El 25 de noviembre la Legislatura porteña aprobó una ley sobre las ‘fábricas recuperadas’ del legislador kirchnerista Diego Kravetz, que recibió el apoyo de los diputados Cortina del PS, Ripoll del MST y los macristas liderados por Mercado, quien fue asesorado por Luis Caro. La ley 1529* reglamenta en qué términos se van a ceder a los trabajadores las 13 fábricas de la ciudad que tuvieron leyes de expropiación, entre ellas Brukman, Grissinópoli y Chilavert.
En sus fundamentos, el propio Kravetz define su proyecto como de “conciliación de intereses”. Según confiesan los dirigentes del MNER, constituye una “ley marco” sobre cómo debe actuar el Estado y la justicia ante futuros reclamos de expropiación.
Ante la última gran crisis económica miles de trabajadores decidieron tomar sus fábricas, defendiendo sus intereses por encima de la propiedad privada. Luego de meses de lucha y resistencia, muchas consiguieron la ocupación transitoria. Como clave de su estrategia, los movimientos cooperativistas (el MNER de Kravetz y Murúa y el MNFRT de Caro), aseguraban que con esas leyes se podía ‘ganar tiempo’. El tiempo sirvió, pero para que el régimen se recomponga y los jueces y el Estado burgués puedan normalizar la situación. Como aseguró Diego Kravetz a Página 12, “esta ley permite el cierre de una etapa”. Lisa y llanamente, ahora los obreros compran las fábricas, ‘gracias’ a un adelanto del Banco Ciudad que los trabajadores pagarán en cuotas semestrales durante 20 años.
La nueva ley implica un salvataje a un sector de capitalistas. Con esta nueva ‘herramienta’ los jueces de la quiebra van a disponer de montos más jugosos para repartir entre los acreedores. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Los artículos 3°, 4° y 6° establecen que la cesión a las cooperativas será por “venta directa”, “bajo derecho real de hipoteca” y “en base a la tasación que realice el Banco Ciudad”. Esa tasación, según aclararon los abogados y legisladores, se realizará en una negociación con los juzgados que tienen las quiebras. Los montos por los inmuebles –descontados créditos fiscales y laborales– irían de los 15 a los 40 millones de pesos (˜ámbito Financiero, Infobae 26/11). Si seguimos los cálculos de los abogados y legisladores, cada uno de los 600 trabajadores de las 13 fábricas expropiadas, deberá pagar cerca de 50 mil pesos en esos 20 años, para lo que cada trabajador deberá ‘ahorrar’ 200 pesos por mes. Tengamos en cuenta que los compañeros de estas fábricas no han conseguido del Estado subsidios, ni tienen obra social, jubilación o ART.
El dirigente del MNER, Eduardo Murúa, señaló que “en esta Ley quedó claro que los trabajadores (...) planteamos hacernos cargo del costo de las expropiaciones” (Prensa MNER 26/11). A confesión de partes...
¿Qué pasa si los trabajadores no pueden pagar la hipoteca? Legisladores y funcionarios se entusiasman pensando que el Estado podrá reclamar todos los bienes y luego decidir que hacer con ellos.
Para el riquista Caro, el objetivo es llegar a acuerdos con los jueces para comprar la fábrica, como ya ha hecho en el diario Comercio y Justicia de Córdoba. El doctor opinaba que el proyecto “es muy gravoso para el Estado, ya que representa alrededor de 40 millones de pesos (...) Si las fábricas son viables, los trabajadores van a poder pagarlas” (Noticias Urbanas 26/11).
Pero la ley en realidad pretende ir mucho más lejos. Tanto el MNFR como el MNER han presentado en el Congreso proyectos para modificar la ley de quiebras. A través de la modificación del artículo 190 y otros puntos, todo conduce a que no haya más expropiaciones, sino que los trabajadores se conviertan con sus créditos laborales en acreedores privilegiados y puedan comprar la fábrica. La lucha de los trabajadores contra los patrones pasa a convertirse en una negociación en los concursos y las quiebras.
Los dirigentes cooperativistas han logrado que los trabajadores se hagan responsables de las quiebras capitalistas, aumentando la productividad, con jornadas extenuantes de trabajo, sin garantía salarial y sin ninguna clase de beneficio social. Mientras, el Estado se encarga de garantizar el cobro a los acreedores, y de cobrarle por años a los obreros, sin garantizarles ningún tipo de salario, ni subsidios, ni prestación ni compra. Así, la propiedad burguesa es defendida a rajatabla.
Así como lo hicieron muchos de los obreros que enfrentaron la legalidad burguesa en el 2001-2002, y como lo hacen hoy los miles que luchan por aumentos de salarios, los trabajadores tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Los trabajadores no tenemos que hacernos cargo de las quiebras y las crisis capitalistas. Se puede luchar por otra salida para los trabajadores que luchan contra los cierres y despidos masivos. Con sus tres años de gestión obrera, los trabajadores de Zanon muestran un camino, peleando porque el Estado expropie sin pago las fábricas, para que estas sean administradas por los obreros, y luchando por un plan de obras públicas para generar miles de puestos de trabajo y poner las fábricas al servicio de la comunidad.

*Al cierre de esta edición la Ley volvía al recinto por cuestiones administrativas, pero el contenido se mantiene igual.