El lunes 2/8 la jueza Silvia Ramond, dictó el procesamiento y la prisión preventiva de 15 de las personas detenidas el 16/7 luego de la movilización contra la reforma del código contravencional, a pesar de lo cual se declaró incompetente ya que entiende que por la característica de los delitos, la causa debe tramitar en la justicia federal.
Estos procesamientos fueron apelados por la comisión de abogados, que el CeProDH integra junto con otros organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas, que asumieron la defensa de 9 de los detenidos.
Los delitos por los que se los procesa son coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daño calificado, junto con el siempre utilizado para detener manifestantes: resistencia a la autoridad. La principal prueba tomada por la jueza, para sostener los procesamientos por estos gravísimos delitos que tienen penas de hasta 10 años de prisión, son las declaraciones de los policías que realizaron las detenciones.Vale recordar que éstas se hicieron varias horas después de finalizada la marcha, por policías de civil y varios detenidos fueron trasladados en autos particulares. Entre los “testigos” tomados por la jueza se encuentra el subcomisario Weber quien tuviera un rol preponderante en la represión del 20 de diciembre.
Como si esto fuera poco para demostrar el claro carácter político de esta causa, la jueza en su extensa resolución de más de 200 fojas, realiza todo tipo de consideraciones políticas afirmando que “Durante varias horas la tranquilidad de la población se ha visto seriamente afectada por la acción de tales individuos y por haberse puesto en peligro el resguardo de las instituciones, tanto más si se tiene en cuenta el particular estado de incertidumbre, sensibilidad y vulnerabilidad que padece hoy en día la sociedad con motivo de otros sucesos de similares connotaciones, por ejemplo, la toma de la Comisaría 24ª ocurrida el 26 de junio ppdo”.
Se ve que los jueces empiezan a descifrar el verdadero mensaje del gobierno, sobre todo la campaña sistemática de altos funcionarios contra todos los que salen a luchar por sus derechos, y el perverso discurso que intenta ligar el problema de la inseguridad con la protesta social.
El doble discurso de la no criminalización de la protesta por parte del gobierno ya no puede sostenerse, incluso el mismísimo Aníbal Fernández en una nota en Página/12 del 9/8 avala lo resuelto por la jueza Ramond, que entre otros nefastos antecedentes tiene denuncias en el consejo de la magistratura por declaraciones xenófobas contra inmigrantes paraguayos y peruanos.
Con esta causa también se demuestra a las claras el rol de esta “renovada” justicia que entiende que el movilizarse contra una medida de un poder público es una amenaza que configuraría el delito de coacción. Sin embargo: ¿No es coacción para esta justicia el lockout de las prestadoras del PAMI que dejó sin atención a los jubilados por 48 horas para buscar que le aumenten el canon per cápita, o las amenazas de desabastecimiento y cortes de servicios de las privatizadas para lograr el aumento de tarifas? 

Por una gran campaña por la libertad de los presos y contra el cercenamiento de las libertades democráticas

En la Argentina en serio de Kirchner, los funcionarios coimeros son sobreseídos, los policías del gatillo fácil rara vez terminan presos y los militares genocidas continúan impunes o con prisiones domiciliarias en el peor de los casos, mientras hay 15 presos políticos por defender sus derechos y más de 4.000 procesados por la misma razón.
Es urgente realizar una contundente campaña convocando a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, artistas y la izquierda para exigir la inmediata libertad y sobreseimiento de los 15 detenidos, así como el rechazo del reaccionario código que intentaran votar el 19/8 y el desprocesamiento de los miles de luchadores populares.
Levantar esta bandera y realizar una activa campaña en cada lugar de trabajo, en cada barrio, colegio y universidad es una obligación de todas las organizaciones populares.
El 19 debemos nuevamente ser miles repudiando la reforma del Código y exigiendo la libertad de los presos.