(Bs.As., 20/02/2012) Christian Castillo y Myriam Bregman, señalaron: "nadie puede creer seriamente que la Ministra Garré no estaba al tanto de la base de datos denominada Proyecto X y de la infiltración ilegal que realizaba Gendarmería contra dirigentes sindicales, de derechos humanos y estudiantes, como en el caso de los procesados por la causa Kraft. El Proyecto X data de 2005 y la denuncia que se hizo en noviembre del año pasado salió en distintos medios públicos, algunos afines al oficialismo. Además, es pública la importancia que los Kirchner siempre dieron a las actividades de lo que llaman ’inteligencia’, con la presencia fuerte de uno de sus íntimos como Icazuriaga en la Secretaría de Inteligencia, organismo poblado de agentes que vienen desde la dictadura. Lo de la auditoría al Proyecto X anunciada por la Ministra es pura maniobra distractiva, ya que nadie puede creer seriamente en una ‘auditoría’ realizada por el propio aparato de Estado cuestionado por prácticas ilegales de espionaje. ¿Quién garantiza que no borrarán las huellas de su accionar ilegal, que está documentado en las declaraciones e informes que los propios gendarmes han presentado en las causas judiciales?"
Asimismo, los referentes del PTS plantearon que "esta denuncia es muy relevante no sólo para terminar con las causas armadas ilegalmente para perseguir a los delegados y luchadores por la huelga de Kraft y los cortes de la Panamericana, y con la persecución política contra miembros de nuestro partido, sino para los más de 5.000 procesados que existen hoy por luchar, víctimas de diversos mecanismos de criminalización de las luchas obreras y populares, en los que conviven gobiernos, fuerzas represivas y jueces. Sólo del PTS tenemos hoy casi 200 militantes y simpatizantes procesados por participar en distintas luchas, incluyendo procesos contra abogados del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que representan a trabajadores en lucha. Es claro además que la transformación de un corte de ruta en un ’delito’ es algo que sólo se aplica contra la izquierda, los trabajadores y los estudiantes: ni Biolcatti ni ningún miembro de la Sociedad Rural sufrieron proceso alguno cuando se hicieron los cortes de las patronales agrarias en 2008. En la izquierda somos víctimas particulares de estas prácticas persecutorias y represivas por parte del Estado. Alcanza con recordar que en el último período vimos la complicidad estatal en el asesinato de Mariano Ferreyra, la causa fraguada contra el Pollo Sobrero y el espionaje durante la lucha de Kraft, todos hechos contra miembros de partidos que conformamos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Exigimos el cese inmediato de las causas contra los luchadores y la anulación de la nefasta Ley Antiterrorista, así como la disolución de los organismos de inteligencia, que son utilizados para el espionaje político”.
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