En definitiva, esta derogación y el proyecto en curso no tienen otro objetivo que el de dar "seguridad jurídica" a las normas de explotación sobre las que se apoyaron las ganancias capitalistas del último periodo. Su contenido no tiene nada de "pro trabajador" como declararon Daer, Moyano y De Gennaro, y sí mucho de "pro patronal". Veamos:
Mantendría el periodo de prueba, aunque reduciéndolo de los antiguos 180 días prorrogables hasta un año, a 90 días. Durante este lapso, el trabajador no tendrá ni derecho a preaviso ni indemnización en caso de que la empresa por ejemplo decidiera no contratarlo, con lo cual el patrón se embolsa el trabajo del obrero sin costo adicional alguno.
Propugnaría una reducción de los aportes patronales para las Pymes; con esto, el Estado subvenciona al sector patronal tan o más explotador que las grandes empresas y que concentra la mayor cantidad de mano de obra ocupada precarizada y en negro.
Establecería en caso de conflicto, la prestación obligatoria de servicios mínimos en sectores claves –luz, transporte, gas, etc.-, coartando el legítimo derecho de huelga.
Se mantiene la posibilidad de firmar convenios por empresa y, aunque se considere el convenio nacional como marco para la negociación, permitiría que un nuevo convenio pactado por una empresa pueda modificar el anterior si establece "condiciones generales más favorables para el trabajador", comparándolos de manera "integral". Esta formulación contiene una trampa. Significa por ejemplo que, si una empresa propone pagar un plus salarial por encima del convenio de rama a cambio de un aumento de la productividad, al considerarse uno y otro convenio de manera "integral" y "general", la patronal, el gobierno y la burocracia pueden juzgar este nuevo convenio como "más favorable", aunque este "aumento" se realice imponiendo mayores ritmos de explotación en esa misma empresa, con respecto a los trabajadores de su misma rama. Lo mismo podría suceder a con todas las condiciones laborales en cada fábrica, como con las vacaciones, etc.
La nefasta figura del Preventivo de Crisis se mantendría intacta otorgando a los empresarios vaciadores el marco jurídico necesario para desconocer los convenios y derechos adquiridos por los trabajadores durante ese periodo.
Aunque muchos de los puntos proyectados no sean del todo digeribles para los empresarios –reducción del periodo de prueba, aumento en los montos de indemnización y de los aportes patronales para las grandes y medianas empresas- ninguna de las cámaras patronales opuso, hasta ahora, obstáculos al proyecto oficial. Por el contrario, la derogación y el borrador de proyecto, les permite mantener los convenios flexibilizadores firmados desde el menemismo hasta la fecha que, junto el saqueo del salario impuesto tras la devaluación duhaldista y los niveles de desocupación vigentes, son la verdadera cara oculta de la actual recuperación económica kirchnerista. De esta manera, el empleo creado bajo estas condiciones, mantendrá su carácter flexibilizador2 . De todas formas, es de esperar que la patronal imponga condiciones más reaccionarias al proyecto oficial.
Todos son oficialistas
Las cúpula de las tres centrales sindicales pactaron todo este andamiaje antiobrero sin ningún tipo de cuestionamiento serio y efectivo, ni mucho menos de consulta con sus bases.
A Daer – activo promotor de la ley laboral de las coimas- no le quedaba más que aceptar la "derogación". Desde luego, una anulación hubiera cuestionado el convenio esclavista que firmara poco tiempo atrás para el gremio de la alimentación, a espaldas de sus trabajadores y en consonancia con las patronales que en este sector hoy amasan enormes ganancias.
Por su parte Moyano fue claro: "el proyecto modificatorio que consensuamos –con la CGT oficial y la CTA- es lo que más se adapta a la realidad política y social que vivimos ... (y) le permite a los trabajadores recuperar su dignidad"3 . Esta barbaridad oculta que el proyecto se adapta sí a la "realidad política y social" impuesta bajo el kirchnerismo, pero no a la realidad "política y social" impuesta tras las jornadas del 19 y 20 de diciembre, cuando las masas derribaron a De la Rúa, gestor de la ley laboral antiobrera!.
El disciplinamiento de los popes sindicales tras el proyecto oficialista no es gratuito. El reestablecimiento de la ultraactividad –contemplado en el proyecto kirchnerista- significa al mismo tiempo que mantener las conquistas de los convenios que aún rigen desde el año 75, una enorme herramienta de poder político y de negociación para estos burócratas que mantienen un férreo control sobre los sindicatos.
Por último, poco hizo falta para que la CTA abandonara la exigencia de anulación y aceptara disciplinadamente la "derogación" impuesta por el gobierno. El rechazo a sus propuestas de que los convenios colectivos sean aprobados en asambleas de trabajadores, y que las entidades sindicales simplemente inscriptas pudieran tener capacidad negocial con el 10% de afiliados, no sirvió siquiera de estímulo para que De Gennaro y la CTA convocara a una sola asamblea para imponer sus propias propuestas.
1 Durante el 2003, "el Ministerio de Trabajo homologó 75 convenios colectivos por empresa con cláusulas de flexibilidad laboral propias de la década del 90". Página 12, Suplemento Cash, 5/10/03.
2 Hay que agregar que según Pagina 12 del 23/01, los 120 mil subsidiarios del Plan Jefas y Jefes incorporados al mercado laboral durante el último periodo –la mayoría en la industria manufacturera-, perciben ingresos de apenas $ 300.
3 La Prensa, 20/01/04.

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Anulación de la Ley Banelco
Es probable que en poco tiempo la derogación y este proyecto modificatorio sean aprobados en el Parlamento. Incluso que las distintas cámaras patronales impongan aspectos más reaccionarios en su contenido. Frente al enorme retraso salarial, la brutal precarización laboral y los millones de desocupados, este gobierno entrega sólo migajas con la mano izquierda, mientras sustenta, legitima y refuerza, la explotación de los capitalistas con la mano derecha.
La lucha por la anulación de la ley de reforma laboral y el rechazo al actual proyecto del gobierno es una demanda de primer orden para el conjunto de la clase trabajadora, y un primer paso en el camino por abolir toda la legislación flexibilizadora. Se trata además de levantar un programa y lucha común de trabajadores ocupados y desocupados, puesto que el destino de unos se encuentra indisolublemente ligado al de los otros.
Hay que exigir un salario mínimo igual a la canasta familiar y que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados; es decir: con mas salario, trabajar menos horas, trabajar todos, junto a la demanda de pase a planta permanente de todos los contratados y precarizados.
Es necesario impulsar asambleas en cada fábrica, establecimientos y lugares de trabajo, y denunciar el pacto de las centrales sindicales con Kirchner para imponer la ruptura de las organizaciones de los trabajadores con el gobierno y exigirles que convoquen a plan de lucha en serio por la anulación efectiva de la ley esclavista de las coimas.
Los sindicatos combativos, comisiones internas, delegados y movimientos piqueteros que reclaman la anulación, deben unirse y coordinarse en cada región y nacionalmente para pelear por esta perspectiva. En este camino, es necesario apoyar, en primer lugar, todas las luchas en curso como la de los 80 trabajadores despedidos de Firestone por su inmediata reincorporación o la de los trabajadores de la alimentación, contra el convenio flexibilizador firmado por Daer y su intento de imponer estatutos gremiales aún más burocráticos (ver página 5). Se trata en definitiva, de organizar y poner en pie la fuerza de la clase trabajadora para avanzar en el camino de recuperar lo perdido.