Se encuentra en Argentina James Anaya, el relator de la ONU para los pueblos indígenas que en septiembre de 2012 presentará oficialmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas el informe realizado sobre la situación de los distintos pueblos originarios que visitó en el país.

Para esa fecha van a haber pasado seis años de la aprobación de la Ley de Emergencia Territorial 26.160, que “prohibía” los desalojos.

Por represión y desalojo también en esa fecha ya se van a haber cumplido tres años del asesinato de Javier Chocobar, casi dos años del asesinato de nuestros hermanos qom en Formosa y de los asesinatos en Villa Soldati, donde muchos de los que exigían tierra y vivienda eran también hermanos originarios desplazados de sus territorios, como casos paradigmáticos. Sin contar que todos los territorios ancestrales cuentan con situaciones irregulares debido a su no reconocimiento como tal y a la explotación de distinta índole realizada sin consentimiento ni planificación por parte de sus legítimos habitantes.

James Anaya dice que ve avances del gobierno en el reconocimiento legal de los pueblos originarios. En realidad son múltiples las carencias en materia de derechos humanos elementales que sufren las familias originarias. El 25 de noviembre el Frente Indígena de la Corriente Peronista Nacional-K anunciaba un operativo sanitario en Chaco y Misiones: donar ¡una! ambulancia y fumigar para evitar el mal de Chagas. Controles básicos totalmente insuficientes que develan que en ocho años de gobierno K la salud sigue siendo sólo derecho de algunos. En un modelo económico donde se sigue expandiendo la frontera sojera, se aprueban leyes que permiten la minería y otras explotaciones contaminantes de forma irracional, donde el presupuesto de salud y educación es cada vez menos significativo. Estas medidas se parecen más a un “cuidado paliativo” que una solución para revertir la situación.

Los derechos no se ganan con informes. Sabemos que el diálogo siempre ha sido una táctica de parte de los gobiernos para poner paños fríos a la situación, prometer soluciones que en realidad nunca llegan.

Todas las normas legales nacionales e internacionales referentes a derechos de pueblos indígenas han sido el producto de décadas de organización y lucha de éstos. Ahora la ONU y Cristina, los “adalides de los derechos humanos” (que son los mismos que utilizan las fuerzas represivas para aplastar o contener grandes luchas de los pueblos) pretenden que depositemos nuestra confianza en que van a ser ellos quienes den solución a nuestras demandas.

Pero para ver qué tipo de intereses representa James Anaya sólo pensemos que en Chile, en referencia a los presos políticos mapuches, dijo que “es crucial que el Estado reforme la ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas de los tipos penales de delitos de terrorismo” y que “cualquier procesamiento penal de personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a través de la justicia penal ordinaria”. Defender la ley antiterrorista es sostener el modelo pinochetista de Estado y Justicia que él mismo dice cuestionar y seguir criminalizando la protesta social.

En Argentina hay más de 20 procesados qom por el reclamo territorial en La Primavera (Formosa) y casi 300 mapuches por distintas recuperaciones y defensa del territorio, junto a los casi 5.000 luchadores perseguidos, lo que demuestra cuáles son las tareas de la “Justicia” bajo este gobierno. Frente a la cooptación de algunas organizaciones de lucha o de sus dirigentes por el gobierno k debemos organizarnos junto con los otros sectores combativos de manera independiente del Estado y los gobiernos para avanzar de forma conjunta y conquistar el efectivo cumplimiento de nuestros derechos de pueblos indígenas, el desprocesamiento de todos los luchadores y la justicia para nuestros hermanos asesinados.

Laura “xiwe” Santillan