En marzo, cuando se cumplan 30 años del golpe militar, comenzarán a discutirse más de 500 convenios colectivos de trabajo. Los empresarios de la Unión Industrial Argentina le piden a Kirchner que “ponga freno a la presión salarial” y algunos, directamente, reclaman salarios congelados. Con total descaro los empresarios declaran al diario La Nación: “Kirchner le pidió moderación a Moyano. Esperamos que no se toque el salario mínimo, vital y móvil, porque eso dispararía todas las escalas [de sueldos]. Por eso, como se piden acuerdos de precios, congelemos todo. A fines de 2006, veamos cuánto aumentó la inflación y sólo entonces actualicemos los salarios”. Y allí, donde la contención de la CGT es desbordada por la base trabajadora y sus delegados, como en Las Heras, son capaces de exigir aún más. Hace unos días, los directivos de la Repsol de Santa Cruz pedían, según los medios y los propios funcionarios del gobierno “una presencia más permanente de la Gendarmería en la zona”.
Es la misma clase social de capitalistas “nacionales” e imperialistas que hace 30 años apeló al golpe militar para frenar los reclamos obreros. Cuando se va a cumplir un nuevo aniversario del golpe genocida, la clase trabajadora debe recordar lo que confesó el propio José Alfredo Martínez de Hoz, quien antes de ser el Ministro de Economía de la dictadura, fue presidente de Acindar y la corporación empresaria: “Siendo yo presidente del Consejo Empresario Argentino, en el año ’75, fui con un grupo de empresarios a visitar a Videla y le expusimos nuestra preocupación de que se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad, y que se debía asegurar el imperio del orden por sobre todas las cosas”.
Es la misma clase social que hoy quiere imponer, contra la voluntad de millones de trabajadores, un cepo al reclamo salarial.
Al no haber una Paritaria Nacional Única, con delegados paritarios elegidos directamente por los trabajadores en asambleas, los burócratas sindicales impiden que se fije un piso salarial y de condiciones de trabajo para todos, que signifiquen una base mínima para las discusiones por rama de actividad.
Las paritarias por gremio que prepara el gobierno, los empresarios y la cúpula sindical estarán limitadas a los trabajadores en blanco, es decir que dejarán afuera a los millones de contratados. Ni hablar de los trabajadores desocupados a los que se les propone cambiarse del Plan Jefas y Jefes al ‘Plan Familia’, un “nuevo” plan asistencial que otorga la burla de 25 pesos por hijo, y al que cínicamente llaman “de inclusión”... porque el Estado “vigilará” que con esos 25 pesos el desocupado “cumpla con la obligación” de enviar a sus hijos al colegio y revisaciones periódicas en los centros de salud.

Unir a los nuevos cuerpos de delegados y comisiones internas.

Los principales garantes de esta política son las direcciones sindicales. En una costosa solicitada en el diario Clarín (22/02), la plana mayor del Sindicato de Petróleo y Gas Privado que sesionó en plenario en Mendoza, bien lejos de Las Heras, declara que la principal consigna del gremio para el 2006 será...“Kirchner 2007”. Esta gente sostiene que “La gestación de conflictos inorgánicos habilita la intervención de sectores, grupos o individuos cuyos intereses son ajenos a los trabajadores. En el caso particular de Las Heras (...) lo que era en principio un reclamo justo de los trabajadores se transformó a los ojos de los medios periodísticos en una puja política. Así aparecieron- pretendiendo beneficiarse de los esfuerzos de los trabajadores petroleros- los grupos trotskistas de siempre enarbolando las banderas del reclamo desde la comodidad del Obelisco porteño”. La gran preocupación de esta gente, verdaderamente “ajena a los intereses de los trabajadores” es regimentar las luchas salariales declarándole la guerra a las nuevas conducciones que están surgiendo en el movimiento obrero. Cuando hablan de “conflictos inorgánicos”, se están refiriendo a las luchas cuyos pasos se deciden en asambleas e incorporan a los trabajadores tercerizados como los de la UOCRA en el caso de Las Heras. Cuando dicen “grupos trotskistas” se refieren a las tendencias más consecuentes contra la patronal, los burócratas sindicales y el gobierno. Y cuando dicen “desde la comodidad del Obelisco porteño”... en ese caso saben perfectamente de lo que hablan.
Contra este pacto contra las luchas por el salario de la burocracia sindical con los empresarios y el gobierno, debemos unirnos todas las organizaciones obreras que venimos llevando adelante la solidaridad con los petroleros de Santa Cruz. Los obreros de Zanon y el Sindicato Ceramista de Neuquén, los cuerpos de delegados del subterráneo, del Astillero Río Santiago y de los ferroviarios, las juntas internas como la del Garrahan, las comisiones internas opositoras a Daer en la alimentación, los delegados de base del Smata y de los gráficos, las seccionales antiburocráticas de los docentes, necesitamos un nuevo encuentro nacional para hacer oír una voz unificada y una acción coordinada en todo el país.

Lucha de clases, lucha política.

La huelga petrolera de Santa Cruz demuestra que las reivindicaciones económicas impostergables de la clase trabajadora tienden a convertirse en luchas políticas. Su rechazo al “impuesto a las ganancias” ataca una ley nacional defendida tanto por las Cámaras de senadores y diputados como por el Poder Ejecutivo. La inclusión de los trabajadores de la UOCRA al convenio de los petroleros implica directamente al Ministerio de Trabajo. La lucha por la liberación de Navarro significó una lucha abierta contra una orden de esta justicia patronal y la policía brava de Acevedo. El reclamo del retiro de la Gendarmería Nacional contradice una decisión que tomó, quién lo duda, el propio Kirchner. Toda lucha seria que afecte las ganancias de los capitalistas, termina enfrentando al poder político del Estado que defiende esas ganancias. La lucha económica, por la fuerza de los hechos, por la intransigencia del enemigo que enfrenta, tiende a transformarse en lucha de clases, en lucha política. Esto lo saben perfectamente los gerentes de la Repsol, los jueces corruptos, los mandos policiales, los funcionarios del gobierno y los burócratas sindicales. Pero intentan que no lo hagan conciente los trabajadores. El “apoliticismo” es otro enemigo de la clase trabajadora, porque es fogoneado y aprovechado por los que dentro del movimiento obrero hacen política patronal. La Verdad Obrera lucha por una política de nuestra clase y por construir una herramienta para llevarla al triunfo: un partido de los trabajadores socialista revolucionario que expropie a la clase capitalista y termine con la explotación.