Las huelgas obreras se transformaron en el principal hecho político de los últimos días. Basta un pequeño repaso de los títulos de algunos diarios para ver la relevancia tomada en la política nacional de las acciones de los trabajadores:“Cada vez hay más conflictos gremiales” (La Nación, 5-12); “Volvieron con fuerza los paros y las protestas sindicales” (Clarín, 5-12); “Vuelve la puja por el ingreso” (Clarín, 5-12); “Convivir con las huelgas” (Clarín, 6-12); “Trabajadores “visibles”” (Página 12, 8-12); “El Gobierno, entre la presión salarial y el lento descenso del desempleo” (Clarín, 8-12). Los mismos que en universidades y medios de comunicación repitieron hasta el cansancio en estos años las pseudo teorías sobre “el fin del trabajo” hoy recorren programas de televisión hablando de “la vuelta natural” de la “lucha sindical”.¡Si hasta la CTA había “teorizado” que el lugar del trabajador no era más la fábrica sino el barrio! Bastaron unas huelgas en sectores estratégicos para que toda esta cantinela quedase sin sustento alguno.

La lista de huelgas ha sido variada: ferroviarios, telefónicos, trabajadores del subte, docentes de varias provincias, estatales de distintas reparticiones, judiciales, por sólo nombrar los conflictos más importantes. Hasta el momento han sido esencialmente trabajadores de las empresas de servicios públicos privatizadas y estatales1. Aunque en el caso de los ferroviarios el móvil fue el enfrentamiento a los despidos, el motor principal de las luchas en curso es el reclamo de aumento de salario, cuyo promedio se encuentra en 200 pesos por debajo de los niveles anteriores a la devaluación. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional es de apenas el 21,5%, menos aún que el ya magro 24,3% del 20012. En el marco de dos años de fuerte crecimiento económico y de una baja -aún lenta- de la desocupación, los trabajadores ven además que las patronales vienen obteniendo grandes ganancias y en el caso de los estatales que el gobierno cuenta con gran candidad de reservas. De ahí que todos pronostican un 2005 “caliente” en el terreno sindical y que quienes vienen luchando sean la expresión activa de un sentimiento generalizado entre el conjunto de los trabajadores. El temor a que la dinámica de que los trabajadores sigan ganando las calles en la lucha por sus demandas llevó al gobierno a dar $100 de aumento general a cobrar en febrero y a la preocupación de la burocracia sindical. “La CGT busca que la pelea salarial no se desborde”, tituló Clarín a un reportaje a Hugo Moyano. Palabras más propias de un funcionario del gobierno que del dirigente de la “central obrera”. Está por verse si con el aumento otorgado por decreto el gobierno y la burocracia logran frenar coyunturalmente la tendencia a la acción obrera que se dio las últimas semanas.

Si bien estatales y docentes también están en lucha, son las acciones de los trabajadores de servicios (como ferroviarios, telefónicos y subtes) las que tuvieron mayor “visibilidad”. La televisión y los diarios siguen día a día los distintos conflictos, en sectores que involucran a cientos de miles y millones de usuarios. En el caso de los transportes y de las telecomunicaciones se ha mostrado tanto su carácter estratégico para el funcionamiento del capitalismo contemporáneo como el poder social de los trabajadores de esos sectores. Aunque en esta ocasión la política de volver a los usuarios contra los trabajadores en huelga no dio los resultados esperados por la patronal (a pesar del repetido discurso televisivo en este sentido), las huelgas en estos sectores plantean abiertamente la necesidad de que los trabajadores no actúen con una lógica meramente corporativa, combinando sus reivindicaciones con la defensa de los intereses obreros y populares en su conjunto, empezando por la oposición a los aumentos de tarifas y pasajes. Lamentablemente no fue esta la postura de los dirigentes telefónicos: Iadarola, secretario general de FOETRA y afín a Moyano, declaró en distintos canales de televisión que “sobre el aumento o no de tarifas debe decidir el poder legislativo” y que no era “ni privatista ni estatista”, sino que estaba “ por una diagonal” (sic). Junto con el reclamo salarial, está al orden del día plantear la lucha por el control obrero en estas empresas, en el camino a su renacionalización bajo el control de trabajadores y usuarios, que es la forma en que podrían garantizarse una tarifa social –gratuita para los desocupados- y servicios eficientes y baratos.

Cuestionando la “metodología” utilizada por los trabajadores la patronal quiere limitar el derecho de huelga hasta volverlo inofensivo. Las ocupaciones de edificios y “piquetes” son parte de la tradición de lucha de la clase obrera y su utilización en estas luchas un elemento indicativo de la recuperación de una conciencia de lucha que estuvo poco presente en los últimos años, donde la desocupación y el colaboracionismo de la burocracia sindical puso a los trabajadores a la defensiva. Asimismo, las huelgas recientes en ferroviarios, subtes y telefónicos han mostrado una fuerte intervención de la base, que ha llevado a que los dirigentes deban recurrir a asambleas y plenarios de delegados mandatados por la base, siendo claramente huelgas diferentes de las que los burócratas llaman “por los diarios” y son garantizadas por la mera presencia del “aparato” sindical. La participación activa de los trabajadores en estas huelgas es expresión de una tendencia más generalizada de bronca y desprestigio de las burocracias sindicales y del mayor peso logrado por los sectores combativos. Justamente la coordinación de estos sectores, como han planteado los obreros de Zanón, es un aspecto clave no sólo para garantizar la solidaridad efectiva con cada lucha sino para imponer a la burocracia un plan de acción unificado.

Las huelgas, decía Lenin, son para la clase obrera una “escuela de guerra”. Muchos trabajadores en estas luchas salariales están haciendo sus primeras armas en la lucha de clases. Participando en asambleas, garantizando los piquetes en edificios y vías, viendo actuar a las patronales, al gobierno, a los dirigentes, a las tendencias de izquierda. Reconociendo el poder social que la clase obrera cuenta como clase y la burguesía pretende negar sistemáticamente. 

El gobierno, sin haber logrado despejar los nubarrones que lo aquejaron las últimas semanas3, intenta demostrar a través de sus periodistas amigos que los aumentos arrancados a las patronales fueron gracias a sus buenos oficios y ahora pretenderá hacer alarde de los $100. Esto no es, sin embargo, ningún gran mérito: como señalamos, hasta los voceros más reaccionarios de la patronal venían reconociendo que “algún aumento hay que dar”. Pero no es sólo esto: los trabajadores que tienen al gobierno como “empleador directo” son los que menos aumento han recibido, a pesar de los cuantiosos superávit nacionales y provinciales. De ahí lo canallesco de la actitud embellecedora del gobierno que realizan los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA. Nada debemos esperar de quienes han garantizado superganancias a los capitalistas, el pago puntual al FMI y han proclamado que su credo es “el capitalismo en serio”.

Los trabajadores deben exigir la ruptura de las centrales sindicales con el gobierno e imponer un plan de lucha unificado que culmine en un paro general, incorporando también las reivindicaciones de los desocupados y de los trabajadores “en negro”, que no cuentan con representación sindical y son los peor pagos.

Para que las fuerzas de los trabajadores no sean disminuidas en la discusión sectorial, está planteada la lucha por imponer una paritaria nacional única, donde la representación obrera sea de delegados de trabajadores ocupados y desocupados electos por la base. En ella el reclamo salarial de un salario mínimo equivalente a la canasta presentada por la CGT y la CTA ($1580) debería estar acompañado por un programa reivindicativo que incluya como puntos importantes terminar con el trabajo “en negro” y toda forma de precarización, y dando una respuesta a la desocupación reduciendo la jornada laboral a 6 horas sin disminución de salario, como han planteado los trabajadores del subte. Se impone entonces una gran lucha obrera por estas demandas.

Las huelgas están sirviendo para que la clase obrera se reconozca como clase. Los socialistas revolucionarios del PTS sabemos que sin este reconocimiento es imposible imponer una salida de fondo para los padecimientos de los trabajadores, aquélla que pasa por la “expropiación de los expropiadores” y la construcción de una sociedad sin explotadores y explotados, cuestión que sólo podrá imponerse mediante una acción revolucionaria de masas encabezada por la clase obrera y su partido revolucionario. Intervenimos en estas luchas no sólo siendo una de las organizaciones que más se juega en el apoyo solidario y planteando cuál es para nosotros el mejor camino para obtener las reivindicaciones planteadas, sino para que sean un punto de apoyo en la necesaria conquista de la independencia política de los trabajadores.

1 El diario La Nación del 5-12 reseña un informe del Centro Nueva Mayoría donde se señala que “aunque en el resumen del año los gremios del sector público siguen siendo en promedio los que más medidas de fuerza tomaron, el mes último el porcentaje de protestas fue equiparado por el de los de servicios. Por caso, tanto los estatales, docentes, judiciales y bancarios fueron igualados por los camioneros, telefónicos, ferroviarios, los choferes de colectivos y petroleros. Cada sector tuvo el 47,5 por ciento de conflictividad, mientras que el 5 por ciento restante correspondió a protestas de gremios industriales”.

2 Ismael Bermúdez, “Aunque la economía crece, baja la porción que reciben los asalariados”, Clarín 9-12.

3 Ver “Nubarrones en el horizonte”, LVO N° 152.