El asesinato de Carlos Fuentealba en manos del cabo Darío Poblete aumentó el desprestigio de la policía en grandes sectores de la población, trayendo a la memoria “viejas” represiones, como la que terminó con la vida de Teresa Rodríguez en el año 97. A pesar de los intentos del gobierno y de los grandes medios de comunicación de querer mostrar a Poblete como la “manzana podrida” dentro de la “institución policial”, la historia de violentas represiones en la provincia demostraba a miles que Poblete y su ya conocido “prontuario” era tan sólo uno más, igual a tantos otros, dentro de la policía.

Transcurrido más de un año de aquella represión, y luego de haber conseguido con movilizaciones de 30.000 personas una condena histórica, desde el gobierno de Sapag y muchos sectores “progresistas”, se intenta reconciliar a la policía con la población, fortaleciendo la idea del policía “bueno” y el policía “malo” (al que hay que “castigar”), escondiendo el rol represivo y disciplinador hacia los sectores populares que tiene la policía en su conjunto. El nuevo Plan de Seguridad del gobierno provincial está pensado para represtigiar una institución central del Estado que viene muy golpeada en los últimos años, no sólo por la represión del 4 de abril de 2007 en Arroyito sino por años de hostigamiento a los jóvenes en los barrios populares, como los recurrentes “abusos policiales” en el San Lorenzo, y las reiteradas represiones a docentes, estatales, ceramistas, estudiantes, desocupados y un largo etcétera. A esto hay que sumarle el permanente maltrato policial en cárceles y comisarías, como la violenta represión y torturas a los presos de la U11 en abril del 2004.

En el camino de lograr esta reconciliación, el ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad César Pérez anunció, a los pocos días de la sentencia a cadena perpetua del policía Poblete, que se dejarían de usar pistolas “lanzagases” en las represiones (no dijo que dejarán de reprimir, obviamente) y que propondrán que la Legislatura disuelva la Dirección de Información de Estado (DIE), una SIDE neuquina. Así el ministro anunciaba el Nuevo Plan de Seguridad del gobierno de Sapag, marcando que parte de “enormes diferencias ideológicas” con el Plan Integral de Seguridad de Sobisch.

El discurso de la seguridad

El discurso de “mano dura” contra los “piqueteros” y los cortes de ruta que gustaba utilizar Sobisch, acompañado por sectores de las clases medias acomodadas y del empresariado neuquino que pedían “orden”, tuvo su desenlace más brutal en Arroyito. La enorme respuesta popular al asesinato de Carlos Fuentealba llamó a silencio, al menos por un tiempo, a los sectores que pedían abiertamente la represión de la protesta social y acabó con la carrera presidencial de Sobisch, que quería presentarse nacionalmente como garantía del “orden”.

Por eso el gobierno de Sapag opera, una vez más, un cambio de discurso para volver a contar con esta institución represiva del Estado cuando la situación lo demande. En lugar de la represión de la protesta, el centro del discurso del nuevo Plan de Seguridad está puesto en la “seguridad” y el combate de la “delincuencia”, pero el objetivo es el mismo: contar con una policía bien equipada y con legitimidad para mantener el “orden”. Las supuestas “enormes diferencias ideológicas” son en realidad pequeñas discrepancias “tácticas”. En palabras del subsecretario de Seguridad Juan Carlos Lezcano, el objetivo es “recuperar el espacio público” perdido.

Otro elemento de continuidad, común a todas las policías provinciales, es que cientos de efectivos vienen de la dictadura militar. En el “operativo Cutral Có” que secuestró a muchos de los desaparecidos de la Zona en junio de 1976, estuvo presente el hoy Comisario Luis Laureano Díaz, imputado en la causa de Pepe Alveal. Hay casi 100 policías imputados en diferentes causas por violaciones a los Derechos Humanos y que siguen en funciones, como los imputados en las torturas de la U11 o en la represión del Ruca Che.

La participación ciudadana

El centro del nuevo Plan de Seguridad está puesto en el Consejo Ciudadano de Seguridad, que “no sólo involucra a la policía y a la cartera de seguridad, sino a todos los estamentos del Estado”, buscando articular “los distintos programas que tienen carteras como seguridad, justicia, educación y acción social”. El objetivo es poner en pie “foros vecinales” en todos los barrios, para que los vecinos puedan articular con la comisaría de la zona una mejor “seguridad” frente al “delito”, y por esta vía acercar y volver a crear confianza en el policía “del barrio”. Como dijo el Subsecretario de Seguridad Lezcano en su presentación, el Plan está “destinado a la integración social de las bases y al aprovechamiento de distintos programas sociales, laborales y educativos”.

¿Por qué tanta preocupación en reconstruir la imagen policial?

La policía y las fuerzas de seguridad están ahí para recordar al pueblo quien tiene el monopolio de la fuerza. Ante las situaciones de crisis, la policía garantiza la continuidad del poder estatal actuando como fuerza de choque de la burguesía contra los trabajadores y el pueblo. Es por esto que el desprestigio de la policía en grandes sectores de la población, de desarrollarse, puede generar una crisis de la autoridad estatal de magnitud. El gobierno, como muestran más de 45 años de historia del MPN, necesita tener a mano esta verdadera “banda de hombres armados” a su disposición para seguir gobernando al servicio de las petroleras y en defensa de la propiedad privada de los empresarios neuquinos. Cuando se rompa el consenso y el clima de “unidad” que logró el gobierno de Sapag y sectores de trabajadores salgan a reclamar lo suyo, será necesaria la fuerza para intentar disciplinarlos. Allí están Arroyito, Cutral Có, la represión a los desocupados en el ‘95 y en el Ruca Che en el 2003, las represiones a los obreros de Zanon o a los estudiantes secundarios en el ‘98 como violentos testimonios.

Por eso los trabajadores y sectores populares no debemos involucrarnos en ningún “plan” que intente fortalecer a la policía. La verdadera “inseguridad” que sufrimos es la desocupación y los salarios miserables, la falta de esparcimiento, de diversión y acceso a la cultura, la destrucción de la educación y la salud públicas, la falta de un futuro para miles de jóvenes dentro del capitalismo. Y la policía, bajo cualquier discurso, está llamada a garantizar este orden por la fuerza.

¿Represión “participativa”?

“Queremos darle al tema de la seguridad pública una participación popular que hoy no tiene”. Con estas palabras la diputada Paula Sánchez de Libres del Sur se refería a su propio proyecto de “seguridad” presentado en la Legislatura. Según sus palabras con este proyecto “la obligación de brindar la seguridad está en manos del ministro, pero le da un carácter de participación popular a la seguridad pública que hoy no tiene”.

No es nuevo que sectores “progresistas” asuman la agenda de la derecha. Desde las masivas movilizaciones reaccionarias encabezadas por Blumberg en Capital Federal, la derecha viene agitando el problema de la inseguridad para endurecer las leyes represivas y fortalecer las distintas policías y grupos especiales. El Congreso nacional ya dio un paso en este sentido, votando las leyes represivas del falso ingeniero. Esta “presión” de la derecha y de sectores de las clases medias acomodadas que piden mano dura llevó a la centroizquierda a asumir esta agenda reaccionaria para no quedarse afuera del “debate”. Incluso sectores de izquierda como el Partido Obrero y el MST llegaron a participar de las movilizaciones encabezadas por Blumberg, auto justificándose en que eran “contra el gobierno”.

Los trabajadores y los sectores populares no podemos asumir como propia ninguna política que intente fortalecer a la policía, incluso bajo argumentos “populares”. Es más, tenemos que combatir sistemáticamente estas políticas, porque son las que buscan crear condiciones para que nos repriman con más eficacia en el futuro cercano.

Esta institución está hecha para garantizar por la fuerza el mismo orden social que hunde a miles en la miseria, empujándolos muchas veces al robo para poder subsistir. Y es la misma policía la que está involucrada en los grandes delitos, como la prostitución y la trata de mujeres, el tráfico de drogas y los grandes asaltos. Por eso la pelea no pasa por “democratizar” la policía, por disfrazarla de “popular” o por hacerla depender del Poder Judicial (¡como si los jueces no ordenaran represiones, muchas de ellas brutales!) sino por disolver esta verdadera fuerza de choque contra los trabajadores y sectores populares.