asambleas que resuelvan un pliego único de reclamos; un salario equivalente a la canasta familiar indexado automáticamente según la inflación; la efectivización e inclusión en los convenios de los trabajadores tercerizados y en negro con igual salario y condiciones de trabajo; la incorporación a la producción de los desocupados mediante el reparto de las horas de trabajo y el fin de las jornadas superiores a ocho horas con que las patronales superexplotan y abaratan sus costos; y exigir la derogación de toda la antiobrera y flexibilizadora legislación laboral de los años "90.