Los episodios del 1° de noviembre en la estación de Haedo, fueron un verdadero motín social contra el maltrato, los abusos y la prepotencia de una empresa privatizada. La magnitud de los disturbios -focalizados en la estación y los alrededores- llamo la atención de los grandes medios de comunicación e hicieron parte del lenguaje gubernamental la condena de la violencia y la garantía del orden público. Aníbal Fernández no tardó en acusar a la izquierda y el activismo ferroviario opositor a la burocracia de haber promovido la violencia. Sin embargo al otro día, los matones del intendente de Avellaneda -el duhaldista Cacho Alvarez- dispararon armas de fuego contra los trabajadores municipales y la actitud del ministro –y la prensa- fue la de minimizar los hechos. La parcialidad de funcionarios y periodistas no es un simple descuido, responde a una necesidad política para, mediante una campaña maccartysta, ocultar el estallido de bronca popular, que muestra que la insatisfacción social –producto de la pobreza, el desempleo, la falta de perspectivas para la juventud y el abuso capitalista, gubernamental y policial- puede tornarse explosiva y que los mecanismos de contención del régimen político siguen siendo endebles pese a la reciente victoria electoral del oficialismo. En este sentido el motín de Haedo muestra un límite para un gobierno como el de Kirchner que poco tiene para ofrecer a los trabajadores y el pueblo y que mucho hace por los grandes empresarios y las privatizadas que saquean al país.

Significado y límites

Los socialistas revolucionarios comprendemos los hechos de Haedo como un motín popular espontáneo, de trabajadores y de juventud marginada y emprobrecida, que mediante la revuelta violenta busca ajustar cuentas contra el abuso y el maltrato capitalista. Una manifestación elemental de la lucha de clases, de carácter efímero que dio rienda suelta a la furia contra los edificios de la empresa y los símbolos del poder como los patrulleros y los bancos.
Pero los socialistas revolucionarios que entendemos el odio social de los trabajadores y el pueblo pobre y la justicia y legitimidad del derecho a la revuelta en la protesta popular, no podemos dejar de señalar los límites de un estallido ciego que por su misma elementalidad se fue descomponiendo fruto de los saqueos que terminaron atacando los pequeños comercios. Somos claros al afirmar que defendemos a los manifestantes frente a la represión policial y exigimos la libertad de los detenidos en los disturbios, que repudiamos las acusaciones maccartystas del gobierno y los medios, que exigimos la libertad de los detenidos en los incidentes y señalamos como principales responsables de los acontecimientos a la empresa TBA y al gobierno que subsidia a estas empresas parasitarias que maltratan al usuario cuando brindan sus servicios. Pero también somos claros al afirmar que rechazamos la destrucción del pequeño comercio ya que perjudica la alianza obrera y popular y favorece a las campañas reaccionarias de los medios y del gobierno, que busca oponer el humor de las clases medias contra los activistas ferroviarios y los militantes de izquierda.
También decimos claramente que nuestro programa no es la destrucción de los trenes y la estación, ya que nuestro objetivo es la alianza obrera y popular y la expropiación de los capitalistas, que se expresa en este caso en la unidad de trabajadores y usuarios para desarrollar la movilización social tras el objetivo político de imponer la reestatización de los servicios públicos privatizados para que funcionen bajo control y dirección de los trabajadores y el pueblo.