Luego del genocidio de la dictadura, los trabajadores han tenido que enfrentar también a los ejércitos privados que montaron los empresarios dentro de las plantas. Entre el personal de seguridad de las mismas empresas o en las agencias privadas, aparecen ex represores, personal retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad favorecidos por las leyes de impunidad.

Represores entre las góndolas
En los ’90 los supermercados se plagaron de agentes de seguridad privada que controlaban no sólo la mercadería, sino también a los trabajadores de comercio. Un caso paradigmático es el de Segar, una agencia de seguridad encargada de parte de la seguridad de Carrefour, Wal-Mart Argentina S.A. y Casa Tía S.A. Segar tenía como uno de sus principales directivos al ex comisario Luis Donocik, que se había ganado el apodo de «Polaco Chico» en el centro de detención clandestino Club Atlético. La página de Segar asegura que “El bien más preciado de la empresa es la gente altamente capacitada que la compone».
Alfredo Coto decidió armar hasta los dientes a sus guardianes. Por un lado contrató a Cazadores, una agencia ligada a personal retirado de la Prefectura Naval. Luego fue ampliando su ejército: ejemplo pueden dar los camioneros de logística del Coto de Esteban Etcheverría, que denunciaron la feroz represión que dejó la refriega de personal de seguridad de la empresa y policías en marzo de 2005, o los delegados de Coto Rosario que denunciaron la semana pasada golpes y amenazas de parte de los agentes de Hunter y CI5.

Detrás de las cajas
Si hay un lugar donde los ex represores apuntaron es a la custodia de bancos y caudales. Algunos custodiándolas, otros asaltándolas. La investigación sobre las empresas de transporte, logística y seguridad de Alfredo Yabrán arrojó que algunas de las empresas del grupo habían sido prácticamente armadas por ex represores. Una se llamaba Bridees, siglas de ‘Brigadas de la Esma’. Estaban dirigidas por personajes como Carlos Generoso y Jorge Rádice, miembros de los Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA.
Otro caso notable es el de Jorge Varando, responsable de seguridad del Banco HSBC. Este teniente coronel retirado fue uno de los que disparó contra Gustavo Benedetto y otros manifestantes el 20 de diciembre de 2001. Varando egresó en 1972 de la Escuela de las Américas y fue parte de los represores que actuaron en el destacamento 103 de Inteligencia del Ejército. ‘Tiren, no sean cagones’ dicen los testigos que gritaba Varando mientras vaciaba su cargador contra los manifestantes.

Custodiando las privatizadas
Los grupos que se hicieron con las empresas del Estado libraron una disputa por el botín, y armaron ejércitos privados para extorsionar al Estado, hacer inteligencia sobre sus competidores, y reprimir la organización obrera que venía de ENTEL, Subterráneos, Ferrocarriles Argentinos, etc.
El Cuerpo de Delegados de subterráneos denunció que la empresa de seguridad que custodia a Metrovías era dirigida desde 1997 por el policía retirado Miguel Angel Rovira, ex miembro de la Triple A. Lo denunciaron cuando al delegado de los Talleres Cannning de Constitución le dejaron un mensaje que recibió su esposa: “decíle a tu marido que si persiste en seguir realizando actividades gremiales que se cuide por que ya les conocemos la casa”.
Ante la huelga de telefónica del verano de 2005, el control del edificio quedó disputado por los trabajadores y las bandas de seguridad de la empresa. Los enfrentamientos fueron duros y los trabajadores denunciaron que uno de los jefes de la seguridad de los edificios de Telefónica es Norberto Carvajal, que figura como represor en el Nunca Mas de la Conadep.
Además de los trabajadores de Telefónica y Metrovías, otros que enfrentaron la tercerización fueron los empleados de Movicom. Por eso la empresa contrató los servicios de Scanner SA, comandada por el teniente coronel retirado Héctor Mario Schwab, ex miembro de la patota de Antonio Bussi. Schwab se encargó de la tarea sucia de apretar a los trabajadores y hoy le organiza la logística a María Cecilia Pando y su sobrina Pía, de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos y organizadoras del acto del 5 de octubre en Plaza San Martín.
Otro lugar que quedó a expensas de estas bandas es la seguridad del Aeropuerto. Top Air Security presta servicios para Aerolíneas Argentinas y LAN, dirigida por el capitán de fragata (R) Adolfo Donda Tigel, quien redactó con su empresa Tecnipol SRL el Manual de Interrogatorio de la Escuela de Policías Juan Vucetich. Con Donda Tigel trabajan los ex agentes del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hugo Dinamarca y Roberto Naya y Carlos Orlando Generoso, represores de la ESMA. Hace pocas semanas, su sobrina Victoria Donda Tigel, lo denunció por la desaparición de su padre (hermano del represor), y su apropiación.
El mes que viene concluye el curso de ASIS Internacional para conseguir la certificación de excelencia en seguridad corporativa. Entre los expositores se destacan el Comandante (RE) Ricardo Leguizamo, actual Gerente de Seguridad de Ford Motors Argentina S.A y el Mayor (RE) Carlos Landó, Gerente de Seguridad de Pérez Companc. Estos dos últimos casos son paradigmáticos, porque está comprobada la colaboración de Pérez Companc y Ford con la dictadura militar, y dentro de la planta Pacheco de esta última empresa funcionó un centro de detención y tortura de trabajadores en 1976. El módulo 19 del curso será “Huelgas, sabotaje - Violencia y disturbios en el trabajo. Deshonestidad - Detección de mentiras y engaño” y será dictado por el Mayor retirado Carlos Landó. ¿Qué método enseñará para detectar mentiras y engaños?

Para acabar con la represión en las fábricas
Como queda demostrado, la llamada mano de obra desocupada en realidad no está tan desocupada. Supuestamente la legislación, mediante la Ley 12.297, prohíbe la participación en las agencias de estos ex represores. Pero el Estado y las empresas necesitan estas bandas armadas para garantizar la seguridad de los ricos y la dictadura patronal. Los límites entre las agencias, los servicios y las fuerzas del Estado se hacen invisibles.
En los 70’ había 30 firmas registradas, con unos 20.000 hombres en todo el país. Hoy son 90 mil los custodios habilitados y un tercio de ellos están autorizados a portar armas de fuego para sus tareas (La Nación, 15/05/2005). Muchos de los empleados no son ex policías ni lo hacen ‘por vocación’, pero el desempleo los empujó a la vigilancia. Pero la formación y las órdenes las dan estos oscuros personajes que denunciamos.
Por eso, los trabajadores tenemos que enfrentar esa dictadura, que intenta ser más brutal cuando nos rebelamos. “Hay que colgarlos de un gancho”, les dijo un representante de Jabón Federal a los abogados del CeProDH y a los trabajadores. Hay que organizarse para que se acabe la represión en las fábricas. Y hay que organizarse, junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo, para pelear por meter en la cárcel a todos estos represores y disolver las agencias de seguridad y las fuerzas represivas.